Los dos procesos claves que enfrenta la fiscalía de la JEP de cara al 2025

El 2025 será un año convulso para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No solo por la premura con la que varios sectores piden las primeras sentencias para los máximos responsables en los macrocasos donde las investigaciones van más adelantadas, sino también por los trámites que se adelantan en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la fiscalía de la JEP. En esa división se espera que dos altísimos exmiembros del Ejército argumenten su supuesta inocencia respecto a crímenes de guerra y lesa humanidad por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia y Cesar. Se trata de Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Mario Montoya Uribe, excoronel y exgeneral, ambos retirados.

El 2025 será un año convulso para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No solo por la premura con la que varios sectores piden las primeras sentencias para los máximos responsables en los macrocasos donde las investigaciones van más adelantadas, sino también por los trámites que se adelantan en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la fiscalía de la JEP. En esa división se espera que dos altísimos exmiembros del Ejército argumenten su supuesta inocencia respecto a crímenes de guerra y lesa humanidad por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia y Cesar. Se trata de Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Mario Montoya Uribe, excoronel y exgeneral, ambos retirados.

Si bien los dos procesos se llevan ante la fiscalía de la Jurisdicción por separado, el escenario para Mejía Gutiérrez va mucho más avanzado. Su llamado a juicio es catalogado por la JEP como un acontecimiento histórico, pues él fue el primer compareciente en transitar por la ruta adversarial de ese órgano de justicia creado a raíz del Acuerdo de Paz. Ese camino, de hecho, fue trazado para quienes no aceptan su responsabilidad frente a los crímenes imputados. En el supuesto de que el compareciente no reconozca su participación, en este caso por falsos positivos, el expediente pasa a manos de la UIA, la cual deberá decidir si acusa o no al imputado para luego llevarlo a la etapa de juicio.

Es justamente en esa parte del tablero donde se encuentra el excoronel Publio Hernán Mejía, quien fue comandante del Batallón de Artillería La Popa del 9 de enero de 2002 al 9 de julio de 2003. El exuniformado fue imputado por la Sala de Reconocimiento de la JEP el 7 de julio de 2021 por crímenes de guerra y lesa humanidad, luego de que la magistratura adquiriera un amplio material probatorio, basado en informes y testimonios de miembros de la fuerza pública, sobre la determinante participación del exmilitar en el asesinato de 75 personas en el norte del Cesar y el sur de La Guajira. Tras no reconocer su responsabilidad, fue acusado por la UIA en calidad de autor y coautor inmediato por estos hechos sucedidos entre enero de 2002 y noviembre de 2003.

Más detalles: Publio Hernán Mejía: el “Leviatán” del Cesar que enjuició la JEP por falsos positivos

Mejía Gutiérrez ha negado en repetidas ocasiones haber establecido una política de conteo de cuerpos en el Batallón La Popa, dice que nunca dio una sola orden para asesinar inocentes y ha rechazado los señalamientos en su contra que lo apuntan de haberse aliado con paramilitares para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales en el territorio de influencia de su división militar. De acuerdo con la fiscalía de la JEP, el ahora enjuiciado habría presentado como resultado los cuerpos de quienes fueron acribillados por paramilitares, simulando combates y elaborando documentos para corroborar las supuestas bajas. Luego, la conexión con la fuerza pública llegó al punto de que los grupos ilegales retenían a campesinos, quienes eran baleados por los mismos soldados del batallón.

Por estos hechos, sobre los hombros de Mejía también pesa una condena de 19 años de cárcel en la justicia ordinaria, luego de que un juzgado de Bogotá lo condenara en 2013 por patrullar en conjunto con paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a principios de los años 2000. En la cancha de la justicia transicional, luego de no aceptar cargos, el juicio contra el exmilitar inició el pasado 18 de septiembre y estaba previsto que el sexto y último ciclo de la diligencia terminara el 16 de diciembre, pero fue aplazado para el 27 de enero de 2025 debido a problemas de salud del excoronel. Durante el juicio público se presentaron testimonios de otros miembros de la fuerza pública que apuntan a que, por orden de Mejía, se falsificaron documentos para justificar bajas de inocentes.

El proceso contra el general (r) Mario Montoya Uribe

El pasado 19 de diciembre de 2024, la Sala de Reconocimiento de la JEP remitió el expediente contra el exgeneral retirado Mario Montoya Uribe a la UIA, pues, pese a las contundentes pruebas en su contra por su participación en al menos 118 casos en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, el exmilitar niega rotundamente dichos señalamientos. Es más, quien fuese el comandante de la IV Brigada del Ejército entre enero de 2002 y diciembre de 2003, intentó tumbar de tajo el proceso en su contra en la Jurisdicción mediante una solicitud de nulidad y la JEP le dio un portazo. Ahora el expediente está en manos de la fiscalía de la justicia especial, la cual analizará si acusa o no al exuniformado.

Las pruebas en su contra, como le contó a El Espectador la magistrada Catalina Díaz, quien llevó el caso en la Sala de Reconocimiento, “son muy robustas”. Además de cientos de informes y documentos analizados, la magistratura también tuvo en cuenta los testimonios de al menos 64 exintegrantes de la fuerza pública que estuvieron bajo el mando de Montoya Uribe. De esas confesiones salieron a la luz los cruentos pedidos del excomandante, quien les exigía a sus subalternos “litros, barriles, carrotancados de sangre”, aludiendo al número de bajas. “Esto lo hacía de manera cotidiana, permanente e insistente. Él resaltaba que el único resultado que realmente mostraba el éxito militar era la muerte, el muerto caído en combate. Por eso incluimos en la decisión que existía una política en los teatros de operaciones militares, una política en la práctica, de conteo de cuerpos, una obsesión con contar los muertos”, le dijo la togada a este diario.

En contexto: Por no aceptar crímenes de guerra, JEP remite proceso contra Mario Montoya a la UIA

Algunos de sus subordinados también le contaron a la JEP que la política de conteo de cuerpos sí era una realidad en la IV Brigada y que quien presentara más bajas, así no fueran en combate, sería merecedor de premios, nominaciones, ascensos, medallas y hasta vacaciones. Estos testimonios, sumados a otras pruebas reservadas en poder de la JEP, componen un extenso archivo que ahora debe ser revisado por los fiscales de la UIA para sustentar su decisión en el caso Montoya. “El fiscal tiene que probar no solo la ocurrencia de los acontecimientos, sino el grado de participación y responsabilidad en cada uno de los hechos. Nuestra investigación es profunda, pero todas las pruebas practicadas por la Sala son fundamentales para nosotros”, comentó sobre el caso el director de la UIA, Giovanni Álvarez Santoyo.

Así las cosas, la llamada fiscalía de la JEP tiene dos misiones claves en 2025: definir la situación jurídica de Publio Hernán Mejía en juicio y decidir si Mario Montoya es culpable o no. Si bien la UIA ha acusado a cinco personas por hechos ocurridos durante el conflicto, siendo el último el excoronel David Harley Guzmán Ramírez, excomandante del Batallón Contraguerrilla 79, ubicado en Dabeiba (Antioquia), también por falsos positivos, para la UIA el desafío es demostrar que dos antiguos altos mandos del Ejército no solo sabían de la política de asesinar inocentes a sangre fría para presentarlos como guerrilleros caídos en combate, sino que también ordenaron esos crímenes con pleno conocimiento.

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