Los embajadores de Petro que están bajo la lupa de las autoridades judiciales

El propósito del presidente Gustavo Petro es crear un cuerpo diplomático profesional y capacitado en esa materia. Sin embargo, las 20 designaciones que han denominado desde el Gobierno de “libre nombramiento y remoción” le han traído dolores de cabeza, pues varios sectores han criticado que son cercanos a su bancada, que no cumplen con los requisitos o que sencillamente no están capacitados. El Espectador le puso la lupa a los 20 embajadores y encontró que tres de ellos tienen procesos judiciales. Se trata León Fredy Muñoz, embajador de Colombia en Nicaragua; Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela y Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina. Los procesos se mueven en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía.

El propósito del presidente Gustavo Petro es crear un cuerpo diplomático profesional y capacitado en esa materia. Sin embargo, las 20 designaciones que han denominado desde el Gobierno de “libre nombramiento y remoción” le han traído dolores de cabeza, pues varios sectores han criticado que son cercanos a su bancada, que no cumplen con los requisitos o que sencillamente no están capacitados. El Espectador le puso la lupa a los 20 embajadores y encontró que tres de ellos tienen procesos judiciales. Se trata León Fredy Muñoz, embajador de Colombia en Nicaragua; Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela y Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina. Los procesos se mueven en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía.

León Fredy Muñoz

En el caso de León Fredy Muñoz, recientemente el alto tribunal dijo que era competente para seguir adelante con la investigación. El excongresista de Alianza Verde fue capturado en 2018 en el Aeropuerto en Rionegro, Antioquia, porque supuestamente llevaba en su equipaje 160 gramos de cocaína. Muñoz fue requisado rutinariamente y unos policías hallaron en el interior de su maleta una bolsa transparente con la sustancia química. En su momento, el político dijo que todo se trataba de un montaje.

Su defensa es que salió de Bogotá sin tener ningún percance durante el viaje y que todo se registró a su arribo a Rionegro. Pese a su defensa, en 2020, la Sala de Primera Instancia lo llamó a juicio por el delito de tráfico de estupefacientes, sin emitir detención preventiva en su contra. Muñoz, previo a llegar a ocupar una plaza en el Congreso fue concejal de Bello, Antioquia, y su rol era denunciar las andanzas de la familia Suárez Mira, un clan político que ha gobernado durante los últimos años en el municipio y han sido señalados de tener líos con la justicia.

Armando Benedetti

El excongresista del Partido de la U es apenas uno de los políticos que apoyó la campaña de Petro en su carrera por llegar a la Casa de Nariño. Meses más tarde, y, tras el triunfo, se convirtió en uno de los primeros en ser nombrado embajador. Su carrera política empezó en 2002 apoyando las iniciativas del expresidente Álvaro Uribe y luego el mandato del expresidente Juan Manuel Santos. El exsenador está bajo la lupa de la Fiscalía por cuatro procesos en específico: violación de comunicaciones, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

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Los expedientes, inicialmente, estaban en la Corte Suprema, pero fueron remitidos al ente acusador en septiembre del año pasado tras asumir como embajador en Venezuela. Sobre el delito de enriquecimiento ilícito, el político barranquillero fue citado a indagatoria en marzo de 2021 porque habría aumentado su patrimonio en casi $3.000 millones, en las dos décadas que estuvo en el Congreso, pero, al parecer, ese dinero no provino de sus labores como legislador. Además, en el marco de esa investigación, se solicitó información sobre las cuentas bancarias que Benedetti tiene en Estados Unidos, según conoció este diario.

Sobre el proceso de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, el político es investigado por hechos de corrupción que vincula el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). En este caso, Benedetti está ante la palestra por cuenta de un testimonio clave. Se trata de Jorge Iván Henao, asesor de gerencia en Fonade durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos. El exfuncionario ha dicho que era ficha clave del exsenador Bernardo “Ñoño” Elías para moverse en esa entidad.

Las declaraciones que no solo estuvieron en la Corte Suprema, sino también en un expediente de la Fiscalía desde 2018, da cuenta de una “red de corrupción” entre los excongresistas Elías y Musa Besaile, quienes se habrían quedado con un porcentaje de un contrato de 2016 por $16.000 millones, relacionado con viviendas de interés social. El testigo estrella ha dicho que a través del “Ñoño” Elías, conoció a Benedetti en el Congreso en 2016 y que para direccionar un contrato a una empresa conocida como Certicámaras, Armando Benedetti habría delegado a dos personas de su confianza: Elsy Pinzón Barrera, su asesora en el Senado, y Juan Carlos Santofimio, representante de Certicámaras.

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La investigación de violación de comunicaciones, por su parte, se derivó de un expediente denominado “chuzadas” que empezó contra particulares, pero que también enreda al exsenador. Tuvo origen en un escándalo que se destapó en 2018 luego de que judicializaran a exmiembros de la fuerza pública y una exfuncionaria del Ministerio de las Tic por, supuestamente, interceptar comunicaciones de manera ilícita. En su momento, mencionaron que el exsenador contactó al ingeniero Juan Carlos Madero para, según sus palabras, interceptar las comunicaciones del exfiscal general Néstor Humberto Martínez y su esposa. Madero se convirtió en pieza clave en la investigación en contra del exsenador al punto que la Corte no permitió que abandonara Bogotá donde estaba entregando información.

Camilo Romero

El embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, fungió como Gobernador de Nariño, entre 2016 y 2019, y durante su administración fue señalado de realizar una contratación irregular. El expediente, que está en etapa de juicio en la Corte Suprema de Justicia, da cuenta que para agosto de 2016 se autorizó la venta y distribución de 80 mil cajas de aguardiente en el departamento a la Organización de Licores de Nariño. Lo que le reprochan las autoridades es que la administración departamental habría asignado el convenio sin esperar otras propuestas y sin verificar que la empresa contratante tuviera la totalidad de las garantías para cubrir los $18.000 millones que costaba el convenio.

Por estos hechos, el exgobernador es requerido por los delitos de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público. Además, fue llamado a juicio por la Procuraduría.

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Los procesos de los tres embajadores, por el momento, siguen su curso en cada uno de los entes judiciales, mientras los funcionarios continúan atendiendo la agenda diplomática en los países a los que fueron designados.

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