Los escenarios judiciales que rodean la salida de funcionarios del gobierno Petro
Dos nuevas renuncias en el Gobierno, la de la consejera de regiones, Sandra Ortiz, y el del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, son la cuota inicial de las denuncias de los exdirectivos de la Unidad de Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, y Olmedo López. Los reflectores judiciales y de control se posan ahora sobre trece congresistas, entre ellos los presidentes de Cámara y Senado, y un ministro.
El escándalo por el posible sobrecosto de más de $20 mil millones en la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira aterrizó esta semana en el escenario judicial. El viernes 3 de mayo, la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron investigaciones respecto a las denuncias del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla que, aun sin pruebas físicas (al menos por ahora), expuso a 13 congresistas y otros funcionarios de alto nivel en el Gobierno. Por parte del ente investigador, en cabeza de Luz Adriana Camargo, se abrió una indagación, a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, para profundizar sobre los casos de presunta corrupción que rodean la contratación de los carrotanques.
“De manera responsable y fiel a las normas del derecho penal, se avanza en la verificación de unos hechos, y se recopila el material probatorio y las evidencias suficientes para hacer las valoraciones legales de rigor que permitan establecer el tipo de delito que se podría configurar y quiénes serían los responsables”, señaló el ente investigador, que también resaltó el respeto al debido proceso e hizo un llamado a evitar presiones innecesarias “que afecten el normal desarrollo de administración de justicia”.
La próxima semana, la Fiscalía será fundamental en este caso, pues se espera que al búnker lleguen tanto Sneyder Pinilla como Olmedo López, exdirector de la Ungrd. Pinilla deberá ampliar las denuncias que ha puesto sobre la mesa y por las cuales han salido mencionados ministros, como Luis Fernando Velasco, ministro de Interior; y congresistas como Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, su par de la Cámara de Representantes. Todo esto en el marco de la negociación que adelanta con la Fiscalía para buscar beneficios judiciales. Por su parte, López buscará que el ente dirigido por Camargo acoja sus llamados para garantizar su seguridad que, según su apoderado, José Luis Moreno, han sido radicados más de tres veces sin respuesta.
De hecho, la preocupación para la defensa de López también recae sobre los choques que ha tenido con Andrés Idárraga, exsecretario de Transparencia. En un principio, la defensa del exdirector de la Unidad, a cargo del penalista Moreno, señaló a Idárraga como posible responsable de tráfico de influencias y que, por ese motivo, debía salir de la mesa técnica que conformó el gobierno Petro para investigar el asunto (en la cual también está la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado). El exsecretario respondió que los señalamientos “faltan a la verdad”, y los calificó como menciones sin fundamento. De hecho, le pidió a Olmedo López “que le ponga la cara a la justicia”.
No obstante, una serie de chats demostrarían algunos acercamientos entre Idárraga y López, pues ambos habrían conversado acerca de reuniones con alcaldes. Según las conversaciones, conocidas por este diario, el recién salido secretario le pidió al exdirector de la entidad sostener una conversación presencial con el alcalde Barrancabermeja (Santander), Jonathan Stivel Gómez, el 21 de noviembre de 2023. En otra conversación, ahora de 2024, Idárraga asegura ser “un soldado más de su administración”.
En el escenario de lo disciplinario, la Procuraduría, liderada por Margarita Cabello, también se pronunció al respecto, y anunció una investigación disciplinaria sobre “los presuntos actos delictivos y de corrupción que, al parecer, involucran altas dignidades del Legislativo”, haciendo referencia a Name y Calle, presidentes de ambas cámaras legislativas. El Ministerio Público pidió un recaudo de los hechos, con el fin de esclarecer las denuncias de Pinilla. Así mismo, pidió celeridad en el proceso de investigación.
Por su parte, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia también le puso la lupa al asunto y abrió una indagación previa por el escándalo de presunta corrupción en la compra de carrotanques. El alto tribunal tomó la decisión, tras los señalamientos de Pinilla sobre la presunta entrada de $4.000 millones a los bolsillos de Iván Name y Andrés Calle. La indagación, inicialmente, está en manos del magistrado Francisco Farfán, quien a mediados de abril regresó a la Corte, después de una licencia no remunerada de tres meses, en la cual se dedicó a su defensa en medio de una investigación que se adelanta en su contra en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
La denuncia de Idárraga
A finales de febrero, el entonces secretario Idárraga fue quien denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, a Olmedo López, como director de la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres por el sobrecosto en los carrotanques. En su momento, Idárraga aseguró desde su cuenta de X: “No permitiremos que nadie haga negocios con los derechos de la ciudadanía”.
Idárraga advirtió que había un entramado corrupto detrás de los contratos y que todas las empresas que presentaron cotizaciones a la Ungrd tendrían relación entre sí porque los nombres de los representantes legales aparecen en varias de ellas, lo que, según Idárraga, facilitaba interponer sobrecostos para la adquisición de carrotanques. Dos meses y medio después, la historia dio un giro inesperado, por el pedido de renuncia que le hizo el propio presidente Gustavo Petro, a él y a la consejera de las regiones, Sandra Ortiz.
El exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, hizo graves denuncias. De Ortiz, dijo que habría sido la intermediaria para pagar millonarias coimas en el trámite de las reformas del gobierno Petro. Según la denuncia, los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, eran los destinatarios del dinero. Idárraga, a su turno, fue vinculado por la defensa del exdirector Olmedo López. Así empieza otro de los grandes escándalos de corrupción de la era Petro, con su secretario de Transparencia dando explicaciones a las autoridades y a su consejera de las regiones, en el mismo escenario.
¿Cuáles son las empresas salpicadas?
Impoamericana Rogers S.A. es una empresa registrada en 2017 en la Cámara de Comercio de Cúcuta y cuyo representante legal es Roger Alexander Pastas Fuertes, un joven pastuso de 26 años que comercializaba productos de ferretería y joyas antes de venderle carrotanques a la Ungrd. Pastas llegó a la gerencia de esa empresa luego de que José Luis Rodríguez, el anterior dueño, fuera asesinado en Cúcuta.
Entre los documentos de la empresa que reposan en la Cámara de Comercio de Cúcuta hay una denuncia que interpuso Pastas Fuertes ante la Fiscalía por la pérdida de varios documentos importantes. Allí, asegura que el 21 de febrero de 2024 decidió trasladar temporalmente una documentación, debido a trabajos de remodelación en la oficina de la empresa y que, en ese proceso, varios documentos se perdieron. “Entre ellos había libros de comercio y otros archivos de la empresa de la cual soy representante”, dijo Fuertes a la Fiscalía. Sin embargo, la denuncia fue interpuesta el pasado 8 de abril, más de dos meses después del evento.
La dirección comercial que registra Impoamericana Rogers S.A.S corresponde a una casa en el barrio Popular de Cúcuta, pero Caracol Radio visitó el lugar en febrero pasado y no encontró rastro de la empresa, solo una casa en arriendo.
Otra de las empresas salpicadas en el escándalo es Lucket S.A.S., una empresa registrada en la Cámara de Comercio de Pasto, cuyo representante legal, según documentos, es Luis Eduardo López Rosero. Su nombre no es desconocido en el mundo de la contratación. A través de esa empresa se entregaron millonarios contratos por parte de la UNGRD desde 2017.
Sobre el escándalo de los carrotanques, López Rosero le dijo a El Tiempo que él, a través de su empresa, entregó dinero a la compañía Impoamericana Roger S.A.S. Aseguró que realizó “una serie de préstamos a Impoamericana para que realizara los anticipos necesarios para la compra de los carrotanques. Como empresario, tenía que estar al pendiente de los contratos realizados para los cuales presté el dinero”. Y aseguró que, una vez recibieron el dinero completo, Impoamericana le pagó el supuesto préstamo que hizo para este contrato.
Uno de ellos por más de $20 mil millones para la construcción de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, que fueron los territorios en los que comenzó la reincorporación de excombatientes de FARC después del Acuerdo de Paz. Ese contrato tuvo varias denuncias de incumplimientos y adiciones. En su momento, la Fundación Paz y Reconciliación expuso el caso y advirtió que en varios territorios no se ejecutó la totalidad del contrato y la UNGRD no hizo públicos los informes de la interventoría de esa licitación.
La organización Transparencia por Colombia también había emitido alertas sobre esta empresa en 2020, luego de que esa misma compañía suscribiera un contrato con la gobernación de Nariño por $1.200 millones para compra de kits de ayuda humanitaria en los 37 municipios del departamento. Sin embargo, en abril de ese año, la Contraloría intervino el contrato y abrió una indagación por supuestos sobrecostos en los productos por más de 22.000 millones.
El agua: un problema de fondo
A principios de marzo, y recién se posesionó Carlos Carrillo como nuevo director, empezaron a evidenciarse otros inconvenientes más allá de los sobrecostos: los 80 carrotanques de la UNGRD en La Guajira (40 de doble troque y 40 más sencillos) que se adquirieron para suministrar agua potable a las comunidades, en medio de un intenso Fenómeno del Niño, no podían operar porque no contaban con las pólizas de seguro necesarias.
“Le pido disculpas a la comunidad de La Guajira, pero los carrotanques se mantendrán en el batallón del Ejército Nacional mientras se resuelve el tema de la póliza. Esa será mi primera tarea: asegurar los bienes del Estado”, aseguró el funcionario en un debate de control político ante la Comisión de Ordenamiento Territorial. Un mes después, estos seguían acumulando polvo en un parqueadero privado y dos bases militares.
A finales de marzo, Carillo denunció otros dos contratos que habían sido entregados a Impoamericana Roger SAS. Según una orden de proveeduría, el mecanismo especial de contratación de la Unidad, se habían destinado 31.900 millones de pesos para la compra de 20 camiones de bomberos (cada camión sería adquirido por un valor de $1.580 millones) justificados en el marco de la declaratoria por desastre natural en el país.
Otra orden, emitida diez días antes de la salida de López de la Unidad, solicitó la compra de otros 20 carrotanques por un valor de $27.600 millones. Sin embargo, a los pocos días de ese anuncio, la empresa Impoamericana Roger SAS, desistió de los mismos. Su argumento fue que “los tiempos de entrega no eran suficientes para dar cumplimiento oportuno a la entrega de los vehículos”.
Además de estos casos, hubo otras acciones de la Unidad para atender a las comunidades de la Guajira, mayoritariamente wayuus, que no salieron bien. Como el caso de la compra de mil tanques de reserva, de los cuales solo se entregaron cerca de cien. O el contrato de plantas desalinizadoras que también tendría contratiempos. “Es un contrato de $42.000 millones de estas las plantas que no se han entregado y no voy a ordenar su entrega, hasta tanto no esté claro que ese, a diferencia de los otros contratos, quedó bien hecho”, explicó el director de la UNGRD.
Mientras tanto, la sequía sigue presente en el único desierto habitado del país. Un departamento disperso y extenso, y con los niveles más bajos de suministro de agua potable. En Uribia, a menos de un kilómetro de la base militar donde se encuentran parqueados los carrotanques, el suministro de agua potable apenas llega al 1%, según cifras oficiales. La sentencia T302 del 2017 de la Corte Constitucional, lleva años advirtiéndolo. La falta de agua también es un factor determinante ante la muerte de niños en ese departamento.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial y de Investigación de El Espectador.
El escándalo por el posible sobrecosto de más de $20 mil millones en la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira aterrizó esta semana en el escenario judicial. El viernes 3 de mayo, la Fiscalía y la Procuraduría anunciaron investigaciones respecto a las denuncias del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla que, aun sin pruebas físicas (al menos por ahora), expuso a 13 congresistas y otros funcionarios de alto nivel en el Gobierno. Por parte del ente investigador, en cabeza de Luz Adriana Camargo, se abrió una indagación, a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción, para profundizar sobre los casos de presunta corrupción que rodean la contratación de los carrotanques.
“De manera responsable y fiel a las normas del derecho penal, se avanza en la verificación de unos hechos, y se recopila el material probatorio y las evidencias suficientes para hacer las valoraciones legales de rigor que permitan establecer el tipo de delito que se podría configurar y quiénes serían los responsables”, señaló el ente investigador, que también resaltó el respeto al debido proceso e hizo un llamado a evitar presiones innecesarias “que afecten el normal desarrollo de administración de justicia”.
La próxima semana, la Fiscalía será fundamental en este caso, pues se espera que al búnker lleguen tanto Sneyder Pinilla como Olmedo López, exdirector de la Ungrd. Pinilla deberá ampliar las denuncias que ha puesto sobre la mesa y por las cuales han salido mencionados ministros, como Luis Fernando Velasco, ministro de Interior; y congresistas como Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, su par de la Cámara de Representantes. Todo esto en el marco de la negociación que adelanta con la Fiscalía para buscar beneficios judiciales. Por su parte, López buscará que el ente dirigido por Camargo acoja sus llamados para garantizar su seguridad que, según su apoderado, José Luis Moreno, han sido radicados más de tres veces sin respuesta.
De hecho, la preocupación para la defensa de López también recae sobre los choques que ha tenido con Andrés Idárraga, exsecretario de Transparencia. En un principio, la defensa del exdirector de la Unidad, a cargo del penalista Moreno, señaló a Idárraga como posible responsable de tráfico de influencias y que, por ese motivo, debía salir de la mesa técnica que conformó el gobierno Petro para investigar el asunto (en la cual también está la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado). El exsecretario respondió que los señalamientos “faltan a la verdad”, y los calificó como menciones sin fundamento. De hecho, le pidió a Olmedo López “que le ponga la cara a la justicia”.
No obstante, una serie de chats demostrarían algunos acercamientos entre Idárraga y López, pues ambos habrían conversado acerca de reuniones con alcaldes. Según las conversaciones, conocidas por este diario, el recién salido secretario le pidió al exdirector de la entidad sostener una conversación presencial con el alcalde Barrancabermeja (Santander), Jonathan Stivel Gómez, el 21 de noviembre de 2023. En otra conversación, ahora de 2024, Idárraga asegura ser “un soldado más de su administración”.
En el escenario de lo disciplinario, la Procuraduría, liderada por Margarita Cabello, también se pronunció al respecto, y anunció una investigación disciplinaria sobre “los presuntos actos delictivos y de corrupción que, al parecer, involucran altas dignidades del Legislativo”, haciendo referencia a Name y Calle, presidentes de ambas cámaras legislativas. El Ministerio Público pidió un recaudo de los hechos, con el fin de esclarecer las denuncias de Pinilla. Así mismo, pidió celeridad en el proceso de investigación.
Por su parte, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia también le puso la lupa al asunto y abrió una indagación previa por el escándalo de presunta corrupción en la compra de carrotanques. El alto tribunal tomó la decisión, tras los señalamientos de Pinilla sobre la presunta entrada de $4.000 millones a los bolsillos de Iván Name y Andrés Calle. La indagación, inicialmente, está en manos del magistrado Francisco Farfán, quien a mediados de abril regresó a la Corte, después de una licencia no remunerada de tres meses, en la cual se dedicó a su defensa en medio de una investigación que se adelanta en su contra en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
La denuncia de Idárraga
A finales de febrero, el entonces secretario Idárraga fue quien denunció ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, a Olmedo López, como director de la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres por el sobrecosto en los carrotanques. En su momento, Idárraga aseguró desde su cuenta de X: “No permitiremos que nadie haga negocios con los derechos de la ciudadanía”.
Idárraga advirtió que había un entramado corrupto detrás de los contratos y que todas las empresas que presentaron cotizaciones a la Ungrd tendrían relación entre sí porque los nombres de los representantes legales aparecen en varias de ellas, lo que, según Idárraga, facilitaba interponer sobrecostos para la adquisición de carrotanques. Dos meses y medio después, la historia dio un giro inesperado, por el pedido de renuncia que le hizo el propio presidente Gustavo Petro, a él y a la consejera de las regiones, Sandra Ortiz.
El exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, hizo graves denuncias. De Ortiz, dijo que habría sido la intermediaria para pagar millonarias coimas en el trámite de las reformas del gobierno Petro. Según la denuncia, los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, eran los destinatarios del dinero. Idárraga, a su turno, fue vinculado por la defensa del exdirector Olmedo López. Así empieza otro de los grandes escándalos de corrupción de la era Petro, con su secretario de Transparencia dando explicaciones a las autoridades y a su consejera de las regiones, en el mismo escenario.
¿Cuáles son las empresas salpicadas?
Impoamericana Rogers S.A. es una empresa registrada en 2017 en la Cámara de Comercio de Cúcuta y cuyo representante legal es Roger Alexander Pastas Fuertes, un joven pastuso de 26 años que comercializaba productos de ferretería y joyas antes de venderle carrotanques a la Ungrd. Pastas llegó a la gerencia de esa empresa luego de que José Luis Rodríguez, el anterior dueño, fuera asesinado en Cúcuta.
Entre los documentos de la empresa que reposan en la Cámara de Comercio de Cúcuta hay una denuncia que interpuso Pastas Fuertes ante la Fiscalía por la pérdida de varios documentos importantes. Allí, asegura que el 21 de febrero de 2024 decidió trasladar temporalmente una documentación, debido a trabajos de remodelación en la oficina de la empresa y que, en ese proceso, varios documentos se perdieron. “Entre ellos había libros de comercio y otros archivos de la empresa de la cual soy representante”, dijo Fuertes a la Fiscalía. Sin embargo, la denuncia fue interpuesta el pasado 8 de abril, más de dos meses después del evento.
La dirección comercial que registra Impoamericana Rogers S.A.S corresponde a una casa en el barrio Popular de Cúcuta, pero Caracol Radio visitó el lugar en febrero pasado y no encontró rastro de la empresa, solo una casa en arriendo.
Otra de las empresas salpicadas en el escándalo es Lucket S.A.S., una empresa registrada en la Cámara de Comercio de Pasto, cuyo representante legal, según documentos, es Luis Eduardo López Rosero. Su nombre no es desconocido en el mundo de la contratación. A través de esa empresa se entregaron millonarios contratos por parte de la UNGRD desde 2017.
Sobre el escándalo de los carrotanques, López Rosero le dijo a El Tiempo que él, a través de su empresa, entregó dinero a la compañía Impoamericana Roger S.A.S. Aseguró que realizó “una serie de préstamos a Impoamericana para que realizara los anticipos necesarios para la compra de los carrotanques. Como empresario, tenía que estar al pendiente de los contratos realizados para los cuales presté el dinero”. Y aseguró que, una vez recibieron el dinero completo, Impoamericana le pagó el supuesto préstamo que hizo para este contrato.
Uno de ellos por más de $20 mil millones para la construcción de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, que fueron los territorios en los que comenzó la reincorporación de excombatientes de FARC después del Acuerdo de Paz. Ese contrato tuvo varias denuncias de incumplimientos y adiciones. En su momento, la Fundación Paz y Reconciliación expuso el caso y advirtió que en varios territorios no se ejecutó la totalidad del contrato y la UNGRD no hizo públicos los informes de la interventoría de esa licitación.
La organización Transparencia por Colombia también había emitido alertas sobre esta empresa en 2020, luego de que esa misma compañía suscribiera un contrato con la gobernación de Nariño por $1.200 millones para compra de kits de ayuda humanitaria en los 37 municipios del departamento. Sin embargo, en abril de ese año, la Contraloría intervino el contrato y abrió una indagación por supuestos sobrecostos en los productos por más de 22.000 millones.
El agua: un problema de fondo
A principios de marzo, y recién se posesionó Carlos Carrillo como nuevo director, empezaron a evidenciarse otros inconvenientes más allá de los sobrecostos: los 80 carrotanques de la UNGRD en La Guajira (40 de doble troque y 40 más sencillos) que se adquirieron para suministrar agua potable a las comunidades, en medio de un intenso Fenómeno del Niño, no podían operar porque no contaban con las pólizas de seguro necesarias.
“Le pido disculpas a la comunidad de La Guajira, pero los carrotanques se mantendrán en el batallón del Ejército Nacional mientras se resuelve el tema de la póliza. Esa será mi primera tarea: asegurar los bienes del Estado”, aseguró el funcionario en un debate de control político ante la Comisión de Ordenamiento Territorial. Un mes después, estos seguían acumulando polvo en un parqueadero privado y dos bases militares.
A finales de marzo, Carillo denunció otros dos contratos que habían sido entregados a Impoamericana Roger SAS. Según una orden de proveeduría, el mecanismo especial de contratación de la Unidad, se habían destinado 31.900 millones de pesos para la compra de 20 camiones de bomberos (cada camión sería adquirido por un valor de $1.580 millones) justificados en el marco de la declaratoria por desastre natural en el país.
Otra orden, emitida diez días antes de la salida de López de la Unidad, solicitó la compra de otros 20 carrotanques por un valor de $27.600 millones. Sin embargo, a los pocos días de ese anuncio, la empresa Impoamericana Roger SAS, desistió de los mismos. Su argumento fue que “los tiempos de entrega no eran suficientes para dar cumplimiento oportuno a la entrega de los vehículos”.
Además de estos casos, hubo otras acciones de la Unidad para atender a las comunidades de la Guajira, mayoritariamente wayuus, que no salieron bien. Como el caso de la compra de mil tanques de reserva, de los cuales solo se entregaron cerca de cien. O el contrato de plantas desalinizadoras que también tendría contratiempos. “Es un contrato de $42.000 millones de estas las plantas que no se han entregado y no voy a ordenar su entrega, hasta tanto no esté claro que ese, a diferencia de los otros contratos, quedó bien hecho”, explicó el director de la UNGRD.
Mientras tanto, la sequía sigue presente en el único desierto habitado del país. Un departamento disperso y extenso, y con los niveles más bajos de suministro de agua potable. En Uribia, a menos de un kilómetro de la base militar donde se encuentran parqueados los carrotanques, el suministro de agua potable apenas llega al 1%, según cifras oficiales. La sentencia T302 del 2017 de la Corte Constitucional, lleva años advirtiéndolo. La falta de agua también es un factor determinante ante la muerte de niños en ese departamento.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial y de Investigación de El Espectador.