Los espías del DAS en la isla

En estas últimas semanas se ha puesto de moda hablar de los “derechos de los raizales”. Esa es, al fin y al cabo, la defensa principal que la canciller María Ángela Holguín esgrimirá ante la comunidad internacional para explicar por qué el fallo de La Haya, según el Gobierno colombiano, no imparte en realidad justicia y, al cederle mar colombiano a Nicaragua, afecta a una comunidad que ha vivido en ese territorio por siglos. El Gobierno hoy insiste en la necesidad de defender a ultranza el patrimonio cultural y ecológico de los sanandresanos.

Sin embargo, varios documentos de inteligencia elaborados por el DAS entre 2001 y 2004 dejan ver que durante los últimos 30 años, para el Estado colombiano la defensa de los derechos raizales ha presentado más bien una amenaza contra la soberanía nacional. Esos informes, conocidos por este diario, revelan que para el liquidado organismo de seguridad, aspectos como la religión protestante —que en esa región predomina—, el inglés creole o la etnoeducación eran, de hecho, vínculos para conseguir que la isla se independizara de Colombia.

De acuerdo con los informes de la que fuera policía secreta oficial, el Estado colombiano llevaba más de 30 años “neutralizando” amenazas sobre San Andrés y Providencia, región en la cual se han utilizado razones objetivas como el desempleo y la falta de servicios públicos para fomentar el discurso “antipatriota”. Se habla de controlar la educación para que los niños no sean manipulados, y hasta de conseguir que sea la religión católica la que predomine, con el fin de disminuir la “influencia radical” del protestantismo.

El plan secreto

Según el DAS, en 1978 el Gobierno elaboró un documento guía para ejercer soberanía sobre San Andrés con el que se buscaba contrarrestar las supuestas estrategias separatistas del movimiento raizal. Esto quiere decir que el Estado lleva casi 35 años monitoreando qué pasa en un territorio que por décadas ha sido piedra de disputa diplomática con Nicaragua. De acuerdo con el reporte conocido por El Espectador, el grupo radical denominado ‘Sons of the soil’ (SOS) obtuvo la hoja de ruta del Gobierno y publicó en 1987 un documento para dejar en evidencia al Estado. El informe del Gobierno se llamaba “Plan secreto de los líderes raizales radicales para la toma del poder en el archipiélago de San Andrés”.

¿Sobrepoblación?

El reporte del DAS sostiene que el movimiento raizal buscaba que las acciones del Gobierno se entendieran desde la perspectiva del “Estado opresor”. Para poner la balanza a su favor, en el documento de inteligencia de 1978 se planteaba la necesidad de aumentar la presencia de población del territorio continental. La contraestrategia de los raizales consistió en convertir esa presencia mayoritaria de población continental en un problema de sobrepoblación que incidía en el medio ambiente. Según el organismo, los separatistas ‘ganaron’ cuando se volvió ley que los colombianos continentales no podían quedarse en la isla. “Eso es absurdo. En 2.600 hectáreas de San Andrés viven más de 100 mil personas. La problemática sí existe y las normas fueron aprobadas para darles solución”, le dijo a este diario Julio Gallardo, representante a la Cámara por ese departamento.

Etnoeducación

En un momento se planteó la necesidad de integrar a los raizales como miembros de la religión católica para neutralizar la influencia de la supuesta ideología radical del protestantismo (religión predominante en la isla). Así lo percibía el Estado colombiano al menos desde 1978. En contraste, los raizales, al decir del DAS, no promovían la cultura colombiana en la educación de las islas y buscaban implantar un programa de etnoeducación, en el que “el colombiano continental no tendría cabida”. De acuerdo con el organismo de seguridad, esta forma de educación estaba controlada por raizales radicales que buscaban “manipular al nativo desde la infancia para consolidar sus pretensiones separatistas”.

Tensión cultural

La difusión del patois o creole (inglés caribeño) en la isla se entendió en su momento como un mecanismo que podría amenazar la identidad colombiana en San Andrés. Por eso, se sugería eliminar las transmisiones radiales en inglés. Los raizales, en contraste, fomentaron aún más el inglés creole y, según el DAS, ganaron la batalla cuando la ley nacional de educación estableció como obligatoria la educación bilingüe en la isla. En el planteamiento de 1978 que cita el DAS se pretendió homogeneizar a la población e institucionalizar valores colombianos. La lucha de los raizales se concentró en reivindicar su idiosincrasia que, según el organismo de inteligencia, estaba dividida entre proingleses y proamericanos. Según el DAS, los nativos del archipiélago “históricamente han carecido de una verdadera identidad cultural”.

La pelea con Nicaragua

La pugna limítrofe entre Nicaragua y Colombia también fue objeto de los reportes del DAS. Según el documento, el gobierno de Nicaragua estaba dispuesto a brindar su apoyo al movimiento raizal para lograr su objetivo separatista. En otro reporte de diciembre de 2004 se lee que agentes del DAS se desplazaron a la isla “para impedir el trabajo desinformativo e ideológico del Colectivo de Abogados José Alvear”, que, según el organismo, tenía la intención de interferir a través de los raizales en el litigio que recientemente falló la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en donde Colombia perdió cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Por eso el DAS pidió en 2004 establecer los asesores de la comunidad raizal, su forma de financiación y la legalidad de su permanencia en la isla, así como sacar a toda costa a los abogados del Colectivo.

¿Planes secretos de EE.UU.?

El DAS pidió determinar los posibles intereses geoestratégicos de Estados Unidos sobre las islas, “ya que el incremento y afianzamiento de la colonia americana en San Andrés puede obedecer a un plan para conseguir el poder económico fortalecido con el poder militar que actualmente ejerce esta nación”. Al mismo tiempo, el reporte del DAS señala que se ha conocido de la intervención e influencia de miembros de comunidades religiosas norteamericanas dentro del conflicto de San Andrés para afianzar pretensiones separatistas.

Líderes raizales ‘fichados’

En un reporte de noviembre de 2004 el DAS consignó que de “la degradación social, política y económica del archipiélago” han sido protagonistas los raizales como promotores “del caos”. Aunque el DAS reconoce que existen “condiciones objetivas de la protesta” como la pobreza o la falta de servicios públicos básicos, los líderes raizales manipulaban las masas y fundamentaban el odio hacia el Estado colombiano. El DAS identificó a cuatro líderes raizales que abanderándose de sofismas de abandono estatal buscaban “protagonismo internacional”. Según el DAS, estas cuatro personas generaban sentimientos “antipatrióticos y separatistas”, aun cuando algunos eran reconocidos internacionalmente como defensores de los derechos de las negritudes. En el listado aparecen un pastor, un ortopedista, un comerciante y un profesor.

Las recomendaciones del DAS al Gobierno

Se sugirió la integración cultural con el territorio continental colombiano mediante la influencia de las emisoras y de la televisión nacional “así su operación no (fuera) rentable”, para fortalecer el “patriotismo”. También se recomendó trazar políticas, para convertir a San Andrés en epicentro exportador, y que el Gobierno promoviera políticas, para mejorar la convivencia con las etnias, con el fin de que los raizales se integraran a la idiosincrasia nacional, “como se ha hecho hasta ahora, como por ejemplo, con el vallenato y la champeta”. 

El informe de inteligencia del DAS proponía también que “la permanencia de los colombianos continentales residentes en el archipiélago debe ser una política de estado”, para proteger la soberanía, y que la educación impartida en las islas debía ser monopolio estatal, para impedir que líderes religiosos manipularan “la formación de nuevas generaciones de nativos desde su etapa más vulnerable: la niñez”.

El ‘imperio jamaiquino’ por el Caribe

En los documentos hallados por la justicia aparece una referencia a Jamaica en relación con San Andrés. Según el DAS, históricamente este país ha sido un precursor de la unificación de todo el Caribe, proclamándose este país como epicentro político de las islas unificadas. Por eso, el DAS concluyó que había posibilidad de que agentes desestabilizadores jamaiquinos estuvieran en el archipiélago dedicados a impulsar y generar conflicto entre la comunidad raizal y el Gobierno, para fortalecer las bases de lo que sería una eventual independencia de Colombia. 

“Otra parte fundamental de la estratagema del Gobierno jamaiquino está en la manipulación de tres aspectos predominantes, como son el idioma patois o inglés caribeño, la raza afrocaribeña y las creencias religiosas protestantes, adventista y bautista. Jamaica hoy, como hace 30 años, pretende consolidar su hegemonía política en toda esta región”, se concluyó entonces en el reporte del organismo de inteligencia.

En estas últimas semanas se ha puesto de moda hablar de los “derechos de los raizales”. Esa es, al fin y al cabo, la defensa principal que la canciller María Ángela Holguín esgrimirá ante la comunidad internacional para explicar por qué el fallo de La Haya, según el Gobierno colombiano, no imparte en realidad justicia y, al cederle mar colombiano a Nicaragua, afecta a una comunidad que ha vivido en ese territorio por siglos. El Gobierno hoy insiste en la necesidad de defender a ultranza el patrimonio cultural y ecológico de los sanandresanos.

Sin embargo, varios documentos de inteligencia elaborados por el DAS entre 2001 y 2004 dejan ver que durante los últimos 30 años, para el Estado colombiano la defensa de los derechos raizales ha presentado más bien una amenaza contra la soberanía nacional. Esos informes, conocidos por este diario, revelan que para el liquidado organismo de seguridad, aspectos como la religión protestante —que en esa región predomina—, el inglés creole o la etnoeducación eran, de hecho, vínculos para conseguir que la isla se independizara de Colombia.

De acuerdo con los informes de la que fuera policía secreta oficial, el Estado colombiano llevaba más de 30 años “neutralizando” amenazas sobre San Andrés y Providencia, región en la cual se han utilizado razones objetivas como el desempleo y la falta de servicios públicos para fomentar el discurso “antipatriota”. Se habla de controlar la educación para que los niños no sean manipulados, y hasta de conseguir que sea la religión católica la que predomine, con el fin de disminuir la “influencia radical” del protestantismo.

El plan secreto

Según el DAS, en 1978 el Gobierno elaboró un documento guía para ejercer soberanía sobre San Andrés con el que se buscaba contrarrestar las supuestas estrategias separatistas del movimiento raizal. Esto quiere decir que el Estado lleva casi 35 años monitoreando qué pasa en un territorio que por décadas ha sido piedra de disputa diplomática con Nicaragua. De acuerdo con el reporte conocido por El Espectador, el grupo radical denominado ‘Sons of the soil’ (SOS) obtuvo la hoja de ruta del Gobierno y publicó en 1987 un documento para dejar en evidencia al Estado. El informe del Gobierno se llamaba “Plan secreto de los líderes raizales radicales para la toma del poder en el archipiélago de San Andrés”.

¿Sobrepoblación?

El reporte del DAS sostiene que el movimiento raizal buscaba que las acciones del Gobierno se entendieran desde la perspectiva del “Estado opresor”. Para poner la balanza a su favor, en el documento de inteligencia de 1978 se planteaba la necesidad de aumentar la presencia de población del territorio continental. La contraestrategia de los raizales consistió en convertir esa presencia mayoritaria de población continental en un problema de sobrepoblación que incidía en el medio ambiente. Según el organismo, los separatistas ‘ganaron’ cuando se volvió ley que los colombianos continentales no podían quedarse en la isla. “Eso es absurdo. En 2.600 hectáreas de San Andrés viven más de 100 mil personas. La problemática sí existe y las normas fueron aprobadas para darles solución”, le dijo a este diario Julio Gallardo, representante a la Cámara por ese departamento.

Etnoeducación

En un momento se planteó la necesidad de integrar a los raizales como miembros de la religión católica para neutralizar la influencia de la supuesta ideología radical del protestantismo (religión predominante en la isla). Así lo percibía el Estado colombiano al menos desde 1978. En contraste, los raizales, al decir del DAS, no promovían la cultura colombiana en la educación de las islas y buscaban implantar un programa de etnoeducación, en el que “el colombiano continental no tendría cabida”. De acuerdo con el organismo de seguridad, esta forma de educación estaba controlada por raizales radicales que buscaban “manipular al nativo desde la infancia para consolidar sus pretensiones separatistas”.

Tensión cultural

La difusión del patois o creole (inglés caribeño) en la isla se entendió en su momento como un mecanismo que podría amenazar la identidad colombiana en San Andrés. Por eso, se sugería eliminar las transmisiones radiales en inglés. Los raizales, en contraste, fomentaron aún más el inglés creole y, según el DAS, ganaron la batalla cuando la ley nacional de educación estableció como obligatoria la educación bilingüe en la isla. En el planteamiento de 1978 que cita el DAS se pretendió homogeneizar a la población e institucionalizar valores colombianos. La lucha de los raizales se concentró en reivindicar su idiosincrasia que, según el organismo de inteligencia, estaba dividida entre proingleses y proamericanos. Según el DAS, los nativos del archipiélago “históricamente han carecido de una verdadera identidad cultural”.

La pelea con Nicaragua

La pugna limítrofe entre Nicaragua y Colombia también fue objeto de los reportes del DAS. Según el documento, el gobierno de Nicaragua estaba dispuesto a brindar su apoyo al movimiento raizal para lograr su objetivo separatista. En otro reporte de diciembre de 2004 se lee que agentes del DAS se desplazaron a la isla “para impedir el trabajo desinformativo e ideológico del Colectivo de Abogados José Alvear”, que, según el organismo, tenía la intención de interferir a través de los raizales en el litigio que recientemente falló la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en donde Colombia perdió cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Por eso el DAS pidió en 2004 establecer los asesores de la comunidad raizal, su forma de financiación y la legalidad de su permanencia en la isla, así como sacar a toda costa a los abogados del Colectivo.

¿Planes secretos de EE.UU.?

El DAS pidió determinar los posibles intereses geoestratégicos de Estados Unidos sobre las islas, “ya que el incremento y afianzamiento de la colonia americana en San Andrés puede obedecer a un plan para conseguir el poder económico fortalecido con el poder militar que actualmente ejerce esta nación”. Al mismo tiempo, el reporte del DAS señala que se ha conocido de la intervención e influencia de miembros de comunidades religiosas norteamericanas dentro del conflicto de San Andrés para afianzar pretensiones separatistas.

Líderes raizales ‘fichados’

En un reporte de noviembre de 2004 el DAS consignó que de “la degradación social, política y económica del archipiélago” han sido protagonistas los raizales como promotores “del caos”. Aunque el DAS reconoce que existen “condiciones objetivas de la protesta” como la pobreza o la falta de servicios públicos básicos, los líderes raizales manipulaban las masas y fundamentaban el odio hacia el Estado colombiano. El DAS identificó a cuatro líderes raizales que abanderándose de sofismas de abandono estatal buscaban “protagonismo internacional”. Según el DAS, estas cuatro personas generaban sentimientos “antipatrióticos y separatistas”, aun cuando algunos eran reconocidos internacionalmente como defensores de los derechos de las negritudes. En el listado aparecen un pastor, un ortopedista, un comerciante y un profesor.

Las recomendaciones del DAS al Gobierno

Se sugirió la integración cultural con el territorio continental colombiano mediante la influencia de las emisoras y de la televisión nacional “así su operación no (fuera) rentable”, para fortalecer el “patriotismo”. También se recomendó trazar políticas, para convertir a San Andrés en epicentro exportador, y que el Gobierno promoviera políticas, para mejorar la convivencia con las etnias, con el fin de que los raizales se integraran a la idiosincrasia nacional, “como se ha hecho hasta ahora, como por ejemplo, con el vallenato y la champeta”. 

El informe de inteligencia del DAS proponía también que “la permanencia de los colombianos continentales residentes en el archipiélago debe ser una política de estado”, para proteger la soberanía, y que la educación impartida en las islas debía ser monopolio estatal, para impedir que líderes religiosos manipularan “la formación de nuevas generaciones de nativos desde su etapa más vulnerable: la niñez”.

El ‘imperio jamaiquino’ por el Caribe

En los documentos hallados por la justicia aparece una referencia a Jamaica en relación con San Andrés. Según el DAS, históricamente este país ha sido un precursor de la unificación de todo el Caribe, proclamándose este país como epicentro político de las islas unificadas. Por eso, el DAS concluyó que había posibilidad de que agentes desestabilizadores jamaiquinos estuvieran en el archipiélago dedicados a impulsar y generar conflicto entre la comunidad raizal y el Gobierno, para fortalecer las bases de lo que sería una eventual independencia de Colombia. 

“Otra parte fundamental de la estratagema del Gobierno jamaiquino está en la manipulación de tres aspectos predominantes, como son el idioma patois o inglés caribeño, la raza afrocaribeña y las creencias religiosas protestantes, adventista y bautista. Jamaica hoy, como hace 30 años, pretende consolidar su hegemonía política en toda esta región”, se concluyó entonces en el reporte del organismo de inteligencia.