Los expedientes engavetados contra los hermanos Ángel

Hace cuatro años, la Corte le pidió a la Fiscalía que investigara los presuntos vínculos de Juan Gonzalo Ángel y su hermano con paramilitares. / Óscar Pérez

El 22 de abril de 2015, dos meses después de la muerte del exsenador Manuel Ramiro Velásquez, la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación en su contra por parapolítica. El alto tribunal había acumulado pruebas de sus presuntos vínculos con los paramilitares, pero abrirle una investigación ya no era opción. Su campaña al Congreso en 2002 fue patrocinada por la compañía Cable Pacífico, propiedad del empresario Juan Gonzalo Ángel Restrepo. Ante la imposibilidad de continuar investigando a Velásquez, la Corte le ordenó a la Fiscalía, entonces, indagar si Ángel y su hermano Luis Guillermo tenían algo que ver con el paramilitarismo.

Los nombres de Juan Gonzalo y Luis Guillermo (o Guillo) Ángel ya han sido noticia varias veces. El primero, porque se ha dedicado a la industria de la televisión y fundó el canal Cablenoticias. Su hermano, porque fue colaborador de las autoridades en la persecución contra Pablo Escobar en los noventa y, a cambio, como reveló el periodista Fabio Castillo en Los nuevos jinetes de la cocaína, fue beneficiario de un tipo de indulto, en el gobierno de César Gaviria, para que no lo investigaran por los hechos que él mismo relatara y que lo pudieran comprometer. A cuatro años de que la Corte ordenara investigarlos, sin embargo, poco o nada ha pasado.

En el documento de la Corte Suprema que ordenó el archivo de la indagación contra el exsenador Velásquez se lee: “La campaña al Congreso de la República del exsenador Manuel Ramiro Velásquez Arroyave del año 2002, siendo patrocinada por la empresa de televisión por cable Cablepacífico, pudo ser permeada por grupos de paramilitares y narcotraficantes de la ciudad de Medellín”. En contra de Velásquez había testimonios de los exjefes paramilitares Pablo Hernán Sierra, Ernesto Báez y Julián Bolívar. Pero, tras la muerte del excongresista conservador, la Corte señaló que el único camino que quedaba era “archivar la actuación” judicial.

La Sala Penal de la Corte señaló a los hermanos Ángel Restrepo como sospechosos de múltiples delitos: terrorismo, desaparición forzada, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, lavado de activos, entre otros. A renglón seguido, envió copias del expediente contra Velásquez al despacho dentro de la misma Corte que investigaba por parapolítica al exsenador risaraldense conservador Habib Merheg —quien pidió pista en la JEP en octubre del año pasado— y a Mauricio Parodi, representante a la Cámara por Cambio Radical y quien sería muy cercano a los Ángel y a la casa de los Suárez Mira, de Bello.

El alto tribunal también ordenó investigar por parapolítica, lavado de activos y enriquecimiento ilícito al senador Sammy Merheg (hermano de Habib Merheg), y al expresidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Deluque. La Corte cuestionó que Merheg y Deluque “fungieron como representantes legales, dignatarios o miembros de juntas directivas, en sociedades de televisión por cable del grupo empresarial controlado por Habib Merheg y Juan Gonzalo Ángel que según personas como (...) Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, o Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, tuvieron vínculos con grupos de narcotraficantes y paramilitares”.

Las acusaciones contra los Ángel

En su declaración, en poder de El Espectador, Pinilla relató que la empresa era dominada por Habib Merheg y reunía a pequeñas compañías de televisión por cable. Una de ellas, Cable Sistemas (que luego pasó a ser Cable Pacífico), controlada por Juan Gonzalo Ángel. Al parecer, tras una disputa comercial entre Merheg y Ángel en 2001, este último adquirió interés en la política, pues decía que si el pereirano llegaba al Senado “le jodía la vida”. Fue entonces, según Pinilla, que Ángel manifestó su intención de matar a Merheg y dijo que financiaría la campaña del conservador Manuel Ramiro Velásquez a la Cámara en 2002, para tener su cuota en el Capitolio. 

En medio de las discusiones, dijo Pinilla, a Ángel y a Merheg los citaron a una reunión en un campamento de las Auc (Autodefensas Unidas de Colombia) en Córdoba que, supuestamente, presidió Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Al encuentro habrían asistido también Guillo Ángel, Don Berna (paramilitar y jefe de la banda La Terraza), Gustavo Upegui (dueño del Envigado Fútbol Club, asesinado en julio de 2006) y “uno de los Castaño” (Pinilla dijo que probablemente era Vicente Castaño). Todos los asistentes se habrían transportado hasta la capital de Córdoba, Montería, en una aeronave de Helicargo, compañía de Guillo Ángel. 

El militar en retiro admitió que no estuvo en la reunión y que su versión “fue lo que comentó Juan Gonzalo”, pues, de acuerdo con Pinilla, el empresario hablaba abiertamente de sus planes criminales y sus nexos, entre otros, con Hugo Albeiro Quintero, alias Bellanita o el Patrón de Bello, condenado en 2010 por patrocinio de grupos ilegales. Pinilla resumió la conclusión del presunto encuentro así: ni Juan Gonzalo Ángel podía matar a Habib Merheg, “porque él era parte de la organización”, ni Merheg podía tocar a Juan Gonzalo, “porque Guillo Ángel era parte de las autodefensas y era el que manejaba todo el tema del aeropuerto (Olaya Herrera)”.

Pinilla aseguró ante el alto tribunal que Castaño les ordenó a Merheg y a Ángel “que tenían que trabajar, que no pelearan más, que eso era una misma causa y que arreglaran ese problema”. Según el testigo, el interés de los paramilitares en el rifirrafe por el negocio de televisión tenía un asidero: que Macaco usaba las empresas de cable de Merheg para pasar por lícita “toda la plata que manejaban en el Valle y en Risaralda”. Y a cambio, dijo, hombres de las Auc obligaban a líderes barriales a venderles sus parabólicas comunitarias a Cable Unión de Occidente, que consolidó la más grande red de usuarios en la capital antioqueña.

Pinilla agregó que “hubo gente (a quien) le tocó salir corriendo porque si no vendían, los mataban”. Asimismo, aseveró haber escuchado a su jefe confesar múltiples delitos, que la Corte pidió a la Fiscalía investigar, sin que hasta la fecha el organismo investigativo haya avanzado en esta tarea para confirmar los indicios de la Corte o para descartarlos. Entre los delitos que Juan Gonzalo Ángel habría confesado está la desaparición forzada de los guerrilleros del Eln Álvaro de Jesús Osorio, Ana Isabel Giraldo e Iván Madrid. De acuerdo con la versión del exescolta, detrás de sus muertes estuvieron Ángel y Hugo Albeiro Quintero, el Patrón de Bello. 

En ese listado figura también el asesinato del abogado Álvaro Mora, quien representaba a una contraparte de Ángel en un pleito legal por un negocio de búfalos —otra pasión del empresario paisa—. Según Pinilla, su jefe le pidió que consiguiera a alguien para matar al abogado. Por otra parte, el exescolta manifestó ante la Corte Suprema que, para quedarse con la mayoría del negocio de la televisión por cable, tras la pelea con Merheg, Ángel orquestó un atentado contra una tercera socia, Gladys Montaño, a quien sicarios intentaron infructuosamente segarle la vida con 12 tiros en el año 2002.

Por todo esto, la Corte Suprema le solicitó al director de fiscalías nacionales que, bajo su “asidua vigilancia y control, de manera inmediata, se realicen investigaciones serias y profundas, en torno a las actividades de narcotráfico, paramilitarismo, y la masa de conductas punibles” que, supuestamente, “desde tiempos del Cartel de Medellín y sin ninguna tregua, a través de sus empresas y grupos armados a su servicio, han cometido los señores Juan Gonzalo y Luis Guillermo Ángel Restrepo”. Aunque El Espectador consultó a la Fiscalía desde finales de septiembre sobre el estado de las investigaciones, a la fecha, la entidad no ha dado respuesta.

La versión de los Ángel

Ángel añadió que las pesquisas en su contra no están engavetadas “porque sí”, sino porque los fiscales a cargo no han hallado méritos para llevarlo ante un juez. La Corte le pidió a, por lo menos, seis unidades del ente investigador indagar sobre los Ángel. Juan Gonzalo Ángel dice que él mismo fue a cada una de las fiscalías mencionadas a rendir versión libre, aunque algunos fiscales no lo quisieron atender. Para él, todas las controversias que han girado en torno suyo y de su hermano son parte de un “asesinato moral” que emprendió un político “intocable y resentido” con investigaciones periodísticas divulgadas en Cablenoticias hace unos años.

Asimismo, defiende a su hermano: “El único delito que él cometió, muy entre comillas, fue ayudarle a la Fiscalía con unas informaciones contra Pablo Escobar”. Por otro lado, Gladys Montaño, la exsocia contra la que supuestamente ordenó atentar Ángel, no baja al testigo Pinilla de “malandro”. Según le dijo la mujer a este diario, ella guarda una buena relación con el empresario y no es cierto que la haya querido sacar del negocio a la fuerza, pues “él a mí me pagó mi parte del proyecto”. La Fiscalía tiene la tarea pendiente de esclarecer si se trata, en efecto, de un entramado criminal o de un “asesinato moral”, como sostiene Ángel. 

“Se pone de presente dentro de esta investigación que, históricamente, algunos sectores del Estado han asumido un patrón de conducta omisivo, por lo menos negligente, frente a la investigación de esa masa de crímenes, que amén de su impunidad sistemática favoreció la expansión de la organización criminal a la cual se atribuye”, advirtió la Corte Suprema de Justicia hace cuatro años.