Los expedientes engavetados en un juzgado militar de Ocaña

El absurdo de mostrar resultados operacionales y bajas guerrilleras a cualquier costo, con acciones realizadas por uniformados del Ejército para seguir cabalgando sobre el discurso oficial de que el Estado iba ganando la guerra, torciendo las estadísticas y asesinando civiles, convirtió a Ocaña en uno de los epicentros de la tragedia de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. El segundo municipio en importancia de Norte de Santander, ubicado en el Catatumbo, terminó hace 15 años acaparando los titulares del mundo al descubrirse el escándalo de los falsos positivos: una macabra operación de reclutamiento de civiles que fueron llevados mediante engaños a esa región para ser asesinados y presentados como subversivos abatidos en combate. En 2008, en el cementerio de Ocaña fueron encontrados los primeros cuerpos de los jóvenes de Soacha enterrados como NN que miembros del Ejército asesinaron y presentaron como positivos militares.

El absurdo de mostrar resultados operacionales y bajas guerrilleras a cualquier costo, con acciones realizadas por uniformados del Ejército para seguir cabalgando sobre el discurso oficial de que el Estado iba ganando la guerra, torciendo las estadísticas y asesinando civiles, convirtió a Ocaña en uno de los epicentros de la tragedia de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. El segundo municipio en importancia de Norte de Santander, ubicado en el Catatumbo, terminó hace 15 años acaparando los titulares del mundo al descubrirse el escándalo de los falsos positivos: una macabra operación de reclutamiento de civiles que fueron llevados mediante engaños a esa región para ser asesinados y presentados como subversivos abatidos en combate. En 2008, en el cementerio de Ocaña fueron encontrados los primeros cuerpos de los jóvenes de Soacha enterrados como NN que miembros del Ejército asesinaron y presentaron como positivos militares.

Fue la génesis de un capítulo de horror que cobró las vidas de al menos 6.402 personas entre 2002 y 2008, según la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde entonces mucha agua ha corrido bajo el puente. Los uniformados que cometieron esos crímenes execrables en el Catatumbo les pidieron perdón a las madres de Soacha y a un centenar de familias más, en abril del año pasado, por la ejecución extrajudicial de al menos 120 personas entre 2007 y 2008. El pasado 3 de octubre, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el presidente, Gustavo Petro, en ceremonia en la Plaza de Bolívar de Bogotá, hicieron lo mismo en nombre del Estado. “Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo”, dijo Velásquez, y Petro añadió: “Estas madres son nuestras madres, las madres que quisieron silenciar, a las que tildaron de locas. Decían que [los jóvenes] no estarían recogiendo café, que no eran inocentes. ¿Qué los llevó a morir? La codicia sobre el poder y la riqueza”.

En el contexto de la barbarie oficial que vivió Ocaña hace apenas unos años cobra relevancia la decisión de José Reyes Rodríguez, director de la Justicia Penal Militar, de retirar de su cargo como jueza 37 de Instrucción Penal Militar en Ocaña a la mayor Flor Amparo Salazar y a su secretaria Myriam Melo Coronel. Con dos resoluciones firmadas el pasado 4 de octubre, Rodríguez documentó una extensa cadena de irregularidades, comportamientos reprochables y hechos presuntamente delictivos ocurridos en ese despacho. Expedientes prescritos, procesos por homicidios engavetados, algunos por más de 19 años, y ocultamiento de decisiones a la Procuraduría para que no interviniera en los casos fueron algunos de los hallazgos. Un repetido escenario de impunidad que evidencia los centenares de investigaciones por presuntos falsos positivos que se llenaron de polvo y polillas en los despachos de la Justicia Penal Militar.

El Espectador conoció el dosier de pruebas de 981 páginas que sustentó el retiro fulminante de estas exfuncionarias. Allí aparecen reportes administrativos, la trazabilidad sobre la inactividad de los procesos, constancias sobre las demoras injustificadas, la orden de investigar penal y disciplinariamente por estos hechos a la entonces jueza Flor Amparo Salazar y hasta fallos del Tribunal Superior Militar que revocaron varias de sus decisiones en favor de militares procesados por varios delitos. Dichas revocatorias fueron posibles gracias a la intervención del procurador Juan Alberto Torres, uno de los denunciantes de las irregularidades en el despacho 37 Penal Militar de Ocaña. En la resolución sobre su salida, se dice que la exjueza Salazar “maliciosamente” eludía su responsabilidad de notificarle a Torres las investigaciones que cerraba por prescripción de la acción penal, lo cual constituye una forma de ocultamiento e impunidad inadmisible.

Según la investigación interna, en ese despacho hay 121 procesos activos, 23 de los cuales son por el delito de homicidio. En cuatro de esos expedientes los hechos ocurrieron durante el pico de ejecuciones extrajudiciales: entre 2007 y 2008. Se trata de las muertes de Luis Martín Bermón Cañas, de 24 años; José Iván González, también de 24 años; Yacid del Carmen Moncada (no se reporta la edad); y Miguel Ángel Rojas, de 40 años. Ellos cuatro fueron reportados como abatidos en combate en los municipios de Teorama, El Tarra, San Calixto y Convención, en Norte de Santander. En todos estos casos la descripción de los hechos es igual: “Presunto enfrentamiento armado de tropas con grupo al margen de la ley”. Tres sargentos y un mayor están investigados por estos casos, que siguen en etapa de pruebas; pero hay cosas muy dicientes: en el caso del mayor procesado, por ejemplo, solo fue vinculado al proceso 11 años después de los hechos.

Para no afectar las pesquisas El Espectador no revelará los nombres de los militares indagados. En esos procesos por homicidio que cursan en el despacho de la recién retirada jueza militar Flor Amparo Salazar se encontraron investigaciones que llevan años sin avances. En muchos de ellos ha habido largas temporadas de inactividad de más de una década y expedientes tan críticos que completan hasta seis años sin ninguna actuación relevante. Y eso que se trata de expedientes de la mayor sensibilidad en la jurisdicción justamente por la sombra de los falsos positivos que desde hace años persigue a la fuerza pública y que tiene a 6.402 familias exigiendo justicia. Para poner algunas cifras, de las 23 investigaciones por homicidio hay una por hechos ocurridos en 2009, dos por hechos de 2010, tres por hechos de 2012 y seis más por hechos de 2013, todas sin hallazgos sustanciales ni avances procesales que permitan aclarar responsabilidades.

Pero eso no es todo. La dirección de la Justicia Penal Militar encontró dos casos muy llamativos en el juzgado 37 de Ocaña. Por la muerte de un civil en octubre de 2002 la entonces jueza Salazar remitió la investigación concluida a la Fiscalía Penal Militar de Primera Instancia en mayo de 2021; es decir, más de 19 años después. Y en el sumario 058-5, por hechos ocurridos en 2003, también por una presunta muerte en combate, envió el expediente a la justicia ordinaria, a la Fiscalía, en julio de 2021; “es decir que el juzgado se demoró más de 18 años para darse cuenta de que el asunto no era de su competencia”, dice José Reyes Rodríguez, director de la Justicia Penal Militar, en la resolución de retiro de la exjueza Salazar. Si ese juzgado militar no era competente era porque había indicios de que había sido una ejecución extrajudicial. A pesar de ello, el caso estuvo engavetado todo ese tiempo. “Esto es francamente inaudito”, agrega Rodríguez.

“El Juzgado 37 de Instrucción Penal Militar, a cargo de la jueza Flor Amparo Salazar desde el 21 de junio de 2013, es una de las dependencias de la justicia castrense que incumple sistemáticamente los términos procesales. Las investigaciones, en particular las de homicidios, demoran décadas”, se lee en la resolución contra la exjueza Salazar. En la Justicia Penal Militar las investigaciones por homicidio duran en promedio 80 meses en concluirse, pero en este juzgado tardan hasta 14 años. Con otra gravedad: se encontró que en ese juzgado se ejecutaron presuntas maniobras fraudulentas y falsedades para alterar el reparto de los expedientes. Sandra Patricia Fuentes, jueza 96 penal militar de Ocaña, quien fue encargada del despacho 37 desde mayo pasado, denunció irregularidades en 115 expedientes del juzgado de Flor Amparo Salazar y pidió investigarla en 28 procesos porque dejó prescribir los casos o porque no hizo nada con ellos durante muchos años.

Una radiografía de la desidia institucional, en el mejor de los casos o quizá de algo mucho más grave, según determine la justicia tras las investigaciones penales y disciplinarias contra la exjueza Salazar y su asistente Myriam Melo. “Hay razones suficientes para señalar que dicha dependencia judicial, que debiera ser templo sagrado de la justicia, se ha convertido en escenario continuo de delitos contra la fe pública (…) Estos severos fenómenos de corrupción pública no se pueden banalizar (…) El Estado no puede postrarse ante la corrupción; debe combatirla y expulsar de su seno a los necios”, asegura José Reyes Rodríguez en el documento que oficializó la salida de la exjueza Salazar y su secretaria Myriam Melo. Es que los casos son todos muy graves. El Tribunal Superior Militar pidió investigar a la exjueza porque en un proceso por tentativa de homicidio, después de 12 años de ocurridos los hechos, su despacho “no había adelantado mínimas labores investigativas”. Los hallazgos de la investigación interna son muy delicados. Según los reportes, en el proceso por la muerte de Luis Martín Bermón, por hechos ocurridos en 2007, se lee: “Inactividad procesal durante el año 2010, 2011, hasta febrero de 2013, año 2015, año 2020, 2021, hasta octubre de 2022”. O en el expediente 695, también por la muerte presuntamente en combate de Yacid del Carmen Moncada en 2008, se lee: “Inactividad procesal desde julio de 2018 hasta mayo de 2022”.

También hay cinco procesos en ese juzgado que llaman mucho la atención porque los muertos son uniformados que cayeron en supuestos combates con grupos ilegales, por balas disparadas por sus compañeros por error durante un operativo y, en uno de los casos, por un presunto suicidio. Se trata de los soldados profesionales Jaime Leonel Jiménez, fallecido en 2015; Ledwin Torres Beltrán, en 2016; Simón Núñez, en 2019; Cristian Buendía Guerrero, en 2019, y Andrés Felipe Restrepo, en 2023.Casos que a la luz de hoy resultan esenciales por esclarecer tras las pesquisas de la JEP en dos episodios particulares: el del subteniente Jesús Javier Suárez, asesinado en abril de 2005 por sus compañeros del Batallón de Contraguerrillas 79 en Mutatá, Antioquia, y presentado como “muerto en combate” por negarse a perpetrar ejecuciones extrajudiciales, y el del suboficial Raúl Antonio Carvajal, ultimado en octubre de 2006 en El Tarra, Norte de Santander, por hechos similares. “Papá: esto está muy feo. Me mandaron a matar a dos muchachos para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate y yo dije que no”, le dijo Carvajal a su papá, Raúl Carvajal, en su última conversación telefónica. “Ay, Dios, pues claro”, le contestó él angustiado. “Yo creo que me voy a retirar”, añadió el militar. Pero antes de que pudiera irse terminó muerto. Este diálogo aparece en “El libro del duelo”, el último libro del escritor Ricardo Silva inspirado en esta tragedia.

Este diario se comunicó con la exjueza Flor Amparo Salazar para conocer su versión de la historia, pero dijo, vía WhatsApp, que por ser miembro activo de las Fuerzas Militares no podía hacer ningún pronunciamiento. Desde su llegada como director de la Justicia Penal Militar, en septiembre de 2022, José Reyes Rodríguez ha declarado insubsistentes a ocho funcionarios de esa jurisdicción por casos similares al documentado en este artículo periodístico. Se trata de los jueces Francy Helena Castaño Barragán, María Teresa Ladino Restrepo, José Pisciotti Ramírez y Flor Amparo Salazar; los fiscales Elsa Saldaña de Mayorga y Dagoberto López y las secretarias de despacho Claudia Patricia Jurado y Myriam Melo Coronel. En todos estos casos la Justicia Penal Militar ha compulsado copias para que se investiguen penal y disciplinariamente a estos exfuncionarios porque la instrucción de Rodríguez ha sido clara: la justicia que no es pronta no es justicia.

Ha sido tan grave el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, que incluye en algunos casos el reconocimiento y la solicitud de perdón de generales en retiro y exoficiales de alto rango sobre estos crímenes de lesa humanidad —aunque también la negación, a contracorriente de las pruebas, de Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército—, que resulta insólito que investigaciones por muertes de civiles reportados como bajas en combate en Norte de Santander hayan durado años, en algunos casos hasta una década o más, sin mayor actividad procesal en el despacho de la exjueza penal militar Flor Amparo Salazar. El Espectador consultó a una de las madres de Soacha, que pidió no ser nombrada porque el miedo sigue rondándola, para conocer su opinión sobre lo ocurrido con el Juzgado 37 Penal Militar de Ocaña en comparación con la revictimización y el circuito de impunidad que ella padeció.

“A esos jueces no les interesa sacar los procesos porque son de sus Fuerzas Militares y quieren tapar todo. Lo que buscan es que se venzan los términos y quede todo en la impunidad. Por eso los engavetan. Hubo varios casos de los hijos de nosotras que casi no logran pasar a la justicia ordinaria porque la militar reclamaba la competencia. Decían que eran actos del servicio y vea. Yo les digo a esos jueces militares con todo respeto que no sigan tapando ni archivando procesos porque tarde o temprano se sabe la verdad”, afirmó. Óscar Morales Tejada, director de litigio de la Comisión Colombiana de Juristas, organización que ha acompañado a las víctimas de falsos positivos, cuenta que en muchos expedientes las familias tuvieron que acudir a la tutela y a instancias internacionales para que sus casos pasaran a la Fiscalía, pues la Jurisdicción Penal Militar no quería perder su fuero. Y fue allí donde finalmente se supo la verdad, así como en la JEP, a través de crudas confesiones.

Según Morales Tejada, no ha sido un camino de rosas la lucha de víctimas y organizaciones de derechos humanos por sacar de la Justicia Penal Militar decenas de procesos por ejecuciones extrajudiciales. “Lo que estaba ocurriendo era una verdad oculta para presentar a estas personas como guerrilleros. A la postre, pudimos demostrar que se trataba de resultados operacionales falsos a partir de una estructura criminal e incentivos del Estado. En la Comisión tenemos tres procesos emblemáticos: a pesar de haber sido ejecuciones extrajudiciales, los casos de Alfonso López Ramírez, Luis Albeiro Avendaño y Óscar Alexánder Morales empezaron en la justicia militar y hubo una larga lucha jurídica para llevarlos a la justicia ordinaria. La justicia militar no tiene la independencia para juzgar graves violaciones a los derechos humanos. Y la historia nos ha demostrado que los procesos allí terminan archivados o sin pronunciamientos de fondo y terminamos frente a la impunidad”.