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En el concepto de la Comisión Asesora de Política Criminal sobre la implementación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, los diez expertos no se limitaron solo a “rajar” la propuesta del gobierno, sino que también propusieron alternativas que pueden resultar más eficaces. Según los comisionados, el derecho penal debería ser la última herramienta que adoptar, pues el énfasis debería ponerse en prevenir que las agresiones contra menores ocurran. No obstante, desde la justicia también se puede diseñar un sistema de sanciones "viables y sostenibles económicamente, efectivas y respetuosas”.
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Los académicos y abogados que hacen parte de la Comisión dicen que “antes de tomar decisiones de política criminal, como la prisión perpetua, hay que analizar otras vías sociales, culturales, políticas y legales menos lesivas para los derechos humanos”. Y aseguran, además, que una decisión de este calibre “no puede fundarse en la simple percepción social, en la idea subjetiva de inseguridad, en pronósticos indemostrables de penas futuras o en simples predicciones políticas”.
Por otro lado, resaltan que entre las normas colombianas ya hay avances en prevenir la violencia sexual contra niños y niñas. Citan, por ejemplo, la Ley 1146 de 2007 que creó un “Comité Interinstitucional Consultivo para la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los menores, víctimas del abuso sexual” y sostienen que el Estado debería seguir dando pasos en este sentido para, al tiempo que se previenen más casos, se garantice un acompañamiento y reparación a las víctimas.
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Asimismo, proponen sanciones alternativas a la cadena perpetua que “buscan garantizar la no repetición de delitos graves contra los menores, disminuir la reincidencia y, en lo posible, contribuir a la seguridad de las víctimas, su familia y la sociedad”. Proponen, por otro lado, tratamientos psicológicos. Los comisionados recomiendan que quienes sean condenados reciban acompañamiento psicológico, psiquiátrico o terapéutico, incluso posterior a su tiempo en la cárcel. “En todo caso, estos tratamientos solo podrán ser aplicados al condenado cuando este dé su consentimiento libre, expreso y voluntario; y su naturaleza no afecte la dignidad humana”, sostienen.
Además, ponen de ejemplo casos en los que los delincuentes actúan “bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, o cuando este padece trastornos de la personalidad; situaciones que se podrían prevenir o mejorar con procesos voluntarios desintoxicación o tratamiento”. Según el concepto, esto contribuiría en mayor medida a la resocialización de violadores y asesinos.
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Alejar a los victimarios de las víctimas
Los comisionados subrayan que sí es esencial alejar a los agresores de niños y adolescentes, pero también señalan que la cárcel no es la única forma de hacerlo. Proponen restringir la libertad de profesión, pues recuerdan que los jueces pueden ordenar “la inhabilitación para el ejercicio” de cualquier oficio y, por ende, se puede prevenir que el sujeto condenado se dedique a labores que lo acerquen a menores de edad.Asimismo, dado que en la mayoría de casos quienes agreden sexualmente a los niños son integrantes de sus familias, la Comisión recomienda quitarles la patria potestad a los victimarios, no solo respecto del niño abusado, sino de todos los menores que conformen el núcleo familiar. Y, además, sugieren aplicar algo que en países como Estados Unidos es muy común: prohibirles a quienes hayan sido condenados por estos delitos residir en determinados lugares “especialmente con la víctima menor, y de aproximarse o comunicarse con ella por cualquier medio o con los integrantes de su grupo familiar”.
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Otras vías
Los comisionados recuerdan que quienes estén siendo procesados por cualquier delito pueden optar por un “principio de oportunidad”. En esta figura jurídica, la Fiscalía puede interrumpir el proceso si el investigado accede a reparar de forma voluntaria a las víctimas, a prestar servicios de trabajo social en favor de su comunidad, o acepta someterse a tratamientos médicos o psicológicos de manera voluntaria.Por último, anotan un recurso que, reconocen, “requiere de considerables esfuerzos por parte del Estado”, que consistiría en someter a los condenados por delitos sexuales a un proceso de libertad condicional con “estricta vigilancia”. Esta estrategia, sostienen, sería más viable económicamente y supondría la creación de un grupo de profesionales interdisciplinario” que verifique el comportamiento del sujeto. Verificarían, por ejemplo, que “emplee o desarrolle una labor postpenitenciaria, que acuda a los tratamientos o a las terapias voluntarias que haya consentido, que no porte armas, no consuma bebidas alcohólicas (…); y que no resida en determinado lugar, no se acerque a la víctima o a sus familiares o se comunique con ellos”.