Los golpes de la Corte Constitucional al gobierno Duque

El más reciente golpe de la Corte Constitucional a las iniciativas del gobierno de Iván Duque se conoció la semana pasada: la caída de la cadena perpetua para violadores de menores de edad en Colombia. Uno de los planes bandera del mandatario cuando estuvo en campaña y que finalmente terminó liderando el jefe de la cartera de Justicia, Wilson Ruiz, que batalló en el Congreso para que la norma se convirtiera en un hecho. Sin embargo, los planes se truncaron en el alto tribunal, con una votación de seis a favor y tres en contra, en la que la mayoría le dio la razón a la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, quien consideró que la iniciativa vulneraba la dignidad humana, uno de los derechos fundamentales que prima en el país.

El más reciente golpe de la Corte Constitucional a las iniciativas del gobierno de Iván Duque se conoció la semana pasada: la caída de la cadena perpetua para violadores de menores de edad en Colombia. Uno de los planes bandera del mandatario cuando estuvo en campaña y que finalmente terminó liderando el jefe de la cartera de Justicia, Wilson Ruiz, que batalló en el Congreso para que la norma se convirtiera en un hecho. Sin embargo, los planes se truncaron en el alto tribunal, con una votación de seis a favor y tres en contra, en la que la mayoría le dio la razón a la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, quien consideró que la iniciativa vulneraba la dignidad humana, uno de los derechos fundamentales que prima en el país.

Aunque es la más reciente, la cadena perpetua no es la única iniciativa del gobierno Duque que ha dejado sin piso jurídico la Corte Constitucional. Durante su primer año en presidencia, el primer round que perdió en el alto tribunal fue con el tema de la llamada Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En palabras sencillas, se trataba de la norma que le daba vida y forma a todo el sistema de justicia transicional que había creado el Acuerdo de Paz, que el gobierno Santos firmó con las Farc en 2016. Cuando el caso llegó a revisión de la Corte, el magistrado ponente fue Antonio José Lizarazo, quien logró que su ponencia fuera aprobada en la Sala Plena en diciembre de 2018. Con ese aval del alto tribunal, el caso debía pasar a sanción presidencial.

Sin embargo, el jefe de Estado objetó seis de los artículos de esa Ley Estatutaria que ya habían pasado por el control constitucional de la Corte. Fue una movida poco usual, pero despertó todo un debate político judicial que terminó, de nuevo, en una votación en el Congreso. El debate en el Legislativo fue completamente atípico y el resultado de los votos fue inconcluso. Así, la ley volvió a caer en la Corte Constitucional (que debe hacerle control a este tipo de leyes). De nuevo con Lizarazo como ponente, su estudio se centró en la forma en la que se surtió la votación en el Congreso y concluyó que, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, se habían hundido las objeciones de Duque.

Con la doble revisión de la Corte, al jefe de Estado no le quedó más que sancionar la ley que le dio vida a la justicia transicional. Dos meses después, en julio de 2019, Duque volvió a perder otro round en la Corte. Esta vez vinculaba también uno de sus planes bandera: implementar la aspersión aérea con glifosato para erradicar cultivos ilícitos. Si bien el herbicida se usaba de manera esporádica para acabar con la planta de coca que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), está presente en 143 mil hectáreas en el país, el alto tribunal condicionó su uso. Ese frenazo a la política de drogas de Duque tuvo como ponente a la magistrada Gloria Stella Ortiz.

La Corte estuvo de acuerdo con su ponencia, en la que planteó dejar el uso del químico en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes. Aunque la Corte no le cerró de tajo la intención al Gobierno de implementar la aspersión con esta sustancia, sí le puso algunos requisitos que, desde 2019, no ha logrado cumplir para poder fumigar. Por ejemplo, el Gobierno debe entregar evidencia que demuestre ausencia de daño en la salud y el medioambiente donde se usará el glifosato. Además, las comunidades donde se utilice no solo deben estar enteradas, sino contar con su aprobación, y la Policía y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) deberán ser las entidades directamente encargadas de su uso, y también deberán entregar informes sobre las labores que adelantarán en el territorio.

Para cerrar 2019, la Corte les propinó otro golpe a las iniciativas del actual Gobierno, cuando dejó sin piso la primera salida en falso que tuvo Duque en materia económica: la ley de financiamiento. Lo hizo en octubre de ese año, a pocos meses de que en el Congreso se pudiera tramitar otra ley que prometía mejorar la situación financiera del país. La decisión de la Sala Plena, en ese entonces, con una votación de seis a favor y tres en contra, acogió los argumentos del magistrado Alejandro Linares, quien consideró que la entonces reforma tributaria no tenía irregularidades en el fondo, sino en la forma. Es decir, a la hora de ser tramitada no se cumplieron los requisitos básicos. Un error imperdonable en materia constitucional.

Aunque 2019 no pintó ser un buen año para Duque en su evaluación en la Corte, durante 2020 el panorama pareció mejorar. El presidente recibió el espaldarazo del alto tribunal luego de que decretara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por cuenta de la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Durante el año pasado, el Gobierno emitió alrededor de 115 decretos con los que buscaba hacerle frente a la pandemia. De los 115, la Corte declaró que 57 eran completamente constitucionales, 51 de ellos fueron condicionados y los otros siete los tumbó. En total, la corporación analizó 885 artículos que vinculaban iniciativas en materia económica y de salud.

Otra de las decisiones en las que el mandatario tuvo respaldo recientemente es en el Piso de Protección Social, una iniciativa que salió del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que busca amparar a personas cuyo ingreso mensual sea inferior a un salario mínimo. Aunque en una primera decisión la Corte pide regular la intención a través de una ley ordinaria y no a través del PND como lo propuso Duque, lo cierto es que se mantuvo la intención del Gobierno. El alto tribunal dijo que los efectos de su decisión empezaban a correr desde junio de 2023, dando espacio a que no se afecte los derechos de los ciudadanos que se vincularon a ese mecanismo.

Ahora, ya en la segunda mitad de 2021, Duque sigue con el respaldo de la Corte en temas de pandemia, pero con serios encontrones, como el caso de la cadena perpetua y las curules de paz. Aunque sobre este último el Gobierno no dejó clara su posición, lo que sí fue claro es que su partido nunca estuvo de acuerdo. El alto tribunal revivió las 16 curules, luego de que en el Congreso no alcanzaran los votos suficientes, y dejó claro que es un derecho fundamental de las víctimas poder participar en el legislativo. Los militantes del uribismo han considerado que, con la decisión de la Corte, el partido Comunes tendrá mayor participación en el Congreso. Esta postura del uribismo no es ajena a la del mandatario.

Estando en un viaje oficial en Corea del Sur finalizando agosto pasado, Duque dijo que promulgar las curules “no solo es un deber derivado de una decisión judicial, sino lo que ahora debemos garantizar es que la reglamentación de las curules sea para las víctimas y no haya ninguna rendija que permita que sean para los victimarios”. Las declaraciones se conocieron luego de las demoras que hubo en el Congreso para enviar el Acto Legislativo a sanción presidencial y tras la tardanza del Ejecutivo en su firma, al punto de designar al ministro de Interior, Daniel Palacios, para que la firmara.

De lo que queda de este año, el Gobierno todavía tiene varios puntos por los que tendrá que pasar al banquillo de la revisión en la Corte Constitucional. Quizás el más importante será la decisión que pueda tomar el alto tribunal frente a la nueva reforma tributaria que, justamente, está surtiendo su trámite en el Congreso. Un punto crucial para el Gobierno y para el país, pues el último intento del Ejecutivo de promulgar una ley de este tipo terminó en el paro nacional que más ha durado en Colombia, con muertos y crisis económica a bordo.