Los guardianes de la protesta en 2021 | Personajes del año 2021 EL Espectador

Un celular no paró de sonar durante tres meses. Alguien siempre contestaba. Fueran llamadas, mensajes o notas de voz. De un lado de la línea, una persona denunciaba que su familiar había salido a protestar y no volvió, o preguntaba si, al día siguiente, podrían acompañarlos en la movilización. Mandaban videos, fotos, detalles... Del otro lado, una persona de las 64 organizaciones que hacen parte de la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas siempre contestaba. Les daban la guía necesaria: fuera jurídica, psicológica o social. Llevan casi diez años haciéndolo, pero dicen que este año estuvieron desbordados. Y en un país en donde la situación en la protesta llegó a casos extremos, su misión terminó siendo la diferencia entre la vida y la muerte.

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“Lo que sucedió en el paro 2021 no encuentra precedente en la historia reciente colombiana”, asegura Luis Carlos Montenegro, secretario técnico de la Campaña. Su trabajo consiste en coordinar y apoyar a todas las organizaciones en la docena de departamentos en los que hacen su trabajo, que él define así: “Somos una red que brinda acompañamiento en terreno a la gente que ejerce su derecho a la protesta y también a las víctimas de las distintas violencias que la fuerza pública ocasiona en las manifestaciones”. Fue esa labor la que los hizo ganadores este año del Premio Nacional de Derechos Humanos, que entregan la Embajada de Suecia, Diakonia y ACT Alianza.

“Acompañar una manifestación no es solamente desplazarse de un punto A hasta un punto B”, asegura María Ramos, de la Fundación PASOS. Ella es una de las integrantes de la Campaña que, durante este paro nacional, salió a la calle a verificar que las autoridades respeten la protesta. Sus armas: un chaleco en el que se lee “Derechos Humanos” y un amplio conocimiento de los derechos de los manifestantes. Conforman lo que la ley ha llamado comisiones de verificación para estar en terreno con los manifestantes. Cuando se presenta una agresión, uno de ellos habla con las autoridades, el segundo toma nota y el tercero graba todo.

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“Cuando uno ve atropellos flagrantes, una detención violenta o un herido, es difícil tragarse la indignación, pero en mi caso, me lleva a estar muy pendiente, por ejemplo, de en qué carros se van a llevar a los detenidos o si las familias de los heridos saben a dónde se los llevaron”, añade Ramos. “Fueron meses duros. Estábamos de lleno en las calles: si había una convocatoria a las 6:30 de la mañana, a esa hora estábamos allá hasta que culminara la manifestación, que podía ser en la madrugada. Era gratificante cuando no había muertos o detenidos, pero en general el trabajo nos cargaba”, añade Bibiana Mahecha, del Observatorio de Derechos Humanos Klaus Zapata.

Mahecha estuvo también en las calles como parte de comisiones de verificación. En ocasiones grabó, en otras habló con las autoridades y en varias, dice, recibió insultos de agentes de Policía. “Nos decían: ‘Por qué mejor no va a lavar la loza?’, ‘vaya a estar con su familia’, ‘la vamos a violar’”, recuerda. Pero todo lo que vio, juiciosamente, lo sistematizó junto a sus compañeros en una base de datos, que ha servido para presentar denuncias de casos puntuales y contarles a instancias internacionales lo que pasó en el paro nacional. Todos esos datos, recolectados en tiempo real, terminan concentrados en lo que en la Campaña han denominado un Puesto de Mando Unificado Popular.

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La abogada Alejandra Garzón, de dhColombia, fue parte del equipo que este año convirtió esa gran base de datos en un documento que entregaron a las Naciones Unidas. Garzón explica que, si bien es una labor que habían hecho en el pasado, “el paro de 2021 sobrepasó las capacidades de todas las organizaciones”. Según explica, en años anteriores calculan que documentaban del 70 al 80 % de las agresiones, pero “Colombia nunca había vivido un estallido social así”. “En este paro nacional que duró, al menos, tres meses —de abril a julio— todos los días había diferentes expresiones de protesta”, coincidió Montenegro.

Además de acompañar la manifestación en terreno, la Campaña brinda asesoría jurídica que puede ser urgente, para quienes en la protesta son detenidos y enviados a un Centro de Traslado por Protección; pero también de más largo aliento para quienes terminan vinculados a un proceso penal. Un principio de la Campaña Defender la Libertad, dice Garzón, es que no le dicen no a un caso. La abogada recuerda, por ejemplo, que el 28 de abril, el primer día de paro de este año, ayudaron a trece jóvenes capturados en Cali y señalados de concierto para delinquir. “Era tenaz, y muy simbólico porque mandaba un mensaje de: ‘Miren lo que les espera si ustedes salen a exigir sus derechos’”, añade.

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El abogado Sebastián Azuero, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), también llevó la representación de varios jóvenes capturados. El parte que entrega de su trabajo es agridulce. Por un lado, celebra: “De las defensas que nosotros llevamos en la CCJ, todos están hoy en libertad. Al menos en la mitad, la captura fue declarada ilegal y en la mayoría logramos que no impusieran medidas de aseguramiento”. Sin embargo, dice que vio un patrón preocupante en los procesos: “Para mí es muy claro que no solo capturaban a personas que participaron en los desmanes, que no se puede negar que existieron, sino a cualquiera que estuviera caminando cerca o desprevenido”.

De hecho, en medio de las manifestaciones, también miembros de la Campaña terminaron detenidos y liberados al cabo de unas horas, en lo que para ellos es una clara violación de las reglas de juego de la protesta, pues su labor en terreno está reglamentada. A pesar de los insultos y las estigmatizaciones a su labor, “lo que nos mantiene la moral en alto son los manifestantes. Hacemos esto por sus derechos”, dice Andrey Felipe Méndez, del Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle. “En un país como Colombia esta labor es fundamental, porque lo que se busca, en últimas, es una mejor democracia”, añade.

Montenegro explica que continúan construyendo la hoja de ruta de cómo será la Campaña Defender la Libertad a futuro. Dice que continuarán siendo “un asunto de todas”, porque hablan de personas y porque la elección por el artículo femenino tiene un sentido político. Quieren ser una voz propositiva en la conversación pendiente que tiene el país sobre una reforma a la Policía y buscan fortalecer, aún más, su presencia en las regiones. Montenegro resume su consigna en una frase: “No existe ninguna justificación para usar la violencia contra las personas desarmadas que ejercen su derecho a la protesta”. Mientras eso ocurra, lo tienen claro, el teléfono de emergencias de la Campaña continuará sonando. Y alguien siempre contestará.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Un celular no paró de sonar durante tres meses. Alguien siempre contestaba. Fueran llamadas, mensajes o notas de voz. De un lado de la línea, una persona denunciaba que su familiar había salido a protestar y no volvió, o preguntaba si, al día siguiente, podrían acompañarlos en la movilización. Mandaban videos, fotos, detalles... Del otro lado, una persona de las 64 organizaciones que hacen parte de la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas siempre contestaba. Les daban la guía necesaria: fuera jurídica, psicológica o social. Llevan casi diez años haciéndolo, pero dicen que este año estuvieron desbordados. Y en un país en donde la situación en la protesta llegó a casos extremos, su misión terminó siendo la diferencia entre la vida y la muerte.

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“Lo que sucedió en el paro 2021 no encuentra precedente en la historia reciente colombiana”, asegura Luis Carlos Montenegro, secretario técnico de la Campaña. Su trabajo consiste en coordinar y apoyar a todas las organizaciones en la docena de departamentos en los que hacen su trabajo, que él define así: “Somos una red que brinda acompañamiento en terreno a la gente que ejerce su derecho a la protesta y también a las víctimas de las distintas violencias que la fuerza pública ocasiona en las manifestaciones”. Fue esa labor la que los hizo ganadores este año del Premio Nacional de Derechos Humanos, que entregan la Embajada de Suecia, Diakonia y ACT Alianza.

“Acompañar una manifestación no es solamente desplazarse de un punto A hasta un punto B”, asegura María Ramos, de la Fundación PASOS. Ella es una de las integrantes de la Campaña que, durante este paro nacional, salió a la calle a verificar que las autoridades respeten la protesta. Sus armas: un chaleco en el que se lee “Derechos Humanos” y un amplio conocimiento de los derechos de los manifestantes. Conforman lo que la ley ha llamado comisiones de verificación para estar en terreno con los manifestantes. Cuando se presenta una agresión, uno de ellos habla con las autoridades, el segundo toma nota y el tercero graba todo.

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“Cuando uno ve atropellos flagrantes, una detención violenta o un herido, es difícil tragarse la indignación, pero en mi caso, me lleva a estar muy pendiente, por ejemplo, de en qué carros se van a llevar a los detenidos o si las familias de los heridos saben a dónde se los llevaron”, añade Ramos. “Fueron meses duros. Estábamos de lleno en las calles: si había una convocatoria a las 6:30 de la mañana, a esa hora estábamos allá hasta que culminara la manifestación, que podía ser en la madrugada. Era gratificante cuando no había muertos o detenidos, pero en general el trabajo nos cargaba”, añade Bibiana Mahecha, del Observatorio de Derechos Humanos Klaus Zapata.

Mahecha estuvo también en las calles como parte de comisiones de verificación. En ocasiones grabó, en otras habló con las autoridades y en varias, dice, recibió insultos de agentes de Policía. “Nos decían: ‘Por qué mejor no va a lavar la loza?’, ‘vaya a estar con su familia’, ‘la vamos a violar’”, recuerda. Pero todo lo que vio, juiciosamente, lo sistematizó junto a sus compañeros en una base de datos, que ha servido para presentar denuncias de casos puntuales y contarles a instancias internacionales lo que pasó en el paro nacional. Todos esos datos, recolectados en tiempo real, terminan concentrados en lo que en la Campaña han denominado un Puesto de Mando Unificado Popular.

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La abogada Alejandra Garzón, de dhColombia, fue parte del equipo que este año convirtió esa gran base de datos en un documento que entregaron a las Naciones Unidas. Garzón explica que, si bien es una labor que habían hecho en el pasado, “el paro de 2021 sobrepasó las capacidades de todas las organizaciones”. Según explica, en años anteriores calculan que documentaban del 70 al 80 % de las agresiones, pero “Colombia nunca había vivido un estallido social así”. “En este paro nacional que duró, al menos, tres meses —de abril a julio— todos los días había diferentes expresiones de protesta”, coincidió Montenegro.

Además de acompañar la manifestación en terreno, la Campaña brinda asesoría jurídica que puede ser urgente, para quienes en la protesta son detenidos y enviados a un Centro de Traslado por Protección; pero también de más largo aliento para quienes terminan vinculados a un proceso penal. Un principio de la Campaña Defender la Libertad, dice Garzón, es que no le dicen no a un caso. La abogada recuerda, por ejemplo, que el 28 de abril, el primer día de paro de este año, ayudaron a trece jóvenes capturados en Cali y señalados de concierto para delinquir. “Era tenaz, y muy simbólico porque mandaba un mensaje de: ‘Miren lo que les espera si ustedes salen a exigir sus derechos’”, añade.

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El abogado Sebastián Azuero, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), también llevó la representación de varios jóvenes capturados. El parte que entrega de su trabajo es agridulce. Por un lado, celebra: “De las defensas que nosotros llevamos en la CCJ, todos están hoy en libertad. Al menos en la mitad, la captura fue declarada ilegal y en la mayoría logramos que no impusieran medidas de aseguramiento”. Sin embargo, dice que vio un patrón preocupante en los procesos: “Para mí es muy claro que no solo capturaban a personas que participaron en los desmanes, que no se puede negar que existieron, sino a cualquiera que estuviera caminando cerca o desprevenido”.

De hecho, en medio de las manifestaciones, también miembros de la Campaña terminaron detenidos y liberados al cabo de unas horas, en lo que para ellos es una clara violación de las reglas de juego de la protesta, pues su labor en terreno está reglamentada. A pesar de los insultos y las estigmatizaciones a su labor, “lo que nos mantiene la moral en alto son los manifestantes. Hacemos esto por sus derechos”, dice Andrey Felipe Méndez, del Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle. “En un país como Colombia esta labor es fundamental, porque lo que se busca, en últimas, es una mejor democracia”, añade.

Montenegro explica que continúan construyendo la hoja de ruta de cómo será la Campaña Defender la Libertad a futuro. Dice que continuarán siendo “un asunto de todas”, porque hablan de personas y porque la elección por el artículo femenino tiene un sentido político. Quieren ser una voz propositiva en la conversación pendiente que tiene el país sobre una reforma a la Policía y buscan fortalecer, aún más, su presencia en las regiones. Montenegro resume su consigna en una frase: “No existe ninguna justificación para usar la violencia contra las personas desarmadas que ejercen su derecho a la protesta”. Mientras eso ocurra, lo tienen claro, el teléfono de emergencias de la Campaña continuará sonando. Y alguien siempre contestará.

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