Los hilos y la “compinchería” detrás del caso del que nació la ñeñepolítica

Cuatro administraciones de la Fiscalía han pasado desde que en 2011 asesinaron a Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo de Carlos Rodríguez, reconocido sastre de cantantes vallenatos. Durante ellas han ocurrido tantas irregularidades, que hoy tienen al país inundado de noticias de policías “chuzados”, supuesta corrupción electoral y rumores de urgencia sobre un fiscal ad hoc. Pasaron casi diez años para saber que en ese expediente hay indicios y hasta denuncias de compra de testigos, desviación del procesos, sospechosa “compinchería” entre un exfiscal del caso y las víctimas, y hasta la posibilidad de que se hayan cometido delitos electorales antes de la segunda vuelta electoral de 2018.

Lea: Las dudas sobre la prueba reina de la “Ñeñepolítica”

El contexto en el que se desarrolló el expediente por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar es la columna vertebral para comprender la cascada de casos como la ñeñepolítica, el episodio de los policías “chuzados” o las irregularidades en los procesos del presunto narcotraficante Jesús Figueroa García, más conocido como Marquitos Figueroa. Los detalles se conocen ahora por cuenta de la investigación que adelanta la Fiscalía contra los oficiales que supuestamente habrían interceptado ilegalmente a cinco uniformados más. No obstante, fuentes cercanas al proceso explicaron a El Espectador las claves para aclarar el panorama paralelo de los demás escándalos.

La génesis

El 18 de agosto de 2011, a la 1:40 de la tarde en Barranquilla, Óscar Eduardo Rodríguez recibió varios disparos cuando iba camino a casa en el carro de su papá, el sastre Carlos Rodríguez. La investigación arrancó como un caso más de homicidio y correspondió al fiscal Ricardo Bejarano adelantarla. Durante los primeros días después del atentado, el fiscal Bejarano y el CTI de la Fiscalía, en compañía de la Dijín, capturaron al sicario y dos de sus ayudantes. Sin embargo, la ausencia de avances para dar con los determinadores ocasionó el disgusto de la familia de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar.

Los primeros “peros” al trabajo de Bejarano

Desde el comienzo de la investigación, Carlos Rodríguez y su defensa pidieron que el caso fuera enviado a Bogotá pues dejarlo en la costa Caribe, corría el riesgo de que “políticos y hasta cantantes de vallenato”, pudieran entorpecerlo. La petición nunca se acogió y permaneció durante varios años en Barranquilla en manos del fiscal Bejarano, quien para esa época era un funcionario adscrito a una unidad dedicada a investigar bandas criminales. Fue Bejarano el encargado de imputar cargos al sicario y a dos de sus cómplices. Según información del proceso, en 18 ocasiones trató de firmar un preacuerdo con el hombre del gatillo pero, por vencimiento de términos y sin que Bejarano lograra concretarlo (nunca se supo por qué), quedó libre.

Sin rastro de la necropsia ni la prueba balística

Que un expediente por homicidio no tuviera ni la necropsia de la víctima ni la prueba balística alarmaron a la fiscal que recibió de manos del fiscal Bejarano la investigación del asesinato de Rodríguez más de cuatro años después del atentado. Jenny Ortiz Ladino fue la sucesora en el caso y, además de darse cuenta que no estaban estas dos pruebas claves en el caso, a sus superiores les dejó por escrito otra irregularidad: las carpetas las recibió en total desorden y sin ningún orden cronológico. Además, se dio cuenta de que la Fiscalía no tenía pruebas suficientes para imputar varios delitos a los cómplices del sicario, aunque Bejarano ya lo había hecho.

La “compinchería” entre el fiscal y Carlos Rodríguez

Cuando la fiscal Ortiz Ladino ingresó al expediente, por fuentes cercanas a ella y por su propia investigación, logró darse cuenta de que el exfiscal Bejarano y el papá de la víctima, Carlos Rodríguez, sostuvieron una relación de amistad que, para ella, no era nada normal. Supo, por ejemplo, que cuando el fiscal viajaba a Barranquilla para cumplir con tareas dentro de la investigación, se hospedaba en la casa del sastre y que además, allí mismo realizaba las entrevistas y hasta las indagatorias del caso. Además, se enteró de que ambos frecuentaban parrandas vallenatas en casa de Rodríguez y que siempre mantuvieron una comunicación más allá de la laboral.

La fiscal Ortiz Ladino insistió en su testimonio en el papel que jugó Rodríguez en el comienzo de la investigación. Explicó que siempre trató de manejar el proceso con pagos a los testigos y a personas que pudieran saber de los autores materiales del asesinato de su hijo, y que lo que hizo el sastre fue entregarle al fiscal Bejarano “una lista de cobro” con los posibles responsables. Fue así como al expediente ingresaron los nombres de Beto Zabaleta, a quien Rodríguez señaló que le debía varios millones de pesos. “A mí el (José Guillermo) Ñeñe Hernández me presentó a Peco González, que es un mafioso venezolano. A él le prestó $3 mil millones y no le ha pagado. Entonces también pudo ser él”, relató Ortiz Ladino.

Fue el propio Carlos Rodríguez, según la fiscal, quien le contó a Bejarano de una reunión en una finca en Venezuela en la que habrían participado el propio Marquitos Figueroa, el Ñeñe Hernández, el exalcalde de Tenerife (Magdalena), Omar Alejandro Vanegas Lora (pedido en extradición por narcotráfico por Estados Unidos) y una persona que sería Peco González. Allí, relató el sastre, se concretó el plan para matarlo para que este último no tuviera que pagarle la millonaria deuda. Entre todos negociaron el atentado en $300 millones que serían para la organización de Marquitos. Al final, los sicarios confundieron a la víctima y, en lugar de matar al sastre Carlos Rodríguez, asesinaron a su hijo.

La vinculación del Ñeñe Hernández al caso

Jose Guillermo Ñeñe Hernández siempre estuvo rondando en el expediente por el homicidio del hijo del sastre. Cuando a Ortiz Ladino le entregaron el caso en 2014, el ganadero ya tenía una compulsa de copias que había pedido el exfiscal Bejarano. Según la funcionaria, después de una discusión que sostuvieron Bejarano y Carlos Rodríguez, al parecer por falta de resultados en las investigaciones, el fiscal decidió vincular oficialmente al caso a Hernández. En esa misma compulsa de copias, explicó Ortiz Ladino, su antecesor también involucró al caso a Marquitos Figueroa y a toda su organización.

Las alertas

Desde que la fiscal Ortiz Ladino recibió el expediente de manos de Bejarano, supo que había algo extraño en el expediente. Así se lo hizo saber al fiscal Daniel Hernández en una declaración jurada que rindió el pasado 27 de mayo. Según su relato, tanto el desorden en las carpetas como la pérdida de documentos, fueron irregularidades que le hizo saber a su superior, el exfiscal Álvaro Sarmiento, a quien la Fiscalía sacó de la institución tiempo después, cuando se conocieron varias denuncias en su contra por supuestos vínculos con bandas criminales y narcotraficantes.

La fiscal siempre reportó las irregularidades que fue encontrando. Durante el juicio contra uno de los cómplices del sicario, Javier Mosquera, Ortiz Ladino pidió al juez del caso que compulsara copias contra dos fiscales, uno de Barranquilla y otro de Valledupar, pues tuvieron información valiosa del caso, pero desapareció del expediente. Se trataba de una declaración que quedó grabada de Javier Mosquera explicando su versión del asesinato. “El señor Carlos Rodríguez colaboraba dando plata a todo el mundo que le diera información sobre el caso de su hijo”, recalcó Ortiz, quien explicó que, sin entender la razón, ese video terminó en manos de Rodríguez.

¿Compra de testigos?

Cuando la fiscal Ortiz Ladino recibió el expediente, Bejarano le dejó listo el proceso de uno de los cómplices del sicario. Durante las audiencias preparatorias y en las reuniones previas que sostuvo con los testigos seleccionados por su antecesor, la funcionaria se percató de otra irregularidad. “Cuando estábamos preparando a los testigos, junto al abogado Miguel Ángel del Río (quien para esa época era el defensor de los Rodríguez), uno de ellos nos dijo: ‘esa vez don Carlos (Rodríguez) me pagó para que reconociera a Javier Mosquera (el cómplice) porque yo no me acordaba bien quién era el que mató al hijo’”, relató la fiscal.

Ella aceptó la responsabilidad de no haber denunciado esa presunta compra de testigos. El juicio finalmente terminó a favor del procesado Mosquera pues tanto la Fiscalía como la defensa prefirieron no seguir con el testigo que les había confesado el supuesto delito. Y sin más pruebas, el presunto cómplice fue absuelto. Además de esta irregularidad con ese testigo, la fiscal también anotó que durante mucho tiempo el sicario quiso contarle al fiscal Bejarano todo lo que sabía de quién lo había contratado para matar a Carlos Rodríguez y otros detalles que conocía. Sin embargo, explicó Ortiz Ladino, esa declaración nunca la recibió Bejarano.

Viejos conocidos

Entre las particularidades del caso es que, al parecer, el mayor de la Policía, Yefferson Tocarruncho, encargado de las investigaciones contra la organización de Marquitos Figueroa y preso por chuzadas ilegales, se volvió cercano del fiscal Bejarano y de Carlos Rodríguez. Todo surgió, según declaró la fiscal Ortiz, por la esposa de Tocarruncho, Paola Andrea Contreras, asistente del despacho de Bejarano. Ortiz agregó que esa familiaridad se extendió con Rodríguez, pues a su exesposo, un oficial de la Policía que trabajó con Tocarruncho, una vez le ordenaron recoger a la esposa del mayor en Barranquilla para un partido de fútbol de Colombia. Pero Tocarruncho luego lo habría llamado para retirar la orden porque a su esposa la recogió un carro de Carlos Rodríguez.

Cara cara entre Ortiz Ladino, Rodríguez y Del Río

“Por haberme hecho sacar del proceso, ahora les toca con esa hijueputa (...) Ella es una recién nombrada y no sabe nada. Si no condenan a esa gente es por culpa de ustedes por haberla dejado a ella ahí. ”. Estas fueron palabras que utilizó la fiscal Jenny Ortiz Ladino cuando le contó a la Fiscalía lo que Bejarano le había dicho a Carlos Rodríguez sobre su entrada al expediente. Las cosas no arrancaron bien pues, además de las peticiones del exfiscal para seguirle ayudando, el propio Rodríguez le insistió que fuera a su casa para seguir trabajando desde ahí. Ella siempre rechazó las invitaciones y le aclaró al sastre que la Fiscalía tenía las instalaciones para trabajar.

“Rodríguez quería manejar todo con plata”, agregó la fiscal y eso nunca le gustó a ella. La relación con la familia terminó de agravarse con un episodio que tuvo con el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río. Según el relato de Ortiz Ladino, ella misma recibió la petición de Paúl Corrales, supuesta mano derecha de Marquitos dentro de su organización, pues quería hablar. Ella le avisó a Del Río quien, según ella, le insistió en que quería estar presente en ese encuentro. Sin embargo, el abogado no alcanzó a llegar y esto, señaló la fiscal, lo enfadó. Después de ese encuentro, la defensa de Rodríguez pidió el retiro de Ortiz Ladino pues, sostuvo, tenía pruebas de su relación con Marquitos Figueroa. Después de esa denuncia, en agosto de 2019, Ortiz Ladino fue retirada del caso.

El audio de la “Ñeñepolítica”

A inicios de marzo de este año se publicó un informe de interceptaciones al número del Ñeñe Hernández en el caso del homicidio del hijo de Carlos Rodríguez. En este se consignó una llamada del 3 de junio de 2018 entre Hernández y una mujer que al parecer es María Claudia Daza, persona de confianza de Álvaro Uribe y exintegrante de su UTL, hablando sobre “pasar plata por debajo de la mesa” para impulsar la campaña de Iván Duque en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La Fiscalía ordenó a la Dijín entregar esos audios e inició una investigación por supuestos delitos electorales.

Desde ese instante surgió un debate sobre la legalidad de las interceptaciones y dio origen a la Ñeñepolítica. Una grabación que hizo parte de las primeras interceptaciones que se realizaron a Hernández entre mayo y noviembre de 2018. El 19 de noviembre de ese año, un fiscal advirtió que en esos audios no había nada relacionado con el homicidio del hijo de Rodríguez, pero que necesitaban seguir monitoreando a Hernández por 180 días más, hasta mayo de 2019. Días antes de terminar esas escuchas, Hernández fue asesinado el 2 de mayo en Brasil, el caso quedó en el limbo y fue cerrado.

Interceptaciones ilegales

En medio de la investigación por el asesinato de Rodríguez, apareció en 2018 alias la Penca, posible testigo del crimen del hijo del sastre. Este hombre fue quien entregó el número del Ñeñe Hernández como posible determinador del homicidio para que fuera interceptado. Sin embargo, en el informe que entregó el sargento Wadith Velásquez (a quien califican de ser el hombre que descubrió a Marquitos Figueroa) para solicitar las órdenes de interceptación, se incluyó, según la Fiscalía, a números de agentes de la Dijín que trabajan en su grupo y eran sospechosos de robar un dinero durante un allanamiento en Cali. Al parecer, bajo engaños, Wadith Velásquez, por órdenes de Tocarruncho, logró que la fiscal Jenny Andrea Ortiz Ladino diera el visto bueno.

Las líneas de los tres policías de la Dijín fueron interceptadas durante unos meses. Sin embargo, el analista de esas escuchas emitió una serie de informes en los que alertó que en las conversaciones no había indicios de que esos números pertenecieran a miembros de la banda de Marquitos Figueroa, sino que se trataba de policías y conversaciones sobre temas familiares y personales. La misma fiscal Ladino aceptó que nunca leyó los informes de Velásquez ni oyó las escuchas, y que por la confianza que tenía a sus investigadores, los aprobó sin leer ni enterarse. La defensa de Velásquez y Tocarruncho aseguró que esas líneas las entregó la Penca luego de enterarse que existía un plan para asesinarlo en Cali en mayo de 2018.

¿Y la investigación por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar qué?

Nueve años después del atentado en el que el hijo del sastre perdió la vida por error, solo hay un condenado y un sinfín de irregularidades. Este diario preguntó al ente investigador qué pasó con las graves denuncias que emitió la fiscal Ortiz Ladino en contra de su par, Ricardo Bejarano y si este funcionario sigue vinculado a la Fiscalía. De igual manera, quiso saber qué ha hecho la Fiscalía de Francisco Barbosa con respecto a las irregularidades que contó Ortiz Ladino acerca de la investigación por el asesinato de Rodríguez Pomar. Sin embargo, el silencio fue su respuesta. La oficina de prensa recibió la solicitud de información el pasado jueves. No contestó una palabra.

Las amenazas entre le Ñeñe y Rodríguez

Desde un principio Carlos Rodríguez empezó a señalar que el Ñeñe Hernández era el responsable de la muerte de su hijo por una deuda que tenía con él. Sobre este asunto, a los pocos días de la muerte de Hernández en mayo de 2019, se publicó un audio en el que se escucha a ambos hombres discutir sobre dinero. Mientras Hernández le insistió en que él no debía esa plata porque se la prestaron a un personaje identificado como el Peco González (un supuesto narcotraficante que vive en Venezuela), Rodríguez le dijo al Ñeñe que era el responsable de esa deuda porque él fue quien se lo presentó para gestionar el negocio por $1.000 millones.

Esa conversación fue utilizada por Hernández como prueba de su inocencia, pues supuestamente en esa conversación Rodríguez lo amenazó. "Ese man es tu amigo. Tú lo recomendaste. Tú me respondes por mi plata. Así de claro es. Haz lo que te dé la gana (...) Yo voy pa’ lante. No soy de los que se arruga porque yo trabajo es con puro bandido”. Luego de este choque la casa de la mamá del Ñeñe fue atacada con granadas y posteriormente vino el asesianto de Oscar Rodríguez, el hijo del Sastre.

El fiscal metió en el baile a Petro

Hace dos semanas el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo en una entrevista que la Fiscalía investigará a Gustavo Petro por presunta financiación ilegal. La base del nuevo proceso, paradójicamente, es una llamada del Ñeñe Hernández en la que este último habla con una persona no identificada sobre el supuesto apoyo que recibió Petro de parte de mineros de La Guajira que le permitieron ganar la primera vuelta en la región.Según Barbosa, el objetivo es hacer una investigación paralela para establecer qué estaba pasando con la financiación de las campañas presidenciales de 2018. Sin embargo, las críticas la determinación no se hicieron esperar por el tinte político detrás de la decisión. Con ironía y entre risas, Petro rechazó las acusaciones y señaló que la Fiscalía está promoviendo la impunidad en la Ñeñepolítica.

Cuatro administraciones de la Fiscalía han pasado desde que en 2011 asesinaron a Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo de Carlos Rodríguez, reconocido sastre de cantantes vallenatos. Durante ellas han ocurrido tantas irregularidades, que hoy tienen al país inundado de noticias de policías “chuzados”, supuesta corrupción electoral y rumores de urgencia sobre un fiscal ad hoc. Pasaron casi diez años para saber que en ese expediente hay indicios y hasta denuncias de compra de testigos, desviación del procesos, sospechosa “compinchería” entre un exfiscal del caso y las víctimas, y hasta la posibilidad de que se hayan cometido delitos electorales antes de la segunda vuelta electoral de 2018.

Lea: Las dudas sobre la prueba reina de la “Ñeñepolítica”

El contexto en el que se desarrolló el expediente por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar es la columna vertebral para comprender la cascada de casos como la ñeñepolítica, el episodio de los policías “chuzados” o las irregularidades en los procesos del presunto narcotraficante Jesús Figueroa García, más conocido como Marquitos Figueroa. Los detalles se conocen ahora por cuenta de la investigación que adelanta la Fiscalía contra los oficiales que supuestamente habrían interceptado ilegalmente a cinco uniformados más. No obstante, fuentes cercanas al proceso explicaron a El Espectador las claves para aclarar el panorama paralelo de los demás escándalos.

La génesis

El 18 de agosto de 2011, a la 1:40 de la tarde en Barranquilla, Óscar Eduardo Rodríguez recibió varios disparos cuando iba camino a casa en el carro de su papá, el sastre Carlos Rodríguez. La investigación arrancó como un caso más de homicidio y correspondió al fiscal Ricardo Bejarano adelantarla. Durante los primeros días después del atentado, el fiscal Bejarano y el CTI de la Fiscalía, en compañía de la Dijín, capturaron al sicario y dos de sus ayudantes. Sin embargo, la ausencia de avances para dar con los determinadores ocasionó el disgusto de la familia de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar.

Los primeros “peros” al trabajo de Bejarano

Desde el comienzo de la investigación, Carlos Rodríguez y su defensa pidieron que el caso fuera enviado a Bogotá pues dejarlo en la costa Caribe, corría el riesgo de que “políticos y hasta cantantes de vallenato”, pudieran entorpecerlo. La petición nunca se acogió y permaneció durante varios años en Barranquilla en manos del fiscal Bejarano, quien para esa época era un funcionario adscrito a una unidad dedicada a investigar bandas criminales. Fue Bejarano el encargado de imputar cargos al sicario y a dos de sus cómplices. Según información del proceso, en 18 ocasiones trató de firmar un preacuerdo con el hombre del gatillo pero, por vencimiento de términos y sin que Bejarano lograra concretarlo (nunca se supo por qué), quedó libre.

Sin rastro de la necropsia ni la prueba balística

Que un expediente por homicidio no tuviera ni la necropsia de la víctima ni la prueba balística alarmaron a la fiscal que recibió de manos del fiscal Bejarano la investigación del asesinato de Rodríguez más de cuatro años después del atentado. Jenny Ortiz Ladino fue la sucesora en el caso y, además de darse cuenta que no estaban estas dos pruebas claves en el caso, a sus superiores les dejó por escrito otra irregularidad: las carpetas las recibió en total desorden y sin ningún orden cronológico. Además, se dio cuenta de que la Fiscalía no tenía pruebas suficientes para imputar varios delitos a los cómplices del sicario, aunque Bejarano ya lo había hecho.

La “compinchería” entre el fiscal y Carlos Rodríguez

Cuando la fiscal Ortiz Ladino ingresó al expediente, por fuentes cercanas a ella y por su propia investigación, logró darse cuenta de que el exfiscal Bejarano y el papá de la víctima, Carlos Rodríguez, sostuvieron una relación de amistad que, para ella, no era nada normal. Supo, por ejemplo, que cuando el fiscal viajaba a Barranquilla para cumplir con tareas dentro de la investigación, se hospedaba en la casa del sastre y que además, allí mismo realizaba las entrevistas y hasta las indagatorias del caso. Además, se enteró de que ambos frecuentaban parrandas vallenatas en casa de Rodríguez y que siempre mantuvieron una comunicación más allá de la laboral.

La fiscal Ortiz Ladino insistió en su testimonio en el papel que jugó Rodríguez en el comienzo de la investigación. Explicó que siempre trató de manejar el proceso con pagos a los testigos y a personas que pudieran saber de los autores materiales del asesinato de su hijo, y que lo que hizo el sastre fue entregarle al fiscal Bejarano “una lista de cobro” con los posibles responsables. Fue así como al expediente ingresaron los nombres de Beto Zabaleta, a quien Rodríguez señaló que le debía varios millones de pesos. “A mí el (José Guillermo) Ñeñe Hernández me presentó a Peco González, que es un mafioso venezolano. A él le prestó $3 mil millones y no le ha pagado. Entonces también pudo ser él”, relató Ortiz Ladino.

Fue el propio Carlos Rodríguez, según la fiscal, quien le contó a Bejarano de una reunión en una finca en Venezuela en la que habrían participado el propio Marquitos Figueroa, el Ñeñe Hernández, el exalcalde de Tenerife (Magdalena), Omar Alejandro Vanegas Lora (pedido en extradición por narcotráfico por Estados Unidos) y una persona que sería Peco González. Allí, relató el sastre, se concretó el plan para matarlo para que este último no tuviera que pagarle la millonaria deuda. Entre todos negociaron el atentado en $300 millones que serían para la organización de Marquitos. Al final, los sicarios confundieron a la víctima y, en lugar de matar al sastre Carlos Rodríguez, asesinaron a su hijo.

La vinculación del Ñeñe Hernández al caso

Jose Guillermo Ñeñe Hernández siempre estuvo rondando en el expediente por el homicidio del hijo del sastre. Cuando a Ortiz Ladino le entregaron el caso en 2014, el ganadero ya tenía una compulsa de copias que había pedido el exfiscal Bejarano. Según la funcionaria, después de una discusión que sostuvieron Bejarano y Carlos Rodríguez, al parecer por falta de resultados en las investigaciones, el fiscal decidió vincular oficialmente al caso a Hernández. En esa misma compulsa de copias, explicó Ortiz Ladino, su antecesor también involucró al caso a Marquitos Figueroa y a toda su organización.

Las alertas

Desde que la fiscal Ortiz Ladino recibió el expediente de manos de Bejarano, supo que había algo extraño en el expediente. Así se lo hizo saber al fiscal Daniel Hernández en una declaración jurada que rindió el pasado 27 de mayo. Según su relato, tanto el desorden en las carpetas como la pérdida de documentos, fueron irregularidades que le hizo saber a su superior, el exfiscal Álvaro Sarmiento, a quien la Fiscalía sacó de la institución tiempo después, cuando se conocieron varias denuncias en su contra por supuestos vínculos con bandas criminales y narcotraficantes.

La fiscal siempre reportó las irregularidades que fue encontrando. Durante el juicio contra uno de los cómplices del sicario, Javier Mosquera, Ortiz Ladino pidió al juez del caso que compulsara copias contra dos fiscales, uno de Barranquilla y otro de Valledupar, pues tuvieron información valiosa del caso, pero desapareció del expediente. Se trataba de una declaración que quedó grabada de Javier Mosquera explicando su versión del asesinato. “El señor Carlos Rodríguez colaboraba dando plata a todo el mundo que le diera información sobre el caso de su hijo”, recalcó Ortiz, quien explicó que, sin entender la razón, ese video terminó en manos de Rodríguez.

¿Compra de testigos?

Cuando la fiscal Ortiz Ladino recibió el expediente, Bejarano le dejó listo el proceso de uno de los cómplices del sicario. Durante las audiencias preparatorias y en las reuniones previas que sostuvo con los testigos seleccionados por su antecesor, la funcionaria se percató de otra irregularidad. “Cuando estábamos preparando a los testigos, junto al abogado Miguel Ángel del Río (quien para esa época era el defensor de los Rodríguez), uno de ellos nos dijo: ‘esa vez don Carlos (Rodríguez) me pagó para que reconociera a Javier Mosquera (el cómplice) porque yo no me acordaba bien quién era el que mató al hijo’”, relató la fiscal.

Ella aceptó la responsabilidad de no haber denunciado esa presunta compra de testigos. El juicio finalmente terminó a favor del procesado Mosquera pues tanto la Fiscalía como la defensa prefirieron no seguir con el testigo que les había confesado el supuesto delito. Y sin más pruebas, el presunto cómplice fue absuelto. Además de esta irregularidad con ese testigo, la fiscal también anotó que durante mucho tiempo el sicario quiso contarle al fiscal Bejarano todo lo que sabía de quién lo había contratado para matar a Carlos Rodríguez y otros detalles que conocía. Sin embargo, explicó Ortiz Ladino, esa declaración nunca la recibió Bejarano.

Viejos conocidos

Entre las particularidades del caso es que, al parecer, el mayor de la Policía, Yefferson Tocarruncho, encargado de las investigaciones contra la organización de Marquitos Figueroa y preso por chuzadas ilegales, se volvió cercano del fiscal Bejarano y de Carlos Rodríguez. Todo surgió, según declaró la fiscal Ortiz, por la esposa de Tocarruncho, Paola Andrea Contreras, asistente del despacho de Bejarano. Ortiz agregó que esa familiaridad se extendió con Rodríguez, pues a su exesposo, un oficial de la Policía que trabajó con Tocarruncho, una vez le ordenaron recoger a la esposa del mayor en Barranquilla para un partido de fútbol de Colombia. Pero Tocarruncho luego lo habría llamado para retirar la orden porque a su esposa la recogió un carro de Carlos Rodríguez.

Cara cara entre Ortiz Ladino, Rodríguez y Del Río

“Por haberme hecho sacar del proceso, ahora les toca con esa hijueputa (...) Ella es una recién nombrada y no sabe nada. Si no condenan a esa gente es por culpa de ustedes por haberla dejado a ella ahí. ”. Estas fueron palabras que utilizó la fiscal Jenny Ortiz Ladino cuando le contó a la Fiscalía lo que Bejarano le había dicho a Carlos Rodríguez sobre su entrada al expediente. Las cosas no arrancaron bien pues, además de las peticiones del exfiscal para seguirle ayudando, el propio Rodríguez le insistió que fuera a su casa para seguir trabajando desde ahí. Ella siempre rechazó las invitaciones y le aclaró al sastre que la Fiscalía tenía las instalaciones para trabajar.

“Rodríguez quería manejar todo con plata”, agregó la fiscal y eso nunca le gustó a ella. La relación con la familia terminó de agravarse con un episodio que tuvo con el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río. Según el relato de Ortiz Ladino, ella misma recibió la petición de Paúl Corrales, supuesta mano derecha de Marquitos dentro de su organización, pues quería hablar. Ella le avisó a Del Río quien, según ella, le insistió en que quería estar presente en ese encuentro. Sin embargo, el abogado no alcanzó a llegar y esto, señaló la fiscal, lo enfadó. Después de ese encuentro, la defensa de Rodríguez pidió el retiro de Ortiz Ladino pues, sostuvo, tenía pruebas de su relación con Marquitos Figueroa. Después de esa denuncia, en agosto de 2019, Ortiz Ladino fue retirada del caso.

El audio de la “Ñeñepolítica”

A inicios de marzo de este año se publicó un informe de interceptaciones al número del Ñeñe Hernández en el caso del homicidio del hijo de Carlos Rodríguez. En este se consignó una llamada del 3 de junio de 2018 entre Hernández y una mujer que al parecer es María Claudia Daza, persona de confianza de Álvaro Uribe y exintegrante de su UTL, hablando sobre “pasar plata por debajo de la mesa” para impulsar la campaña de Iván Duque en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La Fiscalía ordenó a la Dijín entregar esos audios e inició una investigación por supuestos delitos electorales.

Desde ese instante surgió un debate sobre la legalidad de las interceptaciones y dio origen a la Ñeñepolítica. Una grabación que hizo parte de las primeras interceptaciones que se realizaron a Hernández entre mayo y noviembre de 2018. El 19 de noviembre de ese año, un fiscal advirtió que en esos audios no había nada relacionado con el homicidio del hijo de Rodríguez, pero que necesitaban seguir monitoreando a Hernández por 180 días más, hasta mayo de 2019. Días antes de terminar esas escuchas, Hernández fue asesinado el 2 de mayo en Brasil, el caso quedó en el limbo y fue cerrado.

Interceptaciones ilegales

En medio de la investigación por el asesinato de Rodríguez, apareció en 2018 alias la Penca, posible testigo del crimen del hijo del sastre. Este hombre fue quien entregó el número del Ñeñe Hernández como posible determinador del homicidio para que fuera interceptado. Sin embargo, en el informe que entregó el sargento Wadith Velásquez (a quien califican de ser el hombre que descubrió a Marquitos Figueroa) para solicitar las órdenes de interceptación, se incluyó, según la Fiscalía, a números de agentes de la Dijín que trabajan en su grupo y eran sospechosos de robar un dinero durante un allanamiento en Cali. Al parecer, bajo engaños, Wadith Velásquez, por órdenes de Tocarruncho, logró que la fiscal Jenny Andrea Ortiz Ladino diera el visto bueno.

Las líneas de los tres policías de la Dijín fueron interceptadas durante unos meses. Sin embargo, el analista de esas escuchas emitió una serie de informes en los que alertó que en las conversaciones no había indicios de que esos números pertenecieran a miembros de la banda de Marquitos Figueroa, sino que se trataba de policías y conversaciones sobre temas familiares y personales. La misma fiscal Ladino aceptó que nunca leyó los informes de Velásquez ni oyó las escuchas, y que por la confianza que tenía a sus investigadores, los aprobó sin leer ni enterarse. La defensa de Velásquez y Tocarruncho aseguró que esas líneas las entregó la Penca luego de enterarse que existía un plan para asesinarlo en Cali en mayo de 2018.

¿Y la investigación por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar qué?

Nueve años después del atentado en el que el hijo del sastre perdió la vida por error, solo hay un condenado y un sinfín de irregularidades. Este diario preguntó al ente investigador qué pasó con las graves denuncias que emitió la fiscal Ortiz Ladino en contra de su par, Ricardo Bejarano y si este funcionario sigue vinculado a la Fiscalía. De igual manera, quiso saber qué ha hecho la Fiscalía de Francisco Barbosa con respecto a las irregularidades que contó Ortiz Ladino acerca de la investigación por el asesinato de Rodríguez Pomar. Sin embargo, el silencio fue su respuesta. La oficina de prensa recibió la solicitud de información el pasado jueves. No contestó una palabra.

Las amenazas entre le Ñeñe y Rodríguez

Desde un principio Carlos Rodríguez empezó a señalar que el Ñeñe Hernández era el responsable de la muerte de su hijo por una deuda que tenía con él. Sobre este asunto, a los pocos días de la muerte de Hernández en mayo de 2019, se publicó un audio en el que se escucha a ambos hombres discutir sobre dinero. Mientras Hernández le insistió en que él no debía esa plata porque se la prestaron a un personaje identificado como el Peco González (un supuesto narcotraficante que vive en Venezuela), Rodríguez le dijo al Ñeñe que era el responsable de esa deuda porque él fue quien se lo presentó para gestionar el negocio por $1.000 millones.

Esa conversación fue utilizada por Hernández como prueba de su inocencia, pues supuestamente en esa conversación Rodríguez lo amenazó. "Ese man es tu amigo. Tú lo recomendaste. Tú me respondes por mi plata. Así de claro es. Haz lo que te dé la gana (...) Yo voy pa’ lante. No soy de los que se arruga porque yo trabajo es con puro bandido”. Luego de este choque la casa de la mamá del Ñeñe fue atacada con granadas y posteriormente vino el asesianto de Oscar Rodríguez, el hijo del Sastre.

El fiscal metió en el baile a Petro

Hace dos semanas el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo en una entrevista que la Fiscalía investigará a Gustavo Petro por presunta financiación ilegal. La base del nuevo proceso, paradójicamente, es una llamada del Ñeñe Hernández en la que este último habla con una persona no identificada sobre el supuesto apoyo que recibió Petro de parte de mineros de La Guajira que le permitieron ganar la primera vuelta en la región.Según Barbosa, el objetivo es hacer una investigación paralela para establecer qué estaba pasando con la financiación de las campañas presidenciales de 2018. Sin embargo, las críticas la determinación no se hicieron esperar por el tinte político detrás de la decisión. Con ironía y entre risas, Petro rechazó las acusaciones y señaló que la Fiscalía está promoviendo la impunidad en la Ñeñepolítica.