Los líos de Luis F. Almario con grupos ilegales

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La condena a 10 años de prisión en contra de Luis Fernando Almario puede que sea apenas la primera derrota para el cacique conservador del Caquetá. La Corte Suprema de Justicia concluyó ayer que el exrepresentante a la Cámara tuvo una alianza con el Bloque Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar, cuando estas organizaciones armadas ilegales hicieron presencia en la región del Caquetá entre los años 2001 y 2006. Si bien esta es la primera condena formal en contra de Almario, su expediente permanecerá un tiempo más dentro del alto tribunal, pues existe otra investigación en su contra por supuestos nexos con las Farc. 

 

Su nombre se vio salpicado por primera vez por sus vínculos con guerrilleros de las Farc en 2008. En esa época, la Fiscalía lo vinculó por supuestamente haber participado en la masacre de la familia Turbay Cotes el 29 de diciembre de 2000, en la que murieron Diego Turbay, su madre Inés Cote de Turbay y cinco de sus escoltas. A los pocos días de su captura, Almario renunció a su puesto en la Cámara de Representantes y a ser aforado, por lo que la investigación fue asumida por la Fiscalía, y la Corte Suprema de Justicia se hizo a un lado. Sin embargo, el expediente terminó en manos de la Corte, pues por oficio el alto tribunal le abrió una investigación preliminar por la masacre de la familia Turbay, ocurrida en tiempos en los que él era congresista.

 

El poder político de Luis Fernando Almario en Caquetá comenzó a consolidarse en 1988, cuando fue elegido diputado de la Asamblea Departamental. Su paso a la política se dio luego de haber estado por varios años en empresas del sector energético. Empezó a expandir sus redes y en 1990 llegó al Senado como suplente del Movimiento Cívico Independiente. En 1994 fue elegido por primera vez en la Cámara de Representantes para representar a Caquetá. En el Congreso se quedó durante los otros tres cuatrienios, hasta 2008, cuando renunció por las investigaciones que en su contra empezaron a adelantar las autoridades.

 

De acuerdo con los testimonios que vincularon a Almario con el asesinato de las siete personas, el excongresista habría pactado con miembros de las Farc el exterminio de la familia Turbay, máximos contrincantes políticos en el Caquetá. En 2011, Noticias Uno reveló un video en el que dos guerrilleros del Bloque Sur de las Farc, Mauricio Gareca y Rubén Polanco, señalaron sin rodeos que el entonces representante les había dado una información clave para perpetrar los asesinatos. “Almario nos informó que la familia (Turbay) se iba a desplazar hacia Puerto Rico (Caquetá)”, y agregaron que, con ese atentado, se logró la derrota del turbayismo en el departamento.

 

Aunque su paso por la cárcel solo duró 14 meses, pues un juez del Juzgado Cuarto de Descongestión de Bogotá decretó que se le había violado del derecho al debido proceso, la Fiscalía en agosto de 2009 insistió con la hipótesis de que Almario había participado en la muerte de los Turbay y sus escoltas, y lo llamó a que rindiera indagatoria. En esa ocasión, el ente investigador contaba con los testimonios de los exguerrilleros Fernando Bahamón Céspedes y Gerardo Aguirre Ballesteros, quienes declararon en contra del cacique conservador del Caquetá ante la Corte Suprema de Justicia. 

 

Según la versión de Bahamón, durante la época de la zona de distensión en el Caguán, fue testigo de una reunión entre jefes guerrilleros, como Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, y Luis Fernando Almario, en la que hablaron de la posibilidad de pactar una alianza para fortalecer la influencia de las Farc en el Caquetá. Ese objetivo se lograría, dijo el exguerrillero, si se eliminaba a los Turbay. El excongresista ha dicho en varias ocasiones que es víctima de un cartel de testigos mentirosos que se han encargado de manchar su nombre. 

 

Aunque la Fiscalía logró interceptar varias llamadas en las que el guerrillero le pedía $300 millones de Almario para retractarse, el caso terminó en la Corte Suprema de Justicia que no deslegitimó las pruebas, pues aseguró que se trataba de una extorsión y eso no significaba que el exguerrillero estuviera diciendo mentiras. Aunque el alto tribunal no se ha pronunciado por este caso, el estudio de la participación del excongresista en la masacre de los Turbay sigue en pie dentro de los despachos de la Corte. 

 

Mientras se resuelve ese proceso, la noticia de la condena a 10 años y a pagar una multa de más de $7 mil millones, reveló que Almario puede ser uno de esos casos extraños en Colombia, en los que un político logra trabajar para dos bandos: paramilitares y guerrilleros. 

 

Según la decisión de la Corte Suprema, quien tuvo en cuenta los testimonios de exmilitantes de los grupos de autodefensas, Luis Fernando Almario se aprovechó de los paramilitares para convertirse en unos de los pesos pesados de la política en el Caquetá y ser uno de los caciques más importantes de la región. Las reuniones entre el político y los miembros de las Auc, resultaron, según las Corte, en una alianza efectiva.

 

Para Almario, tanto los exmilitantes de las autodefensas, como los guerrilleros de las Farc, han mentido para ver su carrera política morir. Según el excongresista, que fue destituido en 2012 por la Procuraduría por colaborar y promover grupos paramilitares en el Caquetá, que a él se lo relacionen con la guerrilla es como si Petro tuviera vínculos con las Auc, o que el expresidente Hugo Chávez los tuviera con Estados Unidos. “Es imposible que uno pueda estar en un partido de fútbol y jugar para en ambos equipos”, dijo Almario en una entrevista para Noticias Uno en abril de 2012.

 

Si bien la Corte no ha probado que es imposible jugar para dos bandos, lo que sí logró establecer es que Luis Fernando Almario sí jugó para uno de ellos, los paramilitares bajo el mando de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

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La condena a 10 años de prisión en contra de Luis Fernando Almario puede que sea apenas la primera derrota para el cacique conservador del Caquetá. La Corte Suprema de Justicia concluyó ayer que el exrepresentante a la Cámara tuvo una alianza con el Bloque Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Frente Sur Andaquíes del Bloque Central Bolívar, cuando estas organizaciones armadas ilegales hicieron presencia en la región del Caquetá entre los años 2001 y 2006. Si bien esta es la primera condena formal en contra de Almario, su expediente permanecerá un tiempo más dentro del alto tribunal, pues existe otra investigación en su contra por supuestos nexos con las Farc. 

 

Su nombre se vio salpicado por primera vez por sus vínculos con guerrilleros de las Farc en 2008. En esa época, la Fiscalía lo vinculó por supuestamente haber participado en la masacre de la familia Turbay Cotes el 29 de diciembre de 2000, en la que murieron Diego Turbay, su madre Inés Cote de Turbay y cinco de sus escoltas. A los pocos días de su captura, Almario renunció a su puesto en la Cámara de Representantes y a ser aforado, por lo que la investigación fue asumida por la Fiscalía, y la Corte Suprema de Justicia se hizo a un lado. Sin embargo, el expediente terminó en manos de la Corte, pues por oficio el alto tribunal le abrió una investigación preliminar por la masacre de la familia Turbay, ocurrida en tiempos en los que él era congresista.

 

El poder político de Luis Fernando Almario en Caquetá comenzó a consolidarse en 1988, cuando fue elegido diputado de la Asamblea Departamental. Su paso a la política se dio luego de haber estado por varios años en empresas del sector energético. Empezó a expandir sus redes y en 1990 llegó al Senado como suplente del Movimiento Cívico Independiente. En 1994 fue elegido por primera vez en la Cámara de Representantes para representar a Caquetá. En el Congreso se quedó durante los otros tres cuatrienios, hasta 2008, cuando renunció por las investigaciones que en su contra empezaron a adelantar las autoridades.

 

De acuerdo con los testimonios que vincularon a Almario con el asesinato de las siete personas, el excongresista habría pactado con miembros de las Farc el exterminio de la familia Turbay, máximos contrincantes políticos en el Caquetá. En 2011, Noticias Uno reveló un video en el que dos guerrilleros del Bloque Sur de las Farc, Mauricio Gareca y Rubén Polanco, señalaron sin rodeos que el entonces representante les había dado una información clave para perpetrar los asesinatos. “Almario nos informó que la familia (Turbay) se iba a desplazar hacia Puerto Rico (Caquetá)”, y agregaron que, con ese atentado, se logró la derrota del turbayismo en el departamento.

 

Aunque su paso por la cárcel solo duró 14 meses, pues un juez del Juzgado Cuarto de Descongestión de Bogotá decretó que se le había violado del derecho al debido proceso, la Fiscalía en agosto de 2009 insistió con la hipótesis de que Almario había participado en la muerte de los Turbay y sus escoltas, y lo llamó a que rindiera indagatoria. En esa ocasión, el ente investigador contaba con los testimonios de los exguerrilleros Fernando Bahamón Céspedes y Gerardo Aguirre Ballesteros, quienes declararon en contra del cacique conservador del Caquetá ante la Corte Suprema de Justicia. 

 

Según la versión de Bahamón, durante la época de la zona de distensión en el Caguán, fue testigo de una reunión entre jefes guerrilleros, como Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, y Luis Fernando Almario, en la que hablaron de la posibilidad de pactar una alianza para fortalecer la influencia de las Farc en el Caquetá. Ese objetivo se lograría, dijo el exguerrillero, si se eliminaba a los Turbay. El excongresista ha dicho en varias ocasiones que es víctima de un cartel de testigos mentirosos que se han encargado de manchar su nombre. 

 

Aunque la Fiscalía logró interceptar varias llamadas en las que el guerrillero le pedía $300 millones de Almario para retractarse, el caso terminó en la Corte Suprema de Justicia que no deslegitimó las pruebas, pues aseguró que se trataba de una extorsión y eso no significaba que el exguerrillero estuviera diciendo mentiras. Aunque el alto tribunal no se ha pronunciado por este caso, el estudio de la participación del excongresista en la masacre de los Turbay sigue en pie dentro de los despachos de la Corte. 

 

Mientras se resuelve ese proceso, la noticia de la condena a 10 años y a pagar una multa de más de $7 mil millones, reveló que Almario puede ser uno de esos casos extraños en Colombia, en los que un político logra trabajar para dos bandos: paramilitares y guerrilleros. 

 

Según la decisión de la Corte Suprema, quien tuvo en cuenta los testimonios de exmilitantes de los grupos de autodefensas, Luis Fernando Almario se aprovechó de los paramilitares para convertirse en unos de los pesos pesados de la política en el Caquetá y ser uno de los caciques más importantes de la región. Las reuniones entre el político y los miembros de las Auc, resultaron, según las Corte, en una alianza efectiva.

 

Para Almario, tanto los exmilitantes de las autodefensas, como los guerrilleros de las Farc, han mentido para ver su carrera política morir. Según el excongresista, que fue destituido en 2012 por la Procuraduría por colaborar y promover grupos paramilitares en el Caquetá, que a él se lo relacionen con la guerrilla es como si Petro tuviera vínculos con las Auc, o que el expresidente Hugo Chávez los tuviera con Estados Unidos. “Es imposible que uno pueda estar en un partido de fútbol y jugar para en ambos equipos”, dijo Almario en una entrevista para Noticias Uno en abril de 2012.

 

Si bien la Corte no ha probado que es imposible jugar para dos bandos, lo que sí logró establecer es que Luis Fernando Almario sí jugó para uno de ellos, los paramilitares bajo el mando de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.