Los líos judiciales del coronel (r) José Luis Martínez, ex comandante del Gaula Tolima

El pasado 27 de febrero estaba todo listo para que la Fiscalía llamara a juicio al coronel (r) José Luis Martínez Suárez por su presunta participación en un caso de ejecuciones extrajudiciales (o falsos positivos) perpetrado el 12 de enero de 2007, en la vía que sale de Alvarado (Tolima) hacia la vereda La Tigrera de ese municipio. Allí fueron ejecutados Marco Antonio Quiroga y Álvaro Enrique Buitrago, en un supuesto operativo antiextorsión autorizado por el oficial Martínez Suárez, entonces comandante del Gaula Militar Tolima. La diligencia inició ante el Juzgado Segundo Itinerante de Pereira, pero este decidió que el caso debía pasar a la Jurisdicción Especial para la Paz.

En mayo de 2017, cuando el coronel José Luis Martínez era agregado militar en Austria, se hizo pública la existencia de una orden de captura en su contra. El Ejército dijo que cuando se le otorgó la comisión la exterior al oficial, este no tenía requerimiento alguno en su contra y que por ello pudo salir del país el 12 de julio de 2016. El Ejército propició su regreso y dijo que el oficial se sometía a uno de los decretos que entonces reglamentaban asuntos sobre las órdenes de captura de integrantes de la Fuerza Pública que accedieran a esa justicia especial, pues todavía no se habían expedido las normas que crearon la JEP. Martínez, en efecto, presentó su solicitud, pero a la fecha no ha sido resuelta.

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Tras salir por la puerta trasera de la agregaduría militar, poco fue el despliegue mediático sobre los expedientes de falsos positivos en los que su nombre reposa como comandante del Gaula Tolima. El que motivó su regreso al país tiene que ver con las ejecuciones de Cristian Rojas y Helidoro Parra, el 18 de diciembre de 2006 en la vereda Palamarosa de Ambalema. Ambos fueron presentados falsamente como extorsionistas. Por este mismo caso fueron asegurados en 2013 Luis Miguel Cuesta, un sargento que estaba en ese momento en el Batallón Guardia Presidencial, y Carlos Arturo Malte Pérez. Además, fue condenado Eduard Puerta García, un exparamilitar que fue reclutador de falsos positivos para el Gaula Tolima por años.

La audiencia de febrero pasado fue otro expediente, conocido como el caso La Tigrera, en el que también están involucrados el reclutador Puerta García, el militar González Cuesta y los también uniformados Duberney Lugo, Benicio Vargas Castellanos y José Never González. La Fiscalía 39 de Derechos Humanos iba a hacer la lectura del escrito de acusación (llamado a juicio) en su contra, por los delitos de homicidio en persona protegida y falsedad ideológica en documento público por el falso positivo de Marco Antonio Quiroga y Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, en un falso operativo antiextorsión ocurrido el 12 de enero de 2007 en la vía que conduce de la vereda Laguneta a la vereda La Tigrera, del municipio de Alvarado.

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Las pesquisas evidenciaron que el reclutador Puerta García engañó a las víctimas con la expectativa de un beneficio económico para trasladarlos al lugar de los hechos, en donde se encontraron con las tropas y se simuló un combate. En el “operativo” participaron, además, el sargento Carlos Malte (mencionado previamente en el otro caso) y el entonces teniente William Eduardo López Pico, quienes fueron condenados en primera y segunda instancia a 21 y 20 años de prisión, por un juzgado en abril de 2018 y el Tribunal Superior del Tolima en junio siguiente. No obstante, como se acogieron a la JEP, las órdenes de captura que estaban vigentes en su contra fueron suspendidas y así siguen.

Por el caso de La Tigrera también fue condenado, el 26 de julio de 2019, a 43 años de prisión el exdetective del ahora extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) William Calderón Salazar, quien apoyaba a la unidad militar y quien se sometió a la JEP. El escrito de acusación en contra del coronel José Luis Martínez, en poder de El Espectador, reprocha al oficial la firma de la misión táctica “Lexical”, que legalizó el falso positivo del 12 de enero en La Tigrera, así como del oficio 0070, apenas tres días después, con una solicitud de felicitación para los miembros destacados de ese “operativo” y de los comprobantes de pago de gastos reservados.

(En contexto: El crudo informe de la Fiscalía sobre los falsos positivos)

El pasado 4 de junio, el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué condenó a la nación por la ejecución extrajudicial de una de las víctimas de La Tigrera, Marco Antonio Quiroga. La decisión conocida por este diario ordenó al Ejército hacer un acto público de responsabilidad en las instalaciones de la plaza de mercado de La 14 en esa ciudad, en donde él trabajaba como vendedor de frutas y verduras. Además, deberá informar en medios de comunicación que su muerte no obedeció a un combate, como una forma de reparar el daño perpetrado a él y su familia. “Queda claro que el homicidio de Marco Antonio Quiroga fue ocasionado por militares, constituyéndose en una ejecución extrajudicial, conocida como falso positivo”, dice el fallo.

En los juzgados administrativos hace curso la demanda que presentó la familia de la otra víctima, Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago. Entretanto, con el proceso penal suspendido por el sometimiento a la JEP del protagonista de más alta jerarquía, las víctimas se cuestionan qué va a pasar, ya que los expedientes de Tolima no están entre los que la justicia transicional ha priorizado en el macrocaso 003, sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Un oficio en poder de El Espectador, de enero pasado, dice que la solicitud de sometimiento de Martínez reposa en el despacho de la magistrada Heidi Baldosea, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.

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El soldado Luis Antonio Silva, quien también fue imputado por La Tigrera, acudió a la justicia especial que, en decisión de abril de 2019, ordenó a la Fiscalía remitir copia de los siete procesos que tiene en su contra. Y es que los casos que involucran al Gaula Tolima tienen cabos en común y verdades que aún faltan por conocerse. Por ejemplo, la muerte de Lloreda Machado se dio pocos días después de los casos de La Tigrera, el 18 de enero de 2007.

Sucedió en una vía rural que comunica las veredas Guayabo y Betania en Fresno, con una orden de “operaciones” firmada igualmente por el entonces mayor Martínez Suárez. Por el crimen de este profesor oriundo de La Dorada, el militar López Tico (uno de los condenados por La Tigrera) llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para una pena menor a cambio de colaborar con la justicia. En ese documento, el uniformado se comprometía a declarar contra el coronel (r) Martínez Suárez, pero el acuerdo no fue aprobado por la justicia, que consideró inaceptable que, a cambio de ello, se le cambiara el delito imputado al militar.

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Una rama de este caso la protagoniza el reclutador Eduard Puerta García, quien tiene dos condenas acumuladas a 38 años de prisión, y quiere someterse a la justicia especial para hablar tanto del caso La Tigrera como el de las muertes de Cristian Rojas y Eliodoro Parra (que motivó el regreso al país de Martínez) y la de Carlos Julio Dueñas, ocurrida el 18 de marzo de 2007 en Ibagué. Este exintegrante de las Autodefensas busca justicia por el crimen de su hermana, que fue asesinada a finales de 2012 en Cundinamarca. Según relató, él le había pedido a comienzos de ese año que fuera al Gaula de Ibagué y hablara con un soldado para que le ayudara a conseguir un abogado, pero nadie la recibió. Su primera solicitud fue rechazada y ahora busca presentarse como tercero civil.

El pasado 27 de febrero estaba todo listo para que la Fiscalía llamara a juicio al coronel (r) José Luis Martínez Suárez por su presunta participación en un caso de ejecuciones extrajudiciales (o falsos positivos) perpetrado el 12 de enero de 2007, en la vía que sale de Alvarado (Tolima) hacia la vereda La Tigrera de ese municipio. Allí fueron ejecutados Marco Antonio Quiroga y Álvaro Enrique Buitrago, en un supuesto operativo antiextorsión autorizado por el oficial Martínez Suárez, entonces comandante del Gaula Militar Tolima. La diligencia inició ante el Juzgado Segundo Itinerante de Pereira, pero este decidió que el caso debía pasar a la Jurisdicción Especial para la Paz.

En mayo de 2017, cuando el coronel José Luis Martínez era agregado militar en Austria, se hizo pública la existencia de una orden de captura en su contra. El Ejército dijo que cuando se le otorgó la comisión la exterior al oficial, este no tenía requerimiento alguno en su contra y que por ello pudo salir del país el 12 de julio de 2016. El Ejército propició su regreso y dijo que el oficial se sometía a uno de los decretos que entonces reglamentaban asuntos sobre las órdenes de captura de integrantes de la Fuerza Pública que accedieran a esa justicia especial, pues todavía no se habían expedido las normas que crearon la JEP. Martínez, en efecto, presentó su solicitud, pero a la fecha no ha sido resuelta.

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Tras salir por la puerta trasera de la agregaduría militar, poco fue el despliegue mediático sobre los expedientes de falsos positivos en los que su nombre reposa como comandante del Gaula Tolima. El que motivó su regreso al país tiene que ver con las ejecuciones de Cristian Rojas y Helidoro Parra, el 18 de diciembre de 2006 en la vereda Palamarosa de Ambalema. Ambos fueron presentados falsamente como extorsionistas. Por este mismo caso fueron asegurados en 2013 Luis Miguel Cuesta, un sargento que estaba en ese momento en el Batallón Guardia Presidencial, y Carlos Arturo Malte Pérez. Además, fue condenado Eduard Puerta García, un exparamilitar que fue reclutador de falsos positivos para el Gaula Tolima por años.

La audiencia de febrero pasado fue otro expediente, conocido como el caso La Tigrera, en el que también están involucrados el reclutador Puerta García, el militar González Cuesta y los también uniformados Duberney Lugo, Benicio Vargas Castellanos y José Never González. La Fiscalía 39 de Derechos Humanos iba a hacer la lectura del escrito de acusación (llamado a juicio) en su contra, por los delitos de homicidio en persona protegida y falsedad ideológica en documento público por el falso positivo de Marco Antonio Quiroga y Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, en un falso operativo antiextorsión ocurrido el 12 de enero de 2007 en la vía que conduce de la vereda Laguneta a la vereda La Tigrera, del municipio de Alvarado.

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Las pesquisas evidenciaron que el reclutador Puerta García engañó a las víctimas con la expectativa de un beneficio económico para trasladarlos al lugar de los hechos, en donde se encontraron con las tropas y se simuló un combate. En el “operativo” participaron, además, el sargento Carlos Malte (mencionado previamente en el otro caso) y el entonces teniente William Eduardo López Pico, quienes fueron condenados en primera y segunda instancia a 21 y 20 años de prisión, por un juzgado en abril de 2018 y el Tribunal Superior del Tolima en junio siguiente. No obstante, como se acogieron a la JEP, las órdenes de captura que estaban vigentes en su contra fueron suspendidas y así siguen.

Por el caso de La Tigrera también fue condenado, el 26 de julio de 2019, a 43 años de prisión el exdetective del ahora extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) William Calderón Salazar, quien apoyaba a la unidad militar y quien se sometió a la JEP. El escrito de acusación en contra del coronel José Luis Martínez, en poder de El Espectador, reprocha al oficial la firma de la misión táctica “Lexical”, que legalizó el falso positivo del 12 de enero en La Tigrera, así como del oficio 0070, apenas tres días después, con una solicitud de felicitación para los miembros destacados de ese “operativo” y de los comprobantes de pago de gastos reservados.

(En contexto: El crudo informe de la Fiscalía sobre los falsos positivos)

El pasado 4 de junio, el Juzgado Décimo Administrativo de Ibagué condenó a la nación por la ejecución extrajudicial de una de las víctimas de La Tigrera, Marco Antonio Quiroga. La decisión conocida por este diario ordenó al Ejército hacer un acto público de responsabilidad en las instalaciones de la plaza de mercado de La 14 en esa ciudad, en donde él trabajaba como vendedor de frutas y verduras. Además, deberá informar en medios de comunicación que su muerte no obedeció a un combate, como una forma de reparar el daño perpetrado a él y su familia. “Queda claro que el homicidio de Marco Antonio Quiroga fue ocasionado por militares, constituyéndose en una ejecución extrajudicial, conocida como falso positivo”, dice el fallo.

En los juzgados administrativos hace curso la demanda que presentó la familia de la otra víctima, Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago. Entretanto, con el proceso penal suspendido por el sometimiento a la JEP del protagonista de más alta jerarquía, las víctimas se cuestionan qué va a pasar, ya que los expedientes de Tolima no están entre los que la justicia transicional ha priorizado en el macrocaso 003, sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Un oficio en poder de El Espectador, de enero pasado, dice que la solicitud de sometimiento de Martínez reposa en el despacho de la magistrada Heidi Baldosea, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.

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El soldado Luis Antonio Silva, quien también fue imputado por La Tigrera, acudió a la justicia especial que, en decisión de abril de 2019, ordenó a la Fiscalía remitir copia de los siete procesos que tiene en su contra. Y es que los casos que involucran al Gaula Tolima tienen cabos en común y verdades que aún faltan por conocerse. Por ejemplo, la muerte de Lloreda Machado se dio pocos días después de los casos de La Tigrera, el 18 de enero de 2007.

Sucedió en una vía rural que comunica las veredas Guayabo y Betania en Fresno, con una orden de “operaciones” firmada igualmente por el entonces mayor Martínez Suárez. Por el crimen de este profesor oriundo de La Dorada, el militar López Tico (uno de los condenados por La Tigrera) llegó a un preacuerdo con la Fiscalía para una pena menor a cambio de colaborar con la justicia. En ese documento, el uniformado se comprometía a declarar contra el coronel (r) Martínez Suárez, pero el acuerdo no fue aprobado por la justicia, que consideró inaceptable que, a cambio de ello, se le cambiara el delito imputado al militar.

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Una rama de este caso la protagoniza el reclutador Eduard Puerta García, quien tiene dos condenas acumuladas a 38 años de prisión, y quiere someterse a la justicia especial para hablar tanto del caso La Tigrera como el de las muertes de Cristian Rojas y Eliodoro Parra (que motivó el regreso al país de Martínez) y la de Carlos Julio Dueñas, ocurrida el 18 de marzo de 2007 en Ibagué. Este exintegrante de las Autodefensas busca justicia por el crimen de su hermana, que fue asesinada a finales de 2012 en Cundinamarca. Según relató, él le había pedido a comienzos de ese año que fuera al Gaula de Ibagué y hablara con un soldado para que le ayudara a conseguir un abogado, pero nadie la recibió. Su primera solicitud fue rechazada y ahora busca presentarse como tercero civil.