Los Mendoza Fortich, a juicio por tratar de extorsionar (supuestamente) a Otto Bula

El juicio contra los hermanos Alfredo José y Carlos Raúl Mendoza Fortich, quienes habrían intentado extorsionar a un testigo clave del caso Odebrecht, Otto Bula, empezará en enero de 2020. Así lo decidió una jueza especializada de Bogotá el pasado 6 de diciembre, cuando la Fiscalía leyó el escrito de acusación contra el exsecretario general de la Contraloría en Córdoba (Alfredo José Mendoza Fortich), su hermano menor Carlos Raúl y la exfuncionaria del ente investigador Érika Rivera. Los tres, dice la Fiscalía, intentaron sacarle plata a Bula bajo la promesa de favorecerlo en un proceso de extinción de dominio sobre varias de sus propiedades. El fiscal del caso aseguró que Alfredo José Mendoza le pidió a Bula $6.000 millones para mover sus supuestas influencias. Ellos, por su parte, lo niegan todo.

El Espectador conoció el escrito de acusación, en el cual se revelan nuevos detalles y se mencionan a antiguos altos funcionarios de la Fiscalía. La génesis de este caso se dio el 30 de mayo de 2018, cuando el exsecretario de la Contraloría de Córdoba visitó a Bula en La Picota. Allí se encuentra preso desde enero de 2017, cuando fue señalado de ser pieza clave del caso Odebrecht. En esa oportunidad, dice la Fiscalía, Alfredo José Mendoza le dijo a Bula que su hermano era cercano al exvicefiscal Jorge Perdomo y que este lo podía favorecer en el proceso de extinción de dominio, pues Andrea Malagón, entonces cabeza de la Dirección de Extinción de Dominio, había sido nombrada por Perdomo.

“Para persuadirlo (a Bula), (Alfredo José) hizo una relación clara y completa de cada uno de los bienes en el interior de este proceso. También planteó que, para esta intermediación, tanto él como su hermano obtendrían $500 millones para beneficio propio y (lo demás) para repartir entre distintos funcionarios, entre ellos Malagón. Por último, advirtió a Bula que de rechazar esta oferta tendría inconvenientes con los agentes de la DEA y el mismo exvicefiscal Jorge Perdomo, quien tendría la potestad de afectarlo por sus influencias sobre Andrea Malagón”, explicó la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación del organismo, luego de esta reunión, Bula empezó a negociar con los hermanos Mendoza Fortich, quienes le pedían entregar el dinero lo más pronto posible. El 15 de mayo de 2018, el exsecretario Alfredo José Mendoza volvió a La Picota y pactó con Bula un pago de $4.000 millones. Ese dinero, le dijo a Bula, se lo entregaría a Perdomo porque este intercedería por Bula directamente ante Andrea Malagón. El dinero sería entregado en un carro blindado, el cual, según lo acordado, iba a dejarse en un parqueadero con las llaves. Allí llegaría un hombre llamado Santiago, quien, supuestamente, era de “entera” confianza de Jorge Perdomo.

Lo que ignoraba el exsecretario Mendoza Fortich era que Bula lo estaba grabando, por lo que él, sin prevenciones, siguió explicando cómo se iba a realizar la supuesta manipulación de los procesos de extinción de dominio para beneficiar a Bula. Así la resume el escrito de acusación: “Si los bienes tenían una dudosa procedencia, o complicada de justificar (...) la Fiscalía General de la Nación, por directrices de Malagón, enviaría el caso a la judicatura con una deficiente sustentación acerca de la procedencia de la extinción de dominio de estos”. Mendoza Fortich también dijo que su “grupo de trabajo” organizó el proceso relacionado con los supermercados Supercundi y que participaron en más negocios ilícitos de esta índole con la Fiscalía.

La entrega de los $4.000 millones nunca se dio. Otto Bula le contó al ente investigador que “el sábado antes de las elecciones presidenciales de 2018” recibió la visita de Alfredo Mendoza Fortich, quien le dijo que, como no había pagado, se cancelaba el trato y que “mucha gente importante estaba disgustada. Por ende, no respondía por las represalias que tomaran porque, por poner su atención en este negocio, habían dejado de hacer otros”. En su labor investigativa, la Fiscalía descubrió que los Mendoza Fortich mantuvieron conversaciones con terceras personas sobre el negocio ilícito que planeaban hacer con Bula y de cómo se truncó.

Por medio de interceptaciones telefónicas, la Fiscalía determinó que Carlos Raúl Mendoza Fortich mantuvo contacto con Julián Quintana, exdirector de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio y del CTI durante la administración de Eduardo Montealegre. El 17 de mayo de 2018, “tras una coordinación telefónica previa”, los dos se reunieron en un Juan Valdez en el cual “presuntamente se habría conversado sobre las exigencias de dinero efectuadas por Carlos Mendoza Fortich”. De acuerdo con las interceptaciones, la Fiscalía dice que sostuvo conversaciones frecuentes con alguien que es mencionado de diversas formas (“Julián”, “Quintana”, “Quinta”) en las cuales se hablaba de las conversaciones con Bula.

La Fiscalía también estableció que los Mendoza Fortich recibieron $300 millones por parte de Erick Morris, el primer congresista condenado por parapolítica, y del exparlamentario Bernardo Elías Nader, respectivamente el suegro y el padre del exsenador el Ñoño Elías, condenado por el caso Odebrecht. Ese desembolso, se supone, era para una labor de intermediación entre el exsenador Elías y el exfical general Eduardo Montealegre, Perdomo y Quintana, para que asumieran el proceso del Ñoño Elías ante la Corte Suprema. Jorge Perdomo señaló a este diario que ese acercamiento existió, pero no se pudo llegar a ningún acuerdo debido a los honorarios. La Fiscalía dice que ese dinero se quedó en los bolsillos de los Mendoza Fortich.

Sobre este caso, Andrea Malagón ha dicho que no conoce a los Mendoza Fortich ni a la exfuncionaria Rivera. Y señaló que todo se trataría de una venganza de Otto Bula. “No tengo nada que ocultar, todas las actuaciones que rigieron mi vida como funcionaria pública siempre tuvieron en mente la enseñanza de mi padre: cumplir la ley a cabalidad”, señaló a este diario el año pasado Malagón, quien señala que renunció a su cargo en julio de 2018 por motivos de salud. Quintana y Perdomo dicen que sus nombres fueron usados manera indebida para cometer actos ilícitos y que tienen cómo demostrar que nunca han tenido ningún tipo de relación con los Mendoza Fortich.

La Fiscalía aún no tiene claro si hay indicios tan fuertes como para investigar a los exfuncionarios de la administración Montealegre, quienes sostienen que nada tienen que ver con las andanzas de los Mendoza Fortich. En la audiencia de acusación, Manuel Ayala, abogado de Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, le pidió a la jueza del caso que ellos sean considerados como víctimas. Quintana y Malagón, por su parte, no se presentaron a la audiencia ni enviaron abogados. El exdirector del CTI presentó interrogatorio en febrero pasado; a Perdomo le tomaron declaración jurada en junio de 2019. En enero de 2020 se espera que la jueza determine si los admite o no como víctimas en este proceso.

El caso de los Mendoza Fortich, inevitablemente, se cruza con un escándalo reciente: el de las supuestas chuzadas desde la Fiscalía, pues Álvaro Betancur, el fiscal que llamó a juicio a los hermanos cordobeses, resultó señalado por dos exfuncionarios de la Fiscalía de haber chuzado a personas relacionadas con temas sensibles. Esos exfuncionarios, a su vez, han sido procesados por interceptaciones ilegales. “Rechazo totalmente las declaraciones reproducidas irresponsablemente por los medios de comunicación con respecto a las declaraciones de dos exfuncionarios de la Fiscalía”, dijo el fiscal Betancur en la audiencia de los Mendoza Fortich.

El juicio contra los hermanos Alfredo José y Carlos Raúl Mendoza Fortich, quienes habrían intentado extorsionar a un testigo clave del caso Odebrecht, Otto Bula, empezará en enero de 2020. Así lo decidió una jueza especializada de Bogotá el pasado 6 de diciembre, cuando la Fiscalía leyó el escrito de acusación contra el exsecretario general de la Contraloría en Córdoba (Alfredo José Mendoza Fortich), su hermano menor Carlos Raúl y la exfuncionaria del ente investigador Érika Rivera. Los tres, dice la Fiscalía, intentaron sacarle plata a Bula bajo la promesa de favorecerlo en un proceso de extinción de dominio sobre varias de sus propiedades. El fiscal del caso aseguró que Alfredo José Mendoza le pidió a Bula $6.000 millones para mover sus supuestas influencias. Ellos, por su parte, lo niegan todo.

El Espectador conoció el escrito de acusación, en el cual se revelan nuevos detalles y se mencionan a antiguos altos funcionarios de la Fiscalía. La génesis de este caso se dio el 30 de mayo de 2018, cuando el exsecretario de la Contraloría de Córdoba visitó a Bula en La Picota. Allí se encuentra preso desde enero de 2017, cuando fue señalado de ser pieza clave del caso Odebrecht. En esa oportunidad, dice la Fiscalía, Alfredo José Mendoza le dijo a Bula que su hermano era cercano al exvicefiscal Jorge Perdomo y que este lo podía favorecer en el proceso de extinción de dominio, pues Andrea Malagón, entonces cabeza de la Dirección de Extinción de Dominio, había sido nombrada por Perdomo.

“Para persuadirlo (a Bula), (Alfredo José) hizo una relación clara y completa de cada uno de los bienes en el interior de este proceso. También planteó que, para esta intermediación, tanto él como su hermano obtendrían $500 millones para beneficio propio y (lo demás) para repartir entre distintos funcionarios, entre ellos Malagón. Por último, advirtió a Bula que de rechazar esta oferta tendría inconvenientes con los agentes de la DEA y el mismo exvicefiscal Jorge Perdomo, quien tendría la potestad de afectarlo por sus influencias sobre Andrea Malagón”, explicó la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación del organismo, luego de esta reunión, Bula empezó a negociar con los hermanos Mendoza Fortich, quienes le pedían entregar el dinero lo más pronto posible. El 15 de mayo de 2018, el exsecretario Alfredo José Mendoza volvió a La Picota y pactó con Bula un pago de $4.000 millones. Ese dinero, le dijo a Bula, se lo entregaría a Perdomo porque este intercedería por Bula directamente ante Andrea Malagón. El dinero sería entregado en un carro blindado, el cual, según lo acordado, iba a dejarse en un parqueadero con las llaves. Allí llegaría un hombre llamado Santiago, quien, supuestamente, era de “entera” confianza de Jorge Perdomo.

Lo que ignoraba el exsecretario Mendoza Fortich era que Bula lo estaba grabando, por lo que él, sin prevenciones, siguió explicando cómo se iba a realizar la supuesta manipulación de los procesos de extinción de dominio para beneficiar a Bula. Así la resume el escrito de acusación: “Si los bienes tenían una dudosa procedencia, o complicada de justificar (...) la Fiscalía General de la Nación, por directrices de Malagón, enviaría el caso a la judicatura con una deficiente sustentación acerca de la procedencia de la extinción de dominio de estos”. Mendoza Fortich también dijo que su “grupo de trabajo” organizó el proceso relacionado con los supermercados Supercundi y que participaron en más negocios ilícitos de esta índole con la Fiscalía.

La entrega de los $4.000 millones nunca se dio. Otto Bula le contó al ente investigador que “el sábado antes de las elecciones presidenciales de 2018” recibió la visita de Alfredo Mendoza Fortich, quien le dijo que, como no había pagado, se cancelaba el trato y que “mucha gente importante estaba disgustada. Por ende, no respondía por las represalias que tomaran porque, por poner su atención en este negocio, habían dejado de hacer otros”. En su labor investigativa, la Fiscalía descubrió que los Mendoza Fortich mantuvieron conversaciones con terceras personas sobre el negocio ilícito que planeaban hacer con Bula y de cómo se truncó.

Por medio de interceptaciones telefónicas, la Fiscalía determinó que Carlos Raúl Mendoza Fortich mantuvo contacto con Julián Quintana, exdirector de la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio y del CTI durante la administración de Eduardo Montealegre. El 17 de mayo de 2018, “tras una coordinación telefónica previa”, los dos se reunieron en un Juan Valdez en el cual “presuntamente se habría conversado sobre las exigencias de dinero efectuadas por Carlos Mendoza Fortich”. De acuerdo con las interceptaciones, la Fiscalía dice que sostuvo conversaciones frecuentes con alguien que es mencionado de diversas formas (“Julián”, “Quintana”, “Quinta”) en las cuales se hablaba de las conversaciones con Bula.

La Fiscalía también estableció que los Mendoza Fortich recibieron $300 millones por parte de Erick Morris, el primer congresista condenado por parapolítica, y del exparlamentario Bernardo Elías Nader, respectivamente el suegro y el padre del exsenador el Ñoño Elías, condenado por el caso Odebrecht. Ese desembolso, se supone, era para una labor de intermediación entre el exsenador Elías y el exfical general Eduardo Montealegre, Perdomo y Quintana, para que asumieran el proceso del Ñoño Elías ante la Corte Suprema. Jorge Perdomo señaló a este diario que ese acercamiento existió, pero no se pudo llegar a ningún acuerdo debido a los honorarios. La Fiscalía dice que ese dinero se quedó en los bolsillos de los Mendoza Fortich.

Sobre este caso, Andrea Malagón ha dicho que no conoce a los Mendoza Fortich ni a la exfuncionaria Rivera. Y señaló que todo se trataría de una venganza de Otto Bula. “No tengo nada que ocultar, todas las actuaciones que rigieron mi vida como funcionaria pública siempre tuvieron en mente la enseñanza de mi padre: cumplir la ley a cabalidad”, señaló a este diario el año pasado Malagón, quien señala que renunció a su cargo en julio de 2018 por motivos de salud. Quintana y Perdomo dicen que sus nombres fueron usados manera indebida para cometer actos ilícitos y que tienen cómo demostrar que nunca han tenido ningún tipo de relación con los Mendoza Fortich.

La Fiscalía aún no tiene claro si hay indicios tan fuertes como para investigar a los exfuncionarios de la administración Montealegre, quienes sostienen que nada tienen que ver con las andanzas de los Mendoza Fortich. En la audiencia de acusación, Manuel Ayala, abogado de Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, le pidió a la jueza del caso que ellos sean considerados como víctimas. Quintana y Malagón, por su parte, no se presentaron a la audiencia ni enviaron abogados. El exdirector del CTI presentó interrogatorio en febrero pasado; a Perdomo le tomaron declaración jurada en junio de 2019. En enero de 2020 se espera que la jueza determine si los admite o no como víctimas en este proceso.

El caso de los Mendoza Fortich, inevitablemente, se cruza con un escándalo reciente: el de las supuestas chuzadas desde la Fiscalía, pues Álvaro Betancur, el fiscal que llamó a juicio a los hermanos cordobeses, resultó señalado por dos exfuncionarios de la Fiscalía de haber chuzado a personas relacionadas con temas sensibles. Esos exfuncionarios, a su vez, han sido procesados por interceptaciones ilegales. “Rechazo totalmente las declaraciones reproducidas irresponsablemente por los medios de comunicación con respecto a las declaraciones de dos exfuncionarios de la Fiscalía”, dijo el fiscal Betancur en la audiencia de los Mendoza Fortich.