Los militares que no aceptaron falsos positivos en Dabeiba irán a juicio

En julio del 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos a 10 militares por ser los máximos responsables de 47 ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Dabeiba (Antioquia). Mientras que ocho de ellos aceptaron toda su responsabilidad, han estado en reuniones con las víctimas para pedirles perdón y hasta han acompañado a la jurisdicción en labores de búsqueda de los restos, hay dos que tomaron un camino diferente.

Se trata de los coroneles (r) Jorge Alberto Amor Páez y Herley Guzmán Ramírez, quienes no aceptaron de manera voluntaria la imputación de cargos que hizo la JEP y, por esa razón, su caso ahora está en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), más conocida como la Fiscalía de la JEP. Allí, los fiscales elaborarán un escrito de acusación para que ambos puedan ser llamados a juicio.

(En contexto: La inédita imputación de la JEP contra 10 militares por falsos positivos en Dabeiba)

El primero en llegar hasta esa instancia fue Guzmán Ramírez, cuyo caso fue remitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad en octubre del año pasado. Ahora, en un auto firmado el pasado 23 de junio, esa instancia de la JEP remitió a la Fiscalía todo el expediente de Amor Páez. Ambos se declararon inocentes en el caso y prefirieron ir a juicio adversarial para probar su inocencia.

Sin embargo, la Sala de Reconocimiento elaboró una investigación sin precedentes en la justicia, pues ni la ordinaria se había asomado a la atrocidad cometida en Dabeiba: militares asesinaron a al menos 47 civiles, los hicieron pasar como bajas en combate y los enterraron en el cementerio de Las Mercedes en ese municipio. Para llegar a esa conclusión, la JEP escuchó el testimonio de los propios militares, quienes confesaron el horror cometido, pero además, contrastaron de manera forense esos relatos.

(Lea también: Ocho militares reconocerán su culpa por 47 falsos positivos enterrados en Dabeiba)

Es decir, que exhumaron las fosas que los propios militares identificaron y allí estaba la evidencia de sus narraciones. Hasta ahora, la JEP ha logrado identificar a 11 de las víctimas y ha devuelto los restos a sus familiares. Además, esos hallazgos forenses han permitido identificar que los uniformados enterraron a sus víctimas entre bolsas plásticas con logos de la Policía y hasta con prendas con símbolos del Ejército.

Jorge Alberto Amor Páez y Herley Guzmán Ramírez no aceptaron nada de lo que sus subalternos sí confesaron. Mientras que al primero le imputaron responsabilidad en 12 ejecuciones extrajudiciales, al segundo lo vincularon en 28. Los hechos ocurrieron entre 2002 y 2006 en Dabeiba, cuando Amor Páez se desempeñaba como comandante de la Brigada Móvil 11, y Guzmán Ramírez como comandante del Batallón Contraguerrillas N° 79.

En el caso de Amor Páez, la Sala de Reconocimiento logró evidenciar a sus víctimas: dos personas sin identificar secuestradas en lugares por establecer; dos jornaleros estacionales de la recolección del algodón oriundos de Barranquilla y de nombres Fredy y Juan Carlos o Juan Alberto, que fueron secuestrados en el kilómetro 96 de la vía que conduce a Cambao; Jhon Jarvi Cañas Cano, traído desde Medellín el 31 de agosto de 2005; siete habitantes de calle que trasladaron desde Medellín hasta Dabeiba para asesinarlos; dos hombres afrocolombianos sin identificar traídos desde Turbo; seis hombres sin identificar, incluido un menor, traídos desde Medellín; y un hombre desempleado, probablemente albañil, traído desde esa misma ciudad.

En la imputación de cargos, la JEP explicó el coronel Amor Páez ejecutó varios actos que hicieron posible que la presentación de civiles como bajas en combate fuera una práctica reiterada en las unidades bajo su mando: “Mantuvo una presión constante sobre su batallón y sobre los suboficiales que él conocía como determinantes de los hechos criminales, con el fin de presentar resultados operacionales y mantenerse dentro de las brigadas móviles con mejores indicadores en el país; saltó la línea de mando cuando lo estimó necesario para garantizar la ejecución de los planes criminales; mantuvo activa la política de estímulos a los autores de los elementos materiales de los crímenes gestionando para sus determinadores viajes nacionales e internacionales con el fin de mantener sólidas sus lealtades”, explicó la JEP.

(Lea también: Gobierno reforzó la seguridad del magistrado, Alejandro Ramelli, tras amenazas)

Pero allí no paró su participación. La Sala de Reconocimiento dice que Amor Páez mantuvo activa la política de amenazas para las tropas que no estaban produciendo los resultados estadísticos necesarios y, como si fuera poco, archivó todas investigaciones que se hallaban en curso a su llegada por hechos involucrando muertes de personas causadas por sus tropas y mantuvo bajos niveles de impulso a las investigaciones abiertas durante su comandancia.

Sin embargo, el coronel retirado siempre ha dicho que no tiene nada que ver en lo sucedido, que perdió control de la brigada cuando fue comandante y que tiene todas las pruebas para demostrar su inocencia. Será la Fiscalía de la JEP la que recopile todas las evidencias para poder llamarlo a juicio y sea ese el escenario en donde pueda presentar su defensa. En contraste, la próxima semana los militares que sí aceptaron su responsabilidad comparecerán en una audiencia pública de verdad en la que le darán la cara al país y a sus víctimas por estos hechos que, 20 años después, están siendo investigados y judicializados por la justicia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

En julio del 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos a 10 militares por ser los máximos responsables de 47 ejecuciones extrajudiciales en el municipio de Dabeiba (Antioquia). Mientras que ocho de ellos aceptaron toda su responsabilidad, han estado en reuniones con las víctimas para pedirles perdón y hasta han acompañado a la jurisdicción en labores de búsqueda de los restos, hay dos que tomaron un camino diferente.

Se trata de los coroneles (r) Jorge Alberto Amor Páez y Herley Guzmán Ramírez, quienes no aceptaron de manera voluntaria la imputación de cargos que hizo la JEP y, por esa razón, su caso ahora está en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), más conocida como la Fiscalía de la JEP. Allí, los fiscales elaborarán un escrito de acusación para que ambos puedan ser llamados a juicio.

(En contexto: La inédita imputación de la JEP contra 10 militares por falsos positivos en Dabeiba)

El primero en llegar hasta esa instancia fue Guzmán Ramírez, cuyo caso fue remitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad en octubre del año pasado. Ahora, en un auto firmado el pasado 23 de junio, esa instancia de la JEP remitió a la Fiscalía todo el expediente de Amor Páez. Ambos se declararon inocentes en el caso y prefirieron ir a juicio adversarial para probar su inocencia.

Sin embargo, la Sala de Reconocimiento elaboró una investigación sin precedentes en la justicia, pues ni la ordinaria se había asomado a la atrocidad cometida en Dabeiba: militares asesinaron a al menos 47 civiles, los hicieron pasar como bajas en combate y los enterraron en el cementerio de Las Mercedes en ese municipio. Para llegar a esa conclusión, la JEP escuchó el testimonio de los propios militares, quienes confesaron el horror cometido, pero además, contrastaron de manera forense esos relatos.

(Lea también: Ocho militares reconocerán su culpa por 47 falsos positivos enterrados en Dabeiba)

Es decir, que exhumaron las fosas que los propios militares identificaron y allí estaba la evidencia de sus narraciones. Hasta ahora, la JEP ha logrado identificar a 11 de las víctimas y ha devuelto los restos a sus familiares. Además, esos hallazgos forenses han permitido identificar que los uniformados enterraron a sus víctimas entre bolsas plásticas con logos de la Policía y hasta con prendas con símbolos del Ejército.

Jorge Alberto Amor Páez y Herley Guzmán Ramírez no aceptaron nada de lo que sus subalternos sí confesaron. Mientras que al primero le imputaron responsabilidad en 12 ejecuciones extrajudiciales, al segundo lo vincularon en 28. Los hechos ocurrieron entre 2002 y 2006 en Dabeiba, cuando Amor Páez se desempeñaba como comandante de la Brigada Móvil 11, y Guzmán Ramírez como comandante del Batallón Contraguerrillas N° 79.

En el caso de Amor Páez, la Sala de Reconocimiento logró evidenciar a sus víctimas: dos personas sin identificar secuestradas en lugares por establecer; dos jornaleros estacionales de la recolección del algodón oriundos de Barranquilla y de nombres Fredy y Juan Carlos o Juan Alberto, que fueron secuestrados en el kilómetro 96 de la vía que conduce a Cambao; Jhon Jarvi Cañas Cano, traído desde Medellín el 31 de agosto de 2005; siete habitantes de calle que trasladaron desde Medellín hasta Dabeiba para asesinarlos; dos hombres afrocolombianos sin identificar traídos desde Turbo; seis hombres sin identificar, incluido un menor, traídos desde Medellín; y un hombre desempleado, probablemente albañil, traído desde esa misma ciudad.

En la imputación de cargos, la JEP explicó el coronel Amor Páez ejecutó varios actos que hicieron posible que la presentación de civiles como bajas en combate fuera una práctica reiterada en las unidades bajo su mando: “Mantuvo una presión constante sobre su batallón y sobre los suboficiales que él conocía como determinantes de los hechos criminales, con el fin de presentar resultados operacionales y mantenerse dentro de las brigadas móviles con mejores indicadores en el país; saltó la línea de mando cuando lo estimó necesario para garantizar la ejecución de los planes criminales; mantuvo activa la política de estímulos a los autores de los elementos materiales de los crímenes gestionando para sus determinadores viajes nacionales e internacionales con el fin de mantener sólidas sus lealtades”, explicó la JEP.

(Lea también: Gobierno reforzó la seguridad del magistrado, Alejandro Ramelli, tras amenazas)

Pero allí no paró su participación. La Sala de Reconocimiento dice que Amor Páez mantuvo activa la política de amenazas para las tropas que no estaban produciendo los resultados estadísticos necesarios y, como si fuera poco, archivó todas investigaciones que se hallaban en curso a su llegada por hechos involucrando muertes de personas causadas por sus tropas y mantuvo bajos niveles de impulso a las investigaciones abiertas durante su comandancia.

Sin embargo, el coronel retirado siempre ha dicho que no tiene nada que ver en lo sucedido, que perdió control de la brigada cuando fue comandante y que tiene todas las pruebas para demostrar su inocencia. Será la Fiscalía de la JEP la que recopile todas las evidencias para poder llamarlo a juicio y sea ese el escenario en donde pueda presentar su defensa. En contraste, la próxima semana los militares que sí aceptaron su responsabilidad comparecerán en una audiencia pública de verdad en la que le darán la cara al país y a sus víctimas por estos hechos que, 20 años después, están siendo investigados y judicializados por la justicia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.