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El fallo de la Corte Constitucional del caso Andrés Felipe Arias generó, como estaba previsto, una oleada de solicitudes a la Corte Suprema para que revise varias condenas en única instancia. A comienzos de este año, los nueve magistrados de la Corte Constitucional le otorgaron al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, la posibilidad de revisar su condena a 17 años de prisión por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro. El alto tribunal dijo que toda persona condenada en única instancia (la doble instancia para aforados solo se creó en 2018) desde enero de 2014 tiene el mismo derecho de pedir que sean revisadas sus sentencias.
La semana pasada, por ejemplo, se supo que el exfiscal Rodrigo Aldana le será revisada por la Corte Suprema su condena a nueve años de prisión. El Espectador conoció un listado de 84 casos de personas que realizaron la misma petición del exfuncionario del ente investigador en la que resaltan varios nombres de la política colombiana y de otros sectores. Entre ellos aparece el nombre del general retirado de la Policía Miguel Maza Márquez, a quien desde septiembre pasado la Sala Penal reexamina la sentencia a 30 años de cárcel que le impusieron a por su rol en el magnicidio del líder del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento.
Otro de los nombres de alto perfil son los exministros del Interior y de Salud, Sabas Pretelt y Diego Palacio condenados por el alto tribunal por haber entregado dádivas en 2004 a los entonces representantes a la Cámara Teodolindo Avendaño y Yidis Medina a cambio de su voto para cambiar la Constitución y permitir la reelección del Álvaro Uribe. Otros de los casos y que no se habían conocido hasta el momento, es el del excongresista Pedro Muvdi, condenado por sus nexos con el paramilitarismo. El alto tribunal, en 2017, lo condenó a 13 años de prisión por hacer parte del Frente Mártires del Cacique del Valle de Upar, un grupo armado ilegal integrado al Bloque Norte, liderado por alias Jorge 40.
Los exgobernadores de la Guajira y del Amazonas Hernando Deluque y Manuel Carebilla, respectivamente también solicitaron revisar su condena. El primero, en 2016, fue hallado culpable sobre las irregularidades que se presentaron en la celebración de contratos para las obras de mantenimiento y rehabilitación de las vías en La Guajira, así como las fallas en un contrato de construcción de dos fases de un colegio departamental. El segundo, preso en La Picota de Bogotá, por corrupción cuando fue representante a la Cámara entre 2006 y 2014. Tendrá que pagar una pena de 14 años y 7 meses de prisión. Además, es investigado por otro presunto hecho de corrupción mientras fue mandatario regional.
En ese mismo penal se encuentra otro de los solicitantes de revisión de la pena. Se trata del exalcalde de Villavicencio el Franklin el Mono Chaparro a 39 años de prisión como determinador del asesinato del exalcalde de la capital del Meta Omar López Robayo en febrero de 2002. Doce años después, el alto tribunal lo condenó a 39 años de prisión. Otro político tras las rejas por un homicidio y que hace parte de este listado es Ferney Tapasco, exrepresidiente de la Asamblea de Caldas. El dirigente liberal está condenado a 36 años de cárcel por ser el autor intelectual del asesinato de Orlando Sierra, exsubdirector del diario La Patria.
Otro de los peticionarios es el exsecretario de presidencia durante el gobierno de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, por su participación en el escándalo de chuzadas ilegales del DAS y por el que tendrá que pagar a nueve años de prisión. Alberto Velásquez, otro de los secretarios de presidencia de Uribe condenados, también pidió revisar su condena. Este, al igual que Pretelt y Palacio, a cinco años de cárcel por la Yidispolítica. Esta determinación la tomo la Sala Penal del alto tribunal en 2015.