Los nueve reparos de la Fiscalía al proyecto de ley de sometimiento del Gobierno
Tras reunirse con el presidente Gustavo Petro para presentarle sus comentarios al proyecto de sometimiento de organizaciones criminales, el fiscal Francisco Barbosa explicó nueve puntos que le preocupan y que incluirán como observaciones en la instancia que debe aprobar el texto antes de que sea radicado en el Congreso.
“En esencia, la voluntad de la Fiscalía está en que debe acompañarse el proyecto (de sometimiento). Votaremos sí en el Consejo de Política Criminal, con estos comentarios”. Con esta frase, el fiscal Francisco Barbosa destapó sus cartas frente a la iniciativa que presentará próximamente el Gobierno para desmantelar las organizaciones criminales de alto impacto, como narcotraficantes y sucesores del paramilitarismo, y que hace parte de la propuesta de paz total. Aunque apoyará la iniciativa, Barbosa listó nueve reparos que tiene frente a las funciones que se le dan a la Fiscalía, los bienes con los que se podrían quedar los criminales, entre otros temas.
(En contexto: Este será el papel de la Fiscalía de cara al sometimiento de grupos criminales)
“El presidente me manifestó una total apertura frente a las discusiones de este proyecto”, explicó Barbosa en una rueda de prensa desde el búnker luego de reunirse con Gustavo Petro durante dos horas en la casa de Nariño. Ahora, el proyecto entrará a discusión en el Consejo Superior de la Política Criminal, una instancia de la que hacen parte el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, entre otras entidades. Y, según anunció el fiscal general este lunes, es ahí donde el ente investigador dará su voto positivo. Que el sometimiento se haga en la UEI “excede su mandato”. Que se reemplace por Fiscalía “para que exista la posibilidad de organizar internamente”.
Los reparos de la Fiscalía al proyecto de sometimiento
En primer lugar, el fiscal Francisco Barbosa explicó que le preocupe que el proyecto de ley de sometimiento le endilgue la responsabilidad de todo el proceso de sometimiento a la Unidad Especial de Investigación. Esta dependencia del ente investigador fue creada con el Acuerdo de Paz y, a juicio de Barbosa, en la propuesta del Gobierno se estarían suprimiendo funciones del fiscal general, a la vez que se le añaden cargas a esta área. La propuesta, entonces, es que “cuando se hable de Unidad de Investigación, se cambie por Fiscalía General de la Nación”, precisó Barbosa.
(Lea también: Este es el proyecto para el sometimiento de grupos criminales)
El texto del proyecto que se conoce propone que las organizaciones hagan sometimientos colectivos, a través de un documento en el que expongan todos sus crímenes, con base en el cual la Fiscalía arma una imputación. Pero, “los términos procesales son muy cortos”, dijo el fiscal general al anunciar su segundo reparo. Según explicó, en el tiempo que impone el proyecto de ley para desarrollar toda la investigación, “no podríamos analizar y corroborar si hay otros hechos delictivos que se hayan excluido de esas actas de sometimiento”.
En tercer lugar, frente a esas mismas actas de sometimiento, Barbosa explicó: “No se pueden limitar las formulaciones de imputación a lo que señalen las personas que las firmen, sino que la Fiscalía tiene que verificar otras conductas que pueden no estar reconocidas en la imputación”. Frente a esta obligación del búnker de investigar, Barbosa señaló otros dos puntos que le parecen problemáticos del texto: la aplicación de principios de oportunidad para quienes se sometan a la justicia por esta vía. Es decir, que se suspende su judicialización en la medida que colaboren con información.
(Le puede interesar: ¿Por qué la extradición no está incluida en el proyecto de sometimiento?)
Para Barbosa, hay dos problemas. Por un lado, que ese beneficio solo se puede otorgar una vez el procesado cumpla con sus compromisos de justicia restaurativa, que también crear el proyecto para reparar a las víctimas. Y, por otro lado, que hay una decisión de la Corte Constitucional sobre los principios de oportunidad que concede la Fiscalía por delitos graves y el alto tribunal ha sido claro. En palabras de Barbosa, “no puede desconocerse la obligación del Estado de investigar violaciones a los derechos humanos”.
Frente al punto del proyecto que propone para que los miembros de las organizaciones criminales se queden con parte de sus bienes, Barbosa tiene dos reparos más. Uno es que en el texto no hay topes frente a las propiedades con las que se pueden quedar y a su juicio deberían acogerse los límites que pone el Código de Extinción de Dominio. El otro es que el Gobierno debería aclarar que no harán parte de esa negociación los bienes que ya hayan sido incluidos en algún proceso judicial de extinción. “Esa tarea ya la cumplió la justicia colombiana y no pueden terminar que después de esa gran tarea terminen siendo parte de una negociación”, dijo Barbosa.
El fiscal general también considera que el proyecto le da a la Fiscalía unas responsabilidades que no le competen, como verificar los listados de las organizaciones que se sometan o el cumplimiento de sus obligaciones. “Nosotros podemos constatar en casos concretos si existen otras conductas delictivas, pero no podemos ser un órgano verificador”, explicó Barbosa. De otro lado, dijo que a su juicio que el proyecto deja en el limbo a las víctimas de estos grupos: “Recomendamos que las víctimas no queden desprotegidas, hay una gran indeterminación alrededor de la reparación”.
Y, finalmente, Barbosa señaló que, en un artículo del texto, “se viola el principio de cosa juzgada”. Según su lectura, en el proyecto se establece que, si después de la sentencia que se profiera contra un grupo aparecen otros hechos atribuibles a personas que pertenecían a esa organización, se tiene que abrir nuevamente el proceso para añadir esos hechos. “¿Cuál es la firmeza de la sentencia?”, se preguntó Barbosa. El fiscal precisó que, si bien, estos sus principales reparos, tiene otros. No obstante, aseguró estar en la misma página el Gobierno y que si sus comentarios no prosperan en el Consejo de Política Criminal, en últimas, “todo esto va a ser parte del debate en el Congreso”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
“En esencia, la voluntad de la Fiscalía está en que debe acompañarse el proyecto (de sometimiento). Votaremos sí en el Consejo de Política Criminal, con estos comentarios”. Con esta frase, el fiscal Francisco Barbosa destapó sus cartas frente a la iniciativa que presentará próximamente el Gobierno para desmantelar las organizaciones criminales de alto impacto, como narcotraficantes y sucesores del paramilitarismo, y que hace parte de la propuesta de paz total. Aunque apoyará la iniciativa, Barbosa listó nueve reparos que tiene frente a las funciones que se le dan a la Fiscalía, los bienes con los que se podrían quedar los criminales, entre otros temas.
(En contexto: Este será el papel de la Fiscalía de cara al sometimiento de grupos criminales)
“El presidente me manifestó una total apertura frente a las discusiones de este proyecto”, explicó Barbosa en una rueda de prensa desde el búnker luego de reunirse con Gustavo Petro durante dos horas en la casa de Nariño. Ahora, el proyecto entrará a discusión en el Consejo Superior de la Política Criminal, una instancia de la que hacen parte el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, entre otras entidades. Y, según anunció el fiscal general este lunes, es ahí donde el ente investigador dará su voto positivo. Que el sometimiento se haga en la UEI “excede su mandato”. Que se reemplace por Fiscalía “para que exista la posibilidad de organizar internamente”.
Los reparos de la Fiscalía al proyecto de sometimiento
En primer lugar, el fiscal Francisco Barbosa explicó que le preocupe que el proyecto de ley de sometimiento le endilgue la responsabilidad de todo el proceso de sometimiento a la Unidad Especial de Investigación. Esta dependencia del ente investigador fue creada con el Acuerdo de Paz y, a juicio de Barbosa, en la propuesta del Gobierno se estarían suprimiendo funciones del fiscal general, a la vez que se le añaden cargas a esta área. La propuesta, entonces, es que “cuando se hable de Unidad de Investigación, se cambie por Fiscalía General de la Nación”, precisó Barbosa.
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El texto del proyecto que se conoce propone que las organizaciones hagan sometimientos colectivos, a través de un documento en el que expongan todos sus crímenes, con base en el cual la Fiscalía arma una imputación. Pero, “los términos procesales son muy cortos”, dijo el fiscal general al anunciar su segundo reparo. Según explicó, en el tiempo que impone el proyecto de ley para desarrollar toda la investigación, “no podríamos analizar y corroborar si hay otros hechos delictivos que se hayan excluido de esas actas de sometimiento”.
En tercer lugar, frente a esas mismas actas de sometimiento, Barbosa explicó: “No se pueden limitar las formulaciones de imputación a lo que señalen las personas que las firmen, sino que la Fiscalía tiene que verificar otras conductas que pueden no estar reconocidas en la imputación”. Frente a esta obligación del búnker de investigar, Barbosa señaló otros dos puntos que le parecen problemáticos del texto: la aplicación de principios de oportunidad para quienes se sometan a la justicia por esta vía. Es decir, que se suspende su judicialización en la medida que colaboren con información.
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Para Barbosa, hay dos problemas. Por un lado, que ese beneficio solo se puede otorgar una vez el procesado cumpla con sus compromisos de justicia restaurativa, que también crear el proyecto para reparar a las víctimas. Y, por otro lado, que hay una decisión de la Corte Constitucional sobre los principios de oportunidad que concede la Fiscalía por delitos graves y el alto tribunal ha sido claro. En palabras de Barbosa, “no puede desconocerse la obligación del Estado de investigar violaciones a los derechos humanos”.
Frente al punto del proyecto que propone para que los miembros de las organizaciones criminales se queden con parte de sus bienes, Barbosa tiene dos reparos más. Uno es que en el texto no hay topes frente a las propiedades con las que se pueden quedar y a su juicio deberían acogerse los límites que pone el Código de Extinción de Dominio. El otro es que el Gobierno debería aclarar que no harán parte de esa negociación los bienes que ya hayan sido incluidos en algún proceso judicial de extinción. “Esa tarea ya la cumplió la justicia colombiana y no pueden terminar que después de esa gran tarea terminen siendo parte de una negociación”, dijo Barbosa.
El fiscal general también considera que el proyecto le da a la Fiscalía unas responsabilidades que no le competen, como verificar los listados de las organizaciones que se sometan o el cumplimiento de sus obligaciones. “Nosotros podemos constatar en casos concretos si existen otras conductas delictivas, pero no podemos ser un órgano verificador”, explicó Barbosa. De otro lado, dijo que a su juicio que el proyecto deja en el limbo a las víctimas de estos grupos: “Recomendamos que las víctimas no queden desprotegidas, hay una gran indeterminación alrededor de la reparación”.
Y, finalmente, Barbosa señaló que, en un artículo del texto, “se viola el principio de cosa juzgada”. Según su lectura, en el proyecto se establece que, si después de la sentencia que se profiera contra un grupo aparecen otros hechos atribuibles a personas que pertenecían a esa organización, se tiene que abrir nuevamente el proceso para añadir esos hechos. “¿Cuál es la firmeza de la sentencia?”, se preguntó Barbosa. El fiscal precisó que, si bien, estos sus principales reparos, tiene otros. No obstante, aseguró estar en la misma página el Gobierno y que si sus comentarios no prosperan en el Consejo de Política Criminal, en últimas, “todo esto va a ser parte del debate en el Congreso”.
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