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A comienzos de marzo de 2022, Manuel Raad se convirtió en una de las primeras personas en ser imputadas por el pleito familiar que ha rodeado el control de la Universidad Metropolitana, de Barranquilla (Unimetro). El expediente judicial lleva casi seis años de tira y afloje, denuncias de una orilla a otra, y hasta el exsenador Eduardo Pulgar terminó condenado por intentar sobornar a un juez que llevaba una arista del caso. Según la Fiscalía, Raad se habría aliado con cuatro personas para falsificar documentos de la institución. Sin embargo, una jueza lo dejó en libertad, luego de reprochar que el ente investigador no probó que pudiera obstruir la justicia.
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La disputa entre la prestante familia Acosta, que es la génesis del proceso contra Raad, se dio por el control de la Fundación Acosta Bendek, tras la muerte del exsenador Gabriel Acosta Bendek, pues la Universidad y el Hospital Metropolitano de Barranquilla dependen de la entidad. Si bien la representante legal de la fundación era Ivonne Acosta, hija del excongresista, sus familiares, al parecer, la sacaron a ella y a su esposo, Carlos Jaller, y tomaron decisiones sobre la organización por su cuenta tras advertir un supuesto desfalco. Mientras la justicia definía si esos movimientos eran legales, la mujer, junto a otras personas, habría nombrado a otro rector en la Universidad de manera fraudulenta.
Ahí es donde sale a relucir el nombre de Manuel Raad, que al parecer no tendría que ver en el desfalco. El pasado 3 de marzo fue noticia que Raad se había entregado a la Fiscalía. Sin embargo, la imputación en su contra pasó de agache. El Espectador revela los detalles de esa audiencia, en la que terminó judicializado quien fuera secretario ad hoc de la Universidad. Mientras tanto, las autoridades continúan tras los indiciados de más alto perfil en la investigación, que están prófugos, quienes habrían estado detrás del millonario desfalco a la Unimetro: Ivonne Acosta, su esposo y exrector, Carlos Jaller y el rector que nombraron, Jorge Hernández Cassis.
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Dorina Tapias, pareja extramarital de Jaller, también vinculada al caso, se entregó ayer en Barranquilla y será imputada por enriquecimiento ilícito. Pero por ahora solo ha sido judicializado Raad, quien según explicó el fiscal del caso en audiencia tuvo el siguiente rol: “El 10 de noviembre de 2016 se convocó a una reunión extraordinaria del consejo directivo de la Universidad por parte de Ivonne Acosta con el objeto de, entre otros, nombrar a un nuevo rector y vicerrector de la Universidad”. Lo curioso, añadió, es que citaron “a personas que, sabidamente, no eran parte del consejo directivo”. Un tío de la heredera Acosta le advirtió que la citación era ilegal, pero la reunión se hizo al día siguiente y de ahí salió nombrado rector Jorge Hernández Cassis.
El abogado Manuel Raad llegó a esa reunión como secretario ad hoc de la Universidad. De hecho, su firma aparece en el acta de la reunión y en el acuerdo que nombró al nuevo rector, “consciente de que allí se incorporaba información falsa, como lo era la conformación del quórum del consejo directivo, afectando con ello la fe pública comprometida”, dijo el fiscal. Estos documentos, agregó el funcionario, “posteriormente, fueron presentados al Ministerio de Educación pretendiendo la ubicación de Hernández Cassis en tal cargo, lo que no lograron, pese a sus múltiples insistencias”.
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Según la Fiscalía, con esta movida, Acosta y su esposo buscaban retomar el control de la Universidad y “procurar la impunidad del presunto actuar delictivo de Carlos Jaller, que afectó el patrimonio de la institución”. Supuestamente, para eso se habr ía prestado Raad. La defensa del abogado, en cabeza del exfiscal Antonio Luis González —conocido porque llevó el caso de Luis Andrés Colmenares— dijo que, como secretario, Raad no tenía voz ni voto en el nombramiento del rector. “Hago un paralelo: el secretario del Juzgado 64 de garantías que está aquí da fe de lo ocurrido en esta reunión virtual, pero quien toma la decisión es la jueza, no el secretario. Aquí ocurre lo mismo”.
La jueza 64 de garantías, quien dirigió las audiencias de imputación y medida de aseguramiento, reprochó esa teoría porque, a su juicio, el secretario “no es que esté ahí únicamente para tomar nota de lo que ocurre”. Y le devolvió la pelota a la defensa con otra comparación: “Un notario da fe de que el documento es verídico, veraz, certero, pero si dentro de los documentos que le están presentando hay alguna irregularidad, no podría hacer como si nada, porque entonces no estaría cumpliendo su función”. La jueza también envió un duro mensaje contra la Fiscalía, pues cuestionó todos los argumentos que dio al pedir cárcel para Raad.
Por ejemplo, al fiscal le preocupaba que Raad sabía de la orden de captura en su contra y se entregó, mientras que Acosta, Jaller y Hernández siguen en fuga. Según él, hubo una filtración y eso sería un indicio de que Raad podría obstruir la investigación. La jueza le reprochó: “Muy disgustado el fiscal porque se presenta Manuel Raad, ¿debió haber permitido entonces ese show mediático de que la Fiscalía realizaba cinco capturas? Eso no sería más importante que una persona que incursa en un proceso acuda de manera gallarda a la justicia. No se trata de especular o de tener hipótesis únicamente con manifestaciones al aire. Hay que acreditarlo con evidencias”.
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El fiscal aseguró que Raad podría persuadir a algunos testigos del caso, pero la jueza reprochó: “No se tiene ninguna entrevista en la que alguno de los testigos pueda indicar que Manuel Raad los ha amenazado”. El fiscal sostenía que, en caso de quedar en libertad, el exsecretario podría afectar de nuevo el patrimonio la Universidad, a lo que la jueza contestó: “Aquí, entre las evidencias, encuentro que, desde 2016, Manuel Raad no trabaja en la Unimetro. Es más, hay un certificado laboral. Es decir: trabaja en otro lugar”. Y le lanzó un último regaño: “Aquí no se puede hablar de situaciones hipotéticas, aquí estamos hablando de la libertad de un ser humano”.
A los pocos minutos, la jueza ordenó la libertad inmediata de Manuel Raad, palabras que su abogado celebró alzando los brazos con emoción. Así, el exsecretario de Unimetro enfrentará su proceso penal en libertad, mientras la Fiscalía continúa tras las huellas de los verdaderos señalados del descalabro que sufrió la Universidad, que podría ascender a más de $30.000 millones: Ivonne Acosta y su esposo, el exrector Jaller. El caso de Raad se limita a los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, y del dinero de la Unimetro no se ventiló el más ligero detalle en su audiencia.