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Andrés Felipe Arias
Es economista de la Universidad de los Andes. Un par de años después de conocerlo en los círculos sociales de Medellín, el entonces presidente Álvaro Uribe lo nombró director de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda. En 2004 fue designado viceministro de Agricultura y un año después asumió la dirección de esa cartera. Fue en esa posición en la que poco a poco se convirtió en uno de los principales alfiles del uribismo, al tiempo que lanzaba el programa de subsidios para el campo Agro Ingreso Seguro (AIS). En 2008 se hizo público que ese ambicioso proyecto, con el que se pretendía apoyar a pequeños agricultores, había terminado favoreciendo a poderosas familias terratenientes de la costa Caribe y del Valle del Cauca. También trascendió que algunos de los recursos les habrían sido desembolsados a narcotraficantes.
Pese al escándalo, Arias se postuló como precandidato a la presidencia por el partido Conservador. En 2010, en su columna de la revista Semana, el periodista Daniel Coronell señaló al exministro de financiar su precandidatura con dineros de beneficiarios de AIS. Coronell dijo, además, que el exministro manejaba de manera irregular la contabilidad de su campaña y el Consejo Nacional Electoral anunció la apertura de una investigación, que fue archivada en 2011. En medio de fuertes fracturas al interior del partido Conservador, Arias perdió la consulta interna con Noemí Sanín y se retiró de la vida pública luego de que la Procuraduría lo sancionara e inhabilitara durante 16 años por el escándalo de AIS. Pero en junio de 2011 su situación se complicó y por cuenta del proceso judicial que se adelantaba en su contra fue recluido en la Escuela de Caballería de Bogotá.
En junio de 2013, tras considerar que no constituía un peligro para las investigaciones, el Tribunal Superior de Bogotá lo dejó en libertad. El exministro mantuvo un perfil bajo y se dedicó a la vida académica hasta junio de 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 17 años de cárcel por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado en favor de terceros. Como muchos de los exfuncionarios del gobierno Uribe que han sido procesados, Arias alegó ser perseguido político, por lo que abandonó el país pocos días antes de conocer su condena. La última vez que se lo vio fue en La Florida (EE.UU.), donde ha realizado trámites para recibir asilo.
Jorge Noguera
Nació en Santa Marta en 1963 y se graduó como abogado de la Universidad Javeriana. Tras ocupar distintos cargos administrativos en entidades públicas y privadas, asumió la jefatura en el Magdalena de la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe. Fue ese departamento, donde obtuvo 113.812 votos, el único lugar de la costa Caribe en el que el candidato Uribe le ganó a Horacio Serpa. En 2002, el recién posesionado presidente nombró a Jorge Noguera como director del DAS. Éste, a su vez, designó como director de Informática de la entidad al ingeniero Rafael García, que había hecho parte de su equipo de colaboradores durante la campaña electoral. Desde entonces y hasta 2005, cuando Noguera fue nombrado cónsul en Milán (Italia), el DAS fue puesto al servicio del bloque Norte de las autodefensas, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”.
Así lo comprobó la Corte Suprema de Justicia, que en 2011 condenó a Noguera a 25 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, revelación de asunto sometido a secreto y homicidio. El testigo estrella del caso fue el propio García, que en 2006 salpicó a su antiguo jefe y contó cómo él mismo había servido de enlace entre el DAS y los paramilitares de “Jorge 40”. Según el alto tribunal, Noguera dirigió todos los esfuerzos investigativos del DAS contra las guerrillas e hizo uso de sus amplias facultades administrativas para suministrarle información de inteligencia al bloque Norte, vincular a la entidad a personas afectas al paramilitarismo, desaparecer antecedentes y sabotear o frenar las pesquisas contra los máximos comandantes de esa estructura.
Además, la Corte estableció que Noguera participó en el homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, falsamente acusado por el DAS de ser ideólogo de las Farc y asesinado por paramilitares en 2004, en las calles de Barranquilla. Ya en 2007, la Procuraduría había destituido e inhabilitado por 18 años a Noguera, tras comprobar que colaboró con los paramilitares cuando fue director del DAS y que permitió la eliminación de los antecedentes judiciales de varios narcotraficantes pedidos en extradición. En la Corte Suprema aún cursa un expediente en su contra por cuenta de las operaciones ilegales mediante las cuales ese organismo de inteligencia ideó una violenta persecución contra la oposición a partir de 2004. La Fiscalía denunció en marzo pasado que existe un “pacto de silencio” entre tres exfuncionarios de la central de inteligencia para no declarar contra Jorge Noguera.
María del Pilar Hurtado
Nació en 1963, estudió derecho en la Universidad de los Andes y trabajó en el sector público durante la alcaldía de Enrique Peñalosa. Sus relaciones personales le permitieron vincularse al Ministerio de Defensa durante el periodo de Jorge Alberto Uribe y, en 2006, fue nombrada subdirectora del DAS. Tras la salida de Andrés Peñate, Hurtado asumió la dirección del organismo hasta 2008, cuando se vio obligada a renunciar por cuenta del escándalo de las “chuzadas”. Durante su administración, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y senadores como Gustavo Petro y Piedad Córdoba denunciaron que la central de inteligencia había desplegado seguimientos e interceptaciones ilegales contra la oposición política y las organizaciones defensoras de derechos humanos. Más tarde se supo, además, que el DAS había diseñado y ejecutado una operación denominada “Escalera” para recabar ilegalmente información sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En el proceso judicial que se adelantó por este escándalo, el exsubdirector de Fuentes Humanas del DAS William Romero, uno de los artífices del complot contra la Corte, declaró en distintas oportunidades que Hurtado conocía de esas actividades ilegales. Sintiéndose contra las cuerdas por cuenta de los avances de la investigación judicial, la exdirectora del DAS viajó a Panamá en 2010, donde el presidente Ricardo Martinelli le concedió asilo político. Entonces, las víctimas de las “chuzadas” presionaron al gobierno colombiano para que consiguiera su regreso al país, a la par que el expresidente Álvaro Uribe defendía su inocencia. Fue gracias a una demanda presentada por el abogado panameño Ángel Álvarez que el camino empezó a despejarse.
En mayo de 2014, por cuenta de ese recurso, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el asilo de María de Pilar Hurtado. Sin embargo, la exdirectora del DAS continuó escondiéndose en ese país, mientras la fiscalía colombiana le pedía desesperadamente a Interpol que emitiera circular roja en su contra. Finalmente, las gestiones rindieron frutos el pasado 30 de enero, cuando la policía internacional solicitó la captura, mientras Uribe señalaba al presidente Santos de aprovechar una visita diplomática a Francia para acudir a la sede de Interpol con el fin de “perseguir a María del Pilar Hurtado”. Santos desmintió los señalamientos y, acorralada, Hurtado se entregó a las autoridades en la madrugada del día siguiente. Su regreso al país desempolvó los expedientes de oscuro capítulo de las “chuzadas” del DAS.
El pasado 27 de febrero, luego de juzgarla en ausencia, la Corte Suprema de Justicia la condenó por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Recluida en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, María del Pilar Hurtado espera conocer el monto de su condena por haber orquestado uno de los planes más siniestros en la historia de la desaparecida agencia de inteligencia: destruir la reputación de los magistrados de la Corte que investigaba la parapolítica y silenciar a los líderes de la oposición por la vía del descrédito y la persecución.
Bernardo Moreno
Estudió Administración de Empresas en la Universidad de la Salle. Desempeñó distintos cargos en el sector público y en 2000 se lanzó sin éxito a la gobernación del Quindío. Durante la primera aspiración presidencial de Álvaro Uribe fungió como director de su campaña en ese departamento y, en 2002, fue nombrado por el nuevo mandatario como presidente de la Financiera del Desarrollo (Findeter). Dos años más tarde fue designado secretario general de la Presidencia, cargo en el resultó cuestionado en múltiples oportunidades. En 2008, la Fiscalía lo llamó a indagatoria luego de que la excongresista Yidis Medina declarara que él se había comprometido a entregarle prebendas por aprobar la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006.
En mayo de 2009, el exdirector de Contrainteligencia del DAS Jorge Lagos declaró que la información sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que era extraída ilegalmente por esa central, le era entregada al exsecretario general de la Presidencia. La Procuraduría investigó esos hechos y en 2010 inhabilitó a Bernardo Moreno para ejercer cargos públicos durante 18 años. La entidad determinó que, en abril de 2008, Moreno se reunió en la Casa de Nariño con funcionarios del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para recibir reportes sobre el cuestionado empresario Asencio Reyes, con quien el organismo de inteligencia intentaba desprestigiar a los magistrados.
El pasado 27 de febrero, en el mismo proceso que se siguió contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, la Corte Suprema condenó a Bernardo Moreno por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. En la sentencia, el alto tribunal dejó constancia de que en 2007 Moreno se reunió en Metropolitan Club de Bogotá con Hurtado y con el entonces director de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares, con el fin de comunicarles que el presidente Uribe estaba interesado en obtener información de inteligencia sobre cuatro "blancos": los senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro, la Corte Suprema de Justicia y el periodista Daniel Coronell. La Corte determinó, además, que Moreno ordenó enlodar el nombre de Yidis Medina para deslegitimar sus denuncias sobre las irregularidades que rodearon el trámite de la reelección presidencial.
Mauricio Santoyo
Nacido en Boyacá, el general (r) Mauricio Santoyo estudió en la Escuela de Policía de Bogotá. En 1996 fue designado comandante del Gaula de Medellín, donde obtuvo importantes resultados contra el secuestro en la época en que Álvaro Uribe fungía como gobernador de Antioquia. Durante su paso por el Gaula, Santoyo protagonizó un escándalo por interceptaciones ilegales contra defensores de derechos humanos y denunciantes, aunque ese episodio no detuvo su carrera. Más tarde comandó el Cuerpo Élite Antiterrorista, posición desde la cual, según los testimonios de varios paramilitares, apoyó la cruenta guerra que desató en Medellín Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, por el control del negocio de la droga.
Nada de eso impidió que el entonces coronel fuera vinculado al esquema de seguridad del candidato presidencial Álvaro Uribe, a comienzos de la década del 2000. Una vez éste último fue elegido, Santoyo se convirtió en jefe de seguridad del presidente. Tan solo un año después, en 2003, la Procuraduría destituyó a ese oficial por interceptar irregularmente cientos de líneas telefónicas cuando estaba a la cabeza del Gaula. Pero Santoyo se aferró a su cargo y el caso llegó al Consejo de Estado, que en 2006 tumbó la decisión del Ministerio Público y lo reintegró a la institución. Un año más tarde, pese a los señalamientos que recaían en su contra, el Congreso lo ascendió a Brigadier General. Posteriormente, fue enviado como agregado a la embajada de Colombia en Italia y en 2009 pidió la baja.
Sin embargo, cuando parecía que el general disfrutaría de un retiro tranquilo, los excomandantes paramilitares arreciaron sus declaraciones desde Estados Unidos. Salvatore Mancuso contó cómo Santoyo se alió con las autodefensas para perseguir a las guerrillas y otros tantos aseguraron que el jefe de seguridad del presidente les había ayudado a evadir a las autoridades y a traficar cocaína hacia ese país. La fiscalía estadounidense lo acorraló y en 2012 el oficial aceptó el delito de ayudar a un grupo terrorista. En diciembre de ese año fue condenado a 13 años de prisión, convirtiéndose en el primer general colombiano en ser sentenciado en el extranjero. Muchos se preguntaron si era posible que Uribe hubiera desconocido las actividades criminales de su oficial más cercano, suspicacia que ha sido rechazada tajantemente por el expresidente en repetidas ocasiones.