El reclutamiento y la violencia sexual al interior de las Farc, según detalla la JEP

En una decisión catalogada como histórica, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció una nueva imputación en contra del antiguo Secretariado de las Farc. La Sala de Reconocimiento y Verdad señaló a seis exjefes del extinto grupo armado como máximos responsables de crímenes de reclutamiento y utilización de niñas y niños y otros delitos asociados. Para tomar esta determinación, el órgano de justicia transicional analizó cientos de informes y testimonios, y contrastó la información para dar con un universo de más de 18.000 menores reclutados por la guerrilla, principalmente entre 1996 y 2006. Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo deberán reconocer o rechazar el llamado de la Jurisdicción en 30 días.

En una decisión catalogada como histórica, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció una nueva imputación en contra del antiguo Secretariado de las Farc. La Sala de Reconocimiento y Verdad señaló a seis exjefes del extinto grupo armado como máximos responsables de crímenes de reclutamiento y utilización de niñas y niños y otros delitos asociados. Para tomar esta determinación, el órgano de justicia transicional analizó cientos de informes y testimonios, y contrastó la información para dar con un universo de más de 18.000 menores reclutados por la guerrilla, principalmente entre 1996 y 2006. Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo deberán reconocer o rechazar el llamado de la Jurisdicción en 30 días.

Esta no es una decisión a la ligera, según establecieron los magistrados de la Sala de Reconocimiento. Para imputar a los comparecientes, quienes reconocieron la decisión, la JEP tuvo en cuenta cinco patrones de macrocriminalidad que se repitieron en el marco del reclutamiento forzado. Algunos de ellos, incluso, involucran dinámicas de violencia sexual contra los menores reclutados, abortos forzados, torturas y hasta homicidios. De hecho, según registros de la Sala, 28% de los niños y niñas reclutados aún permanecen desaparecidos. Esta investigación no tiene ningún precedente en la justicia colombiana, pues tal y como lo evidenció la JEP, antes de su creación solo había dos procesos con fallo condenatorio en la justicia ordinaria. Ahora, hay casi mil víctimas acreditadas y una barbarie documentada para tratar de borrar la impunidad que se ha arraigado en la investigación de estos crímenes.

Reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años

Este es el primer patrón analizado por la Sala de Reconocimiento. La JEP encontró que la política de reclutamiento en las Farc fue sistemática y hay registros de que por lo menos 18.677 menores de edad entre 1971 y 2016 fueron reclutados, con un auge entre 1996 y 2006. El 30% de las víctimas tenía 14 años o menos, mientras que el 70% eran niños y niñas entre los 15 y 17. Los métodos de reclutamiento que encontró la investigación de la Jurisdicción incluyeron amenazas (57%), engaños (28%) y persuasión ideológica (15%). Los menores eran utilizados en combates y otras actividades logísticas. “Aunque la política formal de la organización armada prohibía el reclutamiento de menores de 15 años, la evidencia indica que el reclutamiento fue un fenómeno sistemático, no aislado ni esporádico”, indicó la Sala.

Malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida intrafilas

Dentro de las filas de las extintas Farc, de acuerdo con las pesquisas de la Jurisdicción, los menores reclutados enfrentaron un régimen de disciplina estricta que incluía torturas, malos tratos y hasta homicidios. Estos actos formaban parte de la regulación interna que aplicaba las mismas normas a niños y adultos, ignorando la vulnerabilidad de los menores. El entorno de amenaza y miedo creado por la estructura de mando anulaba la autonomía de los menores de edad, quienes sufrían violencia física y psicológica severa. De hecho, según documentó la Sala, estos tratos llevaron al suicidio a varios de los niños y niñas reclutados.

“La Sala encontró un entorno de coacción permanente que fue, de facto, creado, organizado y controlado por la organización, bajo el liderazgo del Secretariado, y que generó condiciones de vida adversas para los niños y niñas reclutados”, apuntaron los magistrados durante la lectura de comunicación del auto. Así mismo, señalaron que los miembros del antiguo Secretariado son llamados a responder por este patrón criminal, pues eran ellos quienes lideraban las conferencias guerrilleras, en las que se hizo poco o nada para regular los entrenamientos o cambiar la aplicación del régimen disciplinario y diferenciarlo entre menores y adultos.

Violencias reproductivas que afectaron a niñas y mujeres reclutadas

El tercer patrón, y quizás uno de los más significativos sobre lo que fue la violencia sexual al interior de las Farc, da muestra de las violencias reproductivas de las que fueron víctimas miles de niñas reclutadas. En la vida intrafilas, las menores sufrieron anticoncepción forzada, aborto forzado y malos tratos derivados de estos procedimientos. En algunos casos, según detalla la JEP, se presentó el asesinato y la desaparición de sus hijos e hijas recién nacidos o su entrega forzada a otras familias. Al menos el 24% de las mujeres reclutadas sufrió anticoncepción forzada y el 19% fue obligada a abortar. Para la Sala, la imposición de estas prácticas revela un entorno donde se anulaba la autonomía de las víctimas sobre su vida reproductiva y afectiva.

De acuerdo con la información documentada en la investigación, y según testimonios de mujeres sobrevivientes al reclutamiento forzado, la mayoría de los malos tratos derivaron de la selección de anticonceptivos mediante un método de ensayo y error. Pero también de la ausencia de exámenes médicos para determinar su idoneidad; eventos negligentes en la aplicación de anticonceptivos y la realización de abortos; la falta de procedimientos adecuados de recuperación tras la interrupción de embarazos; y la práctica de abortos en fases avanzadas de la gestación. “Esta violencia tuvo como propósito evitar que la maternidad representara una disminución de integrantes del grupo o generara riesgos para su seguridad”, explicó la Sala.

Violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas

De acuerdo con las pesquisas de la Jurisdicción, las violencias sexuales, incluidas la esclavitud sexual, las uniones forzadas, la desnudez forzada y otros actos sexuales violentos, se realizaron de forma sistemática y recurrente a lo largo del país. Al menos 135 víctimas (17% del total) reportaron haber padecido algún tipo de violencia sexual durante sus años en las filas del grupo armado. Y eso no es todo: el 35% de todas las mujeres reclutadas aseguró haber sido víctimas de violencia sexual. Aunque estas conductas estaban prohibidas formalmente, la JEP documentó que los jefes guerrilleros no tomaron medidas efectivas para prevenirlas o sancionarlas. Por el contrario, el abuso de poder por parte de los mandos superiores facilitó la sistematización de estos crímenes, detalló la Jurisdicción.

“Sobre este patrón, la Sala llama a reconocer responsabilidad a los antiguos miembros del Secretariado como responsables por mando en estas conductas. Si bien estas prácticas estaban prohibidas por reglamentos internos de las Farc, la Sala encontró que ellos omitieron sus deberes como comandantes de adoptar las medidas eficaces para controlar las tropas bajo su mando y así prevenir y sancionar estos actos”, apuntó la Sala sobre el llamado a los seis integrantes del antiguo Secretariado.

Violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas

El quinto y último patrón documentó que los niños y niñas reclutados con diversidad sexual enfrentaban amenazas de muerte constantes, violencia sexual correctiva y otras formas de castigo. De acuerdo con testimonios recopilados por la Sala, que permitieron a la magistratura determinar que al menos 7% de las víctimas reclutadas con orientación sexual diversa sufrieron violencia de género, existía una política de facto que prohibía la pertenencia de personas con diversidad sexual a la guerrilla, permitiendo que los mandos ejercieran violencia para suprimir estas identidades. Este entorno perpetuaba prejuicios profundamente arraigados y normalizados en la sociedad.

¿Qué sigue en el proceso?

Los antiguos jefes de la extinta guerrilla deberán responder oficialmente a la imputación de la JEP en un plazo de 30 días. Sin embargo, horas después del anuncio, el Secretariado se pronunció y aseguró que reconocen los hechos y conductas ligadas al reclutamiento de menores. “Estos hechos no debieron haber ocurrido”, señalaron. En un mes, los exjefes guerrilleros deberán decirle a la JEP si aceptan los cargos imputados en esta investigación sin antecedentes en el país que deja claro, más allá de cualquier duda, que con el reclutamiento de 18.677 niños y niñas las Farc determinaron cada aspecto y decisión de sus vidas y cuyo poder se materializó en crímenes que la justicia, hasta ahora, no había podido documentar.

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