Los patrulleros actuaron aunque Javier Ordóñez decía “por favor, no más”: Procuraduría

La Procuraduría comenzó, en la mañana de este 1° de octubre, la audiencia disciplinaria en contra de los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda por los cargos disciplinarios de homicidio y abuso de la autoridad mediante acto arbitrario e injusto. Todo por los hechos del 9 de septiembre, cuando el abogado Javier Ordóñez fue reducido violentamente por los mismos uniformados con taser. La diligencia fue suspendida para el próximo lunes 5 de octubre.

La audiencia estuvo marcada por fallas en la comunicación, propias de las reuniones por videollamada producto de la pandemia del COVID-19. La parte central desarrollada a lo largo del día fue la lectura del auto de citación, en la cual se encuentran los detalles de la investigación llevada a cargo por la Procuraduría y la policía judicial. Por ahora, una de las acciones más relevantes fue la vinculación a titulo de dolo (es decir, que eran conscientes de sus actos ilegales) que el Ministerio Público dictó contra ambos patrulleros, Rodríguez y Lloreda, por presuntamente participar en el homicidio y abuso de autoridad que sufrió el abogado Javier Ordóñez.

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El procurador delegado comenzó verificando la asistencia de los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes se encuentran en una prisión para uniformados en Facatativá, Cundinamarca. Ambos respondieron a la solicitud en el mismo usuario de la videollamada, sentados en compañía de efectivos de la Policía. Luego, el agente del Ministerio Público comprobó la presencia de los abogados de oficio, en este caso los defensores Nixon Forero Forero y su suplente Salvador Gutiérrez.

Ante la presencia de los defensores de oficio, se dio el primer desacuerdo entre el procurador delegado y los patrulleros procesados. Tanto Harby Rodríguez como Juan Camilo Lloreda dijeron que, a pesar de no contar, en ese momento, con un abogado que les brindara confianza, tampoco querían ser representados por Forero y Gutiérrez. “Mi deseo no es ser representado por los abogados”, indicó Lloreda. Además, los patrulleros pidieron la suspensión de la audiencia disciplinaria, argumentando que tampoco habían leído el documento central de la citación.

Entonces, sin titubeos ante los argumentos expuestos, el procurador delegado negó la solicitud de suspensión, amparándose en el principio de celeridad -rapidez- que deben tener los procesos disciplinarios. “Esta procuraduría no debe permitir maniobras dilatorias”, sentenció el agente del ministerio público. Además, comprobó con fechas y documentos el envío del auto de citación -del pasado 16 de septiembre-, remitido a las cuentas institucionales de los patrulleros Lloreda y Rodríguez.

Resuelto el intento de suspensión, se dio inicio a la intervención de Aura Fajardo Moreno, delegada de Policía Judicial, cuya primera función fue leer el auto de citación que los patrulleros aseguran no haber ni ojeado. Empezó narrando los hechos del pasado 9 de septiembre en Bogotá, cuando el abogado Javier Ordóñez fue reducido violentamente por los patrulleros procesados, por lo cual ambos están vinculados a esta audiencia disciplinaria y a investigaciones penales en la justicia ordinaria.

“Se dio a conocer que dos uniformados adscritos a la policía metropolitana de Bogotá abordaron a un ciudadano -Ordóñez- en el barrio Villaluz. Así mismo, se señala que esta persona fue agredida con puños y patadas por parte de los policiales que atendieron el procedimiento”, contó la delegada de policía judicial. Luego, identificó a los policías Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda como presuntos responsables de la muerte de Ordóñez. Para sustentar este punto, desplegó una serie elementos materiales probatorios que, en poder de la Policía Nacional, se aportarían al expediente disciplinario.

Entre los elementos que probarían la presunta responsabilidad de los patrulleros por los cargos en contra del abogado, se encuentran copias de CD y DVD de cámaras de seguridad, en especial del CAI Villaluz donde Javier Ordoñez fue llevado luego de ser sometido con descargas de taser. También testimonios de uniformados de la policía, actas de asignación del dispositivo de disparo y registros que indicarían que Rodríguez y Lloreda desempeñaban sus funciones aquella madrugada.

Seguido de esto, la delegada de policía judicial leyó el informe correspondiente al patrullero Juan Camilo Lloreda. Detalló información correspondiente a los dos cargos por los que está inmerso en el proceso disciplinario: abuso de la autoridad mediante acto arbitrario e injusto, y homicidio. Sobre el primer tema, se indicó que la conducta del patrullero Lloreda sí coincide en las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales Javier Ordóñez murió. Además, configuró toda una serie de normas que presuntamente el patrullero violó en el barrio Villa Luz, de Bogotá.

“El código penal colombiano, ley 599 de 2001, en su articulo 416 tipifica bajo el titulo abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto el comportamiento del servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conducta punible con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario o injusto incurrirá en multa y perdida del empleo. Un abuso consiste en tratar a una persona de manera impropia, ilícita o ilegal”, consideró la delegada de policía judicial.

La misma funcionaria hizo una reconstrucción de los hechos, a partir de testimonios de testigos. Recordó el rol que Lloreda Cubillos debía cumplir ante la sociedad, ante los hechos que se aprecian en el video que circuló en las redes sociales. Además, se contó que él fue instruido en la utilización del taser y llevaba seis años en la institución policial. “Se convierte en un acontecimiento reprochable, máxime cuando posiblemente no haya una justificación. Así las cosas encuentro en esta instancia que con relación al cargo indicado para Lloreda Cubillos se configura a titulo provisional de dolo”, aseguró.

Luego, la delegada hizo el mismo procedimiento con el segundo cargo que presuntamente se le atribuye al patrullero Juan Camilo Lloreda: homicidio. Para esto, el despachó puntualizó que no habría principio de proporcionalidad y, además, que en realidad el actuar del abogado Javier Ordóñez no representaba un peligro para la vida del policía. Para esto, se analizaron pruebas digitales y testimoniales, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, un DVD de la noche en que el abogado fue llevado hasta el CAI Villaluz de Bogotá. También se le configuró el cargo provisionalmente a titulo de dolo, es decir, Lloreda habría actuado con voluntad deliberada.

En ese momento, la videollamada se cayó y se ordenó una pausa por parte del procurador delegado. Cuando la funcionaría pudo conectarse de nuevo, el patrullero Harby Rodríguez pidió la inclusión de su abogado, el señor Jorge Alberto Páramo, quien recién llegaba al establecimiento carcelario de Facatativá. Sin embargo, el defensor Páramo acompaño a Rodríguez solo por unos minutos, pues pidió la suspensión de la audiencia -asegurando que no había leído la integralidad del expediente- y se marchó diciendo que tenía una diligencia en Bogotá y que necesitaba que le compartieran el enlace de la videollamada.

El procurador delegado negó la solicitud de suspensión, de nuevo, y le pidió a la funcionaría de policía judicial que continuara leyendo el auto de citación a audiencia. Fue, entonces, el turno de Harby Rodríguez. El segundo patrullero corrió con la misma suerte que Juan Camilo Lloreda, pues le fueron leídos contenidos similares a lo expresado en el transcurso de la diligencia. "Al parecer -Rodríguez- excedió los limites autorizados, situación que posiblemente establecería un presunto abuso de autoridad. Este despacho considera que este actuar no era estrictamente necesario ni legitimo, al estar esta persona ya controlada. Sin embargo, se evidencia durante el desarrollo del video agresiones físicas a su humanidad”, narró Aura Fajardo.

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“Por lo tanto, se convierte en un acontecimiento reprochable, máxime cuando posiblemente no hay una justificación. Así las cosas, encuentra esta instancia que con relación al cargo indicado al señor patrullero Harby Damián Rodríguez -abuso de la autoridad- la forma de culpabilidad se considera de forma provisional a titulo de dolo. El investigado posiblemente fue consiente de la acción que se materializó respecto a presuntamente cometer un abuso de autoridad en la extralimitación del uso de la fuerza frente al señor Javier Ordóñez, que en paz descanse”, agregó la funcionaría. Además, citó constantemente las palabras que el abogado repetía en el suelo y que no fueron escuchadas por los policías: “Por favor, no más”.

Por último, al patrullero Harby Rodríguez también se le considero, provisionalmente, a titulo de dolo el cargo por homicidio que está enfrentando. El procurador delegado convocó a ambos policías procesados para que rindieran versión libre, aunque Lloreda no contaba con abogado de confianza ni de oficio y el apoderado de Rodríguez estaba conduciendo su automóvil en plena audiencia. Ambos se negaron a realizar tal trámite. Entonces, viendo la situación, el agente del ministerio público decidió suspender la diligencia disciplinaria, indicando que debía garantizarse el debido proceso de los policías.

La Procuraduría comenzó, en la mañana de este 1° de octubre, la audiencia disciplinaria en contra de los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda por los cargos disciplinarios de homicidio y abuso de la autoridad mediante acto arbitrario e injusto. Todo por los hechos del 9 de septiembre, cuando el abogado Javier Ordóñez fue reducido violentamente por los mismos uniformados con taser. La diligencia fue suspendida para el próximo lunes 5 de octubre.

La audiencia estuvo marcada por fallas en la comunicación, propias de las reuniones por videollamada producto de la pandemia del COVID-19. La parte central desarrollada a lo largo del día fue la lectura del auto de citación, en la cual se encuentran los detalles de la investigación llevada a cargo por la Procuraduría y la policía judicial. Por ahora, una de las acciones más relevantes fue la vinculación a titulo de dolo (es decir, que eran conscientes de sus actos ilegales) que el Ministerio Público dictó contra ambos patrulleros, Rodríguez y Lloreda, por presuntamente participar en el homicidio y abuso de autoridad que sufrió el abogado Javier Ordóñez.

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El procurador delegado comenzó verificando la asistencia de los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes se encuentran en una prisión para uniformados en Facatativá, Cundinamarca. Ambos respondieron a la solicitud en el mismo usuario de la videollamada, sentados en compañía de efectivos de la Policía. Luego, el agente del Ministerio Público comprobó la presencia de los abogados de oficio, en este caso los defensores Nixon Forero Forero y su suplente Salvador Gutiérrez.

Ante la presencia de los defensores de oficio, se dio el primer desacuerdo entre el procurador delegado y los patrulleros procesados. Tanto Harby Rodríguez como Juan Camilo Lloreda dijeron que, a pesar de no contar, en ese momento, con un abogado que les brindara confianza, tampoco querían ser representados por Forero y Gutiérrez. “Mi deseo no es ser representado por los abogados”, indicó Lloreda. Además, los patrulleros pidieron la suspensión de la audiencia disciplinaria, argumentando que tampoco habían leído el documento central de la citación.

Entonces, sin titubeos ante los argumentos expuestos, el procurador delegado negó la solicitud de suspensión, amparándose en el principio de celeridad -rapidez- que deben tener los procesos disciplinarios. “Esta procuraduría no debe permitir maniobras dilatorias”, sentenció el agente del ministerio público. Además, comprobó con fechas y documentos el envío del auto de citación -del pasado 16 de septiembre-, remitido a las cuentas institucionales de los patrulleros Lloreda y Rodríguez.

Resuelto el intento de suspensión, se dio inicio a la intervención de Aura Fajardo Moreno, delegada de Policía Judicial, cuya primera función fue leer el auto de citación que los patrulleros aseguran no haber ni ojeado. Empezó narrando los hechos del pasado 9 de septiembre en Bogotá, cuando el abogado Javier Ordóñez fue reducido violentamente por los patrulleros procesados, por lo cual ambos están vinculados a esta audiencia disciplinaria y a investigaciones penales en la justicia ordinaria.

“Se dio a conocer que dos uniformados adscritos a la policía metropolitana de Bogotá abordaron a un ciudadano -Ordóñez- en el barrio Villaluz. Así mismo, se señala que esta persona fue agredida con puños y patadas por parte de los policiales que atendieron el procedimiento”, contó la delegada de policía judicial. Luego, identificó a los policías Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda como presuntos responsables de la muerte de Ordóñez. Para sustentar este punto, desplegó una serie elementos materiales probatorios que, en poder de la Policía Nacional, se aportarían al expediente disciplinario.

Entre los elementos que probarían la presunta responsabilidad de los patrulleros por los cargos en contra del abogado, se encuentran copias de CD y DVD de cámaras de seguridad, en especial del CAI Villaluz donde Javier Ordoñez fue llevado luego de ser sometido con descargas de taser. También testimonios de uniformados de la policía, actas de asignación del dispositivo de disparo y registros que indicarían que Rodríguez y Lloreda desempeñaban sus funciones aquella madrugada.

Seguido de esto, la delegada de policía judicial leyó el informe correspondiente al patrullero Juan Camilo Lloreda. Detalló información correspondiente a los dos cargos por los que está inmerso en el proceso disciplinario: abuso de la autoridad mediante acto arbitrario e injusto, y homicidio. Sobre el primer tema, se indicó que la conducta del patrullero Lloreda sí coincide en las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales Javier Ordóñez murió. Además, configuró toda una serie de normas que presuntamente el patrullero violó en el barrio Villa Luz, de Bogotá.

“El código penal colombiano, ley 599 de 2001, en su articulo 416 tipifica bajo el titulo abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto el comportamiento del servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conducta punible con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario o injusto incurrirá en multa y perdida del empleo. Un abuso consiste en tratar a una persona de manera impropia, ilícita o ilegal”, consideró la delegada de policía judicial.

La misma funcionaria hizo una reconstrucción de los hechos, a partir de testimonios de testigos. Recordó el rol que Lloreda Cubillos debía cumplir ante la sociedad, ante los hechos que se aprecian en el video que circuló en las redes sociales. Además, se contó que él fue instruido en la utilización del taser y llevaba seis años en la institución policial. “Se convierte en un acontecimiento reprochable, máxime cuando posiblemente no haya una justificación. Así las cosas encuentro en esta instancia que con relación al cargo indicado para Lloreda Cubillos se configura a titulo provisional de dolo”, aseguró.

Luego, la delegada hizo el mismo procedimiento con el segundo cargo que presuntamente se le atribuye al patrullero Juan Camilo Lloreda: homicidio. Para esto, el despachó puntualizó que no habría principio de proporcionalidad y, además, que en realidad el actuar del abogado Javier Ordóñez no representaba un peligro para la vida del policía. Para esto, se analizaron pruebas digitales y testimoniales, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, un DVD de la noche en que el abogado fue llevado hasta el CAI Villaluz de Bogotá. También se le configuró el cargo provisionalmente a titulo de dolo, es decir, Lloreda habría actuado con voluntad deliberada.

En ese momento, la videollamada se cayó y se ordenó una pausa por parte del procurador delegado. Cuando la funcionaría pudo conectarse de nuevo, el patrullero Harby Rodríguez pidió la inclusión de su abogado, el señor Jorge Alberto Páramo, quien recién llegaba al establecimiento carcelario de Facatativá. Sin embargo, el defensor Páramo acompaño a Rodríguez solo por unos minutos, pues pidió la suspensión de la audiencia -asegurando que no había leído la integralidad del expediente- y se marchó diciendo que tenía una diligencia en Bogotá y que necesitaba que le compartieran el enlace de la videollamada.

El procurador delegado negó la solicitud de suspensión, de nuevo, y le pidió a la funcionaría de policía judicial que continuara leyendo el auto de citación a audiencia. Fue, entonces, el turno de Harby Rodríguez. El segundo patrullero corrió con la misma suerte que Juan Camilo Lloreda, pues le fueron leídos contenidos similares a lo expresado en el transcurso de la diligencia. "Al parecer -Rodríguez- excedió los limites autorizados, situación que posiblemente establecería un presunto abuso de autoridad. Este despacho considera que este actuar no era estrictamente necesario ni legitimo, al estar esta persona ya controlada. Sin embargo, se evidencia durante el desarrollo del video agresiones físicas a su humanidad”, narró Aura Fajardo.

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“Por lo tanto, se convierte en un acontecimiento reprochable, máxime cuando posiblemente no hay una justificación. Así las cosas, encuentra esta instancia que con relación al cargo indicado al señor patrullero Harby Damián Rodríguez -abuso de la autoridad- la forma de culpabilidad se considera de forma provisional a titulo de dolo. El investigado posiblemente fue consiente de la acción que se materializó respecto a presuntamente cometer un abuso de autoridad en la extralimitación del uso de la fuerza frente al señor Javier Ordóñez, que en paz descanse”, agregó la funcionaría. Además, citó constantemente las palabras que el abogado repetía en el suelo y que no fueron escuchadas por los policías: “Por favor, no más”.

Por último, al patrullero Harby Rodríguez también se le considero, provisionalmente, a titulo de dolo el cargo por homicidio que está enfrentando. El procurador delegado convocó a ambos policías procesados para que rindieran versión libre, aunque Lloreda no contaba con abogado de confianza ni de oficio y el apoderado de Rodríguez estaba conduciendo su automóvil en plena audiencia. Ambos se negaron a realizar tal trámite. Entonces, viendo la situación, el agente del ministerio público decidió suspender la diligencia disciplinaria, indicando que debía garantizarse el debido proceso de los policías.