Los 'pecados' de Chiquita Brands

Desde el segundo trimestre del año 2000 la multinacional Chiquita Brands supo de los pagos a las autodefensas por parte de su filial en Colombia, Banadex, luego de que altos funcionarios de Chiquita se desplazaran a Colombia para constatar pagos irregulares a una Convivir. Chiquita echó mano de conceptos jurídicos para disimular su patrocinio a los paramilitares, y en el contexto de la violencia de la convulsionada región de Urabá hacer pasar estas contribuciones como una extorsión. Esta fue la conclusión a la que llegó la Fiscalía tras revisar el expediente madre de la llamada ‘paraeconomía’.

La tesis que dejaba en la baranda de las víctimas a la multinacional bananera resultó peregrina para la justicia y, al contrario, lo que documentó el despacho del vicefiscal Jorge Perdomo fue que Chiquita Brands, una vez se descubrió en Estados Unidos lo que ocurría, recibió asesoría legal en la que se concluía que dichos pagos a los ejércitos privados de la casa Castaño no violaban la legislación colombiana. La investigación en contra de la multinacional en EE.UU. terminó con una sanción de US$25 millones, y allí quedó constancia de que miembros de la alta gerencia de Chiquita en Cincinnati sí conocieron de estos aportes ilegales.

Más grave aún, en el año 2003, cuando ya Estados Unidos había incluido a las autodefensas en su lista de organizaciones terroristas internacionales, Chiquita solicitó autorización al gobierno de ese país para continuar con los pagos a los ‘paras’ —3 centavos de dólar por cada caja exportada— y no obstante la negativa dada por el Departamento de Justicia continuó pagándole a la organización criminal por lo menos un año más. La radiografía de este apoyo al paramilitarismo en Urabá quedó consignada en un documento de 89 páginas firmado el pasado 7 de diciembre por el vicefiscal Perdomo. Según él, la investigación de uno de los procesos transversales para destapar la caja de Pandora de la ‘paraeconomía’ estaba repleta de vacíos y yerros.

Durante 17 años, Chiquita Brands les dio a guerrillas y paramilitares dinero para que la multinacional pudiera trabajar en Urabá. En algún momento la contribución fue simultánea. Sin embargo, en 1997, después de una reunión con Carlos Castaño y el entonces gerente general de Banadex, se dejó claro que sólo se les pagaría a las autodefensas. Así ocurrió entre 1997 y 2004, y se tiene probado que Chiquita hizo más de 100 pagos, para un total de US$1,7 millones. Al principio la contribución fue directa a estos ejércitos privados y después se canalizó a través de las Convivir.

Hacia 2002, Chiquita comenzó a pagar directamente a las Auc en la región de Santa Marta. Desde Estados Unidos la presión se hizo más fuerte y en febrero de 2003 un asesor externo le informó a la multinacional que los pagos eran ilegales en virtud de la legislación norteamericana y que debía detenerlos y en el peor de los casos retirarse del negocio en Colombia. Con todas esas consideraciones, Perdomo no se dejó seducir por la tesis de que Chiquita fue obligada bajo amenaza a hacer estos aportes. En contravía de esa perspectiva, Perdomo estableció que muy a pesar de las advertencias los pagos no cesaron y los ‘paras’ incrementaron su violencia gracias a éstos.

En el proceso también se evidenció que había pujas en las autodefensas para administrar los dineros que les daban ganaderos o empresarios en Urabá, al punto que a los de Chiquita les llegaron mensajes de que debían pagarle aparte al bloque Norte en la capital del Magdalena, “porque estaba llegando incompleta la plata que enviaban del Urabá”. La orden de pago la hacía el jefe de seguridad de la filial de Chiquita en Colombia (Banadex), Víctor Julio Buitrago, y era aprobada por el gerente Álvaro Acevedo González. La Convivir Papagayo, de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, manejó todos esos dineros.

En su indagatoria, Acevedo González, gerente de Banadex entre 2002 y 2005, reconoció los pagos a esta Convivir y que tuvo reuniones con su jefe en EE.UU., John Ordman, y el abogado Joel Raymer, a raíz de las discusiones suscitadas en Norteamérica por estas contribuciones que ya se sabía tenían como destino la financiación del paramilitarismo. Según él, se reactivó una cuenta denominada Manager funds, en la que aparecen los pagos hechos de manera directa a las Auc por parte de Banadex. Asimismo, Pedro Bonito amplió sus denuncias y, como delegado de la casa Castaño para administrar la economía de su organización en Urabá, relató que allí nunca hubo extorsión sino un acuerdo de voluntades.

Las Convivir fueron apéndices de las autodefensas; bananeros, ganaderos y comerciantes aportaron todos; las comercializadoras Uniban, Banacol, Sunisa, Proban, Del Monte, Banadex y Augura cancelaron dineros con conocimiento de que iban hacia los paramilitares; ninguna de estas firmas denunció supuestas extorsiones, entre otras cosas, le reveló a la justicia Pedro Bonito. Informes contables contrastados sobre las operaciones de las Convivir demostraron inconsistencias con los reportes que habían sido maquillados para esconder los aportes ilegales. Con una perla más: en el acuerdo celebrado entre Chiquita y el Departamento de Justicia de EE.UU, en el que la multinacional fue sancionada, se admitió que ninguna Convivir prestó servicios de seguridad.

En ese mismo acuerdo se recordó que suficientemente advertida estaba Chiquita Brands sobre la continuación de los aportes al grupo ilegal, que en Estados Unidos el caso no se vio como el resultado de una coacción de un grupo ilegal, “ya que la compañía tenía una opción legítima: retirarse de Colombia”. En conclusión, el vicefiscal reprochó la falta de investigación integral por parte de una fiscal de Medellín que el 6 de marzo pasado exoneró de toda responsabilidad a los representantes de Chiquita en Colombia. En ese contexto, se ordenó investigar a las comercializadoras Del Monte, Sunisa, Olinsa, Proban, Uniban y Dole, mencionadas por Raúl Hasbún.

También se dispuso recopilar información contable de las Convivir Nueva Luz, Papagayo, Churidó, Chigorodó Alegre y La Tagua del Darién, así como establecer la identidad de 148 personas que, según un informe judicial, aparecen relacionados como terceros benificiarios de pagos a los ‘paras’. La próxima semana el caso será trasladado a Bogotá a la Unidad de Derechos Humanos. Voceros de Chiquita en Colombia se declararon respetuosos de la justicia, pero manifestaron que existen evidencias contundentes que demuestran que Chiquita fue obligada a pagarle al grupo ilegal y por esa razón el Departamento de Justicia decidió no formular cargos contra funcionarios o empleados de Chiquita.

En Twitter: @jdlaverde9

Desde el segundo trimestre del año 2000 la multinacional Chiquita Brands supo de los pagos a las autodefensas por parte de su filial en Colombia, Banadex, luego de que altos funcionarios de Chiquita se desplazaran a Colombia para constatar pagos irregulares a una Convivir. Chiquita echó mano de conceptos jurídicos para disimular su patrocinio a los paramilitares, y en el contexto de la violencia de la convulsionada región de Urabá hacer pasar estas contribuciones como una extorsión. Esta fue la conclusión a la que llegó la Fiscalía tras revisar el expediente madre de la llamada ‘paraeconomía’.

La tesis que dejaba en la baranda de las víctimas a la multinacional bananera resultó peregrina para la justicia y, al contrario, lo que documentó el despacho del vicefiscal Jorge Perdomo fue que Chiquita Brands, una vez se descubrió en Estados Unidos lo que ocurría, recibió asesoría legal en la que se concluía que dichos pagos a los ejércitos privados de la casa Castaño no violaban la legislación colombiana. La investigación en contra de la multinacional en EE.UU. terminó con una sanción de US$25 millones, y allí quedó constancia de que miembros de la alta gerencia de Chiquita en Cincinnati sí conocieron de estos aportes ilegales.

Más grave aún, en el año 2003, cuando ya Estados Unidos había incluido a las autodefensas en su lista de organizaciones terroristas internacionales, Chiquita solicitó autorización al gobierno de ese país para continuar con los pagos a los ‘paras’ —3 centavos de dólar por cada caja exportada— y no obstante la negativa dada por el Departamento de Justicia continuó pagándole a la organización criminal por lo menos un año más. La radiografía de este apoyo al paramilitarismo en Urabá quedó consignada en un documento de 89 páginas firmado el pasado 7 de diciembre por el vicefiscal Perdomo. Según él, la investigación de uno de los procesos transversales para destapar la caja de Pandora de la ‘paraeconomía’ estaba repleta de vacíos y yerros.

Durante 17 años, Chiquita Brands les dio a guerrillas y paramilitares dinero para que la multinacional pudiera trabajar en Urabá. En algún momento la contribución fue simultánea. Sin embargo, en 1997, después de una reunión con Carlos Castaño y el entonces gerente general de Banadex, se dejó claro que sólo se les pagaría a las autodefensas. Así ocurrió entre 1997 y 2004, y se tiene probado que Chiquita hizo más de 100 pagos, para un total de US$1,7 millones. Al principio la contribución fue directa a estos ejércitos privados y después se canalizó a través de las Convivir.

Hacia 2002, Chiquita comenzó a pagar directamente a las Auc en la región de Santa Marta. Desde Estados Unidos la presión se hizo más fuerte y en febrero de 2003 un asesor externo le informó a la multinacional que los pagos eran ilegales en virtud de la legislación norteamericana y que debía detenerlos y en el peor de los casos retirarse del negocio en Colombia. Con todas esas consideraciones, Perdomo no se dejó seducir por la tesis de que Chiquita fue obligada bajo amenaza a hacer estos aportes. En contravía de esa perspectiva, Perdomo estableció que muy a pesar de las advertencias los pagos no cesaron y los ‘paras’ incrementaron su violencia gracias a éstos.

En el proceso también se evidenció que había pujas en las autodefensas para administrar los dineros que les daban ganaderos o empresarios en Urabá, al punto que a los de Chiquita les llegaron mensajes de que debían pagarle aparte al bloque Norte en la capital del Magdalena, “porque estaba llegando incompleta la plata que enviaban del Urabá”. La orden de pago la hacía el jefe de seguridad de la filial de Chiquita en Colombia (Banadex), Víctor Julio Buitrago, y era aprobada por el gerente Álvaro Acevedo González. La Convivir Papagayo, de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, manejó todos esos dineros.

En su indagatoria, Acevedo González, gerente de Banadex entre 2002 y 2005, reconoció los pagos a esta Convivir y que tuvo reuniones con su jefe en EE.UU., John Ordman, y el abogado Joel Raymer, a raíz de las discusiones suscitadas en Norteamérica por estas contribuciones que ya se sabía tenían como destino la financiación del paramilitarismo. Según él, se reactivó una cuenta denominada Manager funds, en la que aparecen los pagos hechos de manera directa a las Auc por parte de Banadex. Asimismo, Pedro Bonito amplió sus denuncias y, como delegado de la casa Castaño para administrar la economía de su organización en Urabá, relató que allí nunca hubo extorsión sino un acuerdo de voluntades.

Las Convivir fueron apéndices de las autodefensas; bananeros, ganaderos y comerciantes aportaron todos; las comercializadoras Uniban, Banacol, Sunisa, Proban, Del Monte, Banadex y Augura cancelaron dineros con conocimiento de que iban hacia los paramilitares; ninguna de estas firmas denunció supuestas extorsiones, entre otras cosas, le reveló a la justicia Pedro Bonito. Informes contables contrastados sobre las operaciones de las Convivir demostraron inconsistencias con los reportes que habían sido maquillados para esconder los aportes ilegales. Con una perla más: en el acuerdo celebrado entre Chiquita y el Departamento de Justicia de EE.UU, en el que la multinacional fue sancionada, se admitió que ninguna Convivir prestó servicios de seguridad.

En ese mismo acuerdo se recordó que suficientemente advertida estaba Chiquita Brands sobre la continuación de los aportes al grupo ilegal, que en Estados Unidos el caso no se vio como el resultado de una coacción de un grupo ilegal, “ya que la compañía tenía una opción legítima: retirarse de Colombia”. En conclusión, el vicefiscal reprochó la falta de investigación integral por parte de una fiscal de Medellín que el 6 de marzo pasado exoneró de toda responsabilidad a los representantes de Chiquita en Colombia. En ese contexto, se ordenó investigar a las comercializadoras Del Monte, Sunisa, Olinsa, Proban, Uniban y Dole, mencionadas por Raúl Hasbún.

También se dispuso recopilar información contable de las Convivir Nueva Luz, Papagayo, Churidó, Chigorodó Alegre y La Tagua del Darién, así como establecer la identidad de 148 personas que, según un informe judicial, aparecen relacionados como terceros benificiarios de pagos a los ‘paras’. La próxima semana el caso será trasladado a Bogotá a la Unidad de Derechos Humanos. Voceros de Chiquita en Colombia se declararon respetuosos de la justicia, pero manifestaron que existen evidencias contundentes que demuestran que Chiquita fue obligada a pagarle al grupo ilegal y por esa razón el Departamento de Justicia decidió no formular cargos contra funcionarios o empleados de Chiquita.

En Twitter: @jdlaverde9