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El video muestra una gran carpa blanca bajo la que se resguardan de la intemperie tres filas de camarotes. En total, debe haber 50 camas y, por las condiciones, bien podría ser un campamento de refugiados en una zona de guerra. Pero es el lugar en el que duermen los trabajadores de una de las minas más grandes del sur de Córdoba, operada por la empresa Carbomas. La grabación fue publicada en marzo de 2020 en la página de Facebook de Voces de Córdoba, portal en el que eran frecuentes las denuncias contra las grandes empresas mineras de la región y que dirigía el periodista Rafael Moreno, asesinado el 16 de octubre de 2022.
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Luego de su homicidio, un consorcio de más de 30 periodistas continuamos su trabajo bajo la coordinación de Forbidden Stories, una organización dedicada a sacar adelante las investigaciones de periodistas amenazados y asesinados. En la página de Voces de Córdoba, con 42.000 seguidores ―casi el número de habitantes de Puerto Libertador, donde él creció―, Moreno publicaba constantemente sobre las grandes mineras que se han asentado en su municipio y toda la región. En los seis meses que han pasado desde su asesinato, hallamos más irregularidades e incumplimientos y, en muchos casos, encontramos evidencias que confirman sus denuncias.
Una de ellas es la que hizo a través de ese mismo perfil y desde su cuenta personal, en noviembre de 2021, cuando comenzó a compartir videos en los que se observan grandes nubes de polvo rosado salir de la planta de la minera de ferroníquel Cerro Matoso para advertir que estaban contaminando el aire. Días más tarde, la empresa emitió un comunicado asegurando que las grabaciones correspondían a “hechos del pasado, algunos incluso de hace años”. También denunció incumplimientos a los acuerdos que había llegado esa compañía con las comunidades locales y sobre el estado de salud de los trabajadores de la planta.
En una región donde la minería a gran escala produce empleos y las administraciones municipales confían en las regalías como una de sus fuentes de ingresos, a Rafael Moreno lo criticaron hasta el día de su muerte, siempre sin pruebas. El periodista insistió en fiscalizar la extracción de minerales de su territorio, como dijo en un video que publicó en junio de 2022, porque es: “Importante para los que nos preocupa la salud de nuestros hijos, para los que vemos las actuaciones de estas empresas como una amenaza para nuestro futuro, para nuestro ecosistema”. Ahogado por las amenazas, en octubre de 2022 entró en contacto con Forbidden Stories.
En una llamada con el equipo francés el día 7 de ese mes, una semana antes de que lo asesinaran, Moreno dijo que estaba trabajando en “temas de medio ambiente” y aseguró tener “una investigación muy rigurosa”. A los pocos días, tenía pensado viajar a Bogotá a reunirse con Forbidden Stories para hacer parte de la SafeBox Network, una herramienta que le permite a periodistas amenazados tener su información en un lugar seguro por si llegara pasarles algo. Moreno no pudo hacer ese viaje, pues dos sicarios en moto lo mataron al frente de su oficina en Montelíbano. Este consorcio, sin embargo, continuó con su trabajo sobre tres grandes mineras en Córdoba.
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¿Carbón sin licencia?
Que se trataba de información “estratégica y reservada”. Ese fue el argumento de Carbomas para negarse a entregarle a Rafael Moreno las licencias ambientales y los títulos mineros con los que el Estado colombiano debía avalar su extracción de minerales en Córdoba. Luego de hacer varias publicaciones en abril de 2022 sobre las condiciones laborales y sospechando que la mina operaba sin licencias, el periodista radicó un derecho de petición en el que pedía acceso a esos documentos. La empresa le contestó en mayo que “no se encuentra en obligación de suministrar” ese tipo de información.
Voces de Córdoba publicó esa respuesta en junio, acompañada de un texto en el que advierte que “la empresa oculta información por temor a dejar al descubierto irregularidades” que rodeaban su “nuevo frente de explotación”. Por ejemplo, denunció que Carbomas no había realizado consulta previa con las poblaciones indígenas de su zona de influencia y que tampoco había hecho una socialización con las comunidades no étnicas, siendo ambos requisitos para operar. Además, que al lugar donde estaba ubicado este nuevo lugar de extracción de minerales, en la vereda San Mateo, solo podía accederse por una vía terciaria no apta para camiones de carga.
El periodista hizo cuatro publicaciones más en junio denunciando irregularidades en la carbonera y pidiendo acciones, con nombre propio, del representante legal de la compañía, Homero Gómez Amaya. Las publicaciones se detuvieron ese mes. Al cabo de unos días, el 2 de julio, mientras Rafael Moreno recorría Montelíbano haciendo reportería, encontró una amenaza escrita en un papel en el baúl de su moto. Al lado de la nota había una bala. Él denunció en la Fiscalía y en sus redes sociales, pero la investigación nunca despegó. Tres días más tarde, el 5 de ese mismo mes, el periodista le envió una nueva carta a Carbomas.
En cinco líneas les dijo que desistía del derecho de petición que había enviado en abril y pedía que archivaran su solicitud. Aunque no hay manera de vincular este desistimiento, un recurso extraño y poco usado por periodistas, con la amenaza que recibió, lo cierto es que después de ese hecho Rafael Moreno no volvió a publicar más sobre Carbomas. El equipo de Forbidden Stories revisó el computador del periodista y no halló más documentos sobre esta empresa después de esta fecha. Ahora bien, los documentos que había pedido y a los que la compañía le negó el acceso, sí son públicos.
Este consorcio pudo establecer que, para la época de las publicaciones de Moreno, la mina La Estrella, el nuevo proyecto de Carbomas en la región, no contaba con licencia ambiental y, para ese fecha, según las publicaciones de Voces de Córdoba y otras evidencias, ya había explotación de carbón. La empresa recibió en febrero de 2022 el contrato de concesión para trabajar en las veredas San Mateo y Puerto Anchica de Montelíbano. Solo hasta junio, inició el proceso de licenciamiento ambiental. Finalmente, la licencia fue expedida en noviembre de 2022, como lo confirman los papeles en poder de este consorcio. Cinco meses después de que Moreno denunciara la explotación sin licencia en esta mina.
El Organized Crimen and Corruption Reporting Project (OCCRP), miembro del equipo periodístico de este proyecto, obtuvo imágenes satelitales de Planet Labs que darían cuenta que, cuando Rafael Moreno hizo sus publicaciones en 2022, de esta mina ya se estaba extrayendo carbón. Es decir, que estaba en fase de explotación sin licencia ambiental. “Esta imagen muestra claramente que la mina estaba en fase de explotación, dado el avanzado nivel de deforestación y la presencia de cavidades”, explicó Guadalupe García, directora del Observatorio de Industrias Extractivas, con sede en Guatemala. Otra fuente, que habló bajo reserva, confirmó que la imagen sería la evidencia de que la mina ya estaba en explotación.
Al responder un cuestionario enviado por este consorcio, la empresa Carbomas confirmó que no le respondió a Rafael Moreno. Según la minera, los privados no están obligados a contestar derechos de petición. Además, acusó falsamente al periodista cordobés de pedirle información “netamente comercial” y dijo que Moreno nunca especificó que estaba hablando del proyecto minero La Estrella. Si bien esto último es cierto, en una revisión de las denuncias de Voces de Córdoba sobre posibles irregularidades de esta empresa, este consorcio halló que había suficiente evidencia de que Moreno se refería a este proyecto en concreto.
Por ejemplo, habla de un “nuevo frente de explotación”, mientras que los otros dos títulos mineros que opera Carbomas en Córdoba, El Congo y Campano, funcionan desde hace varios años. Asimismo, al hacer sus denuncias, Moreno describía que para llegar al lugar se toma la vía que va a la vereda San Mateo, donde está ubicado el proyecto La Estrella. Este consorcio le preguntó directamente a Carbomas por las fechas de las fases de exploración, construcción y explotación del proyecto, ya que para iniciar la última, es obligatorio contar con la licencia ambiental. La empresa se limitó a hacer un recuento del proceso legal, pero no reveló las fechas.
Asimismo, en la licencia ambiental salta a la vista otra de las denuncias de Moreno: la falta de consulta previa. En este caso, el Ministerio del Interior debía certificar si había comunidades indígenas o afro en la zona, con las que se debiera hacer este proceso. El 13 de junio de 2022, la Dirección encargada de este tema le envió a Carbomas un certificado en el que explicó que “no procede” la consulta previa. Sin embargo, al describir el contexto de la región, la licencia con la que hoy opera la mina dice: “En todo el territorio de Montelíbano, incluyendo la zona directa de influencia (de la mina), hay presencia reconocida hasta ahora de 15 cabildos indígenas y un resguardo”.
Incluso, más adelante, la licencia detalla que son ocho “las comunidades étnicas halladas en la zona de influencia”, que pertenecen al pueblo zenú, que la más cercana está asentada apenas a 2.9 kilómetros de la mina, y que también hay comunidades afros en el área. No obstante, nunca se inició un proceso de consulta previa. Carbomas se defendió, asegurando que la entidad encargada certificó que no era necesario este proceso. Sin embargo, en el pasado, la Corte Constitucional ha dejado claro que una certificación del Ministerio del Interior “no es válida para eximirse de la consulta previa cuando se advierta o acredite una afectación directa a un pueblo étnico”.
En su respuesta, Carbomas agregó que ha invertido en el mejoramiento de las vías y escuelas rurales, y que ha generado empleo en la zona. Además, que “ha adelantado diversos espacios de socialización del proyecto minero, desde su inicio y frente a cada uno de los hitos que se han presentado”. En su página web aseguran venderle estos materiales a otras grandes compañías de la región, también señaladas por Moreno, como la minera de ferroníquel Cerro Matoso, que ya ha estado en los estrados judiciales por los daños que genera su actividad en la salud de las personas y en el ambiente. Algo que, al parecer, no ha cambiado mucho.
Los efectos de la minería a gran escala
Tras el comunicado en el que Cerro Matoso aseguró que las grabaciones y denuncias de contaminación en su planta eran viejas, Rafael Moreno volvió a la mina. Desde allí, en noviembre de 2021, hizo un nuevo video a unos tres kilómetros de la planta de ferroníquel y la escena es la misma de sus publicaciones previas: el paisaje de la sabana cordobesa es interrumpido por una nube gruesa de polvo, entre rojizo y amarillo. “Esa calcina es la que perjudica a las comunidades”, dice Organis Cuadrado, socio de Moreno, en otro video. La empresa, sin embargo, insiste en que su operación no afecta al medio ambiente ni la salud de los locales.
Es una situación que no han admitido, ni con una millonaria multa que Cerro Matoso pagó sin chistar en 2020 por contaminación del aire; ni con una demanda de antiguos trabajadores que alegan sufrir afectaciones en su salud; ni tras haber pérdido una batalla jurídica ante la Corte Constitucional por cuenta de una tutela histórica, que por poco detiene su operación en 2017. Como le dijo a este consorcio el cacique zenú Israel Aguilar, del cabildo del Alto San Jorge, quien lideró ese litigio: “La empresa sigue diciendo que tiene todo bajo control y que no hay contaminación. Pero cada vez que sopla el viento de allá para acá, partículas y micropartículas llegan hasta acá”.
Para la misma época del comunicado desmintiendo a Moreno, Cerro Matoso se defendía para no recibir una millonaria multa por contaminar el aire. La Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y el San Jorge sancionó a la empresa en 2020 por sus altas emisiones de material particulado y, tras una apelación, la misma entidad confirmó la decisión en 2022. Aunque la minera argumentó que se trataba de un hecho aislado, la Corporación Autónoma visitó la mina y comprobó, allí mismo, que se estaba contaminando, por encima de lo permitido. La minera terminó pagando $135 millones, luego de insistir en que “cumple con la normatividad ambiental”.
Con 84,989 hectáreas ―más de dos veces la extensión de Medellín―, Cerro Matoso es una de las minas de ferroníquel más grandes del mundo, según la oenegé German Watch. En los últimos años, la empresa ha acaparado titulares porque en 2017, la Corte Constitucional anuló su licencia ambiental, le ordenó hacer una consulta previa con los pueblos étnicos y atender a sus miembros que tuvieran afectaciones en salud. Precisamente, desde 2019 Rafael Moreno denunció un brote de dermatitis en habitantes de municipios aledaños a la mina, y su colega, Organis Cuadrado, publicó sobre la presencia de metales pesados en la sangre de trabajadores de la compañía.
En seis años, Cerro Matoso ha avanzado en algunos frentes, pero la Procuraduría sostiene que el tema de salud ha quedado relegado, situación que denunció Rafel Moreno. La Corte le ordenó a la minera atender a los demandantes con enfermedades como cáncer de pulmón y otras, potencialmente relacionadas con la minería, pues Medicina Legal identificó 149 casos. A la fecha, la empresa solo atendió a una paciente, que falleció hace poco. Como escribió la procuradora delegada para la salud, Diana Margarita Ojeda, en un informe que envió a la Corte en agosto pasado: “(la empresa) sí puede actuar de manera más proactiva y no puede continuar como sujeto pasivo”.
Cerro Matoso, consultada por este consorcio, aseguró que ha cumplido todas las órdenes de la Corte Constitucional “a cabalidad”. Frente a la calidad del aire, sostuvo que tiene estaciones de monitoreo que puede consultar cualquier ciudadano en su página web y que durante 2022 siempre registraron material particulado que cumplen con las normas. Y añadió: “Sobre eventos puntuales de emisión de material, estos han ocurrido debido a fallas técnicas de los equipos que, mientras se estabilizan, generan estas emisiones por un lapso corto de tiempo (...) Lo relevante es señalar que, a pesar de estos episodios, la empresa ha dado cumplimiento a los estándares de límites permisibles para material particulado, establecidos en Colombia, de forma anual”.
La minera defendió que solo ha atendido a una persona en su IPS porque es la única que lo solicitó. Al margen de lo que los obliga la sentencia, explicaron, le han brindado atención a las comunidades en su Clínica Mina, ubicada al interior de la planta. “Se han atendido de forma gratuita y voluntaria a cerca de 7.500 personas residentes en las comunidades, es decir, cuatro personas en promedio cada día”, señaló. A su vez, escribió que en el proceso en la Corte nunca se probó la correlación entre las enfermedades que sufren estas comunidades y la actividad extractiva y que estudios contratados por ellos atribuyen a las “condiciones de vida de las comunidades”.
Los dueños de esta mina, la multinacional australiana South 32, están al tanto de estos líos. Documentos que han radicado en Estados Unidos y en su país de origen dan cuenta de las amenazas a los derechos humanos de su actividad. Ejemplo de esto es un informe sobre esclavitud en sus cadenas de suministro, que deben presentar las empresas en Australia. En él, una auditoría contratada por la minera encontró que hay riesgos de esclavitud moderna en las compañías colombianas que abastecen de carbón a Cerro Matoso. Entre ellas, hoy sabemos, está Carbomas, empresa que el periodista Moreno también señaló de tener precarias condiciones laborales.
Además de llamar la atención sobre la precariedad laboral en las minas y los daños al ambiente, Rafael Moreno se puso del lado de las comunidades afectadas por estos grandes proyectos. Como en El Alacrán, donde Moreno vivió cuando niño y en el que la mayoría de sus 1.200 pobladores se dedican a la minería tradicional. Aunque buscaron formalizarse, la Agencia Nacional de Minería les negó la licencia y, en cambio, se la aprobó, para explotar el mismo yacimiento, a Cordoba Minerals, una multinacional que ya controla la mitad de los títulos mineros en el departamento, según encontró una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
En una de sus publicaciones, Moreno hablaba de la ironía de defender la presencia de estas compañías en la región solamente por las regalías que les dejan a los municipios. Ponía como ejemplo el caso de un corregimiento de Puerto Libertador, donde hay un gran parque construido con recursos que las empresas han girado. Y apuntaba: “¿De qué sirve un parque cuando la gente está aguantando hambre?”. Si bien el Sistema General de Regalías le asignó $228 mil millones a Córdoba entre 2020 y 2023, esos recursos no necesariamente se han traducido en una mejor calidad de vida para la gente, pues a 2021, el 26,9 % de su población vivía en pobreza, según el DANE.
Así, seis meses de investigación de 30 periodistas han logrado corroborar y ampliar muchas de las denuncias que hizo Rafael Moreno, o que no alcanzó a publicar, porque su vida la segaron las balas. El homicidio permanece en total impunidad, pues no ha sido capturado ni siquiera el sicario que le disparó. Entretanto, en Córdoba, los periodistas no quieren “terminar como Rafael”, como le dijo un colega de Moreno a este consorcio; son menos frecuentes denuncias como las que él hacía y algunos medios han cerrado. Este proyecto, sin embargo, se hizo con la premisa que explicó Laurent Richard, director de Forbidden Stories, en este editorial: “A los asesinos de Rafael Moreno: se equivocaron. Mataron al mensajero. Pero no matarán el mensaje”.
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