Los peligros de la legítima defensa y otros peros a la Ley de Seguridad Ciudadana
La criminalización del uso de capuchas en protestas, el delito de portar armas blancas y otras novedades que introdujo la nueva ley son vistas con temor por abogados y expertos. Advierten de un error en el trámite que podría llevar a que la Corte Constitucional tumbe la norma.
La Ley de Seguridad Ciudadana (2197 de 2022), que entró en vigor esta semana tras recibir la firma del presidente Iván Duque, no ha caído bien entre abogados penalistas, criminólogos y expertos en seguridad. El sentimiento general es que, escudándose en proteger el orden público, la iniciativa del Gobierno acude a viejas fórmulas que no funcionan, como aumentar las penas para algunos delitos, y en donde parece innovar, como en ampliar la legítima defensa, estaría creando peligros mortales. En El Espectador le contamos las claves para entender la polémica detrás de la nueva norma.
¿Qué es la legítima defensa privilegiada?
En el Código Penal se define la legítima defensa como la necesidad de defender sus derechos ante una agresión inminente. Por ejemplo, la Fiscalía concluyó que había legítima defensa el sonado caso del médico que mató a tres ladrones en Bogotá con su arma de fuego, cuando intentaron robarlo en un puente peatonal. Pero la nueva Ley de Seguridad Ciudadana amplía este concepto y crea el de “legítima defensa privilegiada”.
Esta defensa se podrá ejercer contra extraños que entren en “propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado”. Y la Ley añade: “La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”. Abogados penalistas han cuestionado que esto desdibuja la naturaleza jurídica de la legítima defensa y consideran que puede volverse peligroso. Para Beatriz Molina, abogada de la firma CMS Rodríguez-Azuero esto puede llevar a que “los enfrentamientos entre ciudadanos se pueden tornar más violentos y fatales”.
A su vez, la nueva Ley regula el proceso de porte de armas para particulares, “para defensa personal”. No obstante, en noviembre de 2021, el profesor de la Universidad de los Andes Michael Weintraub advertía en una columna en La Silla Vacía que la evidencia sugiere que permitir el uso de fuerza letal no reducen los delitos y, por el contrario, suelen aumentar la violencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, el porte de armas ha aumentado los homicidios entre un 10 y un 30%.
Nuevos delitos
La Ley de Seguridad Ciudadana, además, crea nuevos delitos, como el porte de arma blanca o la obstrucción a la función pública. Ahora será un crimen en Colombia portar cuchillos u objetos punzantes en eventos masivos o impedirle a algún servidor público hacer su trabajo. Para Francisco Bernate, profesor y presidente del Colegio de Abogados Penalistas “estos nuevos son demasiado amplios y esta ley no tuvo un debate serio profundo. Así lo demuestra su aprobación en tan poco tiempo”.
Asimismo, el penalista subraya que se está criminalizando el uso de la capucha en manifestaciones públicas y que esto puede poner en riesgo el derecho a la protesta. En concreto, se refiere al artículo 16 de la nueva Ley, que aumenta la pena del delito de obstrucción a vía pública que afecte el orden público. Por este delito del Código Penal han sido judicializados manifestantes en el pasado y la Ley de Seguridad Ciudadana del presidente Duque agrava la pena, “cuando se empleen mascaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten”.
Aumentar las penas no sirve
Ahí no para. La Ley aumenta las penas para varios delitos cuando se cometan contra funcionarios, en especial contra la Fuerza Pública. En su columna, el profesor Weintraub explicaba que, “sistemáticamente, se ha encontrado que estas medidas no suelen reducir el crimen. Hace varias décadas y en varios contextos como Estados Unidos, Italia, y el Reino Unido, se ha encontrado que los aumentos en las penas no tienen efecto en las tasas de criminalidad”.
En la misma línea, la abogada Molina se preocupa por el efecto que el aumento de las penas pueda tener sobre las cárceles. “Esta Ley terminaría agravando el estado de hacinamiento en las cárceles, generando menos oportunidades de resocialización, mayor desigualdad y problemas sociales cuando los condenados salgan de prisión, desconociendo los principios propios del modelo de Estado Social de derecho y va en contravía del Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025, en donde se hace énfasis en la resocialización como fin esencial de las penas”, explicó.
Concepto del Consejo Superior de Política Criminal
Por todos estos elementos muchos conocedores apuntan a que la Ley podría caerse en la Corte Constitucional, si es demandada. Sin embargo, Bernate y otros abogados anticipan que la Corte podría tumbar la Ley de Seguridad Ciudadana por un error en el trámite que se surtió en el Congreso: todos los proyectos de ley que traten sobre nuevos delitos, aumento de penas y temas relacionados con la criminalidad deben tener el visto bueno del Consejo Superior de Política Criminal (CSPC) antes de ser discutidos. En este caso, todo apunta a que el documento llegó después.
El concepto con el que el Consejo Superior le dio la bendición a la Ley fue aprobado el 13 de diciembre de 2021. Sin embargo, el primer debate que tuvo este proyecto de ley en el Senado ocurrió el 9 de diciembre. Cuatro días antes. “¿Por qué el concepto del CSPC fue posterior a su radicación e, incluso, a su aprobación por las comisiones de Senado y Cámara?”, se preguntó en Twitter el abogado Andrés Díaz, citando una sentencia en la que la Corte Constitucional dejó explícito que los conceptos deben ser previos a que inicie el trámite del proyecto en el Congreso.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Ley de Seguridad Ciudadana (2197 de 2022), que entró en vigor esta semana tras recibir la firma del presidente Iván Duque, no ha caído bien entre abogados penalistas, criminólogos y expertos en seguridad. El sentimiento general es que, escudándose en proteger el orden público, la iniciativa del Gobierno acude a viejas fórmulas que no funcionan, como aumentar las penas para algunos delitos, y en donde parece innovar, como en ampliar la legítima defensa, estaría creando peligros mortales. En El Espectador le contamos las claves para entender la polémica detrás de la nueva norma.
¿Qué es la legítima defensa privilegiada?
En el Código Penal se define la legítima defensa como la necesidad de defender sus derechos ante una agresión inminente. Por ejemplo, la Fiscalía concluyó que había legítima defensa el sonado caso del médico que mató a tres ladrones en Bogotá con su arma de fuego, cuando intentaron robarlo en un puente peatonal. Pero la nueva Ley de Seguridad Ciudadana amplía este concepto y crea el de “legítima defensa privilegiada”.
Esta defensa se podrá ejercer contra extraños que entren en “propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado”. Y la Ley añade: “La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”. Abogados penalistas han cuestionado que esto desdibuja la naturaleza jurídica de la legítima defensa y consideran que puede volverse peligroso. Para Beatriz Molina, abogada de la firma CMS Rodríguez-Azuero esto puede llevar a que “los enfrentamientos entre ciudadanos se pueden tornar más violentos y fatales”.
A su vez, la nueva Ley regula el proceso de porte de armas para particulares, “para defensa personal”. No obstante, en noviembre de 2021, el profesor de la Universidad de los Andes Michael Weintraub advertía en una columna en La Silla Vacía que la evidencia sugiere que permitir el uso de fuerza letal no reducen los delitos y, por el contrario, suelen aumentar la violencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, el porte de armas ha aumentado los homicidios entre un 10 y un 30%.
Nuevos delitos
La Ley de Seguridad Ciudadana, además, crea nuevos delitos, como el porte de arma blanca o la obstrucción a la función pública. Ahora será un crimen en Colombia portar cuchillos u objetos punzantes en eventos masivos o impedirle a algún servidor público hacer su trabajo. Para Francisco Bernate, profesor y presidente del Colegio de Abogados Penalistas “estos nuevos son demasiado amplios y esta ley no tuvo un debate serio profundo. Así lo demuestra su aprobación en tan poco tiempo”.
Asimismo, el penalista subraya que se está criminalizando el uso de la capucha en manifestaciones públicas y que esto puede poner en riesgo el derecho a la protesta. En concreto, se refiere al artículo 16 de la nueva Ley, que aumenta la pena del delito de obstrucción a vía pública que afecte el orden público. Por este delito del Código Penal han sido judicializados manifestantes en el pasado y la Ley de Seguridad Ciudadana del presidente Duque agrava la pena, “cuando se empleen mascaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten”.
Aumentar las penas no sirve
Ahí no para. La Ley aumenta las penas para varios delitos cuando se cometan contra funcionarios, en especial contra la Fuerza Pública. En su columna, el profesor Weintraub explicaba que, “sistemáticamente, se ha encontrado que estas medidas no suelen reducir el crimen. Hace varias décadas y en varios contextos como Estados Unidos, Italia, y el Reino Unido, se ha encontrado que los aumentos en las penas no tienen efecto en las tasas de criminalidad”.
En la misma línea, la abogada Molina se preocupa por el efecto que el aumento de las penas pueda tener sobre las cárceles. “Esta Ley terminaría agravando el estado de hacinamiento en las cárceles, generando menos oportunidades de resocialización, mayor desigualdad y problemas sociales cuando los condenados salgan de prisión, desconociendo los principios propios del modelo de Estado Social de derecho y va en contravía del Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025, en donde se hace énfasis en la resocialización como fin esencial de las penas”, explicó.
Concepto del Consejo Superior de Política Criminal
Por todos estos elementos muchos conocedores apuntan a que la Ley podría caerse en la Corte Constitucional, si es demandada. Sin embargo, Bernate y otros abogados anticipan que la Corte podría tumbar la Ley de Seguridad Ciudadana por un error en el trámite que se surtió en el Congreso: todos los proyectos de ley que traten sobre nuevos delitos, aumento de penas y temas relacionados con la criminalidad deben tener el visto bueno del Consejo Superior de Política Criminal (CSPC) antes de ser discutidos. En este caso, todo apunta a que el documento llegó después.
El concepto con el que el Consejo Superior le dio la bendición a la Ley fue aprobado el 13 de diciembre de 2021. Sin embargo, el primer debate que tuvo este proyecto de ley en el Senado ocurrió el 9 de diciembre. Cuatro días antes. “¿Por qué el concepto del CSPC fue posterior a su radicación e, incluso, a su aprobación por las comisiones de Senado y Cámara?”, se preguntó en Twitter el abogado Andrés Díaz, citando una sentencia en la que la Corte Constitucional dejó explícito que los conceptos deben ser previos a que inicie el trámite del proyecto en el Congreso.
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