Los peros al anuncio de reforma policial de Iván Duque

Este fin de semana, en medio de una ceremonia de ascensos de la Fuerza Pública, el presidente Iván Duque anunció una serie de reformas al Ministerio de Defensa y la Policía. “Le he dado instrucciones claras al ministro Diego Molano para modernizar la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, donde le daremos a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública, un énfasis incuestionable y dentro de ese énfasis el trabajo con nuestra Policía Nacional, donde esté esa cercanía con el ciudadano y la estructura del escrutinio ciudadano a la labor misma”, dijo el primer mandatario en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, junto a la cúpula militar y de Policía.

Este fin de semana, en medio de una ceremonia de ascensos de la Fuerza Pública, el presidente Iván Duque anunció una serie de reformas al Ministerio de Defensa y la Policía. “Le he dado instrucciones claras al ministro Diego Molano para modernizar la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, donde le daremos a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública, un énfasis incuestionable y dentro de ese énfasis el trabajo con nuestra Policía Nacional, donde esté esa cercanía con el ciudadano y la estructura del escrutinio ciudadano a la labor misma”, dijo el primer mandatario en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, junto a la cúpula militar y de Policía.

El anuncio de reforma policial, que es una de las peticiones de los manifestantes del paro nacional y que se hizo a pocas horas de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegara a Colombia a documentar las denuncias de graves abusos policiales, también incluyó que se presentará un proyecto de ley ante el Congreso el próximo 20 de julio, cuando comenzará un nuevo período de sesiones legislativas. Un nuevo estatuto disciplinario, nuevo uniforme, profesionalización del uniformado con énfasis en derechos humanos, entre otros aspectos, harán parte de esta reforma y, según la cabeza del Ejecutivo, serán a “costo cero”.

El Espectador contactó a expertos en seguridad, quienes señalan que de lo que ha puesto sobre la mesa el Gobierno, ya mucho había sido anunciado meses atrás y que se trata de ajustes de forma y no de fondo. Por ejemplo, la propuesta de modificar el nombre del Ministerio de Defensa, el cambio de uniformes y la apertura de una Dirección de Derechos Humanos en la Policía. Néstor Rosanía, director del Instituto de Estudios en Seguridad y Paz y antiguo profesor en la Escuela General Santander de la Policía, señala que las reformas se discutieron internamente en la Policía, en beneficio de ellos, y que nunca se ha consultado a la ciudadanía sobre este asunto.

“Actualmente, los policías reciben formación por parte de coroneles retirados que tienen una doctrina que todavía gira en torno a la lucha del enemigo interno y de la Guerra Fría. Los policías son formados para creer que quienes no estén alineados con cierto ideario político son considerados como amenaza para el Estado. Mientras no se rompa esa cadena de pensamiento en la Policía, va a ser muy difícil que exista un cambio real. Que se propongan la creación de nuevas oficinas en derechos humanos es algo viejo. El hecho de que haya más escritorios no quiere decir que se vayan a respetar los derechos humanos”, advirtió Rosanía.

Dos fuentes que apoyan a la Policía en investigaciones judiciales y que pidieron reserva de sus identidades, señalan que el anuncio del presidente fue un reencauche de pronunciamientos ya hechos por ministros de Defensa y directores de la Policía en medio de las crisis que ha vivido en el último tiempo la institución. “El presidente hizo esto con el fin de darle un mensaje a la CIDH y de que hay voluntad desde la Casa de Nariño, y le resultó, porque muchos medios tomaron este anuncio como una novedad”, dice el investigador privado que apoya a la Policía.

El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, le dijo a este diario en marzo pasado que esta iniciativa estaba siendo sujeto de cambios relacionados con la creación de una comisión que vigilará los procedimientos policiales y las certificaciones en derechos humanos de los uniformados, como parte de un plan integral de transformación. El ponente del proyecto de ley en el Senado, Juan Diego Gómez, habló con este diario y señaló que se estudia la viabilidad de seguir haciendo cambios a la iniciativa legislativa, que fue presentada en diciembre de 2019 por los entonces ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y director de la Policía Óscar Atehortúa.

“Sobre el proyecto de ley, que trata sobre la profesionalización policial, el régimen especial de carrera y normas relacionadas con el bienestar policial, está pendiente de que se fije una fecha para su discusión en segundo debate. Ante la situación del paro nacional y las peticiones de reforma a la Policía, en este momento estudiamos hacer algunas modificaciones o presentar otros proyectos en la próxima legislatura relacionados con la estructura de la entidad, el régimen disciplinario y los recientes anuncios hechos por el presidente. Aún no está claro qué camino se tomará”, señaló el senador del partido Conservador.

¿Un viejo anuncio?

Los días posteriores al 9 de septiembre de 2020, en medio del asesinato de Javier Ordóñez bajo custodia policial y la muerte de diez civiles en enfrentamientos con la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa señaló que las reformas policiales ya estaban en marcha. Carlos Holmes Trujillo señaló a la prensa que “el proceso de transformación viene desde hace meses en el marco de la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Muchos cambios en temas como la profesionalización del servicio de vigilancia, aumentar la incorporación, mejorar procesos de selección y de ascensos, entre otros, fueron ampliamente informados en diciembre (2019), cuando se expidió la política”.

Además, Trujillo anunció cinco ejes para fortalecer ese proceso de transformación: “Educación y formación, con asesoría de la Defensoría del Pueblo y ONU en prevención; promoción y protección de derechos humanos; transparencia e integridad, que se trata de referenciar las mejores prácticas internacionales y mejorar el proceso interno, así como revisar los procesos y protocolos de actuación; gestión humana, que tiene que ver con actualizar los protocolos de incorporación y procesos para mejorar la calidad de vida y bienestar de los policías y, por último, el fortalecimiento tecnológico, que es transversal y busca mejorar el acceso de información para fortalecer la interacción con el ciudadano”.

Cuando los medios de comunicación le preguntaron a Trujillo que cuándo se verían en concreto esos cambios, el ministro manifestó que las reformas se darían progresivamente. Una respuesta similar a la que dio en marzo de este año el general Vargas. Durante una rueda de prensa, en la que mostraron el nuevo diseño de los uniformes policiales, el alto oficial aseguró que ese cambio, como va en camino “ya es una realidad, y que lo que le comunicaremos a la sociedad es las fechas puntuales donde cada cosa se presentará. Esto es una reforma de cara a la ciudadanía, de una policía que siempre está en la búsqueda de mejorar sus estándares”.

La reunión con Vivanco

En medio de la visita de trabajo de la CIDH, que terminó ayer 10 de junio, el presidente Iván Duque se reunió con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Según la cabeza de esa organización, en la reunión se habló sobre el anuncio de reforma policial y aseguró que el primer mandatario no se inclinaría por mover a la Policía al Ministerio del Interior y quitarle el carácter militarista que ha tenido durante años. "El presidente está bien orientado frente a esta reforma a la Policía. Si se avanza y se concretan estos cambios puede haber un cambio fundamental al país”, comentó Vivanco a Caracol Radio.

Mientras esas reformas a la Policía que propone el Gobierno se terminan de concretar, la CIDH acabó en las últimas horas su trabajo de documentación de las denuncias de abuso policial, entre otros hechos sucedidos en el marco de las protestas. Con esa información, los comisionados entregarán una serie de recomendaciones con el fin de conjurar la crisis social y política que vive el país desde hace más de un mes. Organizaciones sociales y denunciantes de ataques por parte de la Fuerza Pública esperan que el organismo interamericano sea fuerte en su pronunciamiento y se soliciten medidas de fondo.