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El general Henry Sanabria Cely, director de la Policía, no ha terminado de llevar sus cosas a la nueva oficina y ya tiene dos órdenes claras que empezó a dirigir desde el pasado viernes, cuando el presidente Gustavo Petro lo nombró como la cabeza de la institución policial. El alto oficial impartió dos directrices que son importantes en el país, sobre todo por la situación de orden público que ha padecido: suspender la erradicación forzada de cultivos ilícitos y modificar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Aunque el mayor general no ha plasmado bajo resolución sus iniciativas, ya ha dado puntadas de lo que será su administración.
Desde que Sanabria llegó a su cargo los uniformados de la Policía únicamente están autorizados para realizar erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Es decir, la que se hace de manera concertada con comunidades y en busca de que esas acciones contengan enfoques de desarrollo. El oficial, a diferencia de su antecesor, el general Jorge Luis Vargas, quien buscaba que se diera aval para erradicar con glifosato, puso freno de mano para evitar afectaciones y riesgos a los pobladores de las zonas donde existe ese cultivo de uso ilícito y pretende erradicarse.
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El oficial resaltó que, de momento, la directriz dada a la Dirección Antinarcóticos de la Policía fue clara: pedirle a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no continuar con el permiso otorgado para usar el químico. Lo que pretende su administración es “garantizar la menor afectación a las personas que deben menos en el tráfico de drogas”, dijo en una entrevista rendida al diario El Tiempo. La institución, cuando estuvo en cabeza del general Vargas, y bajo el mandato del expresidente Iván Duque, buscó la forma de implementar el uso del glifosato, incluso cuando la propia Corte Constitucional frenó esa intención.
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Por ejemplo, las acciones más recientes se presentaron en marzo de este año, según información de la Dirección de Antinarcóticos, con las pruebas piloto con drones que se hicieron en el Guaviare. Esa iniciativa, aunque se implementó cerrando el mandato de Duque, tuvo trascendencia durante toda su administración al punto de que le dio facultades a esa unidad policial para avanzar, lo que generó una discordia eterna con las comunidades donde se iba a asperjar, porque consideraban que no eran tenidas en cuenta para adelantar ese tipo de labores en su territorio.
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Con el cambio de administración esa pelea parece mermar, pues organizaciones sociales y campesinas recibieron con beneplácito la actual determinación. “Nos complace esta noticia porque lo vemos como un gesto para reducir conflictividades territoriales y para ayudar en la construcción de la paz territorial”, expuso Pedro Arenas, miembro de la Corporación Viso Mutop y exalcalde de San José del Guaviare. Arnobis Zapata, líder campesino de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam), por su parte, resaltó la decisión como el inicio del camino para ver al campesino como un sujeto de derechos y no como un narcotraficante.
Para el general Sanabria, está claro que la persecución de las autoridades es en contra de las grandes mafias del narcotráfico que son las que instrumentalizan a otras personas para ser parte de ese delito. Si bien la erradicación forzada era una arista importante para eliminar los cultivos de coca, el oficial afirmó que hay otro tipo de propuestas que suplirán esa iniciativa. Aún se desconocen, pero serán anunciadas previo a su implementación. Lo mismo ocurrirá con las reformas al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), otra de sus grandes apuestas desde que inició su administración hace apenas cuatro días.
La nueva Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación será la nueva apuesta para que la Policía custodie las protestas en el país. Así las cosas, el criticado Esmad será el protagonista de una transición, desde su nombre hasta la modificación de su atuendo. Según Sanabria, está claro que todo cuerpo policial “requiere una fuerza de contención cuando se desborda una manifestación y se torna violenta”, señaló en diálogo con Noticias Caracol y resaltó que, aunque los cambios serán notorios por los colores que se implementarán, lo que será importante es privilegiar el diálogo en medio de la protesta.
Se mantendrá el uniforme negro, que es con el que intervendrán cuando haya afectación de vidas e infraestructura, y habrá un segundo grupo, con cascos blancos o azules, que servirán para retirar de la manifestación a las personas que quieran generar confrontación. El Esmad ha sido una de las unidades policiales más criticadas por la flagrante vulneración a los derechos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en más de una ocasión, le ha llamado la atención al Estado por el uso indiscriminado de la fuerza que ejerce en medio de las manifestaciones.
En el más reciente informe, tras su visita a Colombia, el órgano internacional concluyó que el Estado debe “tomar medidas urgentes en ámbitos de formación, utilización de protocolos de actuación y creación de mecanismos de rendición de cuentas que promuevan que el Esmad cumpla funciones de garantía del orden público y el ejercicio del derecho a la protesta, así como limitar su actuación solamente a casos estrictamente necesarios”, y resaltó que se debía separar a la Policía y esta unidad del Ministerio de Defensa, para que se “preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos”.
Aunque el abuso de la fuerza de esta unidad ha dejado grandes pronunciamientos internacionales, no es la excepción con autoridades colombianas. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia que analizó actos de protesta, también concluyó que “la Fuerza Pública, en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios, constituye una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones, porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas".
Con ese panorama, las decisiones del entrante director de la Policía no resultan descabelladas al plan de gobierno del presidente Petro, quien en su discurso para posesionar al oficial dijo que habría reformas a la institución. De entrada, resaltó que debe haber igualdad entre hombres y mujeres, debe existir un mecanismo de denuncia, se debe eliminar las barreras para que un patrullero aspire a ser general y todos los uniformados cuenten con niveles de escolaridad. El jefe de Estado, además, es acérrimo defensor de la protesta pacífica y de la igualdad en los territorios donde ha primado la violencia.