Los primeros líos para las Zidres

La Corte Constitucional se ha convertido en un campo de batalla para el Gobierno y sus opositores. Temas de vital importancia para los dos bandos, como el Plan de Desarrollo, la Ley de Equilibrio de Poderes, el plebiscito para la paz, por mencionar algunos, han terminado discutiéndose en el alto tribunal. Una reciente demanda y dos tutelas prometen generar una nueva pelea. El tema que generará una nueva controversia es la ley 1776 de 2016, que permite la creación de las zonas de interés de desarrollo rural económico y social (Zidres).

Desde que el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley en Orocué, Casanare, el Polo Democrático y el Partido Verde prometieron demandar el contenido de la norma. Aunque ambos partidos aseguran que presentarán la demanda en las próximas semanas, el abogado Carlos Alberto Maya se les adelantó con el trámite. El 10 de febrero pasado, la Corte Constitucional recibió un documento de 76 páginas en el que el abogado asegura que la ley Zidres va en contra de la Constitución colombiana.

Maya, quien hace un paralelo entre lo planteado por las Zidres y el programa Agro Ingreso Seguro, asegura que el plan de la ley en cuestión solo beneficiará a “los latifundistas, los poderosos, y no a los hombres y mujeres que trabajan la tierra de sol a sol”. Para el abogado, las Zidres violan el preámbulo de la Carta Magna que garantiza un orden económico y social, el primer artículo que protege el respeto de la dignidad humana y el trabajo, y otros 33 artículos de la Constitución Política.

Entre ellos, el artículo 158, que habla sobre el principio de unidad de materia –una exigencia que tienen todas las leyes de tener una correspondencia lógica entre el tema y el contenido de ellas–, pues Maya considera que “en las Zidres se habla de los campesinos, los trabajadores agrarios, las mujeres rurales y los ocupantes tradicionales de los bienes inmuebles de la Nación (baldíos) como unos simples convidados de piedra, y el resto de las disposiciones de esta ley está consagrado a diseñar estas zonas para el beneficio de los grandes inversores, nacionales y extranjeros”.

Además, otro de los argumentos en la demanda de Maya es que las Zidres violan el principio de la reserva legal, una norma que se aplica para que el Congreso apruebe leyes que impidan que el Ejecutivo se exceda a la hora de legislar en temas como el de tierras y baldíos. Para el representante Asprilla, el proyecto viola la ley, pues se “le entregan al Ejecutivo amplias facultades para definir la forma como funcionarán las alianzas entre campesinos e inversionistas privadas. Otorga al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la facultad de definir el procedimiento para la inscripción, aprobación y seguimiento de los proyectos productivos”.

Fue este mismo funcionario quien apoyó la escritura de dos tutelas que fueron presentadas en agosto del año pasado ante la Corte Constitucional. La primera de ellas es a nombre de Wilson Galindo, indígena sikuani y miembro de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y Nelson Gálviz, miembro del resguardo Indígena Ríos Muco Guarrojo, en contra de Juan Fernando Cristo, ministro encargado del Ministerio de Agricultura en el proyecto de ley. La segunda fue interpuesta por la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), en contra del mismo funcionario.

En ambas tutelas, los accionantes reclaman que para la aprobación de las Zidres no se realizó una consulta previa, una obligación que tiene el Estado antes de intervenir en tierras y baldíos que habitan comunidades indígenas o minorías étnicas. En su defensa, el Congreso y el Ministerio de Interior y Agricultura y Desarrollo Rural alegaron que el proceso de consulta previa solo debe acotarse en aquellos casos en que la intervención afecte directamente los intereses de las comunidades indígenas y no frente a aquellas actividades que se han previsto de manera uniforme para toda la población.

“Frente al proyecto objeto de análisis no es necesario adelantar el proceso de consulta previa, pues no se desencadena en una afectación directa a nadie”, explicaron. Sin embargo, los magistrados Jorge Pretelt y Luis Guillermo Guerrero, de la Corte Constitucional, aceptaron ambas tutelas para su estudio. “Presentamos estas dos acciones porque el Gobierno se acostumbró al juego sucio de meterle goles a la Constitución. Ya vimos lo que pasó con el Plan de Desarrollo, los páramos y la minería. Ahora lo que está en juego es el derecho fundamental de las comunidades que se verán afectadas por las Zidres”, le dijo a este diario Inti Asprilla.

El futuro está en manos de la Corte, que tendrá que medir si esta “ley es la más audaz de nuestra historia para garantizar el desarrollo del campo”, como lo dijo el presidente Santos, o si más bien es una de las medidas más atrevidas que el Gobierno ha presentado en contra de los campesino, como la calificó el senador Robledo.

La Corte Constitucional se ha convertido en un campo de batalla para el Gobierno y sus opositores. Temas de vital importancia para los dos bandos, como el Plan de Desarrollo, la Ley de Equilibrio de Poderes, el plebiscito para la paz, por mencionar algunos, han terminado discutiéndose en el alto tribunal. Una reciente demanda y dos tutelas prometen generar una nueva pelea. El tema que generará una nueva controversia es la ley 1776 de 2016, que permite la creación de las zonas de interés de desarrollo rural económico y social (Zidres).

Desde que el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley en Orocué, Casanare, el Polo Democrático y el Partido Verde prometieron demandar el contenido de la norma. Aunque ambos partidos aseguran que presentarán la demanda en las próximas semanas, el abogado Carlos Alberto Maya se les adelantó con el trámite. El 10 de febrero pasado, la Corte Constitucional recibió un documento de 76 páginas en el que el abogado asegura que la ley Zidres va en contra de la Constitución colombiana.

Maya, quien hace un paralelo entre lo planteado por las Zidres y el programa Agro Ingreso Seguro, asegura que el plan de la ley en cuestión solo beneficiará a “los latifundistas, los poderosos, y no a los hombres y mujeres que trabajan la tierra de sol a sol”. Para el abogado, las Zidres violan el preámbulo de la Carta Magna que garantiza un orden económico y social, el primer artículo que protege el respeto de la dignidad humana y el trabajo, y otros 33 artículos de la Constitución Política.

Entre ellos, el artículo 158, que habla sobre el principio de unidad de materia –una exigencia que tienen todas las leyes de tener una correspondencia lógica entre el tema y el contenido de ellas–, pues Maya considera que “en las Zidres se habla de los campesinos, los trabajadores agrarios, las mujeres rurales y los ocupantes tradicionales de los bienes inmuebles de la Nación (baldíos) como unos simples convidados de piedra, y el resto de las disposiciones de esta ley está consagrado a diseñar estas zonas para el beneficio de los grandes inversores, nacionales y extranjeros”.

Además, otro de los argumentos en la demanda de Maya es que las Zidres violan el principio de la reserva legal, una norma que se aplica para que el Congreso apruebe leyes que impidan que el Ejecutivo se exceda a la hora de legislar en temas como el de tierras y baldíos. Para el representante Asprilla, el proyecto viola la ley, pues se “le entregan al Ejecutivo amplias facultades para definir la forma como funcionarán las alianzas entre campesinos e inversionistas privadas. Otorga al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la facultad de definir el procedimiento para la inscripción, aprobación y seguimiento de los proyectos productivos”.

Fue este mismo funcionario quien apoyó la escritura de dos tutelas que fueron presentadas en agosto del año pasado ante la Corte Constitucional. La primera de ellas es a nombre de Wilson Galindo, indígena sikuani y miembro de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y Nelson Gálviz, miembro del resguardo Indígena Ríos Muco Guarrojo, en contra de Juan Fernando Cristo, ministro encargado del Ministerio de Agricultura en el proyecto de ley. La segunda fue interpuesta por la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), en contra del mismo funcionario.

En ambas tutelas, los accionantes reclaman que para la aprobación de las Zidres no se realizó una consulta previa, una obligación que tiene el Estado antes de intervenir en tierras y baldíos que habitan comunidades indígenas o minorías étnicas. En su defensa, el Congreso y el Ministerio de Interior y Agricultura y Desarrollo Rural alegaron que el proceso de consulta previa solo debe acotarse en aquellos casos en que la intervención afecte directamente los intereses de las comunidades indígenas y no frente a aquellas actividades que se han previsto de manera uniforme para toda la población.

“Frente al proyecto objeto de análisis no es necesario adelantar el proceso de consulta previa, pues no se desencadena en una afectación directa a nadie”, explicaron. Sin embargo, los magistrados Jorge Pretelt y Luis Guillermo Guerrero, de la Corte Constitucional, aceptaron ambas tutelas para su estudio. “Presentamos estas dos acciones porque el Gobierno se acostumbró al juego sucio de meterle goles a la Constitución. Ya vimos lo que pasó con el Plan de Desarrollo, los páramos y la minería. Ahora lo que está en juego es el derecho fundamental de las comunidades que se verán afectadas por las Zidres”, le dijo a este diario Inti Asprilla.

El futuro está en manos de la Corte, que tendrá que medir si esta “ley es la más audaz de nuestra historia para garantizar el desarrollo del campo”, como lo dijo el presidente Santos, o si más bien es una de las medidas más atrevidas que el Gobierno ha presentado en contra de los campesino, como la calificó el senador Robledo.