Los puntos claves del nuevo proyecto que busca la reforma policial

A través de Change.org, más de 67.000 colombianos, organizaciones civiles y colectivos de DD.HH construyeron un proyecto de reforma estructural a la Policía Nacional. La iniciativa surgió, según la organización, dado que en 2021 se han reportado cerca de 1.200 casos asociados a violencia policial y abuso de la fuerza por parte de las autoridades.

Según se conoció, en el cruce hecho entre los datos de la ONG Temblores, la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa, hubo aproximadamente 100 hechos relacionados con abuso de la fuerza, 26 presuntas muertes violentas en manos de uniformados, al menos 4 víctimas de agresión sexual, más de 670 detenciones arbitrarias, 81 víctimas de violencia ocular (el 80% de las víctimas podrían perder la visión por un ojo) y 43 casos de posible violencia homicida.

Podría interesarle: El futuro incierto de la agenda legislativa 2021-2022

Según una reciente encuesta de Invamer, hecha a raíz del paro nacional, la ciudadanía ha cambiado su concepción sobre las autoridades. Según la información, el 56% de los encuestados afirmó que tiene una imagen negativa de la institución. La misma encuestadora registró, en abril de 2020, que la Policía tenía una favorabilidad del 75%, mostrando así una considerable caída.

Según la organización Change, la situación de la Policía actualmente evidencia una crisis, pues la misma institución cuenta, según la organización, con registros que ratifican que solo en 2021 hay investigaciones abiertas por presuntas faltas disciplinarias que comprometen a 228 uniformados. Estas, según la propia Policía, se asocian a abuso de autoridad (108 casos), homicidio (16), agresiones físicas (45), lesiones personales (25) y otras conductas (34).

Lea también: Grupos armados, Gobierno y paro nacional: la lucha por los jóvenes

La nueva reforma que propone Change.org tiene una fundamentación en siete enfoques. Para la organización, la Policía tiene que ejecutar su actuar teniendo en cuenta: derechos humanos, diferencia e interseccionalidad, derechos humanos de las mujeres, territorialidad, cultura ciudadana y legitimidad. Estos enfoques van dirigidos al respeto de los derechos de las poblaciones que más han sido vulneradas.

La última vez que se reformó a la Policía fue en 1994, tiempos en donde la militarización y la lucha contra la guerrilla eran la prioridad. Ahora, 27 años después, este movimiento ciudadano, al que cualquier persona se puede unir en la página de la organización, propone que la nueva clave sean los derechos humanos y que la ciudadanía no sea enemiga de la Policía.

Podría interesarle: Iván Duque: “El mayor enemigo de la protesta pacífica es la violencia”

Ahora, si bien el Presidente Duque anunció dos proyectos de ley para esta nueva legislatura como avances de la reforma policial, uno para actualizar el estatuto policial y otro para la profesionalización de los patrulleros de la Policía, esta iniciativa ciudadana es el eje que concentra la participación de miles de personas, organizaciones y víctimas de abusos policiales que buscan que su voz sea escuchada en el legislativo.

A través de Change.org, más de 67.000 colombianos, organizaciones civiles y colectivos de DD.HH construyeron un proyecto de reforma estructural a la Policía Nacional. La iniciativa surgió, según la organización, dado que en 2021 se han reportado cerca de 1.200 casos asociados a violencia policial y abuso de la fuerza por parte de las autoridades.

Según se conoció, en el cruce hecho entre los datos de la ONG Temblores, la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa, hubo aproximadamente 100 hechos relacionados con abuso de la fuerza, 26 presuntas muertes violentas en manos de uniformados, al menos 4 víctimas de agresión sexual, más de 670 detenciones arbitrarias, 81 víctimas de violencia ocular (el 80% de las víctimas podrían perder la visión por un ojo) y 43 casos de posible violencia homicida.

Podría interesarle: El futuro incierto de la agenda legislativa 2021-2022

Según una reciente encuesta de Invamer, hecha a raíz del paro nacional, la ciudadanía ha cambiado su concepción sobre las autoridades. Según la información, el 56% de los encuestados afirmó que tiene una imagen negativa de la institución. La misma encuestadora registró, en abril de 2020, que la Policía tenía una favorabilidad del 75%, mostrando así una considerable caída.

Según la organización Change, la situación de la Policía actualmente evidencia una crisis, pues la misma institución cuenta, según la organización, con registros que ratifican que solo en 2021 hay investigaciones abiertas por presuntas faltas disciplinarias que comprometen a 228 uniformados. Estas, según la propia Policía, se asocian a abuso de autoridad (108 casos), homicidio (16), agresiones físicas (45), lesiones personales (25) y otras conductas (34).

Lea también: Grupos armados, Gobierno y paro nacional: la lucha por los jóvenes

La nueva reforma que propone Change.org tiene una fundamentación en siete enfoques. Para la organización, la Policía tiene que ejecutar su actuar teniendo en cuenta: derechos humanos, diferencia e interseccionalidad, derechos humanos de las mujeres, territorialidad, cultura ciudadana y legitimidad. Estos enfoques van dirigidos al respeto de los derechos de las poblaciones que más han sido vulneradas.

La última vez que se reformó a la Policía fue en 1994, tiempos en donde la militarización y la lucha contra la guerrilla eran la prioridad. Ahora, 27 años después, este movimiento ciudadano, al que cualquier persona se puede unir en la página de la organización, propone que la nueva clave sean los derechos humanos y que la ciudadanía no sea enemiga de la Policía.

Podría interesarle: Iván Duque: “El mayor enemigo de la protesta pacífica es la violencia”

Ahora, si bien el Presidente Duque anunció dos proyectos de ley para esta nueva legislatura como avances de la reforma policial, uno para actualizar el estatuto policial y otro para la profesionalización de los patrulleros de la Policía, esta iniciativa ciudadana es el eje que concentra la participación de miles de personas, organizaciones y víctimas de abusos policiales que buscan que su voz sea escuchada en el legislativo.