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La confirmación de la condena contra el exmagistrado Francisco Ricaurte hacia el final de 2021 abre las expectativas sobre lo que viene en el expediente de uno de los escándalos judiciales más importantes de la década: el del cartel de la toga. Luego de que en 2017 se destapara la olla de corrupción de esta organización criminal, que en la cúpula de la justicia prometía favores judiciales a cambio de cuantiosas sumas de dinero, en estos cuatro años varios de sus protagonistas han sido sentenciados, otros han aceptado cargos, algunos más han negado su responsabilidad y unos pocos ni siquiera han sido vinculados a un proceso penal.
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Los protagonistas del expediente son los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, Gustavo Malo, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino. Según las declaraciones de Gustavo Moreno, exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, de su socio, el abogado Leonardo Pinilla, y de algunos clientes, habrían conformado una organización para torcer procesos en el alto tribunal. Todos, menos Bustos y Tarquino, ya recibieron condena y en este momento se encuentran purgando su sentencia en cárceles o reclusiones militares, mientras que los otros dos aún se encuentran en proceso de juicio.
El pasado 15 de diciembre, antes que comenzara la vacancia judicial —y las novenas—, el Tribunal de Bogotá confirmó la condena de Ricaurte. En el fallo, la corporación explicó el funcionamiento del cartel: “Tampoco se trataba de permear a los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, sino de manipular los procesos que estaban a cargo del magistrado Malo, efecto para el cual se tenían acercamientos a ese magistrado por intermedio de Ricaurte y Bustos, quienes, dadas sus condiciones especiales y roles dentro de la organización, podían prometer estrategias jurídicas para manipular los procesos penales, todo con la ayuda de Moreno”.
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En la sentencia, el Tribunal detalló cómo en tres procesos en concreto se demostró que el cartel metió su mano: el de Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca, y los de los exsenadores Musa Besaile, de La U, y Álvaro Ashton, del Partido Liberal. En los dos últimos casos, supuestamente, el cartel de la toga recibió sobornos a cambio de frenar órdenes de captura por su supuesto rol en la parapolítica. En el caso de Abadía, los testimonios hablan de que se dilató, por años, un llamado a imputación de cargos, según aceptó el fiscal que llevaba el caso, Alfredo Bettín, quien también fue condenado.
Abadía es de los pocos salpicados por este entramado que no ha sido siquiera citado a una imputación. En cambio, sí le imputaron cargos en el proceso que llevaba Bettín y que, al parecer, permeó el cartel de la toga. Otro fue el desenlace de Besaile y Ashton: en una decisión muy cuestionada, ambos habían logrado, por separado, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptara su sometimiento, tanto por parapolítica como por el cartel de la toga, pues aseguraron que con los sobornos que pagaron en el cartel de la toga buscaban asegurar impunidad y tapar sus nexos con paramilitares. A ambos los terminaron expulsando.
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En julio del año pasado, en el caso de Besaile, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP resaltó su “falta de seriedad y compromiso” y señaló que “en ninguno de los sucesos investigados dentro de los procesos que fueron referenciados se puede hallar de manera clara la existencia de una relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”. La misma corporación dijo en octubre que los testimonios de Ashton “fueron insuficientes, vagos y sin fundamento, y no cumplieron con los presupuestos exigidos”. Con la salida de los dos exsenadores de la justicia transicional creada con el Acuerdo de Paz, el cartel de la toga seguirá esclareciéndose en la justicia ordinaria.
En agosto de 2021 también llegó la condena del exmagistrado Gustavo Malo. Recibió nueve años, de los cuales ya lleva detenido alrededor de tres. Aunque la sentencia en su contra no es tan alta como la de Ricaurte (condenado a 16 años), la Sala de Primera Instancia de la Corte aseguró que Malo “dilató en lo posible las actuaciones para impedir la materialización de medidas restrictivas, como órdenes de captura, o con el ánimo de que se alcanzara la prescripción de la acción penal”. La defensa de Malo, en cabeza del abogado Antonio Luis González, busca tumbar el fallo y ya radicó una apelación, que revisa la Sala Penal.
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También en la Sala de Primera Instancia comenzará este 2022 un nuevo juicio por este entramado de corrupción. A partir del próximo 22 de enero empezará la preparatoria a juicio contra el exmagistrado Leonidas Bustos, quien, según la investigación, habría sido el “cerebro” del cartel de la toga. Bustos abandonó el país junto con su esposa una vez empezó la investigación en su contra. La Comisión de Acusaciones del Congreso de la República concluyó que el exmagistrado fue quien lideró la organización y su investigación llevó a que fuera declarado indigno, con lo cual ya puede ser procesado en la propia Corte Suprema.
La investigación del Congreso, ahora parte de la que se sigue en la Sala de Primera Instancia, asegura que, Bustos, siendo magistrado, “participó como cerebro de la organización criminal, dando a cada uno de sus compañeros tareas concretas. Era el que decía a qué congresistas tenían que ir a buscar, qué les tenían que decir y se reunían en diferentes apartamentos para determinar cuáles eran los pasos a seguir”. Bustos fue acusado formalmente en el Legislativo por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias en servidor público. Su última aparición en público fue, justamente, como testigo en el juicio de Francisco Ricaurte.
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El otro jurista que está en deuda con la justicia es el exmagistrado Camilo Tarquino, quien también fue presidente del alto tribunal. Su proceso, a diferencia de sus compañeros, se adelanta ante un juez de la República en el Complejo Judicial de Paloquemao, y acaba de entrar a etapa de juicio. Su caso es el que ha tenido más bajo perfil, pero fue acusado formalmente en 2020 por el delito de concusión por hechos que ocurrieron entre septiembre y octubre de 2014, mientras fungía como abogado. Al parecer, se habría reunido con otras personas para planear la forma de interferir en algunos casos, como el de Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba.
Si bien la Fiscalía ha tejido el caso desde hace años, la pieza clave en este rompecabezas es Gustavo Moreno. Recluido en una guarnición militar, Moreno ha denunciado que teme por su vida, pues firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía en el que se comprometía a prender el ventilador. En 2022 también podría verse en vilo su colaboración, pues la curtida fiscal que llevaba el proceso y había negociado su colaboración, Claudia Vanegas, fue declarada insubsistente. Este año, otro fiscal tendrá que ponerse al corriente con el complejo expediente justo cuando se cumplen cinco años desde la captura de Moreno en su oficina en el búnker, que terminó revelando este entramado.
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