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El pasado 15 de junio, el Senado aprobó la Reforma a la Justicia. Se trata de un proyectó que renovará una Ley Estatutaria que está vigente desde 1996 y con el cual se busca llegar a los rincones más olvidados por el Estado. Además, la renovación promete adecuar la Rama Judicial a los cambios tecnológicos del último tiempo. Trae novedades como la equidad de género en los listados de elegibles para magistrados y la posibilidad de que un abogado, con experiencia en finanzas o gobierno, pueda ocupar el cargo de Fiscal General.
En contexto: Reforma a la Justicia: ¿Qué cambiará en la Rama Judicial colombiana?
En diálogo con El Espectador, el magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dio su visto bueno a la Reforma a la Justicia. Explicó que los colombianos se beneficiarán de la billonaria inversión, que la Sala Penal está marchando sin inconvenientes y, desde ya, anunció que advertirá la inconstitucionalidad de un “mico” en el texto que está punto de ser conciliado en el Congreso y al cual le falta la revisión final de la Corte Constitucional.
Al ciudadano le preocupa el bolsillo, un ejemplo es la fallida reforma tributaria que desencadenó la coyuntura del paro nacional ¿Cómo explicarle al ciudadano de a pie la distribución de ese 3% del presupuesto de la Nación para la Rama Judicial?
Es como mínimo un 3% del presupuesto de la Nación. Esa norma significa un incremento de los recursos de la justicia y hay que reconocer al Gobierno su respaldo y al Congreso su expedición. Su aplicación no significa que van a aumentarse los impuestos. Simplemente la justicia tendrá una participación en el presupuesto anual de la Nación no inferior a ese porcentaje. Esto es lo que les diría a los ciudadanos e igual que esos recursos serán en su beneficio, pues van a reflejarse en más jueces y más acceso a la justicia.
La Reforma a la Justicia promete llegar a los rincones más olvidados del país ¿Estamos más cerca de una justicia efectiva para todos los colombianos?
Ese siempre ha sido un anhelo de todos, necesariamente asociado a más presupuesto. No puede ser que haya municipios sin un solo despacho judicial. Garantizar que en todos exista al menos uno, sugiere una justicia cercana a la gente y más efectiva.
No hay cifras exactas sobre la congestión judicial, pero sabemos que los magistrados trabajan con calendario en mano para que por nada del mundo los expedientes prescriban. ¿La reforma a la Justicia, contando el impulso tecnológico, cambiará el panorama?
La prescripción es propia de los procesos penales. En el pasado, hace alrededor de 25 años, ocurrían en la Corte muchas más prescripciones que hoy. La conjugación de algunos ajustes legales en la regulación del fenómeno jurídico –anteriores a la reforma—, el aumento de personal en la Sala de Casación Penal y la reciente creación de las Salas Especiales de Instrucción y de Juzgamiento, han dado como resultado que en la Corte no exista un tamaño de congestión que facilite la prescripción. El uso de la tecnología, empujado fuertemente por la pandemia, ha sido de gran ayuda.
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¿Qué es y cuáles son las funciones de la Comisión Interinstitucional entre los presidentes de las altas cortes?
Es una junta que hoy no cuenta con ninguna responsabilidad importante, en la cual tienen asiento los presidentes y un representante de los funcionarios y empleados. Con la reforma a la Ley Estatutaria de la Justicia, esa comisión queda encargada de fijar las políticas de la Rama Judicial, elige Auditor, Director Ejecutivo de Administración Judicial y opina de manera vinculante en relación con temas misionales. Emite concepto previo, por ejemplo, en la aprobación de los planes de transformación digital, sectorial de desarrollo, de inversiones, del proyecto de presupuesto y en relación con la creación o supresión de Tribunales o Juzgados.
¿Cuál va a ser la función de los presidentes de las altas cortes en la Comisión Interinstitucional?
Participar activamente en la determinación del futuro de la Rama Judicial. Son los jueces –quienes más saben de sus necesidades y problemas—, definiendo su destino institucional.
La reforma les activaría derechos a los dignatarios para ejercer contratación para la Rama Judicial ¿Cómo funcionaría esa contratación?
No es cierto que a la Comisión Interinstitucional se le haya investido de la facultad de celebrar contratos. Esa es una mentira que se utilizó para desprestigiar una iniciativa legislativa que en términos generales fue bien intencionada y le sirve al poder judicial.
Uno de los reparos que puso en medio de los debates de la Reforma fueron los requisitos para elegir magistrados, ahora que el proyecto es un hecho desde la corporación ¿Cómo harán el filtro para la elección?
Esa norma nunca fue respaldada por la Corte. Ni siquiera parcialmente. Al final los requisitos de los magistrados de las cortes no se tocaron. La modificación se limitó al requisito de experiencia profesional para ser Juez, Magistrado de Tribunal, Fiscal General, Defensor del Pueblo y Procurador General. La Corte Suprema de Justicia le solicitará a la Corte Constitucional declarar inexequible esa modificación, asociada a jueces, magistrados y fiscal.
Antecedentes: Senado aprobó cuestionada reforma a la justicia
¿Qué argumentos podrían allegar a la Corte Constitucional, la cual tendrá como responsabilidad hacerle control a la reforma? Estamos hablando de un ‘mico’ que permitiría que un fiscal general sea elegido teniendo experiencia en finanzas o gobierno.
Los requisitos para ser fiscal general están en la constitución. Uno de ellos es tener experiencia mínima de 15 años en el ejercicio del derecho. Es inconstitucional una ley que modifique esos requisitos. De otra parte, si el constituyente consideró que para ser magistrado de una corte se debe tener experiencia como jurista, está implícito en ese mandato que para ser juez o magistrado de tribunal la ley no puede autorizar que esa experiencia se acredite con el ejercicio de otras profesiones.
¿La equidad de género en los listados para aspirar a las magistraturas representará un cambio real en la elección de los togados?
Para la conformación de las listas de elegibles de diez personas al cargo de magistrado de alta corte, la equidad de género es entendida en la reforma como un principio de la convocatoria pública. Se espera, entonces, que la lista quede integrada por igual número de mujeres y de hombres, quienes participan en igualdad de condiciones en el proceso de elección.
Hubo un énfasis en la descongestión de la Sala Laboral ¿Cuál es la actualidad de esa sala? ¿Se necesita ampliar la estrategia a la Sala Penal? La misma sección juzga a aforados como ministros y congresistas.
La Sala de Descongestión de la Sala de Casación Laboral, creada en 2016 y en funciones desde junio de 2017, ha proferido hasta hoy alrededor de 16 mil sentencias. Esto, evidentemente, ha reducido de forma significativa el atraso de esa Sala de Casación que justificó la implementación de la Sala transitoria. La Sala de Casación Penal no requiere de una medida como esa. Cierto que la carga laboral se incrementó tras la sentencia de la Corte Constitucional SU-146 de 2020 (caso Andrés Felipe Arias Leiva), la cual trajo como consecuencia la posibilidad de impugnar las primeras condenas, contra aforados y no aforados, dictadas desde el 30 de enero de 2014 que ya habían hecho tránsito a cosa juzgada (la denominada doble instancia para aforados). Superaremos esa contingencia con la creación, el año entrante, de algunos cargos de empleados que ya se solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura.
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¿Con la reforma a la justicia se prevé un aumento o una disminución de los procesos que llegan a sede de casación?
Eso es posible cuando aumente la cantidad de despachos judiciales en el país. Si hay más jueces se expedirán más sentencias y seguramente más casos llegarán a la Corte.