“Los retornos a colegios no están siendo seguros por los actores armados”: Coalico

En 2021, al menos 23.861 menores de edad sufrieron afectaciones por el conflicto. Casi el doble de las víctimas que hubo en 2020. Así lo reporta la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), un enclave de organizaciones internacionales y de derechos humanos. Este 12 de febrero, Día Internacional de las Manos Rojas, lanzan su más reciente boletín, que reúne las violaciones de derechos que la niñez sufrió a causa de la guerra que no mengua en Colombia. El Espectador habló con la secretaria técnica de Coalico, la socióloga Julia Castellanos, quien además coordina el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado.

El boletín que lanzan asegura que en 2021 hubo el doble de niños y niñas víctimas de afectaciones en el conflicto, respecto de la cifra de 2020, ¿qué quiere decir esto?

Este boletín analiza siete situaciones graves de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes en el conflicto, determinadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: ataque u ocupación de escuelas, bloqueo de suministros básicos o confinamiento, vinculación al conflicto por reclutamiento y por uso de niños, niñas y adolescentes; violaciones de la libertad sexual, violaciones del derecho a la vida e integridad y secuestro. En el caso colombiano, además, analizamos el desplazamiento forzado. En términos reales, el que haya un caso no quiere decir que no se dé el fenómeno. Puede haber un subregistro, porque el monitoreo que hacemos no es fácil, tenemos presencia de los actores armados en el territorio, una escalada de violencia que seguramente se va a intensificar en este año electoral; tampoco son claras las rutas de denuncia para la gente y, en general, acceder a la información no es fácil. Confirmar cuántos niños fueron reclutados requiere de una sutil verificación que proteja a las víctimas. Entonces seguimos más bien tendencias a partir de aproximaciones.

¿Qué les preocupa de lo que ocurrió durante 2021?

Casi en todo el país identificamos eventos del conflicto armado que afectaron a niños, niñas y adolescentes. Persiste el reclutamiento y el uso de niños y niñas. Nos preocupan, de sobremanera, los asesinatos y las lesiones con armas de fuego en combates, así como las mutilaciones relacionadas con artefactos explosivos, que aumentaron significativamente respecto de 2020. Todas las situaciones que reportamos develan la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes.

En 2021 volvimos a tener bombardeos contra campos con presencia de niños, niñas y adolescentes. Hacemos un reclamo vehemente a la necesidad de establecer procesos de inteligencia que permitan que el Ejército tenga unos mínimos de proporcionalidad. El riesgo de reclutamiento para migrantes se exacerbó y se mantienen las estrategias históricas de vinculación: engaños, promesas de trabajo o supuestas relaciones sentimentales con niñas. Y, desde luego, la fuerza.

¿Algo ha cambiado en esas tácticas?

Encontramos casos de reclutamiento, en las que niñas o niños no salen de sus casas ni de su escuela, pero su vida depende de lo que el actor armado determine. Esta situación se presenta desde 2017 en escenarios más urbanos, con presencia de grupos posdesmovilización paramilitar: Cali, Buenaventura y Soacha. Lo que están buscando es un relevo generacional. Pero no es tan fácil acceder a datos sobre estos casos, porque si el niño va a la escuela, está durmiendo en su casa, se percibe que tiene sus derechos garantizados. También hemos identificado que, lastimosamente, estas prácticas son legitimadas por padres o cuidadores: el actor armado paga un arriendo, un servicio, genera protección, da ropa, bienes y servicios a los que la familia no tendría acceso.

¿En qué regiones del país están más en riesgo niños y niñas por el conflicto?

Antioquia, Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Chocó fueron los departamentos donde nosotros evidenciamos mayores situaciones de vulneración. Y si uno contrasta, estos territorios también son donde hay mayor presencia de actores armados. Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, así como de Indepaz, han señalado que 23 de los 32 departamentos del país tienen presencia de actores armados: más del 50 %. En especial los que son zona de frontera, que son muy importantes para las economías ilícitas y el tránsito de personas.

En esos contextos, ¿por qué la presencia de las Fuerzas Militares puede ser un riesgo para niños y niñas?

No es que su presencia sea una causa del aumento de víctimas. Nuestro análisis es que la respuesta del Estado se queda en la acción militar y no en una prevención o protección de los niños y niñas. Desde 2019 en Colombia tenemos una política pública de prevención del reclutamiento y allí se ubica a un actor armado, el Ejército, como un puente para prevenir y tomar acciones en casos de vinculación de niños y niñas. El Ejército está encaminado a dar una respuesta militar y eso no está en discusión. Pero pedimos que esa no sea la única respuesta para atender la situación en los territorios.

¿Por qué les preocupa la situación de niños y niñas migrantes?

Desde 2017, con la llegada masiva de personas de Venezuela, hemos evidenciado que es un panorama muy difícil. Primero, para una persona que no vive en Colombia entender la dinámica del conflicto no es fácil. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo lanzó 29 alertas tempranas en todo 2021, y en 20 de ellas había riesgo inminente de reclutamiento de niños y niñas. Los departamentos de estas alertas correspondían, a su vez, a zonas de frontera. Y tenemos información de que se ha incrementado el número de niños y niñas que atraviesan solos los cruces fronterizos. Al no tener la capacidad de saber cuántos están entrando al país, es muy difícil identificar cuántos son víctimas de este delito.

En 2021 ya no había cuarentenas por el covid-19, pero tampoco hubo clases presenciales buena parte del año, ¿cómo influyó en las afectaciones de la niñez?

El 2020 fue muy complejo confinar a niños y niñas porque muchos de ellos se retiraron de las escuelas por no tener los medios tecnológicos para acceder a sus clases y tuvieron que cargar con la responsabilidad socioeconómica de contribuir en su casa. En 2021 se mantuvieron parte de esas tendencias y muchos de los casos de afectaciones están relacionados con que los niños no volvieron a la escuela. Además, los retornos a los colegios no están siendo seguros, por la fuerte presencia de los actores armados. Hubo ataques directos a escuelas, como en Saravena (Arauca), se utilizaron centros educativos para que llegaran aeronaves del Ejército, como en Buga (Valle), y volvimos a registrar casos de caminos minados hacia las escuelas. Estos hechos ubican a la escuela no como un lugar protector, sino como un lugar de ataque.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

En 2021, al menos 23.861 menores de edad sufrieron afectaciones por el conflicto. Casi el doble de las víctimas que hubo en 2020. Así lo reporta la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), un enclave de organizaciones internacionales y de derechos humanos. Este 12 de febrero, Día Internacional de las Manos Rojas, lanzan su más reciente boletín, que reúne las violaciones de derechos que la niñez sufrió a causa de la guerra que no mengua en Colombia. El Espectador habló con la secretaria técnica de Coalico, la socióloga Julia Castellanos, quien además coordina el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado.

El boletín que lanzan asegura que en 2021 hubo el doble de niños y niñas víctimas de afectaciones en el conflicto, respecto de la cifra de 2020, ¿qué quiere decir esto?

Este boletín analiza siete situaciones graves de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes en el conflicto, determinadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: ataque u ocupación de escuelas, bloqueo de suministros básicos o confinamiento, vinculación al conflicto por reclutamiento y por uso de niños, niñas y adolescentes; violaciones de la libertad sexual, violaciones del derecho a la vida e integridad y secuestro. En el caso colombiano, además, analizamos el desplazamiento forzado. En términos reales, el que haya un caso no quiere decir que no se dé el fenómeno. Puede haber un subregistro, porque el monitoreo que hacemos no es fácil, tenemos presencia de los actores armados en el territorio, una escalada de violencia que seguramente se va a intensificar en este año electoral; tampoco son claras las rutas de denuncia para la gente y, en general, acceder a la información no es fácil. Confirmar cuántos niños fueron reclutados requiere de una sutil verificación que proteja a las víctimas. Entonces seguimos más bien tendencias a partir de aproximaciones.

¿Qué les preocupa de lo que ocurrió durante 2021?

Casi en todo el país identificamos eventos del conflicto armado que afectaron a niños, niñas y adolescentes. Persiste el reclutamiento y el uso de niños y niñas. Nos preocupan, de sobremanera, los asesinatos y las lesiones con armas de fuego en combates, así como las mutilaciones relacionadas con artefactos explosivos, que aumentaron significativamente respecto de 2020. Todas las situaciones que reportamos develan la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes.

En 2021 volvimos a tener bombardeos contra campos con presencia de niños, niñas y adolescentes. Hacemos un reclamo vehemente a la necesidad de establecer procesos de inteligencia que permitan que el Ejército tenga unos mínimos de proporcionalidad. El riesgo de reclutamiento para migrantes se exacerbó y se mantienen las estrategias históricas de vinculación: engaños, promesas de trabajo o supuestas relaciones sentimentales con niñas. Y, desde luego, la fuerza.

¿Algo ha cambiado en esas tácticas?

Encontramos casos de reclutamiento, en las que niñas o niños no salen de sus casas ni de su escuela, pero su vida depende de lo que el actor armado determine. Esta situación se presenta desde 2017 en escenarios más urbanos, con presencia de grupos posdesmovilización paramilitar: Cali, Buenaventura y Soacha. Lo que están buscando es un relevo generacional. Pero no es tan fácil acceder a datos sobre estos casos, porque si el niño va a la escuela, está durmiendo en su casa, se percibe que tiene sus derechos garantizados. También hemos identificado que, lastimosamente, estas prácticas son legitimadas por padres o cuidadores: el actor armado paga un arriendo, un servicio, genera protección, da ropa, bienes y servicios a los que la familia no tendría acceso.

¿En qué regiones del país están más en riesgo niños y niñas por el conflicto?

Antioquia, Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Chocó fueron los departamentos donde nosotros evidenciamos mayores situaciones de vulneración. Y si uno contrasta, estos territorios también son donde hay mayor presencia de actores armados. Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, así como de Indepaz, han señalado que 23 de los 32 departamentos del país tienen presencia de actores armados: más del 50 %. En especial los que son zona de frontera, que son muy importantes para las economías ilícitas y el tránsito de personas.

En esos contextos, ¿por qué la presencia de las Fuerzas Militares puede ser un riesgo para niños y niñas?

No es que su presencia sea una causa del aumento de víctimas. Nuestro análisis es que la respuesta del Estado se queda en la acción militar y no en una prevención o protección de los niños y niñas. Desde 2019 en Colombia tenemos una política pública de prevención del reclutamiento y allí se ubica a un actor armado, el Ejército, como un puente para prevenir y tomar acciones en casos de vinculación de niños y niñas. El Ejército está encaminado a dar una respuesta militar y eso no está en discusión. Pero pedimos que esa no sea la única respuesta para atender la situación en los territorios.

¿Por qué les preocupa la situación de niños y niñas migrantes?

Desde 2017, con la llegada masiva de personas de Venezuela, hemos evidenciado que es un panorama muy difícil. Primero, para una persona que no vive en Colombia entender la dinámica del conflicto no es fácil. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo lanzó 29 alertas tempranas en todo 2021, y en 20 de ellas había riesgo inminente de reclutamiento de niños y niñas. Los departamentos de estas alertas correspondían, a su vez, a zonas de frontera. Y tenemos información de que se ha incrementado el número de niños y niñas que atraviesan solos los cruces fronterizos. Al no tener la capacidad de saber cuántos están entrando al país, es muy difícil identificar cuántos son víctimas de este delito.

En 2021 ya no había cuarentenas por el covid-19, pero tampoco hubo clases presenciales buena parte del año, ¿cómo influyó en las afectaciones de la niñez?

El 2020 fue muy complejo confinar a niños y niñas porque muchos de ellos se retiraron de las escuelas por no tener los medios tecnológicos para acceder a sus clases y tuvieron que cargar con la responsabilidad socioeconómica de contribuir en su casa. En 2021 se mantuvieron parte de esas tendencias y muchos de los casos de afectaciones están relacionados con que los niños no volvieron a la escuela. Además, los retornos a los colegios no están siendo seguros, por la fuerte presencia de los actores armados. Hubo ataques directos a escuelas, como en Saravena (Arauca), se utilizaron centros educativos para que llegaran aeronaves del Ejército, como en Buga (Valle), y volvimos a registrar casos de caminos minados hacia las escuelas. Estos hechos ubican a la escuela no como un lugar protector, sino como un lugar de ataque.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.