El presidente electo, Gustavo Petro, anunció el viernes, a través de su cuenta de Twitter, uno de los cargos más importantes de su gabinete: Iván Velásquez Gómez será el ministro de Defensa de su gobierno. El exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema que investigó los lazos del paramilitarismo con los políticos durante el gobierno de Álvaro Uribe se enfrenta a un escenario complejo. Principalmente en materia de seguridad y de adelantar reformas en la Fuerza Pública, las cuales han surgido en los últimos años a raíz de las protestas ciudadanas y las cuestionadas operaciones militares en un país que intenta salir de un extenso ciclo de violencia a través de la implementación del Acuerdo de Paz.
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Aunque son varias las zonas del país que viven una compleja situación de orden público, hay una extensa región en la que su población civil vive hace varios meses en medio de las confrontaciones de los grupos armados: Arauca y Catatumbo (Norte de Santander). En las últimas semanas, autoridades como la Defensoría del Pueblo volvieron a prender las alarmas sobre la reactivación de acciones armadas del Eln y las disidencias de las Farc en el municipio de Tame (Arauca). Allí, en la frontera con Venezuela, ambos grupos criminales se disputan un terreno clave por donde pasan toneladas de cocaína que salen de manera clandestina desde los estados venezolanos de Apure y Zulia.
Desde 2021 y enero de 2022, los habitantes de Arauquita, Fortul, Saravena y Tame viven en medio del miedo. El primer día de este año, por ejemplo, se presentó el hecho más grave: una masacre de 23 personas, la cual se habría perpetrado en medio de esa disputa entre grupos criminales que intentan apoderarse de esta ruta del narcotráfico, en la que también participan algunos miembros de la Fuerza Pública venezolana. El hecho produjo más de 1.000 desplazados y varias comunidades confinadas. La Defensoría señaló la semana pasada que hubo una reducción de las acciones armadas durante el período electoral, pero que ahora se están reactivando y existe un riesgo inminente de violaciones a los derechos humanos de la población.
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Otra demostración de los niveles de violencia que se viven en la frontera, pero del lado venezolano, son las muertes de Jesús Santrich (mayo de 2021), Romaña y el Paisa (diciembre de 2021), Gentil Duarte (mayo de 2022) y el ataque a Iván Márquez (julio de 2022). Todos estos hechos están por esclarecerse. Así las cosas, uno de los desafíos en el corto plazo para Velásquez será dar una respuesta en materia de seguridad en la frontera, que en parte dependerá su éxito en cómo sea la relación del nuevo gobierno con Nicolás Maduro, pues con Iván Duque fue nula la colaboración para la seguridad en la frontera.
Las redes del Clan del Golfo y las disidencias
Aunque el gobierno de Iván Duque dio con la captura o muerte de los principales líderes de los grupos armados, entre ellos Otoniel, del Clan del Golfo, e Iván Mordisco, de las disidencias, esas estructuras armadas serán controladas por sus sucesores. Por ejemplo, aunque este último murió en un operativo militar el pasado 9 de julio, hombres armados de esa disidencia de las Farc hicieron presencia en el casco urbano de Tibú (Norte de Santander) al cabo de unos días. Otra clara muestra de ello es el reciente “plan pistola” que pusieron en marcha en el Urabá antioqueño y chocoano alias Chiquito Malo, Siopas y Gonzalito, tres hombres de confianza del recientemente extraditado a Estados Unidos Otoniel.
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Aunque alias Flechas, líder de los Caparros -otro grupo armado sucesor del paramilitarismo que delinque principalmente en el Bajo Cauca-, también murió en una operación militar, los hombres armados y sus redes de apoyo quedaron a merced del mejor postor. Es decir, uno de los desafíos del Ministerio, las Fuerzas Militares y la Fiscalía es lograr desmontar esos andamiajes que han permitido a los grupos armados lavar dineros y contar con la colaboración de empresarios, funcionarios públicos e incluso de la propia Fuerza Pública. Aunque los golpes a las grandes cabezas criminales terminan impactando más mediáticamente, se ha visto que fácilmente son relevados por otras caras.
Reformar la Policía
Desde 2019, el país ha vivido en las calles un complejo escenario. El descontento por las reformas que quiso implementar el gobierno Duque sacó a las calles a miles de ciudadanos, que luego terminaron siendo víctimas de los excesos policiales. Lo mismo pasó durante las protestas que se produjeron en septiembre de 2020 y abril de 2021, en las que se denunciaron abusos por parte de la Fuerza Pública. Además, el Ejército ha sido fuertemente cuestionado. El bombardeo de un campamento guerrillero en el que murieron ocho menores de edad (agosto de 2019), la violación de una niña embera por parte de varios soldados (junio de 2020) y una cuestionada operación militar en Putumayo, que dejó varios civiles muertos (marzo de 2022), son algunos de esos hechos.
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Los que han puesto en tela de juicio la legitimidad de las Fuerzas Militares y de Policía, que durante años, en medio del conflicto armado, eran las instituciones que gozaban de mejor imagen ante la sociedad. El gobierno de Iván Duque y el propio director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, adelantaron una serie de reformas, que para varios sectores políticos, incluido el de Gustavo Petro, terminaron siendo insuficientes o superfluos. El mismo presidente electo propuso en campaña que la Policía salga del Ministerio de Defensa y pase al de Interior, una propuesta que también hicieron la CIDH y, recientemente, la Comisión de la Verdad en su informe.
Estos son apenas tres asuntos a los que Velásquez deberá enfrentarse desde el próximo 7 de agosto, pues igual tendrá que encarar los preocupantes índices de criminalidad en las grandes ciudades y la reconfiguración de las bandas criminales que se disputan el microtráfico y que han generado el aumento de acciones sicariales en ciudades como Bogotá, Cali y Cartagena. Además, un punto crucial en el interior del gabinete de Gustavo Petro será cómo enfrentar al Eln, que se ha consolidado en varias zonas del país tras la desaparición de las Farc. Todos los retos, asimismo, son urgentes y afectan a comunidades que exigirán resultados.