Los Ríos Velilla van juicio por irregularidades en contratación
El exconcejal Felipe Ríos Londoño y los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla fueron llamados a juicio por la Fiscalía por los delitos en contra de la administración pública. Los tres se han declarado inocentes y, por unas modificaciones que a último momento realizó la fiscal del caso, sus abogados pidieron nulidad de todo el proceso. Sin embargo, el juez no aceptó la petición.
La fiscal Angélica Monsalve acusó formalmente a Felipe Ríos Londoño y a los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla de haber cometido delitos en contra de la administración pública. Se trata de un caso de presunta corrupción en el que los tres investigados habrían incurrido en irregularidades dentro de un proceso de contratación pública en el negocio para el diseño, suministro, implementación y mantenimiento del sistema de recaudo de transporte público de Bogotá.
(En contexto: Caso Ríos Velilla: los pormenores de una investigación)
Según la investigación, el contrato lo entregó Transmilenio a Recaudo Bogotá, una empresa de la que hacen parte los hermanos Javier y Carlos Ríos Velilla. Para la fiscal Monsalve, esta compañía no podía quedarse con el millonario contrato, pues sus dueños eran familiares de un concejal de Bogotá, activo para el momento de la adjudicación. Se trataba de Felipe Ríos Londoño, sobrino de los Ríos Velilla. La relación familiar no les permitía avanzar con el objeto de contrato y tampoco postularse para la adjudicación del mismo. Aun con esa inhabilidad, Recaudo Bogotá se quedó con el negocio.
Lo que debía ocurrir, según la ley, es que los empresarios debían aclarar que tenían una inhabilidad por tener a un sobrino en el Concejo de Bogotá, situación que nunca ocurrió. Por esta razón, la Fiscalía los llamó a juicio por los delitos de violación de régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En cuando al exconcejal, la fiscal señaló que, como cabildante, no podía no participar de las plenarias en las que se analizó el convenio que se iba a celebrar con la empresa de transporte público y algunos oferentes, entre ellos, la entidad que presidían sus tíos.
(Le puede interesar: Los Ríos Velilla se declararon inocentes por corrupción en contrato con Transmilenio
La investigación de Monsalve señala que Ríos Londoño no se declaró impedido ante las plenarias adelantadas en el Concejo de Bogotá, ni tampoco advirtió que tenía alguna inhabilidad o incompatibilidad frente al tema de discusión. Durante la audiencia de acusación, que se llevó a cabo en la tarde de ese 13 de octubre, la defensa de los investigados pidió una nulidad casi total de todo el trabajo de la Fiscalía. No solo porque, dicen, la funcionaria se equivocó al cambiar varios asuntos jurídicos (la calidad de autor de los Ríos Velilla), sino porque su violó los derechos fundamentales de Felipe Ríos Londoño.
Según su abogado, Jaime Lombana, la fiscal no explicó con suficiente detalle por qué Ríos Londoño habría cometido un delito y tampoco entregó información suficiente para que él pudiera defenderse. Además, el jurista recalcó que toda la investigación en contra de su cliente está basada en “hechos que no son jurídicamente relevantes”. En concreto, Lombana señaló que Felipe Ríos nunca tuvo acceso al proceso de adjudicación y eso era “un imposible jurídico y fáctico. Como concejal, no tenía ninguna función contractual con la entidad que celebró el contrato (Transmilenio)”. Y agregó: “Esta imputación está basada en un fantasma”.
Los abogados de Carlos y Javier Ríos también pidieron la nulidad por lo que consideraron un error de la fiscal Monsalve. Sin embargo, el juez del caso no estuvo de acuerdo con esas peticiones y no aceptó ninguna. En consecuencia, tanto la imputación como la acusación en contra de los investigados, quedó tal y como estaba prevista.
El episodio del traslado
Aunque el caso tuvo avances a finales de abril pasado, cuando la Fiscalía le imputó cargos a los tres investigados, la opinión pública supo de la investigación en medio de una polémica por supuestas presiones a la fiscal y de audios grabados sin permiso en los que terminaron siendo mencionados exfiscales y el exrector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera.
Ella misma denunció ante medios de comunicación que la Fiscalía de Francisco Barbosa había ordenado su traslado, justo después de anunciar que le imputaría cargos a esta familia de la élite colombiana. Aunque la administración Barbosa explicó que el cambio se daba por una “necesidad del servicio”, la fiscal expresó en Noticias Caracol que la decisión de cambiarla de ciudad se dio justo después de que anunciara el avance de la investigación.
(Le puede interesar: “No siento que el Clan del Golfo me vaya a matar”: fiscal Angélica Monsalve)
“No sé si sea corrupción, pero es un acto indignante trasladar a un funcionario que ha dado resultados para una ciudad, un departamento que es público y notorio que es caliente. ¿A qué juega la Fiscalía? ¿Qué pretende la Fiscalía?”, expresó en ese momento Angélica Monsalve. Una vez se supo del traslado de la fiscal, la administración de Barbosa explicó que su decisión de cambiarla de sede se mantenía, pero que ella podría seguir en el caso de los Ríos. Sin embargo, allí no acabo el escándalo.
Horas después de conocer de su traslado, el periodista Daniel Coronell publicó una serie de audios con los que se abrió el segundo capítulo de la historia. Un posible tráfico de influencias para beneficiar a uno de los investigados: el exconcejal Felipe Ríos Londoño. Las grabaciones se dieron en medio de una reunión entre la fiscal Monsalve, el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, y su hija, la exfiscal Ana Catalina Noguera. En su charla, se les escuchaba hablar sobre una supuesta intermediación del exfiscal general Néstor Humberto Martínez.
(Lea también: Solo facilité la cita: Néstor Martínez responde a escándalo de fiscal trasladada)
El exfiscal explicó que solo facilitó la reunión, por ser amigo cercano del papá de Felipe Ríos, el empresario Alberto Ríos Velilla. El revuelo del caso de la fiscal Monsalve ocasionó reacciones de todo tipo. Incluso, el relator de la ONU para la independencia de jueces y fiscales cuestionó el traslado de la funcionaria que, finalmente, no sucedió. Así las cosas, ahora el proceso continuará en juicio, en donde los investigados deberán defenderse y probar su inocencia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La fiscal Angélica Monsalve acusó formalmente a Felipe Ríos Londoño y a los empresarios Carlos y Javier Ríos Velilla de haber cometido delitos en contra de la administración pública. Se trata de un caso de presunta corrupción en el que los tres investigados habrían incurrido en irregularidades dentro de un proceso de contratación pública en el negocio para el diseño, suministro, implementación y mantenimiento del sistema de recaudo de transporte público de Bogotá.
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Según la investigación, el contrato lo entregó Transmilenio a Recaudo Bogotá, una empresa de la que hacen parte los hermanos Javier y Carlos Ríos Velilla. Para la fiscal Monsalve, esta compañía no podía quedarse con el millonario contrato, pues sus dueños eran familiares de un concejal de Bogotá, activo para el momento de la adjudicación. Se trataba de Felipe Ríos Londoño, sobrino de los Ríos Velilla. La relación familiar no les permitía avanzar con el objeto de contrato y tampoco postularse para la adjudicación del mismo. Aun con esa inhabilidad, Recaudo Bogotá se quedó con el negocio.
Lo que debía ocurrir, según la ley, es que los empresarios debían aclarar que tenían una inhabilidad por tener a un sobrino en el Concejo de Bogotá, situación que nunca ocurrió. Por esta razón, la Fiscalía los llamó a juicio por los delitos de violación de régimen de inhabilidades e incompatibilidades. En cuando al exconcejal, la fiscal señaló que, como cabildante, no podía no participar de las plenarias en las que se analizó el convenio que se iba a celebrar con la empresa de transporte público y algunos oferentes, entre ellos, la entidad que presidían sus tíos.
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La investigación de Monsalve señala que Ríos Londoño no se declaró impedido ante las plenarias adelantadas en el Concejo de Bogotá, ni tampoco advirtió que tenía alguna inhabilidad o incompatibilidad frente al tema de discusión. Durante la audiencia de acusación, que se llevó a cabo en la tarde de ese 13 de octubre, la defensa de los investigados pidió una nulidad casi total de todo el trabajo de la Fiscalía. No solo porque, dicen, la funcionaria se equivocó al cambiar varios asuntos jurídicos (la calidad de autor de los Ríos Velilla), sino porque su violó los derechos fundamentales de Felipe Ríos Londoño.
Según su abogado, Jaime Lombana, la fiscal no explicó con suficiente detalle por qué Ríos Londoño habría cometido un delito y tampoco entregó información suficiente para que él pudiera defenderse. Además, el jurista recalcó que toda la investigación en contra de su cliente está basada en “hechos que no son jurídicamente relevantes”. En concreto, Lombana señaló que Felipe Ríos nunca tuvo acceso al proceso de adjudicación y eso era “un imposible jurídico y fáctico. Como concejal, no tenía ninguna función contractual con la entidad que celebró el contrato (Transmilenio)”. Y agregó: “Esta imputación está basada en un fantasma”.
Los abogados de Carlos y Javier Ríos también pidieron la nulidad por lo que consideraron un error de la fiscal Monsalve. Sin embargo, el juez del caso no estuvo de acuerdo con esas peticiones y no aceptó ninguna. En consecuencia, tanto la imputación como la acusación en contra de los investigados, quedó tal y como estaba prevista.
El episodio del traslado
Aunque el caso tuvo avances a finales de abril pasado, cuando la Fiscalía le imputó cargos a los tres investigados, la opinión pública supo de la investigación en medio de una polémica por supuestas presiones a la fiscal y de audios grabados sin permiso en los que terminaron siendo mencionados exfiscales y el exrector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera.
Ella misma denunció ante medios de comunicación que la Fiscalía de Francisco Barbosa había ordenado su traslado, justo después de anunciar que le imputaría cargos a esta familia de la élite colombiana. Aunque la administración Barbosa explicó que el cambio se daba por una “necesidad del servicio”, la fiscal expresó en Noticias Caracol que la decisión de cambiarla de ciudad se dio justo después de que anunciara el avance de la investigación.
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“No sé si sea corrupción, pero es un acto indignante trasladar a un funcionario que ha dado resultados para una ciudad, un departamento que es público y notorio que es caliente. ¿A qué juega la Fiscalía? ¿Qué pretende la Fiscalía?”, expresó en ese momento Angélica Monsalve. Una vez se supo del traslado de la fiscal, la administración de Barbosa explicó que su decisión de cambiarla de sede se mantenía, pero que ella podría seguir en el caso de los Ríos. Sin embargo, allí no acabo el escándalo.
Horas después de conocer de su traslado, el periodista Daniel Coronell publicó una serie de audios con los que se abrió el segundo capítulo de la historia. Un posible tráfico de influencias para beneficiar a uno de los investigados: el exconcejal Felipe Ríos Londoño. Las grabaciones se dieron en medio de una reunión entre la fiscal Monsalve, el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, y su hija, la exfiscal Ana Catalina Noguera. En su charla, se les escuchaba hablar sobre una supuesta intermediación del exfiscal general Néstor Humberto Martínez.
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