Los roces entre jurisdicciones en los casos de los posibles gestores de paz

El presidente Gustavo Petro sorprendió el pasado jueves 3 de octubre, en medio de un evento de entrega de tierras en Montería (Córdoba), con un anuncio poco esperado: la posible reapertura de los diálogos con exparamilitares que integraron las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas bajo un proceso de paz que se llevó a cabo durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en 2005. Acto seguido, el mandatario aseguró que su administración trabaja en la designación como gestores de paz de los exlíderes de esa estructura contrainsurgente Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, y Rodrigo Tovar Pupo, conocido en la guerra como Jorge 40. Bajo esa misma figura está amparado el excomandante de las AUC, Salvatore Mancuso, quien también hizo presencia en el encuentro en su natal departamento, acompañando al mandatario y pidiendo perdón a las víctimas.

El presidente Gustavo Petro sorprendió el pasado jueves 3 de octubre, en medio de un evento de entrega de tierras en Montería (Córdoba), con un anuncio poco esperado: la posible reapertura de los diálogos con exparamilitares que integraron las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas bajo un proceso de paz que se llevó a cabo durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en 2005. Acto seguido, el mandatario aseguró que su administración trabaja en la designación como gestores de paz de los exlíderes de esa estructura contrainsurgente Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, y Rodrigo Tovar Pupo, conocido en la guerra como Jorge 40. Bajo esa misma figura está amparado el excomandante de las AUC, Salvatore Mancuso, quien también hizo presencia en el encuentro en su natal departamento, acompañando al mandatario y pidiendo perdón a las víctimas.

Sin embargo, esa designación podría navegar por mareas altas, pues, antes de que Mancuso recibiera ese beneplácito por parte del jefe de Estado—a quien el propio Mancuso calificó durante el evento como un presidente “que estuvo en la insurgencia, que fue víctima y objetivo militar de las autodefensas”— la justicia resolvió un choque de competencias entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las salas de Justicia y Paz, dos tribunales que disputaban la venia para llevar los procesos judiciales del exparamilitar cordobés. Desde marzo de este año, el despacho de la magistrada Diana Fajardo, de la Corte Constitucional, tuvo en sus manos el expediente para dirimir el conflicto de competencias que llegó al Tribunal Superior de Bogotá, luego de que la JEP también reclamó la competencia sobre los procesos de Mancuso.

El alto tribunal, el pasado 8 de agosto, resolvió el asunto y le dio vía libre a Justicia y Paz para asumir todos los procesos en contra de Mancuso, los cuales asumió desde 2005, tras la desmovilización de las autodefensas y antes de que fuera extraditado a Estados Unidos en 2008. Esa decisión fue materializada este 3 de octubre, mientras el exlíder paramilitar y el presidente Petro intercambiaban sombreros vueltiaos en Montería. A través del auto 1319 de 2024, la Corte dejó en claro los alcances de su decisión, pese a que Mancuso se sometió voluntariamente a la JEP en 2022, luego de que el órgano de justicia transicional le negara la entrada desde 2020. Luego de audiencias públicas, en las que el exparamilitar debía entregar verdad sobre la conexión entre las AUC y la fuerza pública, la JEP validó sus aportes y, el 17 de noviembre de 2023, lo aceptó como “bisagra” en el macrocaso 08 (que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares).

Volviendo al auto de la Corte Constitucional, la magistrada Fajardo indicó que, una vez Mancuso fue aceptado por la JEP como “compareciente forzoso” se dio apertura al conflicto de competencias, pues, “en principio, todos los hechos, en el marco del conflicto armado interno, lo involucran como comandante paramilitar durante el período comprendido entre 1989 y 2004, cuando se dio su desmovilización”. Y, esto cobra relevancia porque la Jurisdicción Especial para la Paz no está facultada para recibir a exparamilitares a sus procesos judiciales. Así lo expuso el alto tribunal: “La JEP no es competente para juzgar desmovilizados paramilitares dado que tanto los antecedentes del Acuerdo Final que dio origen a la JEP como las disposiciones que concretaron su competencia así lo evidencian”.

El auto es claro en mencionar que “las autoridades judiciales de Justicia y Paz son los jueces a quienes en el contexto transicional les corresponde la investigación, juzgamiento y, si es procedente, sanción de los antiguos miembros de grupos paramilitares (...) su aspiración principal era la desmovilización de grupos de autodefensa, como se observa en las discusiones en el Congreso previa la aprobación de esta ley”. Y sentenció: “En ese sentido, la JEP no tiene competencia para juzgar ex paramilitares, y por tanto no podría juzgar al señor Salvatore Mancuso Gómez. Ahora bien, la Sala no desconoce que la JEP, en particular la Sección de Apelación, ha establecido que la aceptación de Mancuso Gómez obedece a su calidad de sujeto incorporado funcional y materialmente a la Fuerza Pública, en su rol de ‘bisagra’”.

Conozca el auto de la Corte Constitucional:

Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, también en el foco del presidente Petro para ser nombrado como gestor de paz, no se quedó atrás en sus solicitudes ante la JEP, en la cual buscó acogerse para contar las alianzas entre el Bloque Norte de las autodefensas y la fuerza pública. En un principio, la JEP escuchó sus aportes en enero de 2023, algo que no lo sacó de Justicia y Paz, órgano al que también se acogió tras su desmovilización en 2005. No obstante, la Jurisdicción, el pasado 15 de mayo de 2023, decidió cerrarle la puerta, pues consideró que “Tovar Pupo no cumplió con las órdenes impartidas por la Sección de Apelación que, entre otras cosas, implicaban suministrar verdad plena que develara los patrones macrocriminales atribuibles al Bloque Norte de las AUC”.

Así mismo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que estudió el caso de Jorge 40 en la JEP, determinó que el exlíder paramilitar no cumplió con una serie de requerimientos, como presentar un “compromiso claro, concreto y programado de aporte a la verdad”. Y agregó: “Tampoco entregó pruebas que acreditaran que financió y auspició organizaciones paramilitares antes de formar parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Además, incumplió la orden emitida por la Sección de Apelación de entregar previamente los temas que abordaría en la Audiencia Única de Verdad Plena”.

Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, también enfrenta varios procesos en la justicia ordinaria por homicidio y otros crímenes. Por ejemplo, el pasado 17 de abril, un juez especializado de Bogotá, determino que el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo es responsable por el homicidio del líder sindical Luis Carlos Olarte Gaviria, el cual ocurrió en Segovia (Antioquia) en octubre de 2003. Fue condenado por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y concierto para delinquir agravado, por los que tendrá que pagar 23 años de prisión y deberá indemnizar a la familia de la víctima. Macaco está procesado por 12 casos de homicidio, secuestro y extorsión que él mismo aceptó. El exparamilitar, que fue extraditado y excluido de Justicia y Paz, llegó al país en 2019 para enfrentar procesos por al menos 141 crímenes, entre asesinatos y masacres. Actualmente está en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Así las cosas, será una decisión del presidente Petro de nombrar —o no— a los exjefes paramilitares como nuevos gestores de paz, teniendo en cuenta que se han presentado en varios tribunales para saldar sus deudas con la justicia. El único que ha logrado atravesar un conflicto de competencias es Salvatore Mancuso, quien sí fue aceptado por la JEP como punto de conexión. En el caso de Macaco y Jorge 40, si bien sus procesos continúan en la justicia ordinaria, se deberá resolver si, aun con procesos andando, podrían incidir en el proyecto de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

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