Los sobrecostos para comprar lápices y libros que tienen en líos a un exgobernador

Cuatro contratos que buscaban la compra de más de 30 mil kits escolares para preescolar y básica primaria, y la adecuación de bibliotecas en colegios en algunos municipios del Magdalena, tienen en líos al exgobernador Ómar Diazgranados. Según la Fiscalía, mientras fungió como mandatario permitió la apropiación de más de $4.320 millones por sobrecostos. Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2009, y lo tienen ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde reposa el escrito de acusación en su contra por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos.

Tres de los contratos que suman más de $7.444 millones fueron celebrados entre la Gobernación del Magdalena y la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones (Baldo), mientras que el otro, que superó los $1.029 millones, lo celebró y tramitó con la Fundación para el Desarrollo Sur (Fundesur). De acuerdo con la Fiscalía, todos los convenios tenían la misma finalidad: adquirir las bibliotecas y los kits escolares para miles de estudiantes. En el primer contrato, celebrado con Baldo en marzo de 2008, Diazgranados delegó a su secretario de despacho, Manuel Mazenet, para disponer todo lo relacionado con la tramitación previa, suscripción y liquidación de los convenios que requería el departamento.

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Mazenet, avalado por el exgobernador, celebró el contrato por $3.135 millones, con el que adquirieron los primeros 30.000 kits escolares compuestos de cuadernos, lápices, borradores, tijeras, bolígrafos, cartillas, morrales, entre otros artículos. Durante mayo de 2008 se celebró un convenio adicional por $999.960 millones que buscaba adquirir 39.569 kits más que, supuestamente, fueron solicitados por varios directores de entidades educativas del departamento. Sin embargo, la Fiscalía no halló las solicitudes de los académicos. Estas no serían las primeras irregularidades que encontró el ente acusador en el contrato que prometía la adquisición de 39.569 kits escolares.

La Fiscalía dijo que Diazgranados fue quien lideró la contratación y delegó a su funcionario para avanzar. Durante ese mismo proceso, dice la investigación, la Gobernación abrió la licitación en la que no habrían hecho los estudios previos del convenio, porque si bien se habló de la necesidad de adquirir los kits, no se establecieron las razones con las que delimitaron los elementos que contenían cada uno. Además, no fueron claros respecto a qué tipo de material era el que se pretendía adquirir, pues en todos los casos se estableció la compra de unos útiles escolares genéricos, sin que fuese posible establecer cuáles fueron los criterios de calidad.

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Por el contrario, lo que pudo establecer la Fiscalía es que los elementos que contenían los kits tuvieron sobrecostos. Por ejemplo, adquirieron bolígrafos por unidad de varios colores que costaban $577 y lo compraron a $792. Además, quedó en evidencia que las cotizaciones que solicitó la Gobernación no eran con una empresa que tuviera una actividad económica relacionada con temas escolares, sino que se dedicaban a la confección, distribución de prendas de vestir, calzado e implementos de seguridad industrial. En este caso, la Fiscalía estableció que los sobrecostos ascendieron a $2.046 millones.

“La Policía Judicial obtuvo copia de las facturas con las cuales la Fundación Baldo compró los elementos que componían los kits escolares, y con fundamento en los valores allí registrados, se pudo establecer que efectivamente el contratista adquirió los ítems a un precio muy inferior al que pagó la Gobernación, arrojando esa desbordada diferencia (…) Se tiene que el señor Ómar Ricardo Diazgranados Velásquez actuó en las acciones que condujeron a la apropiación de recursos del Estado por parte del Contratista”, reposa en el escrito de acusación que presentó la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia.

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El segundo contrato celebrado en mayo de 2009, también con Baldo, tenía la finalidad de adquirir, en calidad de compraventa, bibliotecas escolares. El propósito era comprar varios ejemplares sobre formación ciudadana y ética, valores para aprender a convivir y educar en sexualidad, entre otros. Lo que halló la Fiscalía es que cada libro tenía un precio de $44.850. No obstante, la Gobernación terminó pagando $332.222, es decir, casi 10 veces el valor real pagado. De ahí que el valor del contrato haya sido por $480 millones, cuando el valor real tenía que ser de $148 millones. En este caso, Baldo supuestamente se habría apropiado de alrededor de $331 millones.

Pese a que existe un informe de 2010 en que se indica que la administración entregó 232 bibliotecas pequeñas a 42 instituciones del departamento, se desconoce si tenían los libros suministrados por Baldo. “La Fiscalía General de la Nación estableció que Baldo compró las obras objeto del contrato 218 de 2009 y su adicional por un valor de $69’852.200; sin embargo, a ese valor se le deben sumar los $2’450.000 por concepto de envíos de los materiales a la ciudad de Santa Marta. Quedando un total de $73’302.200, como suma invertida por el contratista, al comprar los elementos objeto del contrato”, dice el escrito de acusación contra Diazgranados.

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El tercer contrato que le reprocha la Fiscalía al exgobernador tenía la misma finalidad: adquirir bibliotecas en calidad de compraventa. El negocio se celebró en noviembre de 2009 y se suscribió con Fundesur. El costo del convenio era de $1.029 millones, y en este hubo irregularidades, según la Fiscalía, en los estudios previos durante la suscripción del convenio. El ente investigador pudo establecer que no se advirtió la necesidad de contratar y adquirir más de 314 tomos de cada libro que abordaban temas de matemáticas, cuentos y enciclopedias temáticas para secundaria. Con este convenio, el exgobernador habría permitido la apropiación de más de $178 millones.

El último contrato también fue celebrado con Baldo en noviembre de 2009, por un valor de $2.829. De nuevo, su objetivo era adquirir kits escolares. Según la Fiscalía, las irregularidades se presentaron en la compra de los elementos, pues se hicieron en Barranquilla, Cali y Santa Marta por precios menores a los que se pactaron en el convenio. El análisis de los investigadores da cuenta que el valor de los kits ascendía a los $734 millones, pero la Gobernación pagó más de $2.000 millones. Por eso, la Fiscalía señala que se habría presentado una apropiación ilegal de $1.264 millones. Entre otras irregularidades halladas, el ente acusador encontró que los kits no fueron entregados completamente a algunos municipios del departamento, pues solo llegaron cuadernos, lápices y borradores.

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Por estos hechos, según el escrito de acusación, tanto la Contraloría como la Procuraduría abrieron procesos fiscales y disciplinarios contra el exgobernador. Ahora, en su proceso penal, la Corte seguirá adelante con el juicio en su contra para determinar si Diazgranados es culpable, tal y como lo ha expuesto la Fiscalía. Por su parte, el exgobernador, en diálogo con este diario, señaló que demostrará su inocencia ante los estrados judiciales.

“Once años después de haber salido del cargo aún no me han probado acto irregular alguno y mi suspensión del cargo, además obedeció a una supuesta medida cautelar dizque por ser un peligro para la investigación cuando los contratos investigados ya incluso estaban terminados, liquidados y aportados sus soportes dos veces consecutivas en más de 1.000 folios a la Contraloría General de la República. Este proceso que apenas se inicia, es la oportunidad que estaba esperando y a la cual tengo derecho por ley, para demostrar mi inocencia, dentro de una investigación en la cual me han revictimizado por más de una década con informaciones que no son ciertas”, dijo el exmandatario.

Cuatro contratos que buscaban la compra de más de 30 mil kits escolares para preescolar y básica primaria, y la adecuación de bibliotecas en colegios en algunos municipios del Magdalena, tienen en líos al exgobernador Ómar Diazgranados. Según la Fiscalía, mientras fungió como mandatario permitió la apropiación de más de $4.320 millones por sobrecostos. Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2009, y lo tienen ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, donde reposa el escrito de acusación en su contra por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos.

Tres de los contratos que suman más de $7.444 millones fueron celebrados entre la Gobernación del Magdalena y la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones (Baldo), mientras que el otro, que superó los $1.029 millones, lo celebró y tramitó con la Fundación para el Desarrollo Sur (Fundesur). De acuerdo con la Fiscalía, todos los convenios tenían la misma finalidad: adquirir las bibliotecas y los kits escolares para miles de estudiantes. En el primer contrato, celebrado con Baldo en marzo de 2008, Diazgranados delegó a su secretario de despacho, Manuel Mazenet, para disponer todo lo relacionado con la tramitación previa, suscripción y liquidación de los convenios que requería el departamento.

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Mazenet, avalado por el exgobernador, celebró el contrato por $3.135 millones, con el que adquirieron los primeros 30.000 kits escolares compuestos de cuadernos, lápices, borradores, tijeras, bolígrafos, cartillas, morrales, entre otros artículos. Durante mayo de 2008 se celebró un convenio adicional por $999.960 millones que buscaba adquirir 39.569 kits más que, supuestamente, fueron solicitados por varios directores de entidades educativas del departamento. Sin embargo, la Fiscalía no halló las solicitudes de los académicos. Estas no serían las primeras irregularidades que encontró el ente acusador en el contrato que prometía la adquisición de 39.569 kits escolares.

La Fiscalía dijo que Diazgranados fue quien lideró la contratación y delegó a su funcionario para avanzar. Durante ese mismo proceso, dice la investigación, la Gobernación abrió la licitación en la que no habrían hecho los estudios previos del convenio, porque si bien se habló de la necesidad de adquirir los kits, no se establecieron las razones con las que delimitaron los elementos que contenían cada uno. Además, no fueron claros respecto a qué tipo de material era el que se pretendía adquirir, pues en todos los casos se estableció la compra de unos útiles escolares genéricos, sin que fuese posible establecer cuáles fueron los criterios de calidad.

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Por el contrario, lo que pudo establecer la Fiscalía es que los elementos que contenían los kits tuvieron sobrecostos. Por ejemplo, adquirieron bolígrafos por unidad de varios colores que costaban $577 y lo compraron a $792. Además, quedó en evidencia que las cotizaciones que solicitó la Gobernación no eran con una empresa que tuviera una actividad económica relacionada con temas escolares, sino que se dedicaban a la confección, distribución de prendas de vestir, calzado e implementos de seguridad industrial. En este caso, la Fiscalía estableció que los sobrecostos ascendieron a $2.046 millones.

“La Policía Judicial obtuvo copia de las facturas con las cuales la Fundación Baldo compró los elementos que componían los kits escolares, y con fundamento en los valores allí registrados, se pudo establecer que efectivamente el contratista adquirió los ítems a un precio muy inferior al que pagó la Gobernación, arrojando esa desbordada diferencia (…) Se tiene que el señor Ómar Ricardo Diazgranados Velásquez actuó en las acciones que condujeron a la apropiación de recursos del Estado por parte del Contratista”, reposa en el escrito de acusación que presentó la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia.

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El segundo contrato celebrado en mayo de 2009, también con Baldo, tenía la finalidad de adquirir, en calidad de compraventa, bibliotecas escolares. El propósito era comprar varios ejemplares sobre formación ciudadana y ética, valores para aprender a convivir y educar en sexualidad, entre otros. Lo que halló la Fiscalía es que cada libro tenía un precio de $44.850. No obstante, la Gobernación terminó pagando $332.222, es decir, casi 10 veces el valor real pagado. De ahí que el valor del contrato haya sido por $480 millones, cuando el valor real tenía que ser de $148 millones. En este caso, Baldo supuestamente se habría apropiado de alrededor de $331 millones.

Pese a que existe un informe de 2010 en que se indica que la administración entregó 232 bibliotecas pequeñas a 42 instituciones del departamento, se desconoce si tenían los libros suministrados por Baldo. “La Fiscalía General de la Nación estableció que Baldo compró las obras objeto del contrato 218 de 2009 y su adicional por un valor de $69’852.200; sin embargo, a ese valor se le deben sumar los $2’450.000 por concepto de envíos de los materiales a la ciudad de Santa Marta. Quedando un total de $73’302.200, como suma invertida por el contratista, al comprar los elementos objeto del contrato”, dice el escrito de acusación contra Diazgranados.

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El tercer contrato que le reprocha la Fiscalía al exgobernador tenía la misma finalidad: adquirir bibliotecas en calidad de compraventa. El negocio se celebró en noviembre de 2009 y se suscribió con Fundesur. El costo del convenio era de $1.029 millones, y en este hubo irregularidades, según la Fiscalía, en los estudios previos durante la suscripción del convenio. El ente investigador pudo establecer que no se advirtió la necesidad de contratar y adquirir más de 314 tomos de cada libro que abordaban temas de matemáticas, cuentos y enciclopedias temáticas para secundaria. Con este convenio, el exgobernador habría permitido la apropiación de más de $178 millones.

El último contrato también fue celebrado con Baldo en noviembre de 2009, por un valor de $2.829. De nuevo, su objetivo era adquirir kits escolares. Según la Fiscalía, las irregularidades se presentaron en la compra de los elementos, pues se hicieron en Barranquilla, Cali y Santa Marta por precios menores a los que se pactaron en el convenio. El análisis de los investigadores da cuenta que el valor de los kits ascendía a los $734 millones, pero la Gobernación pagó más de $2.000 millones. Por eso, la Fiscalía señala que se habría presentado una apropiación ilegal de $1.264 millones. Entre otras irregularidades halladas, el ente acusador encontró que los kits no fueron entregados completamente a algunos municipios del departamento, pues solo llegaron cuadernos, lápices y borradores.

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Por estos hechos, según el escrito de acusación, tanto la Contraloría como la Procuraduría abrieron procesos fiscales y disciplinarios contra el exgobernador. Ahora, en su proceso penal, la Corte seguirá adelante con el juicio en su contra para determinar si Diazgranados es culpable, tal y como lo ha expuesto la Fiscalía. Por su parte, el exgobernador, en diálogo con este diario, señaló que demostrará su inocencia ante los estrados judiciales.

“Once años después de haber salido del cargo aún no me han probado acto irregular alguno y mi suspensión del cargo, además obedeció a una supuesta medida cautelar dizque por ser un peligro para la investigación cuando los contratos investigados ya incluso estaban terminados, liquidados y aportados sus soportes dos veces consecutivas en más de 1.000 folios a la Contraloría General de la República. Este proceso que apenas se inicia, es la oportunidad que estaba esperando y a la cual tengo derecho por ley, para demostrar mi inocencia, dentro de una investigación en la cual me han revictimizado por más de una década con informaciones que no son ciertas”, dijo el exmandatario.