"Los testigos contra Luis Alfredo Ramos"

Para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no parecen haber dudas sobre los presuntos vínculos del exsenador y exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos con las autodefensas. En una providencia de 72 páginas conocida por El Espectador, el alto tribunal decanta una a una las evidencias que tiene para afirmar que Ramos recibió dineros de ese grupo ilegal para financiar su campaña y que participó en una reunión en el año 2005 con voceros de los paramilitares con miras a examinar los avances de la Ley de Justicia y Paz que se tramitaba en el Congreso. Por estas razones la Corte lo llamó a juicio el pasado 24 de abril.

La Corte recordó que desde mediados de los años 90 hasta por lo menos el año 2007 las autodefensas hicieron presencia en el departamento de Antioquia y llegaron a tener enlaces políticos, muchos de los cuales ya fueron sentenciados por esa corporación, entre ellos los excongresistas Humberto Builes, Mario Uribe, Ramón Valencia, Carlos Higuera, Carlos Julio Galvis, Rubén Darío Quintero, Estanislao Ortiz, Óscar Suárez Mira, César Andrade Moreno, Manuel Darío Ávila y César Pérez García, este último condenado por su responsabilidad en la masacre de Segovia perpetrada en 1988 por un grupo de paramilitares, en el que perdieron la vida 43 personas.

La Corte recordó una declaración del exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, en la que aportó detalles de la reunión realizada a principios de 2005 en la finca de Hugo Albeiro Quintero, alias El Patrón de Bello, a la que asistieron Báez, alias Julián Bolívar, Alberto Guerrero, el asesor de las autodefensas el excongresista Carlos Alonso Lucio y los parlamentarios Óscar Suárez, ya condenado por estos hechos, Óscar Arboleda, actualmente detenido, Luis Alfredo Ramos y Manuel Ramiro Velásquez, aunque a este último la Corte no lo ha llamado a declarar. En todo caso, tanto Ramos como los demás han insistido en que dicho encuentro fue “una reunión de paz”, debido a que el gobierno adelantaba entonces un proceso de diálogo con ese grupo ilegal.

Ernesto Báez le contó a la justicia que quien ideó ese encuentro fue el máximo jefe paramilitar Vicente Castaño Gil, pues había preocupación en las autodefensas sobre los pormenores de la Ley de Justicia y Paz y porque había detalles de la discusión que tendrían que ser resueltos por el Congreso de una forma favorable a esa organización. Según Báez, lo que se buscaba con ese encuentro a principios de 2005 era que algunos aspectos de esa norma “tuvieran buena audiencia ante algunos miembros del Congreso que podrían ser amigos nuestros. Digo amigos porque don Vicente Castaño tenía sus amigos, y el señor Mancuso tenía sus amigos y yo también. Y si llegaba el momento de hacer lobby pues cada uno lo hacía con los amigos del Congreso”.

En su declaración añadió que Vicente Castaño le pidió estar al tanto de la iniciativa que buscaba catalogar a las autodefensas como sediciosos, es decir otorgarles un reconocimiento político, un artículo que finalmente tumbó la Corte Constitucional. En su versión, Báez relató que Vicente le dijo: “Tengo unos amigos en el Congreso y concretamente hay una persona que estaría dispuesta a ayudarnos que es el doctor Luis Alfredo Ramos. Con él va a estar el doctor Óscar Suárez. Ellos lo van a recibir y están totalmente dispuestos a escucharlos y a hacer algún acuerdo”. Y agregó: “Vicente me dijo cuando habló de esta comisión, ‘salúdeme de manera muy especial al doctor Alfredo Ramos (…) dígale que confío en que él y sus amigos nos den la mano en esto”.

La Corte también citó en la acusación el testimonio de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, extraditado a los Estados Unidos, quien declaró que el objetivo de ese encuentro de 2005 “era que hubiera modificaciones a la Ley que nos fueran favorables, hay que tener en cuenta que nosotros teníamos ambiciones políticas, también aspirábamos a tener alguna participación en el Congreso”. Así mismo, la Corte recordó que no existió autorización por parte del gobierno para esa reunión y por tal razón la misma fue clandestina. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz negó que se expidieran autorizaciones verbales o escritas para parlamentarios y recordó que los únicos representantes autorizados por el gobierno desde 2002 para realizar contactos fueron Eduardo León Espinosa, Ricardo Avellaneda, Carlos Franco, Jorge Ignacio Castaño, Gilberto Alzate Ronga, y Juan B. Pérez Rubiano.

Aún más, la Corte aseguró que los miembros del Congreso sólo estaba autorizados por el gobierno para reunirse con los paramilitares en la mesa de negociación de Santa Fe de Ralito (Córdoba), pues muchos de ellos no se habían desmovilizado. Así mismo, la Corte le dio credibilidad al testimonio del narcoparamilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, alias el Tuso Sierra, quien sostuvo que le dio $10 millones a Ramos Botero en una oficina que tenía en Medellín, plata cuyo destino era financiar su campaña al Congreso. En su acusación, el alto tribunal sostuvo que era creíble la versión del exparamilitar Carlos Enrique Areiza, quien acusó a Ramos de tener encuentros con los hermanos Carlos y Vicente Castaño, aunque la propia Corte advierte que su testimonio tiene muchas imprecisiones y contradicciones. Una de ellas, por ejemplo, haber afirmado que le comentó en su momento al entonces vicefiscal Guillermo Mendoza Diago sobre estos hechos, algo que negó categóricamente el jurista.

La Corte también recibió la declaración de Andrés de Jesús Vélez Franco, quien informó que supo que el asesinado excomandante del bloque Centauros de las autodefensas Miguel Arroyave apoyó económicamente a Ramos, también excandidato presidencial que tuvo que renunciar a su aspiración cuando fue llamado a indagatoria por el alto tribunal en agosto de 2013. Por último rindió testimonio el exparamilitar José Raúl Mira Vélez, quien advirtió que Ramos “recibió aportes económicos del bloque Metro y del Cartel de la Gasolina”. Además la Corte criticó que en el año 2007 Luis Alfredo Ramos guardara silencio, cuando ese tribunal le preguntó si sabía que el congresista Óscar Suárez Mira tuviera vínculos con las autodefensas, a lo que contestó: “En ningún momento conocí eso, de lo contrario yo hubiera intervenido”.

En la otra orilla, la Procuraduría y la defensa de Ramos pidieron la preclusión del caso. Según el representante del Ministerio Público, a pesar de los nexos de alias El Alemán con políticos de Urabá, Ramos Botero no tenía por qué saber de esas movidas. Además, criticó los testimonios del Tuso Sierra, Andrés de Jesús Vélez y Carlos Enrique Areiza por considerarlos vagos o contradictorios. En lo concerniente a la famosa reunión del año 2005, la Procuraduría manifestó que alias Ernesto Báez tenía salvoconducto para realizar este tipo de contactos y que en ese encuentro no se hicieron pactos políticos como el de Ralito “para refundar el país”. De igual forma, hizo énfasis en que no se entiende que si Luis Alfredo Ramos hubiese hecho parte de los amigos de las autodefensas resultara tan difícil contactarlo para asistir a esa reunión.

“La reticencia del procesado para concurrir a un lugar rural o a Ralito, lo que explica por qué se buscó la finca de Bello (Antioquia), permite inferir que entre éste (Ramos) y las autodefensas no existía confianza alguna y menos tratos anteriores”, concluyó el vocero del Ministerio Público, y añadió que Luis Alfredo Ramos no obtuvo en las zonas de influencia de los paramilitares una votación atípica. Además, recordó que el testigo Areiza cuenta “con un historial de diferentes engaños a funcionarios” y que la versión del Tuso Sierra es poco fiable.

En ese mismo sentido se pronunció el abogado de Ramos, quien insistió en que su cliente no participó en la ponencia ni en los debates de la Ley de Justicia y Paz. Sobre alias Alberto Guerrero, el abogado desestimó sus acusaciones y lo tachó de mentiroso al tiempo que llamó la atención sobre las múltiples versiones y contradicciones entregadas por alias Ernesto Báez en los últimos dos años. Según el defensor, Báez añade y quita en cada declaración un dato, por lo cual no resulta creíble. Sobre Areiza asegura que ese testigo dijo haber tenido una reunión con el hoy alcalde de Bogotá Gustavo Petro para entregarle información sobre Ramos, pero esta versión fue desmentida por Petro, quien le dijo a la Fiscalía que Areiza era un mentiroso.

En general, se critica que se le dé crédito a testigos que lo que buscan, según la defensa de Ramos, son rebajas y beneficios procesales. No obstante, la Corte en su acusación sostiene que hay evidencias e indicios muy fuertes contra el político antioqueño que hasta agosto pasado aspiró a la presidencia. Con una particularidad: en su acusación el alto tribunal pidió investigar al abogado de Ramos porque, al parecer, éste y otros defensores cancelaron varias diligencias programadas en este caso sin tener facultades, pues les habrían informado a los potenciales declarantes que estas diligencias ya no tendrían lugar. Además, la Corte criticó que estas diligencias se hubieran cancelado alegando para ello el defensor de Ramos y sus abogados suplentes que tenían que desplazarse a Panamá por un asunto de violencia intrafamiliar que, tal parece, ya se había resulto desde junio de 2013, según un informe del CTI de la Fiscalía del 7 de abril pasado.

@jdlaverde9

jlaverde@elespectador.com

Para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no parecen haber dudas sobre los presuntos vínculos del exsenador y exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos con las autodefensas. En una providencia de 72 páginas conocida por El Espectador, el alto tribunal decanta una a una las evidencias que tiene para afirmar que Ramos recibió dineros de ese grupo ilegal para financiar su campaña y que participó en una reunión en el año 2005 con voceros de los paramilitares con miras a examinar los avances de la Ley de Justicia y Paz que se tramitaba en el Congreso. Por estas razones la Corte lo llamó a juicio el pasado 24 de abril.

La Corte recordó que desde mediados de los años 90 hasta por lo menos el año 2007 las autodefensas hicieron presencia en el departamento de Antioquia y llegaron a tener enlaces políticos, muchos de los cuales ya fueron sentenciados por esa corporación, entre ellos los excongresistas Humberto Builes, Mario Uribe, Ramón Valencia, Carlos Higuera, Carlos Julio Galvis, Rubén Darío Quintero, Estanislao Ortiz, Óscar Suárez Mira, César Andrade Moreno, Manuel Darío Ávila y César Pérez García, este último condenado por su responsabilidad en la masacre de Segovia perpetrada en 1988 por un grupo de paramilitares, en el que perdieron la vida 43 personas.

La Corte recordó una declaración del exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, en la que aportó detalles de la reunión realizada a principios de 2005 en la finca de Hugo Albeiro Quintero, alias El Patrón de Bello, a la que asistieron Báez, alias Julián Bolívar, Alberto Guerrero, el asesor de las autodefensas el excongresista Carlos Alonso Lucio y los parlamentarios Óscar Suárez, ya condenado por estos hechos, Óscar Arboleda, actualmente detenido, Luis Alfredo Ramos y Manuel Ramiro Velásquez, aunque a este último la Corte no lo ha llamado a declarar. En todo caso, tanto Ramos como los demás han insistido en que dicho encuentro fue “una reunión de paz”, debido a que el gobierno adelantaba entonces un proceso de diálogo con ese grupo ilegal.

Ernesto Báez le contó a la justicia que quien ideó ese encuentro fue el máximo jefe paramilitar Vicente Castaño Gil, pues había preocupación en las autodefensas sobre los pormenores de la Ley de Justicia y Paz y porque había detalles de la discusión que tendrían que ser resueltos por el Congreso de una forma favorable a esa organización. Según Báez, lo que se buscaba con ese encuentro a principios de 2005 era que algunos aspectos de esa norma “tuvieran buena audiencia ante algunos miembros del Congreso que podrían ser amigos nuestros. Digo amigos porque don Vicente Castaño tenía sus amigos, y el señor Mancuso tenía sus amigos y yo también. Y si llegaba el momento de hacer lobby pues cada uno lo hacía con los amigos del Congreso”.

En su declaración añadió que Vicente Castaño le pidió estar al tanto de la iniciativa que buscaba catalogar a las autodefensas como sediciosos, es decir otorgarles un reconocimiento político, un artículo que finalmente tumbó la Corte Constitucional. En su versión, Báez relató que Vicente le dijo: “Tengo unos amigos en el Congreso y concretamente hay una persona que estaría dispuesta a ayudarnos que es el doctor Luis Alfredo Ramos. Con él va a estar el doctor Óscar Suárez. Ellos lo van a recibir y están totalmente dispuestos a escucharlos y a hacer algún acuerdo”. Y agregó: “Vicente me dijo cuando habló de esta comisión, ‘salúdeme de manera muy especial al doctor Alfredo Ramos (…) dígale que confío en que él y sus amigos nos den la mano en esto”.

La Corte también citó en la acusación el testimonio de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, extraditado a los Estados Unidos, quien declaró que el objetivo de ese encuentro de 2005 “era que hubiera modificaciones a la Ley que nos fueran favorables, hay que tener en cuenta que nosotros teníamos ambiciones políticas, también aspirábamos a tener alguna participación en el Congreso”. Así mismo, la Corte recordó que no existió autorización por parte del gobierno para esa reunión y por tal razón la misma fue clandestina. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz negó que se expidieran autorizaciones verbales o escritas para parlamentarios y recordó que los únicos representantes autorizados por el gobierno desde 2002 para realizar contactos fueron Eduardo León Espinosa, Ricardo Avellaneda, Carlos Franco, Jorge Ignacio Castaño, Gilberto Alzate Ronga, y Juan B. Pérez Rubiano.

Aún más, la Corte aseguró que los miembros del Congreso sólo estaba autorizados por el gobierno para reunirse con los paramilitares en la mesa de negociación de Santa Fe de Ralito (Córdoba), pues muchos de ellos no se habían desmovilizado. Así mismo, la Corte le dio credibilidad al testimonio del narcoparamilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, alias el Tuso Sierra, quien sostuvo que le dio $10 millones a Ramos Botero en una oficina que tenía en Medellín, plata cuyo destino era financiar su campaña al Congreso. En su acusación, el alto tribunal sostuvo que era creíble la versión del exparamilitar Carlos Enrique Areiza, quien acusó a Ramos de tener encuentros con los hermanos Carlos y Vicente Castaño, aunque la propia Corte advierte que su testimonio tiene muchas imprecisiones y contradicciones. Una de ellas, por ejemplo, haber afirmado que le comentó en su momento al entonces vicefiscal Guillermo Mendoza Diago sobre estos hechos, algo que negó categóricamente el jurista.

La Corte también recibió la declaración de Andrés de Jesús Vélez Franco, quien informó que supo que el asesinado excomandante del bloque Centauros de las autodefensas Miguel Arroyave apoyó económicamente a Ramos, también excandidato presidencial que tuvo que renunciar a su aspiración cuando fue llamado a indagatoria por el alto tribunal en agosto de 2013. Por último rindió testimonio el exparamilitar José Raúl Mira Vélez, quien advirtió que Ramos “recibió aportes económicos del bloque Metro y del Cartel de la Gasolina”. Además la Corte criticó que en el año 2007 Luis Alfredo Ramos guardara silencio, cuando ese tribunal le preguntó si sabía que el congresista Óscar Suárez Mira tuviera vínculos con las autodefensas, a lo que contestó: “En ningún momento conocí eso, de lo contrario yo hubiera intervenido”.

En la otra orilla, la Procuraduría y la defensa de Ramos pidieron la preclusión del caso. Según el representante del Ministerio Público, a pesar de los nexos de alias El Alemán con políticos de Urabá, Ramos Botero no tenía por qué saber de esas movidas. Además, criticó los testimonios del Tuso Sierra, Andrés de Jesús Vélez y Carlos Enrique Areiza por considerarlos vagos o contradictorios. En lo concerniente a la famosa reunión del año 2005, la Procuraduría manifestó que alias Ernesto Báez tenía salvoconducto para realizar este tipo de contactos y que en ese encuentro no se hicieron pactos políticos como el de Ralito “para refundar el país”. De igual forma, hizo énfasis en que no se entiende que si Luis Alfredo Ramos hubiese hecho parte de los amigos de las autodefensas resultara tan difícil contactarlo para asistir a esa reunión.

“La reticencia del procesado para concurrir a un lugar rural o a Ralito, lo que explica por qué se buscó la finca de Bello (Antioquia), permite inferir que entre éste (Ramos) y las autodefensas no existía confianza alguna y menos tratos anteriores”, concluyó el vocero del Ministerio Público, y añadió que Luis Alfredo Ramos no obtuvo en las zonas de influencia de los paramilitares una votación atípica. Además, recordó que el testigo Areiza cuenta “con un historial de diferentes engaños a funcionarios” y que la versión del Tuso Sierra es poco fiable.

En ese mismo sentido se pronunció el abogado de Ramos, quien insistió en que su cliente no participó en la ponencia ni en los debates de la Ley de Justicia y Paz. Sobre alias Alberto Guerrero, el abogado desestimó sus acusaciones y lo tachó de mentiroso al tiempo que llamó la atención sobre las múltiples versiones y contradicciones entregadas por alias Ernesto Báez en los últimos dos años. Según el defensor, Báez añade y quita en cada declaración un dato, por lo cual no resulta creíble. Sobre Areiza asegura que ese testigo dijo haber tenido una reunión con el hoy alcalde de Bogotá Gustavo Petro para entregarle información sobre Ramos, pero esta versión fue desmentida por Petro, quien le dijo a la Fiscalía que Areiza era un mentiroso.

En general, se critica que se le dé crédito a testigos que lo que buscan, según la defensa de Ramos, son rebajas y beneficios procesales. No obstante, la Corte en su acusación sostiene que hay evidencias e indicios muy fuertes contra el político antioqueño que hasta agosto pasado aspiró a la presidencia. Con una particularidad: en su acusación el alto tribunal pidió investigar al abogado de Ramos porque, al parecer, éste y otros defensores cancelaron varias diligencias programadas en este caso sin tener facultades, pues les habrían informado a los potenciales declarantes que estas diligencias ya no tendrían lugar. Además, la Corte criticó que estas diligencias se hubieran cancelado alegando para ello el defensor de Ramos y sus abogados suplentes que tenían que desplazarse a Panamá por un asunto de violencia intrafamiliar que, tal parece, ya se había resulto desde junio de 2013, según un informe del CTI de la Fiscalía del 7 de abril pasado.

@jdlaverde9

jlaverde@elespectador.com