Los testimonios que tienen a Álvaro Ashton en la cárcel
Ocho declaraciones detallan el presunto pacto con las autodefensas con fines políticos, al igual que las charlas con el exfiscal Gustavo Moreno para archivar el proceso por parapolítica.
Juan David Laverde Palma / Redacción Judicial
La investigación por parapolítica contra el político liberal barranquillero Álvaro Ashton comenzó en la Corte Suprema de Justicia en 2012, por presuntos vínculos con el frente José Pablo Díaz del bloque Norte de las autodefensas, que habría apoyado su proyecto político. El caso revivió en este alto tribunal con el escándalo de corrupción que envuelve a los exmagistrados Francisco Ricaurte y José Leónidas Bustos. Ashton está detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, a la espera de que la Corte resuelva el recurso de reposición con el que busca quedar su libre.
En el expediente del alto tribunal figuran las declaraciones del exparamilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, conocido en las filas paramilitares como Don Antonio, quien reveló el pacto con Ashton para que el político manejara el hospital Materno Infantil en Soledad (Atlántico). “El hospital Materno Infantil de Soledad lo manejaban las Auc por acuerdo con la doctora Rosa Stella Ibáñez, alcaldesa del municipio de Soledad”, declaró, y precisó que con amenazas “hicimos renunciar al anterior gerente para montar a Francisco Romero, muy amigo de Ashton”.
Asimismo señaló que algunos políticos del frente José Pablo Díaz le apoyaban con votos, sin embargo resaltó que quienes tienen información veraz de ese asunto eran quienes manejaban la parte política, vale decir Mario Rafael Marenco Egea, alias el Gordo, testigo principal del caso, quien declaró que “el Materno Infantil era un fortín político que debía poner entre cuatro o cinco mil votos, era la caja menor de las autodefensas. Luis Francisco Romero era cuota política de un senador que gozó de alta burocracia en el hospital, Álvaro Ashton”, añade el documento de la Corte.
(Le puede interesar: Las grabaciones de Álvaro Ashton)
Incluso reveló que fue tal el poder del senador liberal que le otorgó un cargo a su sobrino David Ashton en el área administrativa del hospital. “Álvaro Ashton no tuvo un apoyo electoral directo, su apoyo fue a través de burocracia que se le entregó en el hospital Materno Infantil en cabeza de Francisco Romero, porque él era cuota política de Ashton”. El Gordo declaró además que “la hoja de vida del director Luis Francisco Romero fue entregada por el doctor Ashton allá a las Auc. Nosotros nos reunimos mucho con Álvaro Ashton”.
Johnny Acosta Garizábalo, alias 28, exmiembro del frente José Pablo Díaz de las Auc, declaró contra quienes apoyaron en su causa política: “Se apoyó a Álvaro Ashton, a David Char, a Dieb Maloof, a Jorge Caballero. Se apoyó a varios senadores que hacían parte de la región Caribe y la mayoría de ellos aceptaron en la Corte los cargos de los que se está señalando acá en Justicia y Paz”. Como jefe de finanzas del frente durante algunos meses de 2005, sostuvo que para esa época “todas las fichas que salían eran con el visto de la organización, o sea, todos los políticos que querían lanzarse a un cargo de esos tenían que llevar un visto bueno de Don Antonio, de Gonzalo y de Mario Marenco”, por lo que si el candidato no tenía visto bueno se metía en problemas con una organización que tenía el control en el departamento.
Otra declaración clave la rindió el exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien indicó que Ashton le entregó $600 millones por intermediación del exmagistrado Francisco Ricaurte, para obtener el archivo de la investigación. “En el caso de Álvaro Ashton nunca presenté poder, yo nunca fui su abogado. Pacho me dijo cobre $1.200 millones, de lo que yo recogí, a mí me entregaron $600 millones, se le entregaron $400 millones a Francisco Ricaurte, $100 millones a Luis Ignacio Lyons y $100 millones que conservé yo. En el caso de Ashton se acordó el archivo, pero no alcanzó a salir porque entiendo que el caso se redistribuyó por zonas”.
En la medida de aseguramiento contra Ashton también declararon José Ayala Jurado, Julio César Díaz Mateus y Eliécer Remón Orozco, del frente José Pablo Díaz del bloque Norte de las autodefensas. La Corte también sostuvo que hay miles de llamadas interceptadas al congresista que probarían el supuesto pacto con las autodefensas. Así las cosas, la Sala determinó que la valoración de pruebas recaudadas demuestra la ocurrencia del concierto para delinquir agravado por parte del senador Álvaro Ashton: “Ashton tenía amplias relaciones con el frente José Pablo Díaz, pero, además, tenía por expreso propósito asegurar que aquél obtuviera una curul para que desde el Congreso promoviera los intereses de la organización”.
(Lea también: La mala hora de Álvaro Ashton, cacique electoral del Atlántico)
Ante estas declaraciones, lLa defensa del senador, el abogado Isnardo Gómez, ha argumentado que Ashton fue extorsionado. “Le exigían $100 millones o si no lo vinculaban con la actividad de las Auc en el Atlántico, en el bloque Norte, y él hizo las denuncias correspondientes. Sin embargo, formular la denuncia hoy en día parece como si hubiera sido una reversión y un castigo”, señaló Gómez, quien afirmó que si el senador hubiese querido beneficiar a los paramilitares, habría votado a favor de la Ley de Justicia y Paz, cosa que no ocurrió. “Está probado que el Partido Liberal y toda su bancada, entre ellos el senador Álvaro Ashton, quien era representante para ese momento, se opuso, no votó, se retiró del recinto en oposición por acuerdo de la dirección del partido, que estaba a cargo del expresidente César Gaviria”
La última palabra en este caso la tendrá la Corte Suprema de Justicia, para definir si Ashton es declarado culpable o es absuelto por este caso. Aun así le quedan pendientes los procesos de Odebrecht, el cartel de la toga y presuntos hechos asociados a delitos sexuales.
La investigación por parapolítica contra el político liberal barranquillero Álvaro Ashton comenzó en la Corte Suprema de Justicia en 2012, por presuntos vínculos con el frente José Pablo Díaz del bloque Norte de las autodefensas, que habría apoyado su proyecto político. El caso revivió en este alto tribunal con el escándalo de corrupción que envuelve a los exmagistrados Francisco Ricaurte y José Leónidas Bustos. Ashton está detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, a la espera de que la Corte resuelva el recurso de reposición con el que busca quedar su libre.
En el expediente del alto tribunal figuran las declaraciones del exparamilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, conocido en las filas paramilitares como Don Antonio, quien reveló el pacto con Ashton para que el político manejara el hospital Materno Infantil en Soledad (Atlántico). “El hospital Materno Infantil de Soledad lo manejaban las Auc por acuerdo con la doctora Rosa Stella Ibáñez, alcaldesa del municipio de Soledad”, declaró, y precisó que con amenazas “hicimos renunciar al anterior gerente para montar a Francisco Romero, muy amigo de Ashton”.
Asimismo señaló que algunos políticos del frente José Pablo Díaz le apoyaban con votos, sin embargo resaltó que quienes tienen información veraz de ese asunto eran quienes manejaban la parte política, vale decir Mario Rafael Marenco Egea, alias el Gordo, testigo principal del caso, quien declaró que “el Materno Infantil era un fortín político que debía poner entre cuatro o cinco mil votos, era la caja menor de las autodefensas. Luis Francisco Romero era cuota política de un senador que gozó de alta burocracia en el hospital, Álvaro Ashton”, añade el documento de la Corte.
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Incluso reveló que fue tal el poder del senador liberal que le otorgó un cargo a su sobrino David Ashton en el área administrativa del hospital. “Álvaro Ashton no tuvo un apoyo electoral directo, su apoyo fue a través de burocracia que se le entregó en el hospital Materno Infantil en cabeza de Francisco Romero, porque él era cuota política de Ashton”. El Gordo declaró además que “la hoja de vida del director Luis Francisco Romero fue entregada por el doctor Ashton allá a las Auc. Nosotros nos reunimos mucho con Álvaro Ashton”.
Johnny Acosta Garizábalo, alias 28, exmiembro del frente José Pablo Díaz de las Auc, declaró contra quienes apoyaron en su causa política: “Se apoyó a Álvaro Ashton, a David Char, a Dieb Maloof, a Jorge Caballero. Se apoyó a varios senadores que hacían parte de la región Caribe y la mayoría de ellos aceptaron en la Corte los cargos de los que se está señalando acá en Justicia y Paz”. Como jefe de finanzas del frente durante algunos meses de 2005, sostuvo que para esa época “todas las fichas que salían eran con el visto de la organización, o sea, todos los políticos que querían lanzarse a un cargo de esos tenían que llevar un visto bueno de Don Antonio, de Gonzalo y de Mario Marenco”, por lo que si el candidato no tenía visto bueno se metía en problemas con una organización que tenía el control en el departamento.
Otra declaración clave la rindió el exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien indicó que Ashton le entregó $600 millones por intermediación del exmagistrado Francisco Ricaurte, para obtener el archivo de la investigación. “En el caso de Álvaro Ashton nunca presenté poder, yo nunca fui su abogado. Pacho me dijo cobre $1.200 millones, de lo que yo recogí, a mí me entregaron $600 millones, se le entregaron $400 millones a Francisco Ricaurte, $100 millones a Luis Ignacio Lyons y $100 millones que conservé yo. En el caso de Ashton se acordó el archivo, pero no alcanzó a salir porque entiendo que el caso se redistribuyó por zonas”.
En la medida de aseguramiento contra Ashton también declararon José Ayala Jurado, Julio César Díaz Mateus y Eliécer Remón Orozco, del frente José Pablo Díaz del bloque Norte de las autodefensas. La Corte también sostuvo que hay miles de llamadas interceptadas al congresista que probarían el supuesto pacto con las autodefensas. Así las cosas, la Sala determinó que la valoración de pruebas recaudadas demuestra la ocurrencia del concierto para delinquir agravado por parte del senador Álvaro Ashton: “Ashton tenía amplias relaciones con el frente José Pablo Díaz, pero, además, tenía por expreso propósito asegurar que aquél obtuviera una curul para que desde el Congreso promoviera los intereses de la organización”.
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Ante estas declaraciones, lLa defensa del senador, el abogado Isnardo Gómez, ha argumentado que Ashton fue extorsionado. “Le exigían $100 millones o si no lo vinculaban con la actividad de las Auc en el Atlántico, en el bloque Norte, y él hizo las denuncias correspondientes. Sin embargo, formular la denuncia hoy en día parece como si hubiera sido una reversión y un castigo”, señaló Gómez, quien afirmó que si el senador hubiese querido beneficiar a los paramilitares, habría votado a favor de la Ley de Justicia y Paz, cosa que no ocurrió. “Está probado que el Partido Liberal y toda su bancada, entre ellos el senador Álvaro Ashton, quien era representante para ese momento, se opuso, no votó, se retiró del recinto en oposición por acuerdo de la dirección del partido, que estaba a cargo del expresidente César Gaviria”
La última palabra en este caso la tendrá la Corte Suprema de Justicia, para definir si Ashton es declarado culpable o es absuelto por este caso. Aun así le quedan pendientes los procesos de Odebrecht, el cartel de la toga y presuntos hechos asociados a delitos sexuales.