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En un documento de 77 páginas, en poder de El Espectador, están consignadas las pruebas de la supuesta cacería y el perfilamiento que, durante 2019, habría realizado inteligencia militar contra decenas de civiles. Un escándalo que apenas comienza y que ha sido llamado “carpetas secretas”. De la ilegalidad de los seguimientos dejó constancia el procurador Fernando Carrillo con estas palabras: “El término ‘trabajos especiales’ no existe en el marco de la doctrina militar propia del sistema de inteligencia y contrainteligencia”. La frase es del pliego de cargos con que el jefe del Ministerio Público llamó a juicio disciplinario a 13 militares y en el documento se insinúa que por lo menos uno de estos “trabajos especiales” habría llegado a manos del excomandante del Ejército, general Nicacio Martínez.
(En contexto: Las “carpetas secretas” de inteligencia militar: ¿a quiénes iban dirigidas y para qué?)
De acuerdo con la investigación que inició en enero pasado la Procuraduría, “los imputados, al obtener información de los mencionados ciudadanos, que confluyen en la elaboración de los perfilamientos realizados por el Batallón de Ciberinteligencia, desconocieron las normas de orden constitucional y legal relacionadas con la inviolabilidad del derecho a la intimidad”. Las posibles evidencias de este acecho fueron halladas el 18 de diciembre pasado tras un allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia ubicado en Facatitivá, Cundinamarca. Dicha unidad estaba a cargo del coronel Milton Eugenio Rozo, uno de los llamados a juicio disciplinario. Aunque copias de lo que allí se halló reposan en la Corte Suprema y en la Fiscalía, la Procuraduría es la única autoridad que ha echado a andar investigaciones formales por este caso.
En esa unidad se encontraron la bitácora de estas irregularidades, los radiogramas que avalaron los procedimientos y los informes sobre los blancos escogidos. No obstante, en el expediente hay pruebas e indicios de que gran parte de la línea de mando de inteligencia militar, desde el entonces jefe del Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia, general (r) Gonzalo Ernesto García Luna, hacia abajo tenían conocimiento de los “trabajos especiales”. Asimismo, el oficial de más alto rango que deberá responder por el caso es el general Luis Felipe Montoya, cabeza de la Jefatura del Estado Mayor de Operaciones del Ejército y jefe directo del general García Luna.
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El reproche de la Procuraduría a los seguimientos informáticos queda expreso en una frase del documento: “Los perfilados no constituían amenazas ni internas ni externas contra la soberanía, la seguridad y la defensa nacional”. Los “trabajos especiales” eran tan bajo cuerda que el modus operandi de Rozo para ordenarles a sus subalternos perfilar a alguien habría sido así: los llamaba por Whatsapp, les decía el nombre de la persona o algún dato identificable, ellos ponían a correr una herramienta de búsqueda de fuente abierta (Osint) cuyos resultados después resumían en una presentación de Power Point, que le enviaban a su superior por la misma red social que les llegaba la orden.
La primera víctima de estas pesquisas irregulares es a su vez la única cuyo perfilamiento quedó totalmente consignado en documentos de inteligencia: la periodista María Alejandra Villamizar, de Noticias Caracol y La Luciérnaga, de Caracol Radio. ¿Su pecado? Haber entrevistado el 3 de marzo de 2019 a Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador de la guerrilla del Eln en Cuba. La presunta cacería empezó el 4 de mayo de ese mismo año. Ese día, en el marco de la Operación Hábil contra este grupo guerrillero, se dieron órdenes de empezar a monitorear a la comunicadora, según consta en documentos de inteligencia.
La primera de estas órdenes, al parecer, la emitió el coronel Julio Tobías López, oficial de Operaciones de la Brigada de Inteligencia Militar, quien le envió una misión de trabajo al comandante del Batallón de Inteligencia Militar Estratégico N° 4, teniente coronel Hugo Armando Díaz ese 4 de mayo. El documento pedía “realizar las coordinaciones necesarias para obtener el nombre y la ubicación de la periodista de Caracol que realizó una entrevista a este cabecilla el día 03-MAR-19 en la ciudad de La Habana (Cuba), lo anterior con el fin de realizarle Osint”. La orden rebotó hacia abajo en la cadena de mando y la tarea quedó en manos del sargento José Luis Cadena.
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Este uniformado le dijo a la Procuraduría: “En sí, a nosotros nos pasan los datos y como se maneja este tema de la compartimentación, lo único que nosotros hacíamos era ejecutarla, pues no nos daban mayores detalles”. Además, aseguró que quienes sabían del perfilamiento eran directamente el coronel Rozo y el teniente Luis Carlos Trujillo, comandante de la compañía de Ciberexplotación. Después de varios meses, finalmente el 18 de octubre de 2019, en un extenso reporte, quedó consignado dónde vivía Villamizar, cuáles eran sus teléfonos privados y todo su pasado laboral: en qué medios ha trabajado y su paso como funcionaria del gobierno de Juan Manuel Santos, entre otros.
La información contenía datos tan específicos de la periodista —o “sujeta”, como se refería a ella el informe de inteligencia— como las multas de tránsito que tenía pendientes, en qué puesto de votación tiene inscrita su cédula, unas denuncias de irregularidades en el Ejército que hizo en 2014 y hasta con quién estaba casada, tal cual lo reveló Semana. Los investigadores de la Procuraduría, incluso, le preguntaron al sargento Cadena si reconocía las diapositivas que había hecho públicas la revista cuando denunció estas irregularidades en inteligencia, y el testigo respondió que sí, que esos reportes publicados fueron hechos por él, siguiendo órdenes de Rozo.
¿Qué tanto sabía el general Martínez?
Casi en paralelo, el mismo batallón que comandaba Rozo habría comenzado sus seguidillas contra el corresponsal de The New York Times para la región Andina, Nicholas Casey. El mismo que, en mayo de 2019, reveló cuestionadas órdenes operacionales en el Ejército que revivieron el fantasma de los falsos positivos. Casey fue perfilado y monitoreado, y en 51 diapositivas, otro archivo de texto de seis páginas y más archivos consignaron sus datos personales, lugar de nacimiento, información académica y de dónde eran la mayoría de sus seguidores en redes. A la Procuraduría le llamó la atención, por ejemplo, que Casey fue perfilado en más de una ocasión.
Cuando le preguntaron al sargento Cadena por los motivos del acecho, respondió: “Tengo entendido que fue lo que había salido en Semana, lo que había publicado Casey de las ejecuciones extrajudiciales”. Y remató: “Era para buscar a ver si el periodista tenía de amigo en sus redes sociales a algún uniformado”. Es decir, querían identificar a sus fuentes. Es más, el sargento Cadena sostuvo en declaración juramentada que, en una reunión, le presentó la carpeta de Casey al general Gonzalo García Luna, “quien además aseguró en su presencia que se la daría a conocer al propio comandante del Ejército, Nicacio Martínez Espinel”, según se lee en el documento. Martínez, por su parte, se ha declarado ajeno al escándalo y la Fiscalía lo citó a interrogatorio.
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En esa misma línea, inteligencia militar perfiló a buena parte de los contactos de Casey, como el reportero gráfico Federico Ríos, de quien el Ejército detalló que “apoya a la JEP” y que es amigo del director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia. Entre los mayores contactos de Ríos estaba la periodista Andrea Aldana, quien ha sido colaboradora de este diario y ahora trabaja en Semana. Aldana también fue perfilada por inteligencia luego de que le hiciera una entrevista al comandante del frente de guerra occidental del Eln en Chocó, alias Uriel.
Luego de una entrevista al mismo personaje, el periodista Camilo Poveda, de Blu Radio, también fue objeto de seguimientos informáticos. Sobre él, por ejemplo, la Procuraduría le preguntó al sargento Cadena: “¿Cuál era el interés del Ejército frente a este periodista?”. El uniformado respondió: “La verdad no sé”, luego de lo cual aseguró que el perfilamiento lo ordenó, como en la mayoría de los casos, el coronel Rozo. Decenas de periodistas, como el equipo de Rutas del Conflicto y la Liga Contra el Silencio, la comunicadora venezolana Ibeyise Pacheco y varios extranjeros más fueron reseñados en esas carpetas sin justificación alguna.
Entre los perfilados estuvieron, asimismo, personalidades políticas como los senadores de oposición Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar, y el propio exsecretario de Presidencia del actual Gobierno, Jorge Mario Eastman. Todos estos datos llevaron al procurador Carrillo a concluir: “Los imputados, al obtener información de los mencionados ciudadanos, que confluyen en la elaboración de los perfilamientos realizados por el Batallón de Ciberinteligencia, desconocieron las normas de orden constitucional y legal relacionadas con la inviolabilidad del derecho a la intimidad y las garantías que amparan el ejercicio de esa profesión”.
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El Ministerio Público documentó que hombres del Batallón de Ciberinteligencia acudieron a las oficinas de la DIAN en Bogotá, porque a uno de sus directivos le llegó a su correo electrónico un video en el que, supuestamente, le estaban haciendo rezos y brujería. A pesar de la protesta de algunos suboficiales, porque eso nada tenía que ver con la seguridad nacional, el caso se trabajó, al parecer, por orden del coronel Rozo. Para Carrillo, fue un despropósito: “No era plausible poner a los orgánicos del Bacib, así como equipos tecnológicos de esa unidad, para cubrir las necesidades personales de un funcionario de la DIAN”.
Más allá de los militares cuyo rol directo en el escándalo ya se ha hecho público, la Procuraduría reprochó la falta de “diligencia” y el “desdén” del jefe directo de García Luna y en cuyas narices se habrían perfilado con recursos estatales a un centenar de civiles que no representaban ninguna amenaza para la seguridad nacional: el general Luis Felipe Montoya. “Con un mínimo de diligencia y con apego a las reglas que lo obligaban a controlar y ejercer el mando de manera adecuada se habría percatado de las múltiples irregularidades que se estaban presentando en el interior del Bacib y con subalternos del más alto nivel dentro del componente de inteligencia”, anotó el procurador sobre el alto oficial, que está entre los procesados disciplinariamente por este escándalo.
De hecho, Montoya mismo pidió la baja en el Ejército cuando conoció de estas irregularidades. Y es que la fuerte crítica a su gestión como jefe del Estado Mayor de Operaciones no viene solo de la Procuraduría. El propio comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, le dijo al Ministerio Público sobre el rol de Montoya: “Lo que sí podemos determinar es que hubo fallas en el mando y control”. Y el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, complementó: “Mandar es el 10 por ciento fácil, cualquiera puede mandar en un cargo, pero controlar es la esencia, que es el 90 por ciento de la actividad de un comandante, debe estar controlando las órdenes que ha emitido”.