Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En la tarde de este jueves, ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, fue acusado el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. Esta vez, el condenado por parapolítica enfrenta un caso por supuestas irregularidades en la adjudicación de la megaobra para la construcción de la hidroeléctrica de Ituango, proyecto conocido como Hidroituango. Durante la audiencia que se realizó este jueves, la Sala de Primera Instancia declaró víctimas en el proceso del juicio contra Ramos a la Gobernación de Antioquia y su Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).
Podría interesarle: Magistrado Farfán dice que nunca ha filtrado información y que todo es un montaje
En este caso, la Fiscalía delegada ante el alto tribunal lo acusa por, supuestamente, haber permitido que se pasara de una invitación internacional a una selección directa, con el propósito de favorecer a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y entregarles el proyecto. Además, valiéndose de su posición como gobernador del departamento, se encargó de que EPM quedara con el contrato de construcción y operación de la hidroeléctrica, según el ente investigador.
Dentro de lo dicho por el ente investigador en contra de Ramos, él conoció y avaló, por lo menos, cuatro acuerdos, en los que los accionistas nombraron un nuevo gerente de Hidroituango y la junta directiva modificó el Manual de Contratación para permitir que EPM fuera designado como contratista.
Le recomendamos: Así van las investigaciones contra los presuntos aliados de Aida Merlano
También, según la Fiscalía, el entonces gobernador “realizó varias visitas a la Presidencia de la República y a la Consejería de las Regiones, en mayo y junio de 2010, para recibir apoyo a la modalidad de contratación directa que fue escogida”. Así, dice el ente investigador, en marzo de 2011, Hidroituango S.A. suscribió con EPM el contrato BOOMT (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer) para la ejecución del proyecto energético.
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Luis Alfredo Ramos Botero en agosto de 2022 el delito de interés indebido en la celebración de contratos, cargo que no aceptó.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.