Luis Gustavo Moreno pagará 4 años, 10 meses y 15 días de prisión

Luego del inédito traspiés que tuvo la Corte Suprema de Justicia de frenar la codena de tres años y seis meses al exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno Rivera, por un error en el cálculo de pena, en audiencia pública este viernes se fijó la nueva pena: cuatro años, diez meses y 15 días de prisión, por los delitos de concusión y uso indebido de información privilegiada. Además, deberá pagar multa de 100 salarios mínimos (más de $78 millones) y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por cuatro años.

El exfiscal entró a una de las salas de audiencia del alto tribunal minutos antes de iniciar la diligencia, programada para las 10 de la mañana, en compañía de su abogado Pedro Aguilar. Vestía un traje negro, camisa blanca, zapatos y corbata del mismo color, y notaba tranquilidad mientras que el magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal, iniciaba la audiencia. También se encontraba el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Jaime Camacho; José Gabriel García, defensor suplente de Moreno, y la procuradora Myriam Ávila Roldán.

(Le podría interesar: Corte Suprema revisará condena impuesta a Gustavo Moreno)

A manera de una declaración, la Corte Suprema de Justicia expresó su “perplejidad” en los comportamientos ejecutados por Moreno Rivera. “Un funcionario de alto nivel dentro de una estructura jerárquica de la Fiscalía General de la Nación, precisamente encargado de luchar contra la corrupción, defraudó tan hondamente la credibilidad del conglomerado social de sus funcionarios e instituciones, en especial, en las encargadas de administrar justicia”, se lee en la sentencia. Además, hizo un llamado a la Rama Judicial “para probar con el ejercicio de nuestras funciones en el marco de la ley, que somos el poder moral de la Nación”.

Moreno Rivera, además de aceptar los cargos –por lo que obtuvo una rebaja en su pena– y mostrar su arrepentimiento desde que estalló el escándalo conocido como el cartel de la toga, es uno de los mayores delatores de la corrupción en el país. Durante tal proceso de colaboración con la justicia, el exfiscal anticorrupción ya entregó información de 26 personas que estarían involucrados en estos hechos ilícitos.

“La colaboración de Moreno recae sobre un importante número de personas entre las cuales se encuentran magistrados, senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes y particulares”, se lee en el documento de colaboración. Además, desde el año pasado viene colaborando con la Fiscalía para que, a cambio de información sobre los involucrados y las operaciones del cartel de la toga, pueda rebajar su pena.

(Lea también: El paso no tan brillante de Gustavo Moreno por la universidad)

Estados Unidos lo solicitó después de que la agencia antidrogas (DEA) lo grabara en Miami cuando sobornaba al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Esas grabaciones habrían sido la clave para destapar todo el escándalo de corrupción que hasta el día de hoy ya tiene en prisión a Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y a José Leonidas Bustos, con una indagación preliminar en la Comisión de Acusación.

Luego del inédito traspiés que tuvo la Corte Suprema de Justicia de frenar la codena de tres años y seis meses al exjefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno Rivera, por un error en el cálculo de pena, en audiencia pública este viernes se fijó la nueva pena: cuatro años, diez meses y 15 días de prisión, por los delitos de concusión y uso indebido de información privilegiada. Además, deberá pagar multa de 100 salarios mínimos (más de $78 millones) y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por cuatro años.

El exfiscal entró a una de las salas de audiencia del alto tribunal minutos antes de iniciar la diligencia, programada para las 10 de la mañana, en compañía de su abogado Pedro Aguilar. Vestía un traje negro, camisa blanca, zapatos y corbata del mismo color, y notaba tranquilidad mientras que el magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal, iniciaba la audiencia. También se encontraba el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Jaime Camacho; José Gabriel García, defensor suplente de Moreno, y la procuradora Myriam Ávila Roldán.

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A manera de una declaración, la Corte Suprema de Justicia expresó su “perplejidad” en los comportamientos ejecutados por Moreno Rivera. “Un funcionario de alto nivel dentro de una estructura jerárquica de la Fiscalía General de la Nación, precisamente encargado de luchar contra la corrupción, defraudó tan hondamente la credibilidad del conglomerado social de sus funcionarios e instituciones, en especial, en las encargadas de administrar justicia”, se lee en la sentencia. Además, hizo un llamado a la Rama Judicial “para probar con el ejercicio de nuestras funciones en el marco de la ley, que somos el poder moral de la Nación”.

Moreno Rivera, además de aceptar los cargos –por lo que obtuvo una rebaja en su pena– y mostrar su arrepentimiento desde que estalló el escándalo conocido como el cartel de la toga, es uno de los mayores delatores de la corrupción en el país. Durante tal proceso de colaboración con la justicia, el exfiscal anticorrupción ya entregó información de 26 personas que estarían involucrados en estos hechos ilícitos.

“La colaboración de Moreno recae sobre un importante número de personas entre las cuales se encuentran magistrados, senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes y particulares”, se lee en el documento de colaboración. Además, desde el año pasado viene colaborando con la Fiscalía para que, a cambio de información sobre los involucrados y las operaciones del cartel de la toga, pueda rebajar su pena.

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Estados Unidos lo solicitó después de que la agencia antidrogas (DEA) lo grabara en Miami cuando sobornaba al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Esas grabaciones habrían sido la clave para destapar todo el escándalo de corrupción que hasta el día de hoy ya tiene en prisión a Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y a José Leonidas Bustos, con una indagación preliminar en la Comisión de Acusación.