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El pasado jueves 17 de noviembre, después de ocho años de proceso, el juez primero especializado de Cundinamarca dio sentido de fallo condenatorio en contra de 21 militares adscritos al Batallón Móvil de Ocaña (Norte de Santander) por la ejecución extrajudicial de cuatro jóvenes provenientes de Soacha quienes fueron presentados como guerrilleros abatitos en combate.
Tras conocerse la decisión judicial las madres de estos cinco jóvenes celebraron. Sin embargo, para ellas todavía falta mucho para que se haga justicia en este caso y se les repare el buen nombre y la honra a sus hijos quienes fueron calificados el 7 de abril de 2008 por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez de ser guerrilleros que fallecieron tras un enfrentamiento directo con el Ejército.
“Los jóvenes desaparecidos en Soacha fueron dados de baja en combates. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales”. Esta frase zumba todos los días en la memoria de las “madres de los falsos positivos de Soacha” que consideran que sus hijos como ellas han sido revictimizadas. Hoy esperan que tras el fallo judicial el ahora senador se retracte.
Para Idaly Garcera, madre de Diego Alberto Tamayo Garcera, la decisión del juez demuestra que sus hijos fueron contactados por una persona contratada por el Ejército para que los llevara hasta Ocaña con una promesa de trabajo. El reclutador, quien ya fue condenado, se los entregó a los militares quienes los asesinaron y presentaron un reporte sobre bajas para demostrar resultados operacionales.
“Que los muchachos no eran ningunos guerrilleros y entonces con eso diciendo el presidente: ‘esos muchachos sí eran hijos de familia, no eran ningunos zánganos por ahí, ningunas personas malas porque mi hijo era una persona muy buena”, aseguró Garcera –cuyo único hijo fue asesinado por la Fuerza Pública- a NoticiasUno.
Por su parte, Edilia Palacio, madre de Jader Andrés Palacio, considera que es grave que el entonces presidente hiciera tales afirmaciones y que después de nueve años no reconozca que cometió un error. Para la mujer la indemnización económica es lo de menos puesto que con el dinero no va a poder recuperar a su hijo, lo único que espera es que se haga justicia y se repare el buen nombre de los jóvenes de Soacha.
Pese a las estrategias dilatorias presentadas en el desarrollo de este juicio por parte de los abogados de los 21 militares procesados consideran que por fin se hizo justicia. El 23 de marzo de 2017 se conocerá el monto de la condena en contra de los oficiales y suboficiales adscritos a la Brigada XXX del Ejército en Ocaña (Norte de Santander).
El despacho judicial encontró responsables a los militares de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento privado, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego. El juez declaró este caso como de lesa humanidad hecho por el cual el mismo no puede prescribir ni los acusados pueden recibir beneficios judiciales.
Por estos hechos fueron condenados el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado; el capitán Henry Mauricio Blanco Barbosa; sargento segundo Jáner Ediel Duque Marín; cabo segundo Richard Jojoa Bastidas; cabo tercero, Ricardo Coronado Martínez; y el cabo primero Manuel Ángel Zorrilla Agámez. El juez dictó orden de captura inmediata en su contra.
Igualmente fueron sentenciados los soldados John Ánderson Díaz Ortega, Richard Eliud González Gómez, Géiner Fuertes Castillo, Pedro Johan Hernández Malagón, Juan Ramón Marín, José Orlando González Ceballos, Kevis Alberto Jiménez Escalante, Juan Gabriel Espinosa, Medardo Díaz Ríos, Nixon Arturo Cubides, Mauricio Cuniche Delgadillo y José Adolfo Fernández.