Magistrado responderá en juicio por omisión en la protección de la niñez Wayúu

El magistrado Jhon Rusber Noreña, quien actualmente se desempeña en el Tribunal Superior de Valledupar, fue llamado a juicio disciplinario por orden de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la entidad que investiga y sanciona las conductas de los funcionarios del sistema de justicia. Le reprochan la omisión en proteger la niñez Wayúu, una de sus funciones cuando integró el Tribunal Superior de Riohacha, entre 2018 y 2021.

Antecedentes: Corte Constitucional declara estado de cosas inconstitucional derechos de menores Wayúu

Desde 2017, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional con respecto a la población menor de edad indígena en La Guajira. En palabras sencillas, la alta corte evidenció una sostenida y grave vulneración de derechos humanos en contra de sujetos de especial protección, con considerables fallas de las instituciones regionales y nacionales que terminaron por afectar las garantías en salud, alimentación y agua potable.

Según un comunicado de la Comisión de Disciplina, el llamado a juicio se toma por el “inexplicable retardo en proferir las decisiones pertinentes, en orden a mostrar avances siquiera mínimos para el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, emitida por la Corte Constitucional ante la grave situación humanitaria de La Guajira”. Esa era, según la investigación, responsabilidad de Noreña, quien habría dejado también vencer los plazos determinados por la Convención Americana de Derechos Humanos para atender la emergencia.

Le puede interesar: Hambre en La Guajira: Cinco años de una crisis que se agudiza

Para la Comisión, el tiempo transcurrido sin tomar decisiones de fondo ordenadas por la Corte Constitucional es “irrazonable y desproporcionado”, y atenta contra los principios de celeridad y correcta administración de justicia. El organismo encontró que nunca se conformó el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación a la sentencia y que entregó dos plazos innecesarios para la presentación de un Plan de Acción que aliviara las condiciones de la comunidad.

“La decisión adoptada en su momento por la Corte Constitucional, dispuso tener en cuenta y responder adecuadamente las propuestas presentadas por las autoridades Wayúu y la Defensoría del Pueblo; construir de forma conjunta las acciones, los plazos y las metas, así como los indicadores para evaluar los avances; mantener el acompañamiento permanente del Ministerio Público; verificar lo actuado judicialmente, y establecer espacios de rendición de cuentas y un cronograma para esos efectos”, órdenes que Noreña, al parecer, no ayudó a cumplir.

En contexto: En La Guajira, 95 niños y niñas que murieron por desnutrición estaban en programas ICBF

En su momento, las estadísticas respaldaron la decisión de la Corte Constitucional. Según un antiguo informe del Ministerio de Salud, de 2013, la tasa de mortalidad por causas asociadas a desnutrición en menores de cinco años fue de 32,54% por cada 1.000 niños en el departamento, mientras que el promedio nacional era de 6,76%. El ICBF agregó que, para 2010, La Guajira presentó un índice de desnutrición crónica del 27,98%. La problemática sigue al rojo vivo, pues, entre 2019 y 2022, 265 niños fallecieron por desnutrición.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El magistrado Jhon Rusber Noreña, quien actualmente se desempeña en el Tribunal Superior de Valledupar, fue llamado a juicio disciplinario por orden de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la entidad que investiga y sanciona las conductas de los funcionarios del sistema de justicia. Le reprochan la omisión en proteger la niñez Wayúu, una de sus funciones cuando integró el Tribunal Superior de Riohacha, entre 2018 y 2021.

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Desde 2017, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional con respecto a la población menor de edad indígena en La Guajira. En palabras sencillas, la alta corte evidenció una sostenida y grave vulneración de derechos humanos en contra de sujetos de especial protección, con considerables fallas de las instituciones regionales y nacionales que terminaron por afectar las garantías en salud, alimentación y agua potable.

Según un comunicado de la Comisión de Disciplina, el llamado a juicio se toma por el “inexplicable retardo en proferir las decisiones pertinentes, en orden a mostrar avances siquiera mínimos para el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, emitida por la Corte Constitucional ante la grave situación humanitaria de La Guajira”. Esa era, según la investigación, responsabilidad de Noreña, quien habría dejado también vencer los plazos determinados por la Convención Americana de Derechos Humanos para atender la emergencia.

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Para la Comisión, el tiempo transcurrido sin tomar decisiones de fondo ordenadas por la Corte Constitucional es “irrazonable y desproporcionado”, y atenta contra los principios de celeridad y correcta administración de justicia. El organismo encontró que nunca se conformó el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación a la sentencia y que entregó dos plazos innecesarios para la presentación de un Plan de Acción que aliviara las condiciones de la comunidad.

“La decisión adoptada en su momento por la Corte Constitucional, dispuso tener en cuenta y responder adecuadamente las propuestas presentadas por las autoridades Wayúu y la Defensoría del Pueblo; construir de forma conjunta las acciones, los plazos y las metas, así como los indicadores para evaluar los avances; mantener el acompañamiento permanente del Ministerio Público; verificar lo actuado judicialmente, y establecer espacios de rendición de cuentas y un cronograma para esos efectos”, órdenes que Noreña, al parecer, no ayudó a cumplir.

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En su momento, las estadísticas respaldaron la decisión de la Corte Constitucional. Según un antiguo informe del Ministerio de Salud, de 2013, la tasa de mortalidad por causas asociadas a desnutrición en menores de cinco años fue de 32,54% por cada 1.000 niños en el departamento, mientras que el promedio nacional era de 6,76%. El ICBF agregó que, para 2010, La Guajira presentó un índice de desnutrición crónica del 27,98%. La problemática sigue al rojo vivo, pues, entre 2019 y 2022, 265 niños fallecieron por desnutrición.

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