Magnicidio en Haití: Defensoría del Pueblo envía misión humanitaria

La Defensoría del Pueblo envió una misión humanitaria con destino a Haití, país centroamericano en alerta tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, asesinado por presuntos mercenarios y militares en retiro colombianos, el pasado 7 de julio. Según la entidad, el objetivo es verificar la situación de derechos humanos de los acusados y de los nacionales residentes en la isla.

En contexto: Joseph Felix Badio, el exfuncionario que habría ordenado el magnicidio en Haití

La misión humanitaria está conformada, entre otras personas, por el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, agregó que en los últimos días ha sostenido entrevistas con los cerca de 80 colombianos que viven allí. Se pretende verificar la situación de derechos humanos y llegar a una articulación con las autoridades haitianas para evitar la persecución que se han denunciado organizaciones sociales contra la comunidad extranjera.

“La misión también mantendrá un diálogo con Renan Hedouville, encargado de la Oficina de Protección Ciudadana de Haití, la entidad homóloga de la Defensoría del Pueblo, con el fin de revisar toda la información relacionada con las medidas para garantizar la integridad física, psicológica y el debido proceso de los colombianos detenidos, pero también de los residentes, especialmente en la ciudad de Puerto Príncipe”, explicó la Defensoría.

En el comunicado, la entidad prometió brindarles a los 18 militares (r) detenidos una defensa técnica en el proceso, tal cual como sucede en Colombia cuando los ciudadanos requieren un servicio de defensoría pública. No obstante, la Defensoría no es la única autoridad nacional en Haití, pues desde el pasado 25 de julio la Cancillería envío una delegación oficial para ayudar a los acusados del magnicidio.

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“El equipo estará conformado por cuatro funcionarios, que durante tres días, verificarán las condiciones en las que se encuentran los connacionales detenidos en ese país, y adelantarán gestiones para la repatriación de los cuerpos de los exmilitares que fallecieron luego del asesinato del Presidente Jovenel Moïse”, explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su momento. Se espera que para esta semana se recuperen los cuerpos de Mauricio Javier Romero, Duberney Capador y Miguel Guillermo Garzón, muertos tras operación policial.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverri, al igual que Carlos Camargo, se refirió a la detención que enfrentan los nacionales vinculados con el asesinato: “Hemos expresado al embajador de Haití la preocupación que tenemos sobre la seguridad de los detenidos, y solicitamos que ese Gobierno garantice la integridad física y psicológica de los connacionales”.

Tanto las autoridades de la isla como las colombianas coinciden en una hipótesis: Emmanuel Sanon, médico de origen haitiano, sería el determinador de la muerte de Moïse. Léon Charles, jefe de la policía en el lugar, sostiene que Sanon llegó a la isla con objetivos políticos hace meses, luego de vivir durante décadas en Florida (Estados Unidos). El sospechoso está detenido, por supuestamente haber contactado una empresa de investigación para contratar un grupo de mercenarios.

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Según el resultado del interrogatorio a los 18 colombianos detenidos, a quienes se les acusa haber baleado sin compasión a Moïse, Sanon reclutó a 26 personas a través de una empresa de seguridad llamada CTU Security Services, con sede en Florida. Las reuniones iniciales al parecer se hicieron en Miami, entre personas que trabajaban en la empresa, junto a James Solages (estadounidense traductor del grupo), Arcángel Pretelt (presunto mercenario colombiano), Tony Intriago (venezolano dueño de la empresa según Diario Libre de República Dominicana) y Emmanuel Sanon.

De acuerdo con el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, el militar (r) Duberney Capador habría participado de las reuniones en Miami, manteniendo al tanto de todo al militar (r) detenido Germán Alejandro Rivera, uno de los primeros en llegar a la isla. Luego, según la línea de tiempo, el ciudadano ecuatoriano Walter Veintemilla, a través de la empresa World Wide Capital, habría comprado los pasajes desde Miami para el ingreso del resto de los presuntos mercenarios.

Según informó Vargas, el nacional Germán Rivera, a través de Western Union, habría recibido giros para coordinar la alimentación y los gastos logísticos del grupo de presuntos mercenarios quienes ya estaban en Puerto Príncipe, en Haití, días antes del asesinato. Desde junio, los colombianos capturados prestaron servicios de seguridad a particulares, en grupos de siete y por tres semanas.

Puede leer: ¿Quién es quién en el asesinato del presidente de Haití?

Los acusados se habrían trasladado a una casa cercana a la mismísima residencia del presidente Moïse. Supuestamente iniciaron labores de entrenamiento y consiguen vehículos para llevar a cabo la operación. Según información de la isla, replicada por la Policía colombiana, tres días antes del magnicidio, Joseph Félix Badio, antiguo funcionario del Ministerio de Justicia haitiano, dio la orden a Capador y a Rivera de asesinar al presidente del país. El exfuncionario sería quien habría determinado el homicidio, al parecer siguiendo un plan político de Emmanuel Sanon.

La Defensoría del Pueblo envió una misión humanitaria con destino a Haití, país centroamericano en alerta tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, asesinado por presuntos mercenarios y militares en retiro colombianos, el pasado 7 de julio. Según la entidad, el objetivo es verificar la situación de derechos humanos de los acusados y de los nacionales residentes en la isla.

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La misión humanitaria está conformada, entre otras personas, por el vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, agregó que en los últimos días ha sostenido entrevistas con los cerca de 80 colombianos que viven allí. Se pretende verificar la situación de derechos humanos y llegar a una articulación con las autoridades haitianas para evitar la persecución que se han denunciado organizaciones sociales contra la comunidad extranjera.

“La misión también mantendrá un diálogo con Renan Hedouville, encargado de la Oficina de Protección Ciudadana de Haití, la entidad homóloga de la Defensoría del Pueblo, con el fin de revisar toda la información relacionada con las medidas para garantizar la integridad física, psicológica y el debido proceso de los colombianos detenidos, pero también de los residentes, especialmente en la ciudad de Puerto Príncipe”, explicó la Defensoría.

En el comunicado, la entidad prometió brindarles a los 18 militares (r) detenidos una defensa técnica en el proceso, tal cual como sucede en Colombia cuando los ciudadanos requieren un servicio de defensoría pública. No obstante, la Defensoría no es la única autoridad nacional en Haití, pues desde el pasado 25 de julio la Cancillería envío una delegación oficial para ayudar a los acusados del magnicidio.

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“El equipo estará conformado por cuatro funcionarios, que durante tres días, verificarán las condiciones en las que se encuentran los connacionales detenidos en ese país, y adelantarán gestiones para la repatriación de los cuerpos de los exmilitares que fallecieron luego del asesinato del Presidente Jovenel Moïse”, explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su momento. Se espera que para esta semana se recuperen los cuerpos de Mauricio Javier Romero, Duberney Capador y Miguel Guillermo Garzón, muertos tras operación policial.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverri, al igual que Carlos Camargo, se refirió a la detención que enfrentan los nacionales vinculados con el asesinato: “Hemos expresado al embajador de Haití la preocupación que tenemos sobre la seguridad de los detenidos, y solicitamos que ese Gobierno garantice la integridad física y psicológica de los connacionales”.

Tanto las autoridades de la isla como las colombianas coinciden en una hipótesis: Emmanuel Sanon, médico de origen haitiano, sería el determinador de la muerte de Moïse. Léon Charles, jefe de la policía en el lugar, sostiene que Sanon llegó a la isla con objetivos políticos hace meses, luego de vivir durante décadas en Florida (Estados Unidos). El sospechoso está detenido, por supuestamente haber contactado una empresa de investigación para contratar un grupo de mercenarios.

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De acuerdo con el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, el militar (r) Duberney Capador habría participado de las reuniones en Miami, manteniendo al tanto de todo al militar (r) detenido Germán Alejandro Rivera, uno de los primeros en llegar a la isla. Luego, según la línea de tiempo, el ciudadano ecuatoriano Walter Veintemilla, a través de la empresa World Wide Capital, habría comprado los pasajes desde Miami para el ingreso del resto de los presuntos mercenarios.

Según informó Vargas, el nacional Germán Rivera, a través de Western Union, habría recibido giros para coordinar la alimentación y los gastos logísticos del grupo de presuntos mercenarios quienes ya estaban en Puerto Príncipe, en Haití, días antes del asesinato. Desde junio, los colombianos capturados prestaron servicios de seguridad a particulares, en grupos de siete y por tres semanas.

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