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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla decidió que no levantará las 33 solicitudes de prisión preventiva que tiene el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por parte de la Fiscalía. Con esta reciente decisión, Mancuso no podrá quedar en libertad, independientemente de la decisión que tome, en los próximos días, el Tribunal de Bogotá. En la diligencia, el magistrado decidió no reconocerlo como gestor de paz, pues consideró que existían “vicios” dentro de la resolución presidencial que lo nombró bajo este cargo.
Este tribunal escuchó el pasado 6 de marzo al propio Mancuso, la Fiscalía, Procuraduría y abogados de víctimas sobre este tema. Fue precisamente a partir de estas intervenciones que decidió no levantar las medias que tiene el condenado criminal, quien lideró parte de la violenta estructura de los hermanos Carlos y Vicente Castaño a finales de los años noventa.
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Lo primero que planteó el Tribunal fueron los “vicios” que considera que existen en la designación de Mancuso como gestor de paz, ya que este ha sido el principal argumento que ha presentado la defensa del exjefe paramilitar para solicitar su libertad. El magistrado expuso que su designación en este cargo aún no tiene límites geográficos o de tiempo, medidas que debe establecer el Gobierno nacional. Fue enfático en recordar que las gestorías de paz son únicamente mecanismos temporales y que la orden “no es presidencial y automática”.
El Tribunal también argumentó de manera extensa la imposibilidad de que Mancuso acceda a beneficios de la Ley de Paz total del Gobierno nacional, debido a que este ya no hace parte de ningún grupo armado y no tiene influencia en ellos. Finalmente, explicó que las amnistías a exmiembros de organizaciones criminales son inconstitucionales cuando se trata de personas que han cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Así mismo, citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual expone que los beneficios de este tipo no deben llevar a la impunidad.
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El pasado 4 de marzo, Mancuso había logrado resolver a su favor uno de los tres avales que necesita para quedar libre. Una jueza de Justicia y Paz, que hace seguimiento a las condenas contra el exjefe paramilitar, señaló que, por ahora, este podía quedar libre por un tiempo de prueba de 4 años y que no podrán retornar a varios departamentos en donde sus hombres infundido terror durante años: Córdoba, Antioquia, Cesar, Sucre, La Guajira, Norte de Santander, Magdalena, entre otros.
Para esa autoridad judicial, Mancuso había cumplido con varios compromisos en Justicia y Paz, el sistema que se creó para procesar a los miembros de la estructura paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Por ejemplo, habría aportado verdad sobre algunos crímenes y pagó 8 años de cárcel, la pena máxima que contempla este modelo de justicia trancisional.
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Sin embargo, Aunque el Tribunal Superior de Barranquilla hubiera levantado las 33 órdenes de prisión contra Mancuso, este aún no habría podido quedar en libertad, pues todavía tiene que ir a solicitar el levantamiento de otras 14 órdenes que hay en otra Sala de Justicia y Paz en Bogotá. Si hubiera tenido estos tres avales, Mancuso habría podido iniciar sus labores como gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro, quien lo delegó en agosto de 2023. Pero, debido a la reciente negativa del tribunal, deberá seguir con este proceso desde la cárcel.
Salvatore Mancuso, por ejemplo, se comprometió a guiar a las autoridades en la frontera con Venezuela para recuperar decenas de cuerpos de víctimas del paramilitarismo que fueron desaparecidas o incineradas. Además, señaló que podría fungir como puente entre el Clan del Golfo (sucesor de los paramilitares) y el Gobierno para restablecer unos diálogos, que se rompieron en marzo de 2023.
Las críticas contra la libertad de Mancuso
En las audiencias que se han realizado recientemente sobre la libertad de Mancuso, abogados de víctimas y la Procuraduría se pronunciaron en contra de la solicitud de libertad del exjefe paramilitar. Algunos defensores tienen objeciones sobre la reparación por parte del exjefe paramilitar, un tema espinoso, pues de eso depende su permanencia en ese sistema de justicia.
La Procuraduría, por su parte, fue enfática en solicitar que se niegue la petición presentada por la defensa del exjefe paramilitar, con la cual se eliminarían sus restricciones de movilidad por el país. El Ministerio Público explicó que este tipo de medidas se toman precisamente para proteger a las víctimas y evitar que los victimarios pueden estar en territorios donde ya han cometido actos violentos porque su presencia allí podría resultar revictimizante, explicó la Procuraduría.
El Ministerio Público destacó que la solicitud del Alto Comisionado para la Paz para suspender las 33 solicitudes de prisión preventiva no especifica el proyecto que Mancuso llevará a cabo como gestor de paz, ni detalla los espacios temporales y territoriales de su actividad. La Procuraduría resaltó que Mancuso no representa a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ya que el Acuerdo de Ralito concluyó hace más de una década. Por lo tanto, considera “inadmisible” que se justifique su papel como gestor de paz con la promesa de cerrar definitivamente las estructuras criminales surgidas tras la desmovilización del paramilitarismo en Colombia.
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