Políticos venezolanos le propusieron a las AUC un golpe de Estado a Hugo Chávez

Salvatore Mancuso, durante su primera de las cuatro intervenciones que tendrá en la JEP, en las cuales se comprometió a revelar verdades jamás contadas de la guerra en Colombia.

Foto: JEP

Hoy, 11 de mayo de 2023, se cumplió la segunda audiencia de aporte a la verdad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Desde ayer, el antiguo hombre de confianza de los hermanos Castaño viene entregando información -en su mayoría ya contada en otras instancias por él mismo- con el fin de que esta justicia transicional permita su ingreso y pueda recibir algunos beneficios judiciales. Pero, de acuerdo con la JEP, esta antigua cabeza del paramilitarismo deberá ir más allá y entregar nuevos datos sobre quiénes y cómo que permitieron que el paramilitarismo avanzara a finales de los años noventa y principios de los dos mil en Colombia.

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Este jueves el exlíder paramilitar narró como políticos y generales venezolanos, les propusieron a las Autodefensas dar un golpe de Estado al entonces presidente de ese país y hoy fallecido, Hugo Chávez, de un expediente que está con vida en la JEP y sobre la presunta falsa desmovilización de la guerrilla del EPL

Conozca aquí lo que dijo Mancuso:

Casi al término de la audiencia y ante una pregunta del Procurador, Mancuso narró como políticos y generales venezolanos, les propusieron dar un golpe de Estado al entonces presidente de ese país y hoy fallecido, Hugo Chávez.

“En algún momento vino un general venezolano acompañado de su hijo y unos políticos venezolanos a proponernos a Carlos Castaño y a mí. Incluso Jorge Ivan Laverde los acompañó en el helicóptero o fue Armando Alberto, para que vinieran hasta Tierraalta, Córdoba, a proponernos que diéramos un golpe de Estado entre una parte de las Fuerzas Militares venezolanas aliados con nosotros para derrocar, asesinar a Hugo Chávez”, explicó Mancuso.

En ese sentido el exjefe paramilitar explicó que esa propuesta vino de parte del generalato y de las Fuerzas militares venezolanas y de políticos, pero no fue aceptada por las Autodefensas. “Incluso Carlos hasta se les enojo. Carlos les ofreció que les enviaran los hombres, y nosotros se los entrenamos para que puedan dar ese golpe contra Hugo Chávez”.

Después del almuerzo Mancuso reitero la información que se conoce sobre la masacre del Aro cometida el 22 de octubre de 1997 donde fueron asesinadas 12 personas y desplazadas más de 1.000. Dijo que en esa operación participaron Autodefensas de la casa Castaño, del Bloque Mineros, del Bloque Córdoba y hubo coordinación de la Fuerza Pública. “Eso incluyó que ellos bloqueaban, no permitían la movilidad por ciertos corredores para ingresar a esa zona”, explicó el exjefe paramilitar.

Mancuso habló además sobre la expansión de las Autodefensas en los Montes de María y el Canal del Dique. Sobre este punto dijo que este grupo paramilitar se creó en la zona como un frente del Bloque Norte, luego de varias reuniones con ganaderos. Entre ellos, Jairo Pineda, quien le ofreció a cambio unas tierras antes de dárselas a la guerrilla. También menciono que en la zona existió un grupo de Víctor Carranza que estaba en San Onofre. “El jefe político militar era Juan Pimiento, le decíamos Juancho Diablo. Ese grupo se organizó con el comandante de la policía de San Onofre y así avanzamos hacia la zona del canal del Dique”. Todo esto ya lo había dicho el exparamilitar anteriormente.

Pasado este punto Mancuso se refirió a las operaciones conjuntas que los paramilitares y la Fuerza Pública realizaron en la zona, pero no entregó detalles novedosos.

Antes del almuerzo, Salvatore Mancuso habló de un expediente que está con vida en la JEP: la presunta falsa desmovilización de la guerrilla del EPL, la cual operó en el Urabá durante los ochenta y noventa. Según el testimonio, fueron hasta 240 guerrilleros que, en lugar de incorporarse a la sociedad, entraron a fortalecer las filas de las autodefensas. Mancuso mencionó como uno de los principales colaboradores al general Leonardo Barrero Gordillo, quien fue comandante de las Fuerzas Militares y al momento del relato, comandante del Batallón Junín, con sede en Córdoba.

Justamente, el pasado 31 de enero, la JEP llamó a general Barrero para que responda por presuntos nexos con paramilitares en audiencia. Ahora, Mancuso asegura que la desmovilización del EPL contó con su apoyo a finales de los noventa y que, como hecho destacado, apoyó asfixiando a las poblaciones de Alto Sinú, prohibiendo el ingreso de alimentos a sus casas, con el objetivo de sacar a los guerrilleros del EPL. Solo se les daba comida a los campesinos e indígenas que reportaban insurgentes dentro de su territorio. Lancheros fueron asesinados, si no respondían a las preguntas que hacía el Ejército y los paramilitares, según Mancuso.

Luego de ello, Mancuso salpicó al alto gobierno de la presidencia de Ernesto Samper. Dijo que los mismos paramilitares se reunieron con el fallecido Horacio Serpa, quien entonces era ministro del Interior y de Gobierno. “Fuimos a hablar con Horacio Serpa, a quien Castaño había conocido a través de (ininteligible) Henao, que era un narcotraficante que ayudó en la elección de Serpa para presidencia con recursos del narcotráfico. En esta operación, Serpa designó a Carlos Rangel, secretario general del Ministerio, para que participara en esta desmovilización del EPL, porque el EPL se vino por partes”.

Entre los militares mencionados están, de manera insistente, Barrero Gordillo y el coronel Leonardo Ortiz Chavarro, comandante de la Brigada XI en 1996, también con expediente abierto en la JEP. En los helicópteros que comandaban, dijo Mancuso, se llevaron a la falsa desmovilización a las tropas de alias el Negro Sarley, antiguo miembro de la guerrilla, los paramilitares y el Clan del Golfo. Los recogieron en el puerto de Chibogadó, a orillas del río Sinú, hasta la hacienda Jaraguay, cerca a las propiedades de los Castaño. Allí, explicó el compareciente, se habría recibido el mejor armamento del EPL a favor de las autodefensas, y se les entregó a los guerrilleros el peor armamento de los grupos paramilitares, para presentar oficialmente en la desmovilización.

“El comandante Carlos Castaño habló directamente con el ministro Serpa y le dijo que íbamos a adelantar estas operaciones y que nos ayudara con ello. Le dijo que le iba a mandar una persona y que le ayudara como una desmovilización que se iba a hacer con Ejército. (…) Es importante anotar que Daniel García Peña, Hernán Gómez, Carlos Rangel Miguel Campo, Tomas Concha, no tenían idea de la ilegalidad de la desmovilización. Pero su jefe, el ministro Serpa lo sabía y los militares también”, concluyó Mancuso ante la JEP, sobre este capítulo investigado. Cuando la magistratura le preguntó si daba más nombres de altos militares, el jefe criminal respondió “en audiencia reservada”.

Entre los hechos particulares del relato de Mancuso está que, en esa tanda de falsos desmovilizados, estuvieron Juan de Dios Úsuga, alias Giovanny (muerto en combate en 2012), y Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel (extraditado), máximos líderes del Clan del Golfo. Para reforzar su teoría sobre la falsa desmovilización del EPL, Mancuso recordó que solo dos meses después, en 1997, Otoniel quedó al mando de tropas que fueron enviadas al interior del país y que perpetraron una de las masacres más crudas de la historia nacional: la de Mapiripán (Meta), que dejó alrededor de 50 campesinos muertos, centenares de víctimas desplazadas y una condena contra Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esa incursión paramilitar en la que, según Mancuso “íbamos mezclados, todos revueltos con los militares”, se produjeron cientos de víctimas y que por órdenes de Carlos Castaño y los militares se pidió desaparecer los cuerpos. Fue así como en varias zonas del Catatumbo se empezó a incinerar los las personas asesinadas. Pero varias comunidades, dijo Mancuso, empezaron a denunciar esta macabra práctica y decidieron arrojarlas en territorio venezolano. “Varios miembros del las autodefensas fueron hasta territorio venezolano y arrojaron cuerpos (...) por eso uno de mis compromisos es lograr recuperar esos cuerpos. Esas desapariciones ocurrieron entre el año 2000 y 2001”, aseguró Mancuso.

Agregó que en el 2001 la Fiscalía estaba cerca de encontrarles una fosa común donde tenían unas 50 personas enterradas. Era como una suerte de cementerio clandestino que tenía las AUC para ese momento en Villa del Rosario, Norte de Santander. “Cuando esta operación viene, desde el año 2001, 2002, se traen estos cuerpos y se incineran en estos hornos crematorios y también instalamos otro en una finca en Puerto Santander. En la vereda de Juan Río un sitio conocido como Trapiche Viejo, había uno de los hornos que estaban siendo usados para desaparecer gente”.

Cuando le preguntaron sobre quiénes en el Estado colombiano presionaban para desaparecer gente, Mancuso señaló que todo el mando militar sabía sobre las acciones armadas conjuntas y de desaparición forzada. Cuando la magistrada del caso le pidió que diera nombres concretos señaló que preferiría hacerlo en una audiencia reservada, pero sí aseguró que esas presiones aumentaron en la transición entre el gobierno de Andrés Pastrana al de Álvaro Uribe Vélez.

Salvatore Mancuso inició esta segunda jornada señalando que planearon múltiples operaciones con las Fuerza Pública e hizo precisión sobre cómo apoyaron en la construcción de la represa de Urrá en Córdoba. Señaló que, en 1994, junto al general Julio Charry Solano una operación que partió desde Tierra Alta, Córdoba, y se desplazaron hasta el Urabá y se coordinaron operaciones junto a dos capitanes: Sánchez y Camelo, pero Mancuso no señaló sus nombres completo. “Fue un recorrido que hicimos en helicóptero hasta la Brigada XVII del Ejército y hablamos ese momento con el comandante de la zona, no retengo su nombre, pero es fácil ubicar por el año en que esto ocurrió. Esto es novedoso, no se sabía”, afirmó Mancuso.

El exjefe paramilitar mencionó a un alto oficial del que ya había hablado en la primera audiencia ante la JEP: el mayor Walter Frattini de inteligencia del Ejército. Mancuso aseguró que luego de su muerte, ocurrida en 1993 durante un accidente en helicóptero, otros uniformados, entre coroneles, capitanes y tenientes apoyaron el grupo paramilitar de Mancuso y los Castaño en Córdoba y otros departamentos aledaños como Cesar, Bolívar y Sucre. “Un mayor López, pastuso, que tampoco se ha hablado de él, nos ayudó a ingresar en una incursión contra la guerrilla (aparentemente entre Antioquia y Córdoba). Este alto oficial se sentó conmigo y Doble Cero para planificar la operaciones. Participaron tropas de la Brigada XI y XVII y más de 1.000 paramilitares”, explicó Mancuso.

Este operativo, dijo Mancuso, tenía como propósito sacar a grandes jefes guerrilleros de las Farc, que tenían su centro de operación y planificación. Además, señaló el exjefe paramilitar que el otro fin del movimiento militar era proteger la infraestructura privada y pública que podía poner en riesgo la economía de la zona. A los magistrados de la Sala de Reconocimiento les llamó la atención que se movieran en helicópteros y le preguntaron que cómo hacían para no ser detectados por las autoridades a lo que Mancuso respondió con una historia sobre una de las masacres paramilitares que marcaron la historia criminal del grupo: la del Salado.

“Nosotros volábamos a ras de los árboles y eso nos permitía estar fuera de los radares de las autoridades. Durante la operación del Salado un helicóptero de la fuerza Pública nos preguntó por nuestra identidad. A lo que yo le respondí (por el radio) quiénes éramos y que compartíamos la misma causa. Ese piloto pudo disparar contra nosotros y derribarnos, pero no lo hizo. A mí me entrenaron las Fuerzas Militares en pilotaje de helicóptero, inteligencia, con armas largas, en todo”, señaló Mancuso. En el caso de la incursión al Catatumbo y Cúcuta, el exjefe paramilitar señaló que todo lo coordinaron con los generales Mario Fernando Roa (murió en 2022), Víctor Hugo Matamoros y Mauricio Llorente Chávez. Mancuso ya los había mencionado desde 2009.

Así se preparó la audiencia

Durante varios meses los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas estudiaron voluminosos expedientes para entender el contexto del que hablará Mancuso, pero sobre todo para tener claro cuál puede ser realmente su aporte de verdad. Los magistrados determinaron cuatro prácticas criminales. La primera, de la que habló ayer, tiene que ver con el esquema criminal que les permitió a las Convivir ser fachada del accionar paramilitar; la segunda está relacionada con operaciones conjuntas entre paramilitares y Fuerza Pública; la tercera busca indagar información sobre alianzas entre funcionarios, civiles, paramilitares y Fuerza Pública, y la cuarta es sobre la filtración de información del DAS con fines contrainsurgentes. De cada una de ellas, Mancuso tendrá que hablar y contestar un cuestionario de más de 20 preguntas que ya tiene listo la JEP.