Mandatarios locales contrataron con financiadores de campaña que estarían inhabilitados
La Procuraduría General de la Nación indicó que tres gobernaciones y 15 alcaldías entregaron 52 covenios a 18 financiadores de forma irregular.
Tres gobernaciones y 15 alcaldías del país entregaron contratos a 18 financiadores de sus campañas políticas por cerca de $6.000 millones, pese a estar inhabilitados por haber hecho aportes por encima del 2% del tope establecido, tal como lo estableció la Procuraduría General de la Nación.
“Los mandatarios que celebraron contratos con personas naturales o jurídicas que estaban inhabilitadas serán objeto de investigación y están en la obligación de darlos por terminado, según corresponda en cada caso, mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentren”, dijo el procurador General, Fernando Carrillo Flórez.
En desarrollo de la función preventiva y atendiendo a las denuncias inicialmente presentadas por Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, el Ministerio Público adelantó el análisis de datos para identificar contratos celebrados con financiadores de campañas de 2015, 2018 y 2019. Esto permitió poner la lupa en los aportantes de 2019 que superaron el tope del 2%, por lo que están actualmente inhabilitados para suscribir contratos.
En ese sentido, de 172.000 contratos de 2020 publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – Secop -, en los que intervinieron 23.207 aportantes a las campañas electorales de 2015, 2018 y 2019, el Ministerio Público se enfocó en los 120 en los que participan financiadores de las campañas territoriales de 2019.
“Una vez concentrados en la inhabilidad de los financiadores que superaron el 2% del aporte se identificaron: 18 financiadores que entregaron más de $620 millones a 18 candidatos elegidos (3 gobernadores y 15 alcaldes), cuyas administraciones suscribieron 52 contratos por más de $5.800 millones, a través de 20 entidades públicas de su propia circunscripción electoral”, indicó el procurador.
Así, la Procuraduría estableció que esos 52 contratos suman $5.831,6 millones, lo que representa un retorno del 939,5% frente a los $620,74 millones que entregaron los financiadores en 2019.
Con quién contrataron
Las 20 entidades públicas que celebraron contratos con financiadores presuntamente inhabilitados, de acuerdo con el monto, son las gobernaciones de Vichada, que suscribió un convenio con Jorge Eliezer Forero Gaitán, por $1.714 millones; la de Atlántico, que firmó dos con la firma Tasset S.A.S. por $1.074 millones; y la de Boyacá, que lo hizo lo mismo a través del Instituto de Tránsito de Boyacá con Cayo Nixon Rincón Velandia (Transporte Los Muiscas S.A.), por $24 millones.
En lo que tiene que ver con las alcaldías, figuran la ESE Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita del municipio de Itagui (Antioquia) que firmó nueve contratos por $1.053,8 millones con Ascolsa; la ESE Hospital Divino Niño de Buga (Valle), que suscribió cuatro negocios jurídicos con Orthox Servicios Médicos, por $689,57 millones. Además de la alcaldía de Puerto Rico (Caquetá), que firmó cuatro contratos con Nubia López Torres (Fundación Un Mañana Mejor) por $495,3 millones, y la de Argelia (Antioquia), que suscribió cinco contratos con Carlos Alberto Arcila (Granera Carlos y Oliva), por $293,25 millones.
Así mismo, la administración de Piamonte (Cauca), con cuatro contratos a Manuel Antonio Gutiérrez Ramos, por $172,3 millones; la de Pueblo Bello (Cesar), con un contrato con la Asociación de Productores Agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Martha, por $93,5 millones; la de Támesis (Antioquia), con dos contratos con Juan Carlos Coronado Cardona (Granero La Prendería), por $63,11 millones; y la de Villa de Leiva Boyacá, con cinco contratos con Luis Jorge Castillo Poveda, por $39,3 millones.
También, figuran la ESE Hospital Local de Montelíbano, la E.S.P. Jaguazul S.A. y la Alcaldía de Montelíbano (Córdoba), con tres contratos con SON Impresores S.A.S., por $32,9 millones; la alcaldía de Barbosa (Antioquia), un contrato con Silvia Ruth Gómez García (Catering Santa Mónica, por $24,5 millones; y la E.S.P. Domiciliarios de Carmen de Viboral (Antioquia), con cuatro contratos con Bibiana Astrid García Tobón (Distribuciones Distrimax), por $20,81 millones.
De igual manera, las alcaldías de Consacá (Nariño), dos contratos con Lorena Elizabeth Guarnica Gómez, por $14,77 millones; de Repelón (Atlántico), dos contratos con Diego Alberto Arteaga Lagarez, por $16 millones; Maceo (Antioquia), un contrato de $7,05 millones con Jorge Alberto Cataño Orrego; y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Espinal E.S.P. (Tolima), un contrato con Crispín Ariel Cartagena Gómez, por $2,99 millones.
La delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública dio traslado de su informe con incidencia disciplinaria para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único).
Un llamado de atención
A través de la Directiva No. 024 el Procurador General de la Nación alertó a los gobernadores, alcaldes y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas sobre la inhabilidad de contratar con financiadores de campañas políticas que hayan superado el tope del 2%, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1778 de 2016.
Según la norma, los gobernadores, alcaldes, y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas del nivel departamental, distrital o municipal correspondiente, no pueden celebrar contratos con las personas naturales o jurídicas que financiaron sus campañas políticas, si sus aportes fueron superiores al dos por ciento (2.0%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción, según lo determinado por el Consejo Nacional Electoral.
La Directiva exhortó “a los gobernadores, alcaldes, y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas del nivel departamental, distrital y municipal a:
1. “Cumplir con la normativa contractual, en especial con el régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, y abstenerse de celebrar contratos con las personas naturales o jurídicas que financiaron sus campañas políticas a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al 2% de las sumas máximas a invertir por los candidatos elegidos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral”.
2. “En caso de haber celebrado contratos con personas naturales o jurídicas que se encuentren en la situación del numeral anterior, determinar la pertinencia de adoptar las medidas establecidas en los artículos 44 y 45 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, los regímenes especiales, o acudir a la jurisdicción, según corresponda”.
De igual forma, la Procuraduría instó a las comisiones regionales de Moralización y a las oficinas de Control Interno a que garanticen, coordinen y promuevan acciones de prevención de riesgos de corrupción en la ejecución de los recursos públicos.
Tres gobernaciones y 15 alcaldías del país entregaron contratos a 18 financiadores de sus campañas políticas por cerca de $6.000 millones, pese a estar inhabilitados por haber hecho aportes por encima del 2% del tope establecido, tal como lo estableció la Procuraduría General de la Nación.
“Los mandatarios que celebraron contratos con personas naturales o jurídicas que estaban inhabilitadas serán objeto de investigación y están en la obligación de darlos por terminado, según corresponda en cada caso, mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentren”, dijo el procurador General, Fernando Carrillo Flórez.
En desarrollo de la función preventiva y atendiendo a las denuncias inicialmente presentadas por Transparencia por Colombia y la Alianza Ciudadanía Activa, el Ministerio Público adelantó el análisis de datos para identificar contratos celebrados con financiadores de campañas de 2015, 2018 y 2019. Esto permitió poner la lupa en los aportantes de 2019 que superaron el tope del 2%, por lo que están actualmente inhabilitados para suscribir contratos.
En ese sentido, de 172.000 contratos de 2020 publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – Secop -, en los que intervinieron 23.207 aportantes a las campañas electorales de 2015, 2018 y 2019, el Ministerio Público se enfocó en los 120 en los que participan financiadores de las campañas territoriales de 2019.
“Una vez concentrados en la inhabilidad de los financiadores que superaron el 2% del aporte se identificaron: 18 financiadores que entregaron más de $620 millones a 18 candidatos elegidos (3 gobernadores y 15 alcaldes), cuyas administraciones suscribieron 52 contratos por más de $5.800 millones, a través de 20 entidades públicas de su propia circunscripción electoral”, indicó el procurador.
Así, la Procuraduría estableció que esos 52 contratos suman $5.831,6 millones, lo que representa un retorno del 939,5% frente a los $620,74 millones que entregaron los financiadores en 2019.
Con quién contrataron
Las 20 entidades públicas que celebraron contratos con financiadores presuntamente inhabilitados, de acuerdo con el monto, son las gobernaciones de Vichada, que suscribió un convenio con Jorge Eliezer Forero Gaitán, por $1.714 millones; la de Atlántico, que firmó dos con la firma Tasset S.A.S. por $1.074 millones; y la de Boyacá, que lo hizo lo mismo a través del Instituto de Tránsito de Boyacá con Cayo Nixon Rincón Velandia (Transporte Los Muiscas S.A.), por $24 millones.
En lo que tiene que ver con las alcaldías, figuran la ESE Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita del municipio de Itagui (Antioquia) que firmó nueve contratos por $1.053,8 millones con Ascolsa; la ESE Hospital Divino Niño de Buga (Valle), que suscribió cuatro negocios jurídicos con Orthox Servicios Médicos, por $689,57 millones. Además de la alcaldía de Puerto Rico (Caquetá), que firmó cuatro contratos con Nubia López Torres (Fundación Un Mañana Mejor) por $495,3 millones, y la de Argelia (Antioquia), que suscribió cinco contratos con Carlos Alberto Arcila (Granera Carlos y Oliva), por $293,25 millones.
Así mismo, la administración de Piamonte (Cauca), con cuatro contratos a Manuel Antonio Gutiérrez Ramos, por $172,3 millones; la de Pueblo Bello (Cesar), con un contrato con la Asociación de Productores Agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Martha, por $93,5 millones; la de Támesis (Antioquia), con dos contratos con Juan Carlos Coronado Cardona (Granero La Prendería), por $63,11 millones; y la de Villa de Leiva Boyacá, con cinco contratos con Luis Jorge Castillo Poveda, por $39,3 millones.
También, figuran la ESE Hospital Local de Montelíbano, la E.S.P. Jaguazul S.A. y la Alcaldía de Montelíbano (Córdoba), con tres contratos con SON Impresores S.A.S., por $32,9 millones; la alcaldía de Barbosa (Antioquia), un contrato con Silvia Ruth Gómez García (Catering Santa Mónica, por $24,5 millones; y la E.S.P. Domiciliarios de Carmen de Viboral (Antioquia), con cuatro contratos con Bibiana Astrid García Tobón (Distribuciones Distrimax), por $20,81 millones.
De igual manera, las alcaldías de Consacá (Nariño), dos contratos con Lorena Elizabeth Guarnica Gómez, por $14,77 millones; de Repelón (Atlántico), dos contratos con Diego Alberto Arteaga Lagarez, por $16 millones; Maceo (Antioquia), un contrato de $7,05 millones con Jorge Alberto Cataño Orrego; y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Espinal E.S.P. (Tolima), un contrato con Crispín Ariel Cartagena Gómez, por $2,99 millones.
La delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública dio traslado de su informe con incidencia disciplinaria para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único).
Un llamado de atención
A través de la Directiva No. 024 el Procurador General de la Nación alertó a los gobernadores, alcaldes y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas sobre la inhabilidad de contratar con financiadores de campañas políticas que hayan superado el tope del 2%, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1778 de 2016.
Según la norma, los gobernadores, alcaldes, y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas del nivel departamental, distrital o municipal correspondiente, no pueden celebrar contratos con las personas naturales o jurídicas que financiaron sus campañas políticas, si sus aportes fueron superiores al dos por ciento (2.0%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción, según lo determinado por el Consejo Nacional Electoral.
La Directiva exhortó “a los gobernadores, alcaldes, y ordenadores del gasto de entidades públicas descentralizadas del nivel departamental, distrital y municipal a:
1. “Cumplir con la normativa contractual, en especial con el régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, y abstenerse de celebrar contratos con las personas naturales o jurídicas que financiaron sus campañas políticas a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al 2% de las sumas máximas a invertir por los candidatos elegidos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral”.
2. “En caso de haber celebrado contratos con personas naturales o jurídicas que se encuentren en la situación del numeral anterior, determinar la pertinencia de adoptar las medidas establecidas en los artículos 44 y 45 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, los regímenes especiales, o acudir a la jurisdicción, según corresponda”.
De igual forma, la Procuraduría instó a las comisiones regionales de Moralización y a las oficinas de Control Interno a que garanticen, coordinen y promuevan acciones de prevención de riesgos de corrupción en la ejecución de los recursos públicos.