Manifiesto popular en defensa de la acción de tutela

En momentos en que la iniciativa de reforma constitucional a la acción de tutela parece tambalear, por la falta de apoyo de los ponentes del proyecto de acto legislativo, cerca de 300 estudiantes de derecho de la Universidad La Gran Colombia les enviaron una misiva la procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, y al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, para respaldar sus posiciones en torno a la defensa de esa importante figura jurídica protectora de los derechos fundamentales de las personas. 

“La consagración de la acción de tutela en la Carta del 91 fue una avance inconmensurable que de ninguna manera se puede tolerar que se restrinja, con la disculpa de descongestionar los despachos judiciales, para que el fin último de este medio de defensa se produzca y no se multipliquen las demandas; hay que evitar que los funcionarios públicos incumplan los mandatos supremos a su función y que en caso de que lo hagan se deduzcan consecuencias disciplinarias”, dice un aparte del “manifiesto popular” de los alumnos.

Y es que desde 1991, cuando esta herramienta jurídica fue creada, los colombianos han radicado ante la rama judicial nada menos que siete millones de tutelas para demandar la protección inmediata de derechos fundamentales como la educación, la salud, la igualdad, la honra, el buen nombre, la intimidad, el debido proceso y la libre expresión e información, entre otros.

La reforma a la acción de tutela, incluida en el proyecto de reforma a la justicia del Gobierno del presidente Iván Duque, pretende modificar el artículo 86 de la Constitución Política para exigir legitimidad de quien ejerce la acción de tutela, que no sea en cualquier tiempo, que el juez que conozca de la acción de tutela pertenezca a la jurisdicción y especialidad del asunto objeto de amparo y se delega a la ley la regulación del plazo, competencia, procedimiento y las causales de la tutela contra providencias judiciales.

No es la primera vez que se intenta tocar la tutela y, como ha ocurrido en los fallidos intentos anteriores, en esta oportunidad la controversia no ha sido ajena a la discusión. El procurador Carrillo ha reflexionado en el sentido de que con dicha iniciativa “no es como podemos avanzar en los temas de acceso a la justicia”. Y ha expresado: “Nosotros tenemos claro que la tutela es a la Constitución del 91 lo que la libertad de prensa es a la democracia, la vamos a defender hasta la últimas consecuencias”, consciente de que este ha sido el único instrumento que han tenido los ciudadanos para garantizar el acceso a la justicia. Y esa es la postura que apoyan los estudiantes grancolombianos.

En momentos en que la iniciativa de reforma constitucional a la acción de tutela parece tambalear, por la falta de apoyo de los ponentes del proyecto de acto legislativo, cerca de 300 estudiantes de derecho de la Universidad La Gran Colombia les enviaron una misiva la procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, y al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, para respaldar sus posiciones en torno a la defensa de esa importante figura jurídica protectora de los derechos fundamentales de las personas. 

“La consagración de la acción de tutela en la Carta del 91 fue una avance inconmensurable que de ninguna manera se puede tolerar que se restrinja, con la disculpa de descongestionar los despachos judiciales, para que el fin último de este medio de defensa se produzca y no se multipliquen las demandas; hay que evitar que los funcionarios públicos incumplan los mandatos supremos a su función y que en caso de que lo hagan se deduzcan consecuencias disciplinarias”, dice un aparte del “manifiesto popular” de los alumnos.

Y es que desde 1991, cuando esta herramienta jurídica fue creada, los colombianos han radicado ante la rama judicial nada menos que siete millones de tutelas para demandar la protección inmediata de derechos fundamentales como la educación, la salud, la igualdad, la honra, el buen nombre, la intimidad, el debido proceso y la libre expresión e información, entre otros.

La reforma a la acción de tutela, incluida en el proyecto de reforma a la justicia del Gobierno del presidente Iván Duque, pretende modificar el artículo 86 de la Constitución Política para exigir legitimidad de quien ejerce la acción de tutela, que no sea en cualquier tiempo, que el juez que conozca de la acción de tutela pertenezca a la jurisdicción y especialidad del asunto objeto de amparo y se delega a la ley la regulación del plazo, competencia, procedimiento y las causales de la tutela contra providencias judiciales.

No es la primera vez que se intenta tocar la tutela y, como ha ocurrido en los fallidos intentos anteriores, en esta oportunidad la controversia no ha sido ajena a la discusión. El procurador Carrillo ha reflexionado en el sentido de que con dicha iniciativa “no es como podemos avanzar en los temas de acceso a la justicia”. Y ha expresado: “Nosotros tenemos claro que la tutela es a la Constitución del 91 lo que la libertad de prensa es a la democracia, la vamos a defender hasta la últimas consecuencias”, consciente de que este ha sido el único instrumento que han tenido los ciudadanos para garantizar el acceso a la justicia. Y esa es la postura que apoyan los estudiantes grancolombianos.