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A primera hora de este martes el presidente Iván Duque presentó su terna ante la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal ad hoc en las investigaciones que se adelantan en el caso Odebrecht. El encuentro estuvo conformado por el primer mandatario, el presidente del alto tribunal, magistrado José Luis Barceló y su vicepresidente Álvaro Fernando García.
(En contexto: Caso Odebrecht: por primera vez habrá fiscal ad hoc)
La terna está conformada por Margarita Leonor Cabello Blanco, Clara María González Zabala y Leonardo Espinosa Quintero. Uno de ellos será el encargado de asumir los procesos que se adelantan en el mayor escándalo de corrupción conocido en el país. Uno de esos expedientes que tendrá que asumir el nuevo fiscal ad hoc es el de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez y la negociación que adelantan los directivos de Odebrecht en el país.
Margarita Cabello Blanco es magistrada actual de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y fue presidente de este alto tribunal en 2016. Llegó a su despacho en 2012, luego de ser ternada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez para ser fiscal en 2009. Cabello es abogada de la Corporación Universitaria de la Costa, lleva más de 20 años laborando en la Rama Judicial. En su trayectoria se cuentan cargos como jueza civil del circuito, jueza de menores, jefa de la oficina jurídica de Cofinorte en Barranquilla y, por más de una década, magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla.
Leonardo Espinosa Quintero es abogado y doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid (España) y tiene una trayectoria académica de más de 30 años. En la actualidad es el decano ejecutivo de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y profesor de la Universidad del Rosario. Es además especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la New York Law School- Fundación Universidad Sergio Arboleda-San Pablo.
(Lea también: Fiscal apoya el nombramiento de un Fiscal ad hoc en caso Odebrecht)
Clara María González Zabala fue nombrada por el presidente Iván Duque como secretaria jurídica de Presidencia, luego de haberlo acompañado en la campaña política en donde manejó temas financieros. Es abogada de la Universidad del Rosario, en donde obtuvo la mayor distinción que puede tener un alumno de ese centro educativo, colegial mayor, y se especializó en derecho electoral, administrativo y civil. Su nombre ha sonado varias veces en las listas de los aspirantes a la Contraloría y además es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ha sido cercana al uribismo: fue abogada de Uribe y Fabio Echeverri en la campaña reeleccionista de 2006 en donde reclamó la reposición de gastos electorales.
Esta terna para elegir fiscal ad hoc se presenta luego de la controversia causada por la revelación de varias grabaciones del excontroller de la Concesionaria Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano y el entonces asesor jurídico del Grupo Aval, hoy fiscal general, Néstor Humberto Martínez en donde se evidencia que el jefe del ente investigador sospechaba de las irregularidades ocurridas con la multinacional brasileña.
Jorge Enrique Pizano falleció el pasado 8 de noviembre de un infarto. Días después murió su hijo Alejandro Pizano al tomar agua que contenía cianuro. Las revelaciones de Pizano han sido pieza clave para entender cómo operaba la cadena de sobornos que habría liderado Odebrecht para beneficiar a empresas colombianas.
(Más información: Ocho artículos para entender hallazgos de Pizano y sus conversaciones con el fiscal Martínez sobre Odebrecht)
Desde diciembre de 2012, Pizano envió correos electrónicos en los que recalcó la necesidad de aplicar controles a la contratación en la Ruta del Sol 2. En 2013, cuando detectó anomalías por contratos que no se cumplieron, le dijo a Corficolombiana que realizara una auditoría externa. En 2014 la situación continuó, pese a sus alertas. El 19 de junio de 2015, cuando trascendió la captura en Brasil de Marcelo Odebrecht, presidente de Odebrecht, en Colombia se encendieron las alarmas. Tanto es así que, seis días después, el 25 de junio, envío un resumen a Corficolombiana con los reportes realizados, enumerando los contratos en los que encontró reparos.