María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, pidió libertad condicional
El Inpec señaló que su comportamiento ha sido ejemplar mientras ha estado detenida en la Escuela de Caballería del Ejército en Bogotá. Sus abogados presentaron estos documentos ante un juez, quien será el encargado de dar la última palabra.
La defensa de la exdirectora del extinto organismo de inteligencia DAS, María del Pilar Hurtado, pidió la libertad condicional ante un juez. La condenada a 14 años de prisión por el escándalo de las chuzadas que se dieron en esta entidad adscrita a la Presidencia se encuentra detenida desde 2015, luego de que perdiera su asilo en Panamá donde se encontraba desde 2010. La abogada viajó al vecino país luego de que, un año antes, estallara el escándalo de las interceptaciones ilegales a políticos, periodistas y magistrados durante el gobierno de Álvaro Uribe.
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Para soportar la solicitud de libertad condicional, la defensa de Hurtado aportó documentos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad que está a cargo de su custodia y de la cientos de personas que se encuentran privadas de la libertad. Esa documentación da cuenta que su comportamiento ha sido “ejemplar” y que en el último tiempo se dedicó a actividades “agrícolas y pecuarias” y que su desempeño fue “sobresaliente”.
En contexto: Corte Suprema condenó a 14 años de prisión a María del Pilar Hurtado por ‘chuzadas’.
El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad será el encargado de determinar si le concede ese beneficio. En 2018, ese mismo despacho judicial le otorgó 72 horas de libertad condicional con base a información que apuntaba lo mismo: que Hurtado ha tenido un buen comportamiento y hace labores de agricultura urbana.
Lea: Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado logran que Corte Suprema revise sus fallos
Este beneficio, consignado en el artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 63 de 1993), establece que se debe reunir cuatro requisitos: estar en fase de mediana seguridad, haber descontado una tercera parte de la pena, no tener requerimientos judiciales y no tener registros de fugas. Además, Hurtado no registra intentos de fuga, según el escrito del establecimiento de reclusión de 2018 que conoció el juez en ese momento.
María del Pilar Hurtado fue sentenciada por la Corte Suprema por dos delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, actos arbitrarios e injustos, concierto para delinquir, abuso de función de público. El origen de la ‘chuzadas’ se remonta a 2007 tras una reunión en la que Bernardo Moreno, exsecretario de Presidencia y María del Pilar Hurtado avalaron la búsqueda de información privilegiada contra un grupo predeterminado de personas, con el fin de iniciar una campaña de desprestigio contra los mismos, filtrando datos a los medios de comunicación con el fin de conseguir su objetivo.
Para esto se inició una campaña de infiltración, por medio de fuentes humanas pagadas con recursos del DAS, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, senadores de la oposición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, periodistas y abogados. Entre ellos, se encontraban Yidis Medina, Piedad Córdoba y Daniel Coronell. Por este mismo caso el alto tribunal condenó a ocho años de prisión a Bernardo Moreno Villegas, quien paga su condena en su residencia por decisión de la Corte Suprema.
La defensa de la exdirectora del extinto organismo de inteligencia DAS, María del Pilar Hurtado, pidió la libertad condicional ante un juez. La condenada a 14 años de prisión por el escándalo de las chuzadas que se dieron en esta entidad adscrita a la Presidencia se encuentra detenida desde 2015, luego de que perdiera su asilo en Panamá donde se encontraba desde 2010. La abogada viajó al vecino país luego de que, un año antes, estallara el escándalo de las interceptaciones ilegales a políticos, periodistas y magistrados durante el gobierno de Álvaro Uribe.
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Para soportar la solicitud de libertad condicional, la defensa de Hurtado aportó documentos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), entidad que está a cargo de su custodia y de la cientos de personas que se encuentran privadas de la libertad. Esa documentación da cuenta que su comportamiento ha sido “ejemplar” y que en el último tiempo se dedicó a actividades “agrícolas y pecuarias” y que su desempeño fue “sobresaliente”.
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El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad será el encargado de determinar si le concede ese beneficio. En 2018, ese mismo despacho judicial le otorgó 72 horas de libertad condicional con base a información que apuntaba lo mismo: que Hurtado ha tenido un buen comportamiento y hace labores de agricultura urbana.
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Este beneficio, consignado en el artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 63 de 1993), establece que se debe reunir cuatro requisitos: estar en fase de mediana seguridad, haber descontado una tercera parte de la pena, no tener requerimientos judiciales y no tener registros de fugas. Además, Hurtado no registra intentos de fuga, según el escrito del establecimiento de reclusión de 2018 que conoció el juez en ese momento.
María del Pilar Hurtado fue sentenciada por la Corte Suprema por dos delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, actos arbitrarios e injustos, concierto para delinquir, abuso de función de público. El origen de la ‘chuzadas’ se remonta a 2007 tras una reunión en la que Bernardo Moreno, exsecretario de Presidencia y María del Pilar Hurtado avalaron la búsqueda de información privilegiada contra un grupo predeterminado de personas, con el fin de iniciar una campaña de desprestigio contra los mismos, filtrando datos a los medios de comunicación con el fin de conseguir su objetivo.
Para esto se inició una campaña de infiltración, por medio de fuentes humanas pagadas con recursos del DAS, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, senadores de la oposición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, periodistas y abogados. Entre ellos, se encontraban Yidis Medina, Piedad Córdoba y Daniel Coronell. Por este mismo caso el alto tribunal condenó a ocho años de prisión a Bernardo Moreno Villegas, quien paga su condena en su residencia por decisión de la Corte Suprema.