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María del Pilar Hurtado, exdirectora del organismo de inteligencia DAS (liquidado en 2011), seguirá recluida en la Escuela de Caballería del Ejército en Bogotá. El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de la capital, que estudió la solicitud durante un mes, negó los argumentos de la defensa de Hurtado, a quien todavía le restaría una década en prisión por el escándalo de chuzadas “protagonizado” por la institución que dirigió durante el gobierno Uribe.
En contexto: María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, pidió libertad condicional.
El pasado 23 de febrero, los abogados de Hurtado solicitaron la libertad condicional de su cliente, aportando documentos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en los cuales se detallaba a la exdirectora del DAS como una persona con un comportamiento “ejemplar” y, además, quien en el último tiempo se dedicó a actividades “agrícolas y pecuarias”.
María del Pilar Hurtado tenía esperanzas en el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Bogotá, pues en 2018 le otorgó el beneficio de 72 horas de libertad condicional al mes, dado que había tenido un desempeño “sobresaliente” en las actividades que realiza en la Escuela de Caballería del Ejército. Sin embargo, por ahora deberá continuar pagando su condena de 14 años, proferida el 30 de abril de 2015 por la Corte Suprema de Justicia.
Así las cosas, la exdirectora del DAS seguirá siendo compañera del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien desde 2019 paga en el ismo lugar de reclusión una condena de 17 años por el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro. Además, Hurtado también estará con el exsenador Ñoño Elías, quien hace una semana fue trasladado de La Picota tras sus declaraciones contra la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos, durante el juicio contra el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade.
Antecedentes: Corte Suprema condenó a 14 años de prisión a María del Pilar Hurtado por ‘chuzadas’.
La Corte Suprema de Justicia condenó a María del Pilar Hurtado por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, actos arbitrarios e injustos, concierto para delinquir y abuso de función pública. La alta corte encontró que, en 2007, ella y el exsecretario de presidencia Bernardo Moreno avalaron la búsqueda de información privilegiada contra magistrados, periodistas y políticos de oposición. ¿El objetivo? Iniciar una campaña de desprestigio contra ellos.
El DAS, liquidado por la administración Santos después del escándalo, usó recursos públicos para interceptar las comunicaciones o hacer seguimientos ilegales a periodistas, abogados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y senadores de la oposición al gobierno de Álvaro Uribe. Por el mismo expediente, Bernardo Moreno Villegas fue condenado a ocho años de prisión en 2014, quien, por orden de la Corte Suprema, paga su pena en casa.
María del Pilar Hurtado, como se conoció en su sentencia, ordenó a agentes del DAS, por ejemplo, ubicar micrófonos en el vehículo oficial de la exsenadora libertad Piedad Córdoba con el objetivo de monitorear sus movimientos y conversaciones. Y no solo eso. También “chuzaron” sus correos electrónicos, los de sus familiares y asesores, todo para configurar un informe de inteligencia que luego fue usado en su contra.
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Otro de los personajes públicos objetivo del DAS fue el periodista Daniel Coronell, quien entonces era columnista y director del canal Noticias Uno. María del Pilar Hurtado aprobó que con dinero público se identificaran las fuentes del comunicador, dado que había una molestia en la presidencia de Uribe Vélez por las investigaciones abanderadas por la víctima. Según la Corte Suprema, en septiembre de 2007, en un desayuno, se ordenó el seguimiento a Coronell.
Otro de los capítulos que tienen a Hurtado privada de su libertad fue el de la exdetective del DAS Alba Luz Flórez, conocida como la Mata Hari, quien enamoró a una capitán de la policía, el uniformado Julián Leonardo Laverde, que para le ayudara a reclutar fuentes al interior de la Corte Suprema de Justicia. A través de Laverde, quien era jefe de seguridad del Congreso, la Mata Hari contactó al escolta del magistrado Iván Velásquez y al jefe de seguridad de todos los magistrados de la alta corte, quienes terminaron entregándole información sensible de sus protegidos.
La Mata Hari, además, reclutó a dos operarias de servicios generales, quienes servían tintos en las salas plenas de la Corte Suprema, para que ocultaran una pequeña grabadora en el despacho, horas antes de las reuniones reservadas de los 23 magistrados. La colaboradora de Hurtado engañaba a los policías diciéndoles que la Corte Suprema era “enemiga del gobierno Uribe” y que buscaba, a través de decisiones judiciales, entorpecer el trabajo del exmandatario. El asunto fue una de las crisis institucionales más graves que vivió el país en esa época.