Mario Castaño: enlace clave en la red de corrupción aceptó cargos
Daniela Ospina, psicóloga, y quien sería pareja del exsenador Mario Castaño, señalado de liderar una red de corrupción, se enfrentaría a cinco años de prisión. La mujer aceptó cargos.
Daniela Ospina Loaiza, uno de los enlaces claves de la red de corrupción que, supuestamente, lideraba el exsenador Mario Castaño Pérez, aceptó cargos por peculado por apropiación y concierto para delinquir, por lo que recibiría una pena de cinco años de prisión. Así lo confirmó la Fiscalía este martes a través de un comunicado.
Ospina Loaiza, además de cumplir su pena en un centro carcelario, deberá devolver $80 millones que se habría apropiado ilícitamente mientras hizo parte de la red de corrupción. Las pruebas de la Fiscalía dan cuenta que la mujer era quien administraba los dineros y cubría los pagos de los demás integrantes de la organización ilegal.
Lea también: Senador Mario Castaño pidió acogerse a sentencia anticipada por corrupción
En su momento, este diario conoció que la mujer, quien es psicóloga, fue contratada junto con Juan Carlos Martínez, mano derecha del exsenador, entre febrero y marzo de 2021, por la División de Talento Humano del Senado para cumplir unas actividades que jamás hicieron. En sus reporte dijeron que realizaron los protocolos para minimizar el contagio de coronavirus, así como campañas que impulsaban a los funcionarios públicos para la vacunación contra el Covid-19.
Además, dijeron en sus reportes que hicieron un censo para identificar la población de mayor riesgo. Las consignas de esas actividades que no se realizaron quedaron plasmadas en unos informes que Loaiza, entonces pareja del exsenador Castaño, presentó para justificar el pago de honorarios que ascendieron a los $20 millones.
Lea aquí: Las evidencias de que la red de Mario Castaño habría infiltrado a la Fiscalía
“Juan, hazme un favor, como tú no hiciste nada este mes, ¿tú qué colocaste ahí en las obligaciones?”, es una de las interceptaciones de Ospina que está en poder de la justicia y que da cuenta de que se movía en compañía de Martínez, quien está prófugo de la justicia.
Según las investigaciones, las movidas indebidas eran conocidas por el jefe de la División de Talento Humano quien sabía que autorizaba informes ficticios sobre trabajos que nunca fueron realizados por los dos contratistas que eran fichas de Castaño.
Le puede interesar: Los informes ficticios que presentaron al Senado dos fichas de Mario Castaño
Los actos ilegales de Ospina y de Martínez fueron conocidos por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento ordenó la medida de aseguramiento en contra del político. Actualmente, el exsenador se encuentra privado de la libertad y, hace un poco más de un mes, le dijo a la justicia que se sometería a sentencia anticipada. Es decir, que aceptaría toda la responsabilidad sobre los actos de corrupción cometidos.
El expediente contra Castaño aterrizó en la Corte Suprema por una compulsa que hizo la Fiscalía en marzo pasado, días antes de las elecciones legislativas. En ese momento, el ente investigador capturó e imputó a 10 personas señaladas de integrar la red de corrupción a servicio del exsenador caldense. Según interceptaciones telefónicas, información contractual y otras pruebas, la supuesta organización criminal se hizo a más de $43.000 millones de dinero público entre contratos de “Sacúdete” —estrategia del gobierno Duque—, de licores y de reparación de vías en departamentos como Caldas y Chocó.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Daniela Ospina Loaiza, uno de los enlaces claves de la red de corrupción que, supuestamente, lideraba el exsenador Mario Castaño Pérez, aceptó cargos por peculado por apropiación y concierto para delinquir, por lo que recibiría una pena de cinco años de prisión. Así lo confirmó la Fiscalía este martes a través de un comunicado.
Ospina Loaiza, además de cumplir su pena en un centro carcelario, deberá devolver $80 millones que se habría apropiado ilícitamente mientras hizo parte de la red de corrupción. Las pruebas de la Fiscalía dan cuenta que la mujer era quien administraba los dineros y cubría los pagos de los demás integrantes de la organización ilegal.
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Además, dijeron en sus reportes que hicieron un censo para identificar la población de mayor riesgo. Las consignas de esas actividades que no se realizaron quedaron plasmadas en unos informes que Loaiza, entonces pareja del exsenador Castaño, presentó para justificar el pago de honorarios que ascendieron a los $20 millones.
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“Juan, hazme un favor, como tú no hiciste nada este mes, ¿tú qué colocaste ahí en las obligaciones?”, es una de las interceptaciones de Ospina que está en poder de la justicia y que da cuenta de que se movía en compañía de Martínez, quien está prófugo de la justicia.
Según las investigaciones, las movidas indebidas eran conocidas por el jefe de la División de Talento Humano quien sabía que autorizaba informes ficticios sobre trabajos que nunca fueron realizados por los dos contratistas que eran fichas de Castaño.
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Los actos ilegales de Ospina y de Martínez fueron conocidos por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento ordenó la medida de aseguramiento en contra del político. Actualmente, el exsenador se encuentra privado de la libertad y, hace un poco más de un mes, le dijo a la justicia que se sometería a sentencia anticipada. Es decir, que aceptaría toda la responsabilidad sobre los actos de corrupción cometidos.
El expediente contra Castaño aterrizó en la Corte Suprema por una compulsa que hizo la Fiscalía en marzo pasado, días antes de las elecciones legislativas. En ese momento, el ente investigador capturó e imputó a 10 personas señaladas de integrar la red de corrupción a servicio del exsenador caldense. Según interceptaciones telefónicas, información contractual y otras pruebas, la supuesta organización criminal se hizo a más de $43.000 millones de dinero público entre contratos de “Sacúdete” —estrategia del gobierno Duque—, de licores y de reparación de vías en departamentos como Caldas y Chocó.
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